28-09-2017
Hace dos meses no hay señales de vida de Santiago Maldonado. La desaparición del joven activista en Patagonia no es sorprendente. Es la manifestación de la política cada vez más represiva del Estado Argentino.
Los números de 0800 son gratis en Argentina y se difunden tal cual sucede en otros lados del mundo después de una catástrofe, así sea una inundación o un terremoto. Hace unas semanas está circulando uno de estos números, pero por otra razón: Padres de niños escolares pueden denunciar a los docentes que hablen durante sus clases sobre Santiago Maldonado, el hombre que fue capturado el 1 de agosto por Gendarmería Nacional después del bloqueo de una ruta Patagónica en defensa de las tierras ancestrales Mapuche. “No permitamos que las escuelas se conviertan en unidades básicas”, dice el folleto; las unidades básicas son espacios históricos de participación política del Peronismo.
Uno puede dar vueltas a esa demanda como quiera: al final suena como hace cuarenta años cuando se trataba de ocultar temas controvertidos, momentos en los cuales los militares a cargo de la última dictadura hicieron callar a quienes los criticaban. En lugar de hablar sobre las denuncias con respecto a los ciudadanos desaparecidos, entre 1976 y 1982 se habló sobre el título del mundial de fútbol. Los desaparecidos de entonces fueron personas como Santiago Maldonado, que no se callaron sino que cuestionaron la política estatal. Nuevamente de esto trata ahora la Argentina del siglo 21.
Tensiones en todo el país
Desde que asumió el empresario multimillonario Mauricio Macri al poder del país, en diciembre del 2015, la vida cotidiana y las relaciones entre los habitantes se tornó cada vez más tensa. Se incrementaron los desempleos, la comida se vuelve día a día más cara y el dinero cada vez tiene menos valor (esto fue parecido bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner) lo cual convierte la vida cotidiana en una carrera de incertidumbres.
La alta tensión que se está viviendo en el segundo país más grande de América Latina lo demuestran los hechos durante los últimos meses. Por ejemplo, el caso del proveedor de harinas de las afueras de Buenos Aires que inició su reparto de mercadería y al momento de querer salir con su camioneta un vehículo de la policía le impidió el paso. Las agresiones verbales se convirtieron en una pelea cuerpo a cuerpo que terminó con heridas en la cara y una pierna quebrada del trabajador. O el suicidio del jubilado de 91 años en Mar del Plata. “No puedo seguir viviendo en esta situación”, declaró dentro del edificio del organismo del estado para pagar las jubilaciones antes de pegarse un tiro a la cabeza. O la historia del chico de 25 años de un barrio de Capital que después de una pelea con un policía y una persecución en auto recibió varios disparos. Según los jueces, el policía que hoy está preso tenía en su auto un importante arsenal de armas.
Con rifles contra familias
Las autoridades estatales también dispararon antes de la captación de Santiago Maldonado. La Gendarmería llegó ese día con cien uniformados a la Comunidad Pu Lof Cushamen, después de haber capturado a nueve de sus miembros el día anterior. Maldonado apoyó las familias Mapuches en su lucha por la tierra ancestral; en el 2015 se instalaron en la tierra de sus antepasados, que fue comprada en 1991 por el italiano Luciano Benetton, dueño de la empresa de textiles. La Gendarmería disparó a las familias con balas de goma y de plomo y quemaron sus pertenencias. En la siguiente persecución todos pudieron escapar menos Santiago Maldonado. Según testigos fue capturado y llevado en dirección a la ciudad Esquel.
La ministra de seguridad Patricia Bullrich declaró que no hay ningún indicio de que Gendarmería haya capturado a Maldonado. Fue un intento vano de evaporar la indignación que desde entonces está desbordando en todo el país, tanto en el internet como en las calles.
Interés geopolítico
Hay que decir que la desaparición del artesano de 28 años no es una gran sorpresa. En América Latina desaparecen activistas ambientales y de derechos humanos con frecuencia, especialmente si atrás hay un interés geopolítico como en la Patagonia. La región es rica en recursos naturales como agua, madera o petróleo. Además en la zona fronteriza entre Argentina y Chile hay varios proyectos de infraestructuras como hidroeléctricas, túneles o aeropuertos. No fue casual que Mauricio Macri decidiera hace poco más de un año, por decreto presidencial, volver a facilitar la compra de tierras a extranjeros. La señal fue clara: ¡Vengan e inviertan! Y también fue claro desde un principio que –llegado el caso– estas inversiones serán defendidas violentamente. “Es obvio que hoy en día la solidaridad no está bien vista por este gobierno en ningún nivel”, dice Diana Lenton, integrante de la Red Investigadores del Genocidio indígena. En una entrevista en Canal Abierto afirma la antropóloga que la desaparición de Maldonado es un mensaje claro del Estado: “Cuidado porque no solamente la gente mapuche van a pagar el pato sino cualquiera que les esté apoyando.”
Incendios provocados y amenazas de muerte
Lo que significa esto lo están viviendo hace años los habitantes de El Bolsón, a unos cien kilómetros al noroeste de donde fue desaparecido Maldonado. En el pequeño poblado sureño los ciudadanos y el municipio se enfrentan en una pelea tremenda. La razón es que el multimillonario inglés Joe Lewis quiere construir una villa turística de invierno para los ricos arriba de El Bolsón (http://bit.ly/2vaFiWL). Eso pone en peligro el abastecimiento de agua potable a unas 40’000 personas de todo el valle. Los ciudadanos, organizados desde hace años, no dejan de manifestarse en contra en las calles y arriesgan con ese hecho sus vidas. Difamaciones y amenazas de muerte son una cosa corriente; por ejemplo, el incendio de dos radios que informaron del caso y también del centro comunitario donde se solía reunir la Asamblea de vecinos en contra del proyecto ilegal de loteo de las tierras. Varios activistas temieron ser secuestrados o incluso asesinados. Puesto que el municipio de El Bolsón, a través de empresas dudosas está íntimamente ligado con Joe Lewis – quien a su vez recibe regularmente a su amigo Macri en la mega mansión de Lago Escondido – llevó a que los ciudadanos buscaran denunciar en la ONU. Alguna instancia se tenía que dedicar a las violaciones de los derechos humanos.
Ministra de seguridad revela nombre de testigo protegido
Mientras tanto el gobierno Argentino con cada palabra se enreda un poco más en el caso Maldonado. En agosto la ministra de seguridad reveló en el Senado el nombre de un testigo de identidad protegida. Luego de ello, Ariel Garzi, amigo de Maldonado y también activista de los derechos indígenas, se vio obligado a declarar en público para que sepan su nombre y su cara. Cuenta que llamó un día después de la desaparición de Maldonado a su celular y que alguien atendió durante 22 segundos. Las Investigaciones para ubicar el celular –en los tiempos que da la facilidad informática– no fueron hechas. Y sólo unos días después el comandante mayor de la Gendarmería, quien estaba a cargo del operativo en el Pu Lof Cushamen, declaró en una entrevista con El disenso que: “actuó bajo órdenes precisas del ministerio de seguridad”. Esa declaración también fue negada por Bullrich frente al Senado.
“¡Vivo lo queremos!”
La indignación por la desaparición forzada de Maldonado se ha mezclado con la indignación por el actuar del Estado. “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!” gritaron miles de manifestantes en las calles de Buenos Aires a un mes de la desaparición, llevando imágenes de Maldonado en sus manos. La manifestación, agitada por policías infiltrados, fue diluida con tanques de agua y gas pimienta: 27 personas fueron detenidas. Por miedo a lo que les podría pasar en la comisaria gritaron durante la detención sus nombres a las cámaras de celulares de otros manifestantes. La familia de Maldonado convocó para otra manifestación masiva este domingo primero de octubre.
Mientras tanto siguen las pequeñas y grandes luchas dentro de la sociedad Argentina, una sociedad profundamente dividida. Una situación ejemplar se dio a principios del mes de septiembre en el municipio de Florencio Varela, en las afueras de Buenos Aires. Mientras Federico Mendoza, profesor de la escuela secundaria de política y ciudadanía, hablaba en su clase del caso Maldonado una alumna llamó a su mamá, contándole el hecho. Al rato, relata Mendoza a la radio FM Buenos Aires, la madre llega a la escuela para retirar su hija. Pero no solo eso. Cuando Mendoza quiso salir de la escuela lo esperaban tres policías en la puerta: “¿Quién sos vos para hablar de política?”, le preguntaron. Y Mendoza respondió: “Soy el profesor de política.” (http://bit.ly/2fqpQiH). Unos días después se organizó una manifestación en solidaridad con él, exigiendo que la policía no interfiera en lo que pasa en las escuelas.
Los que lanzaron el folleto con el número 0800 no quieren que se hable de política en la escuela. Y aunque una comparación directa con la dictadura militar no es pertinente: frente a la crisis económica cada vez más aguda, el comportamiento represivo del Estado y el despotismo dentro del aparato de seguridad, ponen una vez más en juego los derechos básicos dentro de la democracia Argentina.
*Este texto es una traducción del Alemán. Primero fue publicado en la página de periodistas independientes en Suiza (www.infosperber.ch).
** Entre 2009 y 2016 el autor vivió en Argentina, entre otros lugares también en El Bolsón.
