Mayo 16 de 2017
“maestr@ que lucha, con su ejemplo,
También está enseñando”
Hace pocos meses circuló, por listas de correos electrónicos, un comunicado urgente desde la Universidad San Carlos de Guatemala, era la denuncia de un grupo de docentes e investigadores de la Escuela de Ciencia Política, en el que exponían una serie de inconsistencias relacionadas con sus procesos de contratación para el año 2017. Las inconsistencias se expresaban en la reducción de las partidas asignadas y de los tiempos de contratación aparentemente sin ningún argumento académico o administrativo formal. Estos hechos además de ser una clara violación a los derechos laborales de los docentes, pusieron en evidencia la falta de voluntad y sentido ético de las autoridades en determinar y motivar las razones por las cuales varios docentes quedaron fuera del período académico. El grupo de docentes en su denuncia manifestó que estos hechos eran una clara discriminación étnico/racial y de género, en palabras del colectivo: “La Escuela de Ciencia Política, ya no quiere más indígenas”. Lo sucedido en Guatemala, es una muestra de la vigencia y naturalización de estas prácticas discriminatorias, presentes en el circuito académico de nuestros países.
La situación no es muy diferente en Ecuador, parecería que se va configurando un “modelo de gestión”, que se perfecciona con las experiencias que acumula, en el que el libre mercado y sus premisas de eficiencia se aplican a los docentes. Esto no podía ser de otro modo si las instituciones de educación superior son consideradas como fábricas productoras de profesionales funcionales al mercado. Por otra parte, existen otras razones de fondo, que contribuyen a los graves problemas que enfrentan las universidades. Quizás la corrupción, sea la más observable, presente en el tráfico de influencias, asignaciones presupuestarias desproporcionadas para aquellos proyectos de investigación que garanticen visibilización institucional, y no necesariamente a los proyectos que atiendan las demandas de la comunidad en su sentido más amplio. La compra de conciencias a docentes a través de becas para eventos académicos, posgrados, nombramientos honoríficos, y distintas prebendas, son funcionales a la hora de contar con aliados dentro de los Consejos Universitarios, quienes en muy pocos casos poseen autonomía y funcionan como instancias de co-gobierno. La corrupción está presente en las diversas formas de abuso de autoridad y poder, legitimadas por un aparataje institucional burocrático, experto en disfrazar ilegalidades y convertirlas en omisiones administrativas.
Los docentes universitarios ocasionales, son uno de los segmentos poblacionales más vulnerables en el contexto laboral, su condición de “ocasionalidad”, los coloca en una especie de limbo de inseguridad laboral, manipulación, amenazas e invisiblización de todo tipo. La “ocasionalidad”, es requisito suficiente para que los méritos y la experiencia se subordinen a las decisiones unilaterales de las autoridades de turno, quienes sin mayores criterios deciden prescindir de la contratación, aunque la necesidad académica esté demostrada. Con todo esto: ¿Cómo se explica entonces, que los docentes trabajen 4, 5, 7 años bajo un contrato ocasional?, ¿De qué o de quienes depende la existencia de concursos de méritos y oposición?, ¿Dónde queda la dignidad de estas personas y su derecho a trabajar?
Por otra parte, en las universidades públicas, los docentes que finalmente han logrado ingresar vía concurso de merecimientos enfrentan una suerte de vendaval administrativo reflejado en la exacerbación del “control”, como si “la presencia por la presencia” fuese sinónimo de un mejor desempeño profesional y ético. Para algunos, lograr un nombramiento los ha colocado en un puesto privilegiado de poder y han dejado en el olvido todos los años en los que ellos también fueron docentes de contrato y enfrentaron la precariedad en su condición de trabajadores. Para otros en cambio, ese logro, les ha servido para repensar su rol político dentro la universidad pública y la urgencia de quebrar y transformar las estructuras impuestas por el modelo actual y sus vicios de poder.
Las demandas urgentes que la comunidad universitaria pide a gritos, no cuajan con las falsas ideas de eficiencia en la ejecución presupuestaria, criterio que resulta maniqueísta si supone la precarización de la labor docente. Las demandas actuales de la universidad pública, pasan por la necesidad de definir el sentido de la educación superior y sus aportes en la construcción de la sociedad que aspiramos desde una perspectiva humana integral, liberadora, crítica, y no en función del Mercado/Estado que las financia. Esta debería ser la preocupación más urgente de las máximas autoridades universitarias, “Pensar la Universidad” y dejar de lado prácticas politiqueras, partidistas y discriminatorias, todavía vigentes.
Estas condiciones son uno de los principales móviles para que los/as docentes, quienes nos hemos comprometido con la causa de la enseñanza pública, iniciemos acciones de denuncia frente a estas irregularidades, y fomentemos una organización sindical docente. Las futuras reformas a la LOES, deberían partir de la reflexión de estas contradicciones y no constituirse en reformas “parche” a los problemas estructurales que todavía prevalecen.
*Comunicadora Social, Investigadora y Docente Universitaria.
