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08 Junio 2013
Sustituir la política de la guerra a las drogas es un imperativo, que requiere una profunda reforma al sistema penal.
El prohibicionismo a las drogas -iniciado a en el siglo XIX- adquiere una forma bélica desde hace 43 años cuando los Estados Unidos lo diseñan para aplicarse fuera de sus fronteras, en el entendido que si se combate la oferta, la demanda desaparecerá. Para esta propuesta contó con las Naciones Unidas a nivel planetario y la OEA en el ámbito “hemisférico”, convertidos en los instrumentos institucionales de aplicación internacional de su política.
La guerra a las drogas se ejecuta en los lugares de producción, lo cual produce un hecho inédito de división social del territorio: el espacio donde se generan los muertos está en Colombia, México y Honduras, entre otros; mientras el de la acumulación de los recursos económicos se concentra en los Estados Unidas. En México durante el Gobierno del presidente Calderón se aplicó el Plan Mérida -similar al Plan Colombia ejecutado por el presidente Uribe en Colombia- que produjo 110 mil homicidios; Honduras y El Salvador tienen una de las tasas de violencia más altas del Mundo. Y, por otro lado, según Bruce Bagley, en los EEUU se concentra el 80% de la ganancia y en América Latina alrededor del 20%. A lo cual habría que añadir que las armas son usadas en los lugares donde se escenifica la guerra: los espacios de producción y circulación.
Sustituir la política de la guerra a las drogas es un imperativo, que requiere una profunda reforma al sistema penal (despenalización, legalización), además de una política económica que desmonte la estructura que está tras de este sector. Por ejemplo, si no se afecta la razón sustancial de su expansión, que es la ganancia, la propuesta puede desacreditarse y, por tanto, generar un ambiente para retornar a la prohibición bajo formas más duras. Con la despenalización (legalización, regularización) el precio de la droga bajaría, el producto del consumo mejoraría (menor impacto en la salud) y el Estado podría contar con recursos tributarios para desarrollar políticas de salud pública. Por eso, la sola aplicación de un cambio legal no resuelve –por sí misma- el problema; aunque si pueda generar altas expectativas que terminen por desacreditar la propia medida. Por otro lado, cuando se miran las cárceles en América Latina nos encontramos con una realidad: hay una despenalización de hecho está vigente en muchos de nuestros países, porque prácticamente no existen presos por consumo de drogas. La despenalización establece el límite de la posesión de drogas entre el consumidor y el traficante, pero también permite usar la droga con fines terapeúticos a los consumidores y fijar impuestos que después deben financiar la presión sobre el sistema de salud, que será costosa.
El mito de que este negocio global no se puede enfrentar localmente se cae. Portugal y Holanda no tuvieron que esperar una política internacional para actuar sobre el tema. Por eso es una falacia lo que dice la OEA sobre la necesidad de contar con políticas hemisféricas, como ya ocurre, por ejemplo, con el intervencionismo existente tras el GAFI, las reformas al sistema penal, con el manejo de la inteligencia, entre otros. El Ecuador debe tener su propia política y en ella debe estar el tema de la despenalización; pero además, debe haber política económica, política social, modernización de la policía. No hay que olvidar que la guerra a las drogas ha matado más gente que las drogas y el cigarrillo más gente que todas las drogas juntas.
