Por Carlos Arcos Cabrera

1. El arte de matar

No sé si el título del libro fue un error o una provocación. Lo tomo como provocación porque no creo que exista arte en matar. Daniel Sueiro, en 792 páginas, hace un insufrible inventario de las formas ideadas mayoritariamente por hombres, aunque no solamente por ellos, para dar muerte a sus congéneres en todos los tiempos, en todas las sociedades, en todas las culturas y por cualquier causa: «Se ha matado […] por todo, a todos y de todas las maneras imaginables… y desde luego se sigue muriendo por no estar de acuerdo», sostiene.

La proporción de quienes fueron sometidos a pena de muerte por motivos políticos, religiosos, por sus opiniones o por su procedencia étnica es a todas luces aplastante frente a aquellos que fueron muertos como resultado de una acusación de homicidio (aún en este caso, en los Estados Unidos, el sistema de justicia tiene una sospechosa preferencia por negros y latinos pobres, es decir por aquellos que carecen de poder). Lo evidente es que quienes ejercieron de una u otra forma el poder político y religioso, aplicaron y aplican sistemáticamente la pena de muerte a sus adversarios.

Las formas de condenar a muerte han sido múltiples y los procesos y el ritual que las acompaña, también. Con el tiempo cambiaron los escenarios y se modificó el grado de exposición pública del proceso y del castigo. Se abandonó la exhibición de las víctimas en el camino a la hoguera, al descuartizamiento o a la guillotina. Foucault, en Vigilar y castigar, dio cuenta de este cambio que ocurrió hacia fines del siglo XVIII y primeras décadas del XIX: «ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal.» El castigo corporal, el suplicio, ha perdido eficacia simbólica y práctica y existe la sospecha de «emparejar al verdugo con un criminal y a los jueces con unos asesinos; de invertir en el postrer momento los papeles, de hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración.» El cuerpo torturado dejó paso a la corrección de las almas, y el suplicio público a la prisión correccional, a la ceremonia cerrada, mediada por la crónica de los medios de comunicación y de testigos privilegiados, de la ejecución en la silla eléctrica, la cámara de gas o la inyección letal. Aunque aún existan ejecuciones públicas en algunos países y en Iraq hayan vuelto las crucifixiones.

Me pregunto si existen nuevas formas de «matar» como acto del Poder. Más de uno señalará las atrocidades de las dictaduras del Cono Sur o los sesenta mil muertos de la guerra contra Sendero en Perú ajusticiados por fuerzas de Estado y también por Sendero. Los años setenta experimentaron una pedagogía cruel: la desaparición de las víctimas, utilizada masivamente por las dictaduras del Cono Sur. Inauguraron un terror abierto en el tiempo, un terror sin horizonte. Las izquierdas del Cono Sur sacaron una lección y así la defensa de los Derechos Humanos ante el terror estatal se convirtió en aspecto sustantivo de cualquier proceso de cambio. Sin esta dolorosa lección es impensable un liderazgo como el de Mujica. Las izquierdas andinas en el poder no sacaron ninguna.

En América Latina, el terror directo (prisión, fusilamiento, exilio) de las dictaduras decimonónicas y de la primera mitad del siglo XX, perdió eficiencia en la pedagogía del terror y del disciplinamiento social. El último fusilado en la Región, en Cuba, fue el general Arnaldo Ochoa, en julio de 1989, héroe de la Revolución Cubana, acusado de narcotráfico y otros delitos contra el Estado.

2.  ¿Linchamiento mediático?

¿A qué viene esta reflexión que nace en un libro ya olvidado? El linchamiento mediático es una creación jurídica ecuatoriana. La Ley Orgánica de Comunicación en su Art. 26 dice textualmente: Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.»

El debate generado por la aprobación de este artículo de la Ley apuntó en dos direcciones: los críticos señalan que la ambigüedad de la norma busca proteger a funcionarios públicos y en general a quienes detentan poder de iniciativas de los medios para investigar sus actos y con ello alientan una administración pública fuera del alcance del escrutinio de los medios. Quienes la formularon y la defienden, afirman que esta normativa busca poner límite a los excesos de los medios de comunicación y sancionarlos.

Sin embargo, una de las críticas centrales es la ambigüedad del concepto de linchamiento mediático, pues genera un amplio campo de interpretación discrecional por parte de la autoridad encargada de atender una demanda de esta naturaleza: la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom). Una demanda por linchamiento mediático en contra del diario público El Telégrafo, presentada por la ex asambleísta Martha Roldós y opositora al gobierno de Alianza Pais, fue archivada al no haber presentado la demandante una copia de su documento de identidad, ni correos electrónicos que fueron, de acuerdo a la denunciante, hackeados de su cuenta. La demanda de Roldós se basaba en un artículo publicado por el mencionado diario.[1] La negativa se dio pocos días después de que la misma Supercom obligara al caricaturista del diario El Universo Xavier Bonilla, conocido como Bonil, a «rectificar» una caricatura sobre el allanamiento de la fuerza pública al domicilio de Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik, publicada el 28 de diciembre de 2013.

La caricatura de Bonil desató una reacción inexplicablemente desproporcionada por parte del Presidente de la República de Ecuador quien, en el Enlace Ciudadano 356, del 11 de enero de 2014, en el segmento La libertad de expresión ya es de todos, descalificó en duros términos al caricaturista: [2] «Nos detesta… No es caricatura, es una mentira… el único corrupto es él. Es un gran mentiroso, cobardemente disfrazado de jocoso caricaturista que nos odia y con eso quiere hacer mucho daño”.»[3] La invectiva presidencial dio pie para que la Supercom iniciara un proceso contra El Universo y contra Bonil que resultó en una multa al diario y en la obligación de «rectificar» la caricatura. Una caricatura no miente, su especificidad consiste en distorsionar la realidad, en consecuencia, el pedido de rectificación es en sí mismo una broma de mal gusto o un ejercicio arbitrario del poder.[4] La sanción a Bonil marcó un momento clave en la interpretación represiva del la Ley.

Más allá del despropósito que significa dictaminar que un caricaturista deba «rectificar», el caso Bonil ilustra bien la ambivalencia de la norma jurídica calificada como linchamiento mediático y el entramado institucional originado en la misma. Calificar a una persona, en este caso a un caricaturista, como «corrupto» y «mentiroso» usando medios de comunicación públicos, daría pie a una rigurosa aplicación del artículo 26 de la Ley de Comunicación. El acusador debería probar sus acusaciones.

Al caso Bonil se suman los de del escritor y periodista Diego Cornejo Menacho, del periodista Miguel Molina Díaz y de otros periodistas, del activista contra la minería Carlos Zorrilla, del cineasta Pocho Álvarez, entre otros. La lista es larga. El último caso es el del investigador italiano, profesor de la Universidad de Pádova, Massimo De Marchi, quien fue parte del programa gubernamental Prometeo.[5]Además de los buenos salarios imagino que De Marchi llegó ilusionado con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, especialmente con su política medioambiental. Pero la política y la ciencia no van de la mano. De Marchi cometió la imprudencia de demostrar que la empresa estatal Petroamazonas había incumplido con la licencia medioambiental en sus actividades dentro del Parque Yasuní, en el llamado Bloque 31, precisamente cuando el gobierno daba un giro en torno a la propuesta de mantener bajo tierra el petróleo, proteger la biodiversidad y a los pueblos en aislamiento voluntario, y optaba por explotar el Yasuní.[6]  El informe de De Marchi salió a luz y se convirtió en una pieza importante del debate.[7] El 14 de junio el presidente Correa, en el Enlace Ciudadano, arremetió contra el científico italiano afirmando que es «un geógrafo extranjero con el auspicio de la oposición.»[8]

Lo sorprendente es que las víctimas de un presumible linchamiento mediático no están amparadas por la ley y, en el caso Bonil, el atacado es obligado a acatar los resultados de un proceso administrativo que se dictamina en un terreno tan complejo y delicado como la libertad de expresión y de creación; pero quien ataca no está obligado a demostrar sus acusaciones. La indefensión de las víctimas gubernamentales y el derecho del agresor mediático a través de los enlaces ciudadanos han sido legalizadosa por la Supercom que dictaminó que «Estos espacios “no constituyen contenidos regulados bajo el ámbito de la Ley de Comunicación”.[9] Es evidente que los enlaces ciudadanos usan medios de comunicación sociales, esencialmente públicos e incluso se exhiben en YouTube.

De acuerdo al artículo 6 numeral 7 de la Constitución, toda persona «agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social»  tiene derecho «a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.» En este caso la Constitución es letra muerta, como en muchos otros. Ecuador ha ingresado en una práctica distinta, en un nuevo momento de la política a la que denomino fusilamiento mediático.

3. Fusilamiento mediático

¿Qué entiendo por fusilamiento mediático? Es el uso que hace un gobernante, amparado por el poder político de medios masivos de comunicación bajo control del Estado para atacar públicamente a un ciudadano, hombre o mujer, que hace oposición política o critica alguna decisión o acción gubernamental. La víctima no dispone de recursos del mismo nivel para ejercer su defensa o replicar al ataque. ¿Qué implica?

a)     «Poner en escena» frente a la multitud presente en forma mediática y física, a hombres y mujeres a los que se veja y castiga en medio de un morboso regocijo. Es un ejercicio punitivo del Poder a plena luz del día, frente a las cámaras y con el uso de toda la tecnología comunicacional y de alcance global. Conlleva la descalificación de su condición de ciudadano o ciudadana, según el caso, con términos denigrantes y ofensivos, violando su derecho al buen nombre. Un acto medieval en el presente.

b)    Prepararlo, ya que no es un acto espontáneo. Imagino a todo un grupo de funcionarios de los cuerpos de inteligencia del Poder seleccionando a la próxima víctima, hurgando en los medios, en la Red, investigando su vida, recogiendo evidencias, preparando los videos y montando la escenografía.

c)     Procurar la destrucción moral de opositores y críticos, su muerte política o al menos su marginación y autocensura.

d)    Fortalecer un sentido de incondicionalidad entre quienes sirven al Poder, eliminando la zona gris de la duda, de la crítica, de la disidencia, especialmente en las filas de los adherentes al régimen.

e)     Festejar el momento en que las palabras hieren a la víctima, hay que aplaudir a rabiar cuando se sella su rostro con la sentencia que condena. Es sospechoso guardar silencio. Demanda de los asistentes una participación activa en el fusilamiento. De esta forma se convierte en un acto colectivo. En palabras de Aureliano Buendía, en Cien años de soledad: «Recuerda, compadre, que no te fusilo yo. Te fusila la revolución.» La responsabilidad individual se desvanece. Es la banalidad del mal a que se refiere Hannah Arendt.

f)     Acompañar en ritual con agresión a través de las redes sociales: amenazas, veladas o directas, insultos, descalificación moral desde las cuentas de Twitter de los incondicionales. Se cultiva la pulsión para acosar a la víctima. Una forma de autoconfirmarse y confirmar que se está en la línea, que se es un «incondicional».

g)     Desatar acciones institucionales. El fusilamiento mediático ya no se limita al mundo de la palabra y de la imagen, a la deyección verbal o al insulto, sino que trasciende a una acción acusatoria o a una acción represiva: dispone de un sistema institucional, burocrático y jurídico que se moviliza para prolongar sus efectos sobre la vida de las víctimas y de la sociedad.

3. Colofón

Conforme se agote la eficacia de los fusilamientos mediáticos y sus secuelas, temo que la tentación por silenciar la crítica y la disidencia tome otros caminos. Un mal síntoma es tratar a los adversarios políticos —inevitables en cualquier democracia por plebiscitaria o participativa que sea— como enemigos, o a la discrepancia como traición. Daniel Sueiro recuerda esta lógica en el marco de la Guerra Civil de España: «¿Enemigos? —se preguntará extrañado el general español Narváez— No tengo: los mandé fusilar a todos».

En el ritual del fusilamiento mediático vuelve la exposición de las víctimas, de sus rostros y sus cuerpos, en una reiteración de los actos inquisitoriales del Medioevo, un Medioevo que se constituye en el espacio comunicacional. A la luz de esta experiencia deberemos volver a leer Vigilar y castigar, de Foucault.

 NOTAS