GOBIERNOS AUTORITARIOS: VIOLENCIA, MIEDO Y TERROR. por Victor Hugo Vinueza

“No le temo a la represión del estado; le temo al silencio de mi pueblo” [1]

Las dictaduras militares: violencia y terror 

Una dictadura militar es un gobierno autoritario donde las instituciones son controladas por las fuerzas armadas. Las dictaduras generalmente han justificado su presencia en el poder con el supuesto de dar estabilidad política o rescatar a la nación de la amenaza de los comunistas o marxistas.

La historia resume que todos gobiernos autoritarios conducidos por los militares han mantenido unas características similares, entre las principales están las siguientes: Primero, el decreto de estado de emergencia ininterrumpido, negando las garantías y derechos individuales y colectivos. Segundo, la trasgresión sistemática de los derechos humanos, poniendo de relieve las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, etc. Tercero, la utilización de toda la infraestructura del estado: leyes, cárceles, jueces, fiscales, fuerzas armadas, policía, y más, para silenciar a los luchadores sociales y políticos.  

Entre los años 1960 a inicios de los 90, casi, en todos los países de América Latina, el terror, la violencia y el miedo fue la política impuesta por las dictaduras militares. Los pueblos; los líderes de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, indígenas y campesinas se constituyeron en el blanco permanente de las fuerzas militares y paramilitares.

El periodista Daniel Samper Pizano, señala, el nuevo tipo de dictadura latinoamericana, nació a mediados de los años sesenta en Brasil, “con la meta de promover un desarrollo capitalista acelerado, dentro de patrones elaborados por economistas teorizantes de EE.UU. que requieren como condición un estricto control social”. “Para ello, agrega es preciso dividir al país de manera maniquea entre los que están con el régimen y los que no están con él. A estos últimos se les equipara a subversivos o cómplices de la subversión, y en la larga lista de sospechosos quedan inscritos, automáticamente, sindicatos, agremiaciones campesinas, intelectuales y estudiantes. La prensa es sometida a una estricta censura. Los militares se convierten en una casta de poder.”[2]  

 De esta manera, las dictaduras se constituyeron en la necesidad de las clases dominantes para apagar la llama de la lucha social que permitió un crecimiento de las organizaciones sociales y populares luego del triunfo de la revolución cubana. Su misión consistía en modernizar el estado capitalista, garantizar la acumulación de la riqueza a la burguesía; reprimir a los que enarbolan las ideas de emancipación y someter con la maquinaria estatal a todos (as) que proponían cambios en beneficio de los pobres, negándoles los derechos políticos, sociales y económicos conforme lo determinó el imperialismo norteamericano a través del “Plan Cóndor”.

La violencia ejercida durante este periodo tenía un alto contenido ideológico y político; las dictaduras y sus aliados consideraban subversivo o terrorista al intelectual, marxista o cantante de música rock y social; al defensor de los derechos humanos, sindicalista, dirigente estudiantil, campesino. Todo aquel que no estaba de acuerdo con la política autoritaria quedaba “marcado” en la lista de los discordantes. Esta actitud del poder hizo que la represión sea frecuente e indiscriminada. El saldo de este período se estima estaría entre “150-160 mil muertos y 40-45 mil desaparecidos,…entre 1960 y1996”.[3]

 El escritor y periodista argentino, Rodolfo Walsh, señalo: “Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio”. [4]

 Así, la violencia se constituyó en un acto permanente del poder; el ejercicio de la fuerza y la amenaza busco imponer la voluntad de las clases dominantes a las clases dominadas, constituyendo, las dictaduras militares, en el instrumento de la violencia del estado contra los pueblos y la juventud. En palabras de Lenin, “el Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra”…“El Estado es una máquina para que una clase reprima a otra…”[5]

De esta manera, se consolido el terrorismo de estado, denominado así, por la sistemática aplicación de la persecución, desaparición, y asesinatos extra judiciales, en contra de los líderes de las organizaciones sociales y políticas con el propósito de intimidar y evitar toda expresión de inconformidad del pueblo y la juventud hacia el régimen dictatorial, violando claramente los derechos humanos. Esta fue la práctica perversa que utilizó la tiranía para resquebrajar la conciencia social que proponía el cambio y pretender que se suelte la lucha por la defensa de los intereses de las mayorías. El  terror instaurado se lo ejercía en “pro de la estabilidad política”, buscando destruir la voluntad de lucha del pueblo, generando la idea que el poder es invencible; cualquier organización, movilización y resistencia solo conduce a la muerte o a la cárcel, ese era el mensaje directo que enunciaban.

“Comunicado N° 19, 24/03/76”

 “Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.[6] 

 Todo esto lo hicieron bajo el soporte de la Doctrina de Seguridad Nacional, que consistía en un conjunto de programas y planes en el orden económico, social, político, militar, psicológico y tecnológico que aplico la tendenciosa política de eliminar físicamente al que se consideraba “enemigo interno”, donde se incluía la elaboración de listas negras a todos los que se resistían a la desigualdad social e injusticia, amparados en leyes que “legalizan” el terror.

 La experiencia histórica en la lucha contra las distintas dictaduras conservadoras, desarrollistas y modernizadoras del estado capitalista, enfrentó a los pueblos y las organizaciones sindicales, de profesores, campesinos e indígenas, culturales, juveniles, ecológicas, estudiantiles, entre otras, consiguiendo romper el miedo que intentó implantar la tiranía  y superarlo en base a las convicciones ideológicas y políticas permitiendo, resistir y rebelarse y, avanzar a un nuevo nivel de la lucha social y política.

Democracia y miedo

 Pese a los muertos, desaparecidos y una larga lista de violaciones del derecho a la vida y la dignidad de los pueblos y luchadores sociales, la dictadura no pudo aniquilar el fervor de cambio, la organización y la formación de nuevos líderes que batallaron en los campos y ciudades por conquistar nuevos derechos y terminar con el régimen dictatorial. La resistencia popular obligo a la clase dominante a buscar nuevas formas de sostener el sistema y atenuar el descontento de los de abajo. El relevo del poder militar por el civil se enunció bajo la percepción del retorno a la democracia.

 ¿Cómo entender la democracia?

 “Es el sistema político basado en el reconocimiento del principio que toda autoridad emana del pueblo, y que se caracteriza por la participación de éste en la administración del Estado; garantiza las libertades básicas del individuo (expresión, reunión, asociación), así como la libre elección para los cargos de gobierno y el control popular de la gestión gubernativa.”[7]

 Sin embargo, Eduardo Sanguinetti, escribe lo siguiente: “Mucho se ha escrito acerca de los rasgos diferenciales de las dos concepciones de democracia: la liberal y la social, y creo no vale la pena abundar en ello. Pero hay algo en lo que ambas coinciden, más allá del sistema electoral: un hombre un voto: un voto “obligatorio” (aberración que esclaviza al ciudadano harto de corruptela a concurrir a las urnas a votarse a sí mismo pues la oferta de candidatos es espantosa, y una pena caerá sobre él si así no lo hace), y es que ambas predican la realización, la plasmación de valores tales como soberanía popular, derechos humanos, igualdad de oportunidades, libre expresión, etc. Y estos valores, han sido causa de grandes luchas políticas en busca de su implementación. Pues bien, asistimos a un cambio sustancial del concepto de democracia, ella dejó paulatinamente de lado ese núcleo vital de valores a preferir, para reducirse a una maquinaria de gobierno, a una democracia procedimental. Ya no más predicación de valores, lo que supone preferir lo sustancial y posponer lo aleatorio. Para esta nueva democracia sólo vale que el procedimiento sea coincidente con el sistema de normas. La corrupción que pulula por todas partes se produce cuando el sistema normativo cae en desuso. Nos hemos transformado en sociedades anónimas. No interesa ya que 15 millones de argentinos o 200 millones de iberoamericanos o toda el África subsahariana vivan debajo de la línea de pobreza, lo que interesa es que el “procedimiento democrático” se cumpla. Esto es la democracia reducida a maquinaria procesal.[8]

En tal sentido, desde que se instauró la democracia de las urnas, el pueblo no gobierna, se le permite elegir representantes que lo hagan por él; esto se conoce como “democracia indirecta” porque el demos (pueblo) no tiene el control del estado. Su participación se produce en los procesos electorales, referéndum o consultas, se le llama  “democracia directa” en las que debe votar por quien más propaganda hizo de su imagen o por la fuerza del aparato estatal, más no, por el programa que impulsa. También participa de encuestas contestando preguntas generales y afirmativas, ejemplo: ¿Le gustaría que el gobierno termine con la inseguridad ciudadana? ¿Quiere que mejore la seguridad social? La respuesta será siempre sí, y se dirá, el soberano lo decidió. Pero el soberano (pueblo) no participa de la elaboración de leyes que fomenten el desarrollo económico y productivo del país. No se toma en cuenta la opinión del hombre y mujer de abajo a través de asambleas, foros y consultas a las organizaciones sociales y populares, involucradas, en la defensa de los derechos económicos y sociales; sobre las reformas a las leyes e incluso, de la Constitución; esto refleja que la decisión continúan siendo en el sistema capitalista de las clases dominantes y no del pueblo.

De esta manera, la “participación popular” es controlada por los grupos que poseen el poder, impidiendo que el pueblo se mueva por sí mismo, con sus propias ideas y propuestas, provocando que la contradicciones pueblo-burguesía, se mantengan y desde el ámbito ideológico y político exista dos proyectos: el que defiende, al imperialismo y la burguesía; y, el que busca la emancipación de las mayorías para lograr la libertad e igualdad.

La democracia neoliberal

La transición del poder militar, al poder civil, fue un proceso de reestructuración institucional y jurídica, dado por el agotamiento y desprestigio de las dictaduras, se articuló, los partidos políticos como herramienta para cooptar representantes de elección popular; se reformó las constituciones y se hicieron referéndums; se elaboró nuevas leyes; formaron nuevas instituciones del Estado.

El recambio del poder se dio en el contexto de la crisis internacional. El imperialismo para paliar la crisis impuso un conjunto de medidas económicas consideradas “recetas” neoliberales, entre las que se puede anotar las siguientes: desmantelamiento del Estado de bienestar, disminución del proteccionismo y apertura de los mercados nacionales, reorganización de la producción, gran endeudamiento externo e interno, crecimiento tecnológico que provocó desempleo y bajos salarios, flexibilización laboral, criminalización de los movimientos políticos y sociales y toda forma de resistencia social. Millones de personas migraron a Europa, Estados Unidos y otros países; se profundizo la sobreexplotación de los recursos naturales; se elaboró planes y tratados de libre comercio y se estructuro bases militares para controlar las zonas estratégicas en el mundo y en especial en Latinoamérica, con el concepto de prevenir los conflictos de baja intensidad. 

 La privatización de los sectores estratégicos del Estado, se constituyó, en la obsesión neoliberal. El discurso de los derechos sociales y económicos, la responsabilidad social, salario digno, seguridad laboral, igualdad y justicia, quedo en palabras vanas.

 Así, las clases populares estaban en un estado de excepción permanente, donde la vigencia de los derechos económicos, sociales y humanos les mantenía excluidos. La manifestación, el paro o la huelga para reclamar y exigir los derechos, era reprimido con el propósito de imponer temor. Hay que convencer y atemorizar para que los inconformes no se multipliquen, esa, era la consigna de los gobiernos neoliberales.

La protesta social  y popular en la democracia neoliberal

 El movimiento social desde las cenizas de las dictaduras se abrió paso, consolido su fuerza y diversificó los sectores que se movilizaron para resistir el neoliberalismo y luchar por sus propias reivindicaciones. En el transcurso del tiempo el movimiento popular paso del reflujo a la reanimación, venciendo las dificultades que el régimen impuso y las de cada organización, hasta lograr un cambio significativo en el ámbito ideológico, político y organizativo. De finales de los años 70 a inicios del 2000,  surgieron una variedad de movimientos y organizaciones sociales y políticas que posibilito una amplia y creativa combinación de luchas políticas, sociales y económicas, de las cuales se anota las siguientes:

               El triunfo de la Revolución Sandinista dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre la dictadura de Anastasio Somoza, en Nicaragua, 1979, movilizó al pueblo, y    dinamizó las formas de lucha, incluida, la guerra de guerrillas y la guerra civil

             El MST (Movimiento de Trabajadores Sin Tierra) de Brasil, luchó por el derecho a la tierra para los campesinos. También los obreros con la CUT (Central Unitaria de Trabajadores)              defendieron los intereses de los asalariados frente a la patronal, participando activamente en la oposición a la dictadura militar.

• En Venezuela, el caracazo, del 27 y 28 de  febrero de 1989, en contra del anuncio de las medidas de austeridad económica planteadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, dio inició a la rebelión. En 1992, la asonada militar con Hugo Chávez a la cabeza provocó simpatía y adhesión en el pueblo.
  

• “En Guatemala, en la década de los setenta se desarrolló un notable movimiento popular articulado en torno a lo sindical sin el cual resulta inexplicable el alzamiento guerrillero posterior. Los años noventa observaron un crecimiento del movimiento de los pueblos indígenas y de los derechos humanos.”[9]
  

• Los Trabajadores Desocupados de Argentina surgieron como consecuencia del despido de millones de trabajadores causados por la crisis que devastó el país desde los años 90.
  

• El movimiento popular peruano, desde 1992 creció y sostuvo una actitud combativa local, regional y nacional para provocar la caída de Fujimori.

• El pueblo indígena mapuche en Chile, organizado en el Consejo de Todas las Tierras y otros movimientos libra una fuerte lucha en defensa de la tierra y por el reconocimiento de su identidad.

• En Bolivia la privatización de la minería, provocó el despido de miles de trabajadores, estos, se agruparon a la Federación del Trópico de Cochabamba, ahí se fundó el MÁS, fuerza política que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia.

• Los campesinos paraguayos agrupados en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y en la Federación Nacional Campesina luchan por la tierra.

• En Colombia, se impulsaron procesos unitarios de varias fuerzas políticas y sociales provocando diversos y masivos actos de resistencia, paros, huelgas, manifestaciones, crecimiento de las fuerzas insurgentes, entre otras.
  

En la década de los 90, en América Latina inicio un período de ascenso de las luchas sociales, el movimiento social y las clases sociales dominadas fueron protagonistas de múltiples acciones, con variados objetivos, logrando victorias y conquistas importantes y confiriendo golpes a los gobiernos de derecha y neoliberales.

• En 1990, emerge el movimiento indígena (CONAIE) con el levantamiento del Intiraymi buscando solución de los conflictos de tierras y el rechazo a la segregación. En 1992, otro levantamiento esta vez por el reconocimiento del Estado Plurinacional.  

• En 1994, en México, irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las comunidades indígenas de Chiapas. Junto a las reivindicaciones de los campesinos impulso el derecho a la autodeterminación e identidad de los indígenas.
  

• La fuerza del movimiento social y político del Ecuador se toma las calles para echar abajo a tres gobiernos deshonestos y obedientes del imperialismo norteamericano, (Abdala Bucaram, 1997; Jamil Mahuad, 2000, y Lucio Gutiérrez, 2003.

• El Argentinazo de diciembre de 2001 fue el clímax de las luchas de los obreros, empleados públicos despedidos, pobres y marginados abatidos por las alzas de precios; los jubilados y la pequeña burguesía afectados por la retención de sus ahorros (el corralito). La movilización logró la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.
  

• En Bolivia, la lucha en defensa del agua, por su elevado precio beneficiando a la transnacional norteamericana Betchtel dio lugar al surgimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, en el 2003, su lucha provoca la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Losada.

• En México, en el 2003, se produjo el levantamiento general del pueblo de Oaxaca en solidaridad con los maestros en huelga, constituyéndose la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz por su política represiva y antidemocrática. Oaxaca propagó un ejemplo de lucha y organización popular soberana y democrática.

• A partir de 1999, se logran triunfos electorales de fuerzas progresistas, democráticas, nacionalistas en varios países latinoamericanos.  El gobierno de Hugo Chávez pone al debate la vigencia del socialismo.

Como se evidencia durante varios lustros de lucha anti neoliberal los protagonistas del heterogéneo movimiento social y popular en América Latina son entre otros: Obreros, trabajadores mineros, campesinos, nacionalidades indígenas, empleados públicos, estudiantes, desempleados, ambientalistas, cristianos de base, maestros, vendedores ambulantes, intelectuales, periodistas; mujeres: feministas y diversas; vecinos y comuneros.

Las formas de expresión de la protesta son diversas y de mucho ingenio popular: los cacerolazos, marchas machetes, tambores y cornetas, crucifixiones, desnudamientos públicos, cocedura de los labios, extracciones de sangre; ollas populares, marchas del silencio, apagones, bocinazos, fogatas libertarias, misas, vía crucis, vigilias, todas estas manifestaciones se integraron con los sendos levantamientos, rebeliones, cortes de vía, huelgas, etc.

Del lado del Estado, la represión siempre tuvo un contenido violento y desproporcionado, el uso de la fuerza física, psicológica, judicial, la cárcel y la tortura, fueron los mecanismos que la derecha neoliberal uso, para chantajear e intimidar al movimiento social y popular.

El pueblo volvió a triunfar en esta franca y resuelta lucha de clases, aunque no de manera completa. Su lucha posibilito cuestionar y detener los planes del imperialismo como los tratados de libre comercio, el pago de la deuda externa, las bases militares, la privatización de los servicios públicos, el Plan Colombia, la sobreexplotación de la naturaleza, la violación a los derechos de los pueblos y nacionalidades, los derechos humanos, la reducción de las inversiones del estado hacia las áreas sociales, el incremento masivo del desempleo, el deterioro de las condiciones de vida para la mayoría de la población, la agudización de la desigualdad, ampliación de la pobreza, etc.

Toda su lucha buscaba alcanzar objetivos aun no resueltos para todos los pueblos: justicia, democracia, igualdad, libertad.

La democracia del siglo XXI

 Entre 1995 al 2002 el sistema capitalista se estremeció por las crisis económicas de México, (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), conocidos como los “tigres asiáticos”, Rusia, Brasil y Argentina, entre otras,[10] confirmando el fracaso de la política neoliberal impuesta por los organismos económicos del imperialismo. Así también, la incapacidad y decepción hacia los partidos de la derecha; la condena a la corrupción de los gobernantes, la dependencia al imperialismo y las políticas de ajuste,  abrieron paso para que los pueblos fortalecieran la lucha social y política contra la crueldad neoliberal.

En este contexto los pueblos de América Latina buscaron un cambio, un nuevo rumbo. En un proceso se fue conformando distintas alternativas. En la mayoría de los casos los partidos y movimientos sociales protagonistas de la lucha anti neoliberal con clara tendencia de izquierda y revolucionarios fueron la base para afirmar un proyecto democrático, progresista y de izquierda. En otros casos se articuló la unidad incluso con sectores de la derecha o se vinculó a personajes ligados a gobiernos represivos. Este es el caso paraguayo, uruguayo, salvadoreño, que constituyeron alianzas con fuerzas con clara postura de derecha y, el caso ecuatoriano, que tiene en su gobierno funcionarios que trabajaron con los partidos de la derecha tradicional y neoliberales.

Desde 1998 hasta la fecha -estos movimientos autollamados socialistas del Siglo XXI- logran sendos triunfos electorales en gran parte de los países latinoamericanos glorificando la lucha política electoral como el camino para alcanzar el poder político y renegando de la organización social y política que impulsa la resistencia y la rebeldía. Esto gobiernos llamados alternativos mantienen similitud en el discurso y los puntos principales de sus programas. 

El discurso: anti oligárquico, antinorteamericano, anti organización y protesta social, se reconocen como “revolucionarios”, de “izquierda” y “socialistas”. En el caso ecuatoriano, hace hincapié en insultar, estigmatizar y perseguir a los partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda revolucionaria que no se han alineado a su política extractiva y represiva.

Puntos Programa: Cuestionan  la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de cada país, aunque establecen acuerdos económicos, políticos, comerciales y militares. Promueven reformas legales sobre temas neurálgicos: Comunicación, Seguridad Social, Código Penal, Código de la Producción, Minería, Tierras, Educación Superior, entre otras. Se estableció mayor presencia estatal en el control de los recursos naturales y de los sectores económicos estratégicos. Establecen subsidios como los bonos de desarrollo humano para los desempleados, mujeres y personas con discapacidad; realizan inversión en áreas de educación, salud, vivienda, recreación. La reforma agraria se mantiene en ciernes. Extienden y mejoran los servicios públicos y viales. Difunden la existencia de la “democracia participativa”. La política externa la proyectan hacia la integración regional con los estados de la UNASUR, ALBA y MERCOSUR.

Todo esto va acompañado de la utilización de los recursos económicos y estatales para promover e ideologizar a las masas bajo los conceptos “que todo marcha bien, que el socialismo del siglo XXI, nada lo detiene”; ellos son los únicos enviados “divinos” para resolver todos los problemas económicos, sociales y políticos de la nación entera. Una propaganda sugestiva para “perdurar” en su mandato. Esta forma de actuar es propia del “socialismo democrático” con matices populistas, útil en tiempos de crisis, para perfeccionar y modernizar las instituciones del viejo estado capitalista, humanizarlo. Para los socialdemócratas que se consideran ahora socialistas del siglo XXI, lo que antes era política gradual, reformismo y asistencialismo, hoy, quieren convencer al pueblo que es   “revolución”.

“Las formas de dominación del Estado pueden variar: el capital manifiesta su poder de un modo donde existe una forma y de otro donde existe otra forma, pero el poder está siempre, esencialmente, en manos del capital, ya sea que exista o no el voto restringido u otros derechos, ya sea que se trate de una república democrática o no; en realidad, cuanto más democrática es, más burda y cínica es la dominación del capitalismo…El capital, una vez que existe, domina la sociedad entera, y ninguna república democrática, ningún derecho electoral pueden cambiar la esencia del asunto”.[11]

La socialdemocracia con su discurso y programa de reformas, lo que realmente está haciendo es auxiliar la agonía del sistema vigente. Lo verdaderamente revolucionario es trabajar y luchar por extinguir al capitalismo, esta es una gran diferencia teórica y práctica entre modernización del estado capitalista y socialismo científico; entre “revolución ciudadana” y revolución social.

Ecuador: democracia, autoritarismo y criminalización a la protesta social

 En Ecuador existe un relativo desarrollo y estabilidad en las arcas fiscales, entre los factores que ayudan a esta realidad se puede anotar: el alto precio del barril de petróleo, la política de impuestos agregados y especiales que pagan todas las clases dominadas y, el endeudamiento externo.

Así, el gobierno de la revolución ciudadana tiene la posibilidad de contar con dinero suficiente para desplegar una gran cantidad de obras y esto para el pueblo significa cambio, por ejemplo, en varias instituciones del estado, las personas no hacen fila de pie, cogen turno y esperan sentados, esa sensación de comodidad y buen trato cautiva, gana electores. Los estudiantes universitarios se sienten tomados en cuenta cuando se cambia los pupitres de metal con más de dos décadas de existencia por unas mesas tipo escritorio, cosas simples, pero efectivas para el propósito de afirmar que Rafael Correa cumple. A esto se suma las carreteras, puentes, el uso de la tecnología informática para la atención de servicios.

La clase media está satisfecha porque tiene recursos para comprar y los sectores populares están agradecidos porque tiene 50 dólares mensuales que le entrega el estado para sobrevivir. Con esto el gobierno gana el silencio de las mayorías y consolida el miedo, moderniza las instituciones del estado apuntalando el extractivismo y perfecciona el autoritarismo.

Nadie se opone a que se retribuya a los pueblos erigiendo obras; ese es el deber del estado y el gobernante tiene que disponer y controlar que se cumpla.

Sin embargo, es necesario hacer varias preguntas: ¿Toda esta obra, junto al discurso incendiario del Presidente Correa, cambia el sistema capitalista? ¿La corrupción ha dejado de existir? ¿Existe libertad de expresión? ¿El pueblo ejerce su derecho a tomar decisiones en leyes o políticas del estado a su favor? ¿El clientelismo, la compra de votos o conciencia en las distintas funciones del estado, se ha eliminado? ¿La violencia estatal, el miedo, la criminalización y el discrimen social, son del pasado? La respuesta es contundente, NO. El gobierno de Rafael Correa, NO tiene como perspectiva el cambio de las relaciones sociales, ni afirmar la democracia con la participación del pueblo y sus organizaciones, su meta es consolidar la acumulación de la riqueza en pocos ricos, por eso no cuestiona el capitalismo, sino que lo fortalece, lo moderniza y eso le interesa al imperialismo y la burguesía.

Para esto necesita utilizar la violencia estatal en todos sus niveles y como es lógico, busca legitimar a través de la aplicación del derecho, “La función de la violencia en el proceso de fundación de derecho es doble. Por una parte la fundación de derecho tiene como fin ese derecho que, con la violencia como medio, aspira a implantar. No obstante, el derecho una vez establecido, no renuncia a la violencia. Lejos de ello, sólo entonces se convierte verdaderamente en fundadora de derecho en el sentido más estricto y directo, porque este derecho no será independiente y libre de toda violencia, sino que será en nombre del poder, un fin íntima y necesariamente ligado a ella”.[12] En tal sentido, el gobernante hace gala del insulto a los disidentes y encarcela o procesa penalmente a la resistencia social, aplicando la violencia y el derecho para mantener el dominio de clase.

Ahora bien, desde el gobierno existe una retórica gobbeliana en relación a que todos estamos sometidos al “Estado de Derecho” que significa en palabras sencillas, que los pueblos y la juventud no tienen derecho a resistir la violencia del estado, porque toda forma de expresión social de inconformidad con el gobierno está fuera de la ley por “disposición suprema”. Cualquier manifestación de las organizaciones sociales y políticas no alineadas con la “revolución ciudadana” en palabras del Presidente Rafael Correa “son terroristas”. “tira piedras”, “malcriados”, “perdederos en las elecciones”, “izquierda infantil, etc.

Se puede decir que vivimos una democracia plena cuando desde el gobierno se insulta, intimida, amenaza y encarcela a los ecuatorianos con pensamiento y propuesta distinta. Cuando quien toma la decisión final, siempre es el Presidente sin opción a replica y peor si viene de algún dirigente social; incluso, de los “mamotretos” de los asambleístas de Alianza País que ganaron en el proceso electoral pero de antemano ya perdieron voz y voto. Para el gobierno democracia significa violar la constitución y aplicar sanciones penales. De esta manera impone respeto al poder, si alguien lucha por los derechos del pueblo o los de la naturaleza se lo incrimina, desprecia y se lo judicializa por rebelión, sabotaje y terrorismo. A través de este mecanismo se legitima el monopolio de la violencia del estado y se ilegitima la resistencia popular provocando miedo, para que exista gobernabilidad, esto no tiene nada de democrático, es más de lo mismo, para sostener y maquillar el sistema injusto.

Si hay represión, abuso de poder, violencia estatal, negativa a la participación social no estamos bajo ningún proceso democrático, menos socialista; es en esencia, capitalismo desarrollista, con un caudillo versión siglo XXI.

Criminalización a la protesta social

 La criminalización a la protesta social y al pensamiento bajo las figuras penales de “terrorismo organizado”, “sabotaje” y “rebelión” a todas las formas de resistencia social está siendo recurrente en el tiempo de los llamados gobiernos alternativos que se declaran defensores y suscriptores de todos los tratados de derechos humanos a nivel internacional, paradójico, pero cierto.

 En Ecuador, se vive en zozobra, con el espanto y el stress alto. Unos porque si no hacen y dicen lo que el jefe de turno quiere corren el riesgo de que otros ocupen su puesto de trabajo; muchos porque no saben cómo cubrir las necesidades diarias, la mayoría porque la inseguridad está en cada cuadra; la impunidad, los desaparecidos (as) crecen; la asociación, reunión, pensamiento y opinión distinta al gobierno es judicializada, en fin mucha tensión en tiempos de “revolución ciudadana”.

 Para el gobierno es conveniente mantener la zozobra, inventar un “enemigo interno” que puede ser el vecino, el compañero de aula o trabajo. Esto responde a la defensa del derecho a la propiedad de la burguesía y las transnacionales interesada en la minería a gran escala, el incremento de la explotación petrolera, los proyectos hidroeléctricos, los transgénicos, la privatización del agua, entre otros. Quienes se oponen al “desarrollo económico” de estas empresas son criminalizados junto a todas las formas de resistencia; el “enemigo interno” son los líderes sociales y los movimientos que se oponen a estas prácticas extractivas que impulsa el gobierno y que atentan a los derechos del hombre y la naturaleza.

 Varios funcionarios han dicho que en este gobierno no se tortura, no se ejecutan procesos extrajudiciales como en los gobiernos de “derecha”, probablemente sea así, el derecho a la duda existe, sin embargo, vale transcribir lo que dice Oscar Useche Aldana: “El miedo ya no está centrado en la posibilidad del suplicio del cuerpo, del sufrimiento de las carnes. Ahora se ha desplazado hacia el miedo a ser excluido de las libertades civiles y en particular de la libertad de movilización”.[13]

 Generar el silencio, el miedo a través del autoritarismo y la función judicial es una salida que le queda al caudillo de turno para evitar todo forma de expresión de lucha popular.

Los casos de criminalización en Ecuador

 Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Ecuador la protesta ciudadana y en particular el derecho a la resistencia para defender los derechos humanos, de la naturaleza, la vida, los recursos naturales, la protección del ambiente, la libertad de expresión e información se ha criminalizado para que intervenga el poder judicial bajo el total control del poder ejecutivo. Alrededor de 47 líderes indígenas y estudiantes afrontan juicios penales por sabotaje y terrorismo.[14]

Además, desde el 2010, estos procesos no avanzan, la mayoría no han recibido sentencia.[15] Los más importantes son:

 1. CASO KIMSACOCHA -AZUAY

 Carlos Pérez Guartambel, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay y Federico Guzmán, Presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete (Provincia del Azuay) y el comunero Efraín Arpi fueron detenidos por la Policía Nacional y acusados de sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos, durante una movilización no violenta en defensa del agua que debía utilizar la empresa minera Lamgold – INV para la explotación industrial de minerales en el páramo de Kimsacocha.

 La orden de prisión del juez fue por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos. El juicio empezó en junio del 2010 y el 14 de agosto del presente año la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a prisión (de ocho días) y, (el 21 de marzo 2013 se entregaron en un acto de firmeza moral y en medio de la solidaridad de la población).[16]

 2.    CASO DE LÍDERES CONAIE Y ECUARUNARI

 Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI y Marlon Santi ex presidente de la CONAIE, están enjuiciados por el delito de terrorismo y sabotaje por encabezar una marcha por la conmemoración de los 20 años del levantamiento indígena de 1990 y por expresarse ante la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

 La Indagación de la Fiscalía comenzó en el año 2010 y hasta este mes de diciembre (2012)[17] el Fiscal no se pronuncia sea desestimando la denuncia, archivando o continuando con la siguiente fase que es la Instrucción Fiscal.

 3.    CASO TIGUANO

 En julio del 2011, Luis Etsa Wachapa, presidente del Centro Shuar Tiguano y otros campesinos, fueron denunciados por la Compañía Petroriental, operadora de los bloques 14 y 17, por el delito de sabotaje.

 El juicio continúa y hasta la fecha no se reciben las versiones de los acusados porque dentro del proceso no se identifican indicios de responsabilidad.

 4.    CASO LÍDERES SHUAR

  Desde el año 2010 José Acacho junto con a otros líderes, integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) están acusados de sabotaje y terrorismo con muerte luego de la movilización protagonizada por el pueblo shuar durante la jornada nacional de protesta contra el proyecto oficial de Ley de Aguas. El caso se encuentra en el Juzgado Primero de Garantías Penales de Morona Santiago.

 5.    CASO ASOCIACIÓN CAMPESINA/PETRORIENTAL

  Luis González y Dositeo Cuenca Labanda, Presidente de la Veeduría de las comunidades de los bloques petroleros 14 y 17 y presidente de la Asociación Rodrigo Borja- Patria Nueva y Santa Rosa, respectivamente, fueron denunciados por el delito de sabotaje por la Compañía Petroriental. El caso judicial continúa hasta la presente fecha

 6.    CASO SHAGLLY

 Gustavo Aucay Barreto, Alcides Ochoa, Florentino Cabrera, José Alciviades Ochoa, Eunora Rodríguez Sánchez, Angélica Rodríguez Sánchez, Genaro Rodríguez Sánchez, María Rodríguez Sánchez, Rodrigo Rodríguez Sánchez, Gloria Rodríguez Sánchez, Juventino Cabrera, Jesús Aucay Barreto y Alciviades Aucay Barreto de la comunidad de Santa Isabel, están acusados de impedir la socialización de un proyecto minero. El caso está en la etapa de indagación previa en la Fiscalía Octava de lo Penal del Azuay.

 7.    CASO PUJILÍ

  Porfirio Allauca y Milton Hugo Guamán líderes de la comunidad de Pujilí-Cotopaxi, fueron denunciados por un propietario de una hacienda por terrorismo y luego por invasión de domicilio.

 8.    CASO LULUNCOTO

 El 3 de marzo del 2012, Jescenia Abigail Heras Bermeo, Pablo Andrés Castro Cangas, Luis Santiago Gallegos Valarezo, Ana Cristina Campaña Sandoval, Fadua Elizabeth Tapia Jarrin, César Enrique Zambrano Farías, Víctor Hugo Vinueza Puente, Luis Marcelo Merchán Mosquera y Héctor Javier Estupiñan Prado (7 hombres y 3 mujeres) fueron detenidos en un operativo liderado por el Ministerio del Interior, cuando se encontraban reunidos en un barrio al sur de Quito.

 (Fueron sentenciados a un año de prisión bajo el delito de “intento de organización terrorista)”[18]

 9.    CASO CHILLANES

 La Comunidad San Pablo de Amalí, se opone a la construcción de un proyecto hidroeléctrico, por atentar contra su derecho al acceso al agua y demandó, mediante Acción Constitucional de Amparo, la nulidad de la licencia ambiental y permiso de construcción de la Hidroeléctrica San José del Tambo. Este caso ya tiene resolución negativa del Tribunal Constitucional (24 de septiembre de 2009), por lo que agotadas las instancias internas se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Varios de sus dirigentes, que recibieron amnistía en el año 2008, fueron nuevamente denunciados, entre ellos Manuel Trujillo dirigente de la Comunidad San Pablo de Amalí.

 10. CASO RÍO GRANDE

 En Río Grande-Chone, provincia de Manabí, Carlos Alberto Espinosa Loor, Fausto Lenin Bravo Alcívar, Líder Manzaba, Luis Arteaga, Jean Carlos Moreira, entre otros, campesinos fueron detenidos y llevados al Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez por oponerse a la construcción de dicha represa. Actualmente están en libertad y enfrentan una nueva Indagación Previa.

 11. CASO MERY ZAMORA[19]

 Por haber cuestionado la Ley de Servicio Público que rebelo a los policías y militares el 30 de septiembre del 2010, fue acusada y sentenciada por  sabotaje y terrorismo, la ex dirigente sindical de los maestros, Mery Zamora. El Tribunal Penal aún no ha notificado la sentencia.

 12. CASO MARCELO RIVERA[20]

 Marcelo Rivera, ex Presidente Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, fue sentenciado por agresión terrorista a 3 años de reclusión, sentencia política más que jurídica, porque el mismo rector de la Universidad Central del Ecuador reconoció durante sus versiones en el juicio que él no le provocó ninguna herida, ni le vio durante los hechos ocurridos en la Universidad.

 13. CASO AUTORIDADES Y DIRIGENTES POPULARES COTOPAXI[21]

 El Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi y 7 siete dirigentes populares con representación de elección popular fueron acusados por el gobierno de terroristas por haber participado en la movilización de los acontecimientos de la revuelta de los policías contra las reformas a la ley de servicio público.

 14. ASESINATOS

 El 20 de julio del 2011, Marlo Lozano Yulán, miembro de la organización Tierra y Vida de la provincia del Guayas, fue asesinado en Guayaquil. Según la Unión de Organizaciones de pequeños agricultores autónomos de la Costa Tierra y Vida este asesinato no es un hecho aislado sino parte de un proceso sistemático de asesinatos, hostigamientos, persecuciones, señalamientos dirigidos a diversas asociaciones que luchan por su derecho a la tierra como medio de subsistencia y elemento fundamental para ejercer su derecho humano a la alimentación reconocido en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A pesar de ello, este caso ha quedado en la impunidad.

 Juan Bravo, miembro del Comité de Derechos Humanos de Shushufindi fue asesinado a finales del 2008, sin que el Estado hasta hoy haya investigado los hechos o entregado información al respecto a pesar de las reiteradas peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

LA RESISTENCIA CONTINÚA

Estamos en una coyuntura que exige afirmar la convicción que es posible el cambio real para los sectores populares, disponiendo todos los bríos para poner en marcha una gran jornada de educación política de las masas que arroje como resultado la organización y participación de los pueblos en la lucha por la emancipación social. 

El gobierno, la burguesía y el imperialismo saben que mientras existan organizaciones y líderes dispuestos a dar todo por una causa justa, las masas se incorporaran conforme son conculcados sus derechos y la represión arrecia. De ahí la importancia de afincar la organización social y popular, su unidad; afirmar los valores, concepciones y actitudes de resistencia popular y sus formas para confrontar al autoritarismo.

La democracia, la libertad, la igualdad y una sociedad sin explotados, ni oprimidos es el gran trabajo de hombres y mujeres; jóvenes y viejos afirmados en la necesidad y posibilidad irrenunciable que la revolución social y el socialismo científico serán una realidad en beneficio de los pueblos del Ecuador. La lucha siempre será, el camino para la victoria. 

***********************************************************************************

REFERENCIAS

http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html, LAS COMISIONES DE LA VERDAD EN AMÉRICA LATINA

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28600304

http://www.emagister.com/curso-democracia-derechos-humanos/democracia-concepto-evolucion, Diccionario Enciclopédico SALVAT Vol. 4 Edición 1994.

http://educacionymemoria.educ.ar/

http://www2.cddc.vt.edu/marxists/espanol/lenin/obras/1910s/11071919.htm

“Los partidos y una nueva sociedad”, México D.F., 2012

Alberto Anaya Gutiérrez

 Cuando el miedo se convierte en arma política, Emilia Bermúdez, 2009

 ‘Hobbes, Naomi Klein y el uso político del miedo’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com

 http://polis.revues.org/3893, Miedo, seguridad y resistencias: el miedo como articulación política de la negatividad

 Carlos Figueroa Ibarra, Protesta Popular y Procesos Políticos en la América Latina actual