LA POLÍTICA PÚBLICA FRENTE A LAS DROGAS. por Edgar Isch L.

El siguiente artículo fue publicado por primera vez el 21 de septiembre del 2012 en las páginas de Lalineadefeugo.info. Se vuelve a publicar hoy porque sigue mas que relevante, sobre todo en el contexto del debate que ahora se sostiene no solo dentro de la Organizacón de Estados Americanos (OEA) sino a nivel nacional. Las declaraciones del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, respecto al fracaso de la guerra contra las drogas, hecho dificil de contradecir, han desatado un debate dentro de la sociedad y los medios de comunicación. El Comercio por ejemplo, parece haber tomar una posición contraria a la de Mera, publicando varios artículos que destacan el peligro de despenalizar la droga. Los dueños del medio tienen el derecho de expresar sus preferencias, soñar en su utopía, pero cabe mencionar que en uno de esos articulos (‘Es riesgoso legalizar la marihuana: Córdova’) el título no refleja el contendio, incluso dando más peso a las palabras del viceministro del interior, Javir Córdova, que a las de Mera. Aceptar la derrota en la guerra contra las drogas no es sinónimo, sin embargo, de imaginar que despenalizar la droga sea una suerte de bala mágica, que no tenga contradicciones e  incoherencias, sino admitir que la opción de seguir con esa batalla perdida sea peor. El horroroso e inaceptable nivel de violencia en México, Guatemala y El Salvador y la penetración de las mafias narcotraficantes en los gobiernos de la región evidencian la urgente necesidad de un golpe de tímon. No podemos seguir en lo mismo. Así de sencillo.

Hay que discutir, incluso con El Comercio, la política nacional, regional y global respecto a las drogas. Por tanto volvemos a publicar el analisis de Edgar Isch sobre el problema y la necesidad de encontrar respuestas , esperando que sea un pequeño aporte a ese debate tan necesario.

Gerard Coffey

LA POLÍTICA PÚBLICA FRENTE A LAS DROGAS

Edgar Isch L.   Lalineadefuego.info

Vivimos en una sociedad donde el consumo de drogas tiene dos grandes ramas: la legalizada y la sancionada, inseparables en el momento de los debates políticos, éticos, jurídicos e incluso económicos. En la vida cotidiana, muchas drogas son calificadas como medicinas[1], están adecuadamente controladas y legalizadas, así como lo están varios productos a los que se les ha dado el nombre de “droga social” tales como el alcohol y el tabaco, pero también productos que se expenden libremente para otros usos, como el caso de pegamentos y diluyentes. Por el lado de las drogas sancionadas existen unas de origen vegetal (coca,  heroína, hachís, marihuana cuando no se la ha legalizado para fines médicos u otros) y otras de origen químico (crack, LSD, éxtasis, entre otras que son conocidas también como drogas de diseño).

 El consumo de este tipo de productos viene desde la antigüedad y manifiesta distintas facetas del comportamiento humano. En muchas culturas, su uso ha estado ligado a ritos y creencias aún vigentes; en otras, camina junto a los procesos de corrupción más profunda; y en otras, es ante todo una rama industrial con su consecuente espacio en el comercio legal (farmaceútica) e ilegal (narcotráfico)[2].

 Estas líneas de introducción para plantear lo que siendo obvio, suele olvidarse ante la emergencia del narcotráfico como uno de los delitos más vinculados a la violencia: la temática requiere de un abordaje multilateral que comprenda las particularidades de diversas culturas y la complejidad de un fenómeno que afecta a la sociedad entera. No es suficiente entonces y como insistiremos, una política de “guerra” al narcotráfico que amplifica la violencia, el número de muertes y que tiende a militarizar países enteros, con el consiguiente peligro para los derechos humanos.

Narcotráfico: ¿una industria como cualquier otra?

 Se ha vuelto un lugar común decir que cuando se trata de narcotráfico se está hablando de una poderosa industria, la cual involucra cultivos, elaboración, distribución y venta de substancias prohibidas por las leyes. El volumen de este negocio  tomaría la mayor parte del lavado de dinero del crimen organizado, que según informes de Naciones Unidas supera los 870 mil millones al año. “El lavado de dinero representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial,  como comparación vale saber que las deudas públicas [en 2008] en todos los mercados internacionales es de 5.000 millones de dólares”[3].

 La propia Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), considera parte de su misión el “monitorear e investigar el mercado global de las drogas ilícitas con el fin de obtener una comprensión integral de su dinámica”.  Como todo mercado, éste se complementa con las entidades bancarias que facilitan la administración y ampliación de las inversiones. De allí que se sostenga como premisa que una de las razones para que el narcotráfico crezca, está en la facilidad que esas instituciones brindan para “lavar” un dinero manchado por los millones de vidas destruidas.

 En los paraísos fiscales, es decir aquellos Estados que posibilitan el lavado de dinero ilícito y también la evasión de impuestos de empresas de otros países, se lleva a cabo buena parte de esta operación. Y curiosamente hay paraísos fiscales en territorios de países que impulsan políticas de prohibición del uso de las drogas (Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Israel y Dubai entre otros). Pero también hay un lavado directamente en las entidades bancarias centrales. Esta complicidad la evidenció el escándalo por un cargamento de drogas detectado el 10 de abril de 2006 en un avión comprado por dos de los más grandes bancos de Estados Unidos: el Wachovia Corporation y el Bank of America Corporation. En marzo de 2008, la banca Wells Fargo, que compró el Wachovia, admitió que “no se hizo lo suficiente” para detectar fondos ilícitos en el manejo de 378.400 millones de dólares, en el Wachovia, entre 2004 y 2007 [4]. Tras esa declaración, el gobierno de Estados Unidos retiró todos los cargos criminales a cambio de una multa de 160 millones de dólares, en una práctica habitual que libera de responsabilidades penales a los grandes banqueros que aumentan sus ganancias con el lavado.

 La entidad financiera Bloomberg enumera varios casos más que involucran al American Express Bank International de Miami y Bank of America, y también existen casos documentados o bajo investigación sobre el uso de sucursales en México de bancos extranjeros como Citigroup, HSBC y Santander.[5]

 La aparente contradicción entre lo que dicen los países desarrollados y su débil accionar ante el lavado de narcodólares en sus propios bancos, fue explicada por Kieran Beer, integrante de la Asociación Americana de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero: “A ningún gobierno le conviene arruinar a la banca privada, menos aún al de Estados Unidos”. Una ex-funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos también presentó la misma conclusión: “el gobierno federal [de Estados Unidos] sabe que si actúa con mano dura contra los bancos por lavar ‘narcodólares’, puede provocar una crisis financiera mundial”[6].

 La forma de este comportamiento y doble moral probablemente se presente como nueva, pero en el fondo es propia del uso del narcotráfico como parte de las políticas de dominación de las potencias imperialistas. Vale recordar la “guerra del opio” impulsada por la Corona Británica para asegurar su control sobre China; los mafiosos norteamericanos que hacían buenos negocios con el dictador Batista de Cuba -manteniendo siempre relaciones con el gobierno norteamericano; la CIA, que transportó y administró el negocio de la heroína desde el sudeste asiático para financiar la lucha anticomunista hasta su derrota en Vietnam; una táctica que se repitió en el caso “Irán-contras” para  financiar a los mercenarios antisandinistas introduciendo cocaína en el mismo territorio norteamericano”; y,  más recientemente, en Afganistán que, tras la invasión de Estados Unidos y sus aliados, ha retornado al primer puesto en la exportación de opio.

 Estos datos permiten comprender que el narcotráfico no es una industria más, sino que es una indispensable para el sistema financiero capitalista. Al mismo tiempo, es un factor de la crisis integral del sistema al incrementar la sobreacumulación de capitales.

 La vinculación del narcotráfico con la industria de las armas, el contrabando y la trata de personas es otra faceta que no debe olvidarse. Si la capacidad monetaria ya convierte a sus ejecutores en una potencia económica, en este conjunto de actividades “colaterales” se convierte también en una potencia armada. El negocio de las armas, el más grande del mundo, es otra manera en que los dineros del narcotráfico llegan a las potencias. El 90% de armas de los carteles mexicanos proviene de su vecino del norte, de manera que: “No sólo Estados Unidos no está dispuesto a prohibir la venta de armas a los criminales mexicanos: la protege celosamente, como al negocio billionario que es. Una nueva ley, capitaneada por los armeros protege la información sobre la venta de armas. Nadie se puede enterar de quién compró qué arma ni a qué precio. La mayor parte de las ganancias del narcotráfico se invierte en Estados Unidos. Y si las leyes mexicanas que permitieran descubrir y penalizar el lavado de dinero se aplicaran, puede esperarse que todavía más dinero del narcotráfico fuera a parar a Estados Unidos.”[7]  Para redondear más el negocio, desde Estados Unidos se venden también armas para el ejército mexicano.

 Por supuesto, hay una conexión con el poderío también político (y judicial) que adquieren los narcotraficantes. En los países latinoamericanos basta con recordar que en Colombia continuamente se denuncia a políticos financiados por el narcotráfico además de las denuncias contra el ex-presidente Uribe, al grado que en 2010 el Parlamento se formaría con un 30% de diputados y senadores sospechosos de relaciones con los paramilitares y el narcotráfico[8]; y que existen denuncias de cómo, en las recientes elecciones presidenciales de México, los narcotraficantes obligaron a votar por el PRI en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se produce alrededor de 80% de la marihuana y amapola del país.

 Todo esto nos lleva a recordar la definición que André Gunder Frank hizo sobre la lumpen-burguesía, como aquella que ya no responde a un proyecto nacional y que obtiene buena parte de sus ganancias en actividades ilícitas, como uno de los mecanismos de acumulación de riqueza.

¿Cuál es el rol del Ecuador en este mercado?

 En el Ecuador, el tráfico, el consumo y los crímenes vinculados al narcotráfico muestran un continuo incremento en la última década. Sin embargo, considerando el mercado global del narcotráfico, se lo identifica como un país dedicado principalmente al tráfico de narcóticos y químicos para el procesamiento de diferentes drogas. Esto sin olvidar el aumento de actividades de acopio y producción, a más de que, de acuerdo a un informe del GAFISUD[9] se lavarían más de mil millones de dólares al año.

Según estimaciones del último Informe Internacional de Control de Narcóticos -publicado en marzo pasado por el Departamento de Estado de EE.UU.- por Ecuador transitan más de 120 toneladas de cocaína anuales a través de sus fronteras. Estas y otras estimaciones, a pesar del peso institucional que las respalda, tienen también otro propósito. Las declaraciones apuntan a las acciones realizadas contra el tráfico de drogas desde la Base de Manta – entregada en 1999 a los estadounidenses y de la cual fueron luego desalojados en el 2009 – habrían dado mejores resultados que las acciones de la Fuerza Pública del Ecuador.

En los hechos, las estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos indican un incremento en la captura de droga. En el 2011, se decomisaron 26,09 toneladas, mientras que ya en el primer semestre del 2012 alcanzan las 17,38 toneladas; en cada uno de estos años se han destruido 7 laboratorios clandestinos y confiscado 3 sumergibles. Y en la zona donde está asentada la base, el decomiso de droga creció de 0,33 toneladas en 2009, con presencia de los norteamericanos, a 2,73 toneladas en 2011. Basándose seguramente en estos y otros datos, el nuevo embajador de Estados Unidos, Adam Namm, “felicitó y reconoció el trabajo que realiza el Gobierno ecuatoriano para combatir y erradicar el narcotráfico”.[10]

 Ahora bien, los hechos demuestran que hay mayores evidencias de producción de coca (aunque sigue muy limitada y enfrentada), de producción de clorhidrato de cocaína para reducir costos, acopio (donde se reúne la producción de narcotraficantes afines para realizar un solo envío) y lavado de dinero en distintas actividades y adquisiciones. Por ello, existe una alerta nacional que se complementa con la denuncia a varios jueces que dan libertad a acusados en casos en los que habría pruebas de su culpabilidad y de vínculos con empresarios ligados a las actividades de lavado.

 Para el tráfico internacional de drogas, nuestro país tiene una ubicación privilegiada. Por un lado, está ubicado entre Colombia y Perú y muy cercano a Bolivia, países que sumados producen más del 90% de la cocaína del mundo y por otro, tiene salida al Pacífico, lo que permite acceso a distintos mercados. El país tiene también una geografía que ayuda a ocultar los sitios de acopio y fronteras de difícil control que posibilita llegar a Brasil, que junto con Argentina y Chile, tienen hoy un consumo similar al europeo. La condición de libre tránsito de personas y mercadería  en la Comunidad Andina brinda una oportunidad adicional y el uso del dólar como moneda oficial facilita la movilización de sus capitales y el lavado de narcodólares.

 Por el Pacífico continúa el envío de la droga a los Estados Unidos, pero no es el único destino; cada vez salen más embarques en dirección a Asia. Este aspecto tiene mucha importancia, pues los carteles mexicanos serían los más interesados en monopolizar el mercado del Pacífico asiático. Esa sería una de las razones de su presencia en el país, que se va haciendo cada vez más notoria, aunque las autoridades señalan que aquí no se encuentran los capos, sino solo los lugartenientes de bajo nivel. Según el informe ya mencionado del Departamento de Estado de EE.UU., además de organizaciones internacionales criminales colombianas, rusas y chinas, en el Ecuador se encuentran también las mexicanas: Los Zetas, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo, grupos que mueven la droga de forma “agresiva y satisfactoria” a través del país. Por supuesto, ese informe coloca a las FARC en la misma condición.

El plan de prevención y control

Al momento se encuentra en vigencia el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas 2008-2012, aprobado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). Es el instrumento de gestión que cohesiona la intervención del Estado y la sociedad en función de las principales esferas de abordaje de la problemática, a saber: oferta, demanda y desarrollo alternativo preventivo. Esta sería la herramienta fundamental de la política pública ecuatoriana, que se asume correspondiente a los principios constitucionales y al Sistema de Planificación del Estado. Las orientaciones fundamentales se resumen en:

 “… la estructuración del Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas, como un instrumento de gestión que cohesiona la intervención del Estado y la sociedad en función de las principales esferas de abordaje de la problemática, a saber: oferta, demanda y desarrollo alternativo preventivo. En estos ámbitos se busca fortalecer la institucionalidad en los niveles nacional y local, conjugándola con los propósitos de disminuir el consumo de psicoactivos, reducir el daño en las personas afectadas, controlar y reprimir el tránsito de sustancias ilícitas por nuestro territorio, así como prevenir y controlar la producción de cultivos ilícitos y drogas sintéticas…

La estrategia del gobierno nacional ha orientado la definición de las políticas sobre control de la oferta y reducción de la demanda de drogas, las mismas que se basan en una nueva cualidad en el enfrentamiento de las diversas manifestaciones de la problemática de las drogas, que consagra los principios generados nacional e internacionalmente y que incluyen la observancia a los derechos humanos, el reconocimiento de la justicia, la libertad y la conciencia individual. Por su parte, la reforma institucional implementada en la Función Ejecutiva, advierte un reordenamiento en la conformación del órgano rector de la política de drogas, al crear nuevos e importantes actores institucionales que, por su cualidad social, están llamados a intervenir en la problemática.”[11]

 Un aspecto importante aquí es la visión de los distintos tipos de adicciones a drogas, considerando la importancia que tienen para el país el consumo de alcohol, tabaco y fármacos, junto a los estupefacientes.

 Por ejemplo, un estudio comparativo del Observatorio de Drogas del CONSEP reveló que los jóvenes tienen fácil acceso a drogas y que, su consumo en el país ha aumentado en un 8,7% desde 1998 a 2009. La Tercera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, realizada igualmente por el Observatorio de Drogas en el 2008, refleja un incremento en el consumo de drogas legales como alcohol y tabaco destacándose que la edad del primer consumo que tiende a ser menor frente a los datos de años anteriores. En relación al consumo de drogas, al comparar los resultados entre el 2005 y el 2008, se observa un incremento en el consumo de inhalantes (de 5.2% a 5.7%) y estimulantes cuyo crecimiento es significativo (de 2.7% a 7,2%); éxtasis (de 2.1 a 2.2), observándose una ligera baja en marihuana (de 7 a 6.4%), cocaína (de 2.4 a 2.2) y pasta base (de 2.6% a 1%).

 Según un Estudio realizado en 2008 por la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas dependiente de la OEA), el 35% de la población ecuatoriana consume regularmente alcohol, considerando al 42% de ese grupo como consumidores problemáticos (según el mismo estudio menos del 1% de la población ecuatoriana consume marihuana, así mismo apenas 0,1% consume cocaína)[12]. Complementariamente, según la Encuesta de Consumo del Observatorio de Drogas del Ecuador, la prevalencia de esta sustancia en los ecuatorianos es del 79.6%; es decir, ese porcentaje de la población ha consumido al menos una vez en su vida licor. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó para agosto de 2011 que Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor consumo de alcohol, con 9,4 litros de alcohol por habitante al año, 5,4 de los cuales serían licor puro sin controles, con el riesgo de muertes por intoxicación por alcohol metílico.

 Si a las cifras anteriores se suma que, en cuanto al tabaco el 28% de la población ecuatoriana es consumidora y que el número de muertes relacionadas con este consumo supera a las diez mil por año[13], se puede concluir sin exageración que desde un punto de vista de salud pública existe un problema mayor con las drogas legales, aceptadas por la mayoría de la sociedad y de fácil acceso.

 En el Ecuador existen solo siete servicios de salud estatales que dan atención a las adicciones al alcohol y a otras drogas, y están ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Tena. En el caso de los centros privados, ha sido notoria en los últimos meses la existencia de instituciones que no cumplían los requisitos legales y de varios clausurados por maltratos a los pacientes, que se pueden asimilar a torturas. Con esto se visibiliza que, aunque se señale en los documentos que el problema de las drogas es, ante todo, un problema de salud pública,  no hay acceso a una atención adecuada para quienes la requieran.

 En el ámbito de la reducción de la demanda, los estudios más recientes indicarían que las acciones en ese sentido han sido insuficientes o ineficientes. Esto se aplica a las charlas y talleres de concientización, tal y como ya lo reconoce el mismo Plan, así como la ausencia de estrategias de ocupación del tiempo libre. Otro factor fundamental es el desempleo entre los jóvenes, una de las razones del acercamiento a las drogas y de los delitos vinculados con ellas.

 Pese a las deficiencias de la política pública el Ecuador se mantiene entre los países con menores índices de consumo de estupefacientes en América del Sur, pero la amenaza está presente al igual que las consecuencias, como los robos y la violencia, reportados a diario en los noticieros.

¿Legalizar? ¿Penalizar? Hacia una nueva política pública

 Uno de los aspectos más importantes del debate sobre políticas de drogas en América Latina, tiene que ver con el cuestionamiento a la política de la “guerra contra las drogas”. Impulsada desde los Estados Unidos esta guerra ha sido un fracaso y ha demostrado la falta de coherencia del gobierno estadounidense  que busca muy débilmente la reducción del consumo en su propio suelo mientras permite la venta de armas a los carteles de México e impulsa la guerra en los países manchados por la exportación de la droga.

 El caso más dramático es México. En los últimos seis años se han registrado más de 47.000 asesinatos vinculados al narcotráfico en ese país y las cifras crecen año tras año. Los carteles implicados en la mayoría de estas muertes  tienen entre sus miembros a ex militares formados para la lucha contrainsurgente, poseedores de tecnología y armamento sofisticados y con nexos en los espacios de poder. Pero, además, la impunidad es tal que en los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón, se detuvo a 226.667 personas relacionadas con el narcotráfico, pero únicamente el 4 por ciento fue sentenciado por dicho delito; el resto o eran inocentes o fueron procesados de manera indebida[14].

 La guerra, así como se la ha llevado hasta hoy, pone a poblaciones enteras entre el fuego de las armas usadas por ambos lados, criminaliza a barrios o sectores poblacionales enteros, sirve para amedrentar a la sociedad dando más poder a los violentos, incluyendo a los gobiernos que usan a las Fuerzas Armadas en una tarea para la que no está preparados, como es la seguridad ciudadana. El terreno de la lucha es la creación de vivienda y trabajo para las clases desposeídas, poniendo en práctica una visión clasista opuesta a la política de represión combinada con el racismo, que caracteriza al sistema judicial y penal de Estados Unidos.

 Todo esto ocurre en medio de una crisis del sistema capitalista y de su estructura financiera global que depende, en gran medida, del narcotráfico y que reduce las oportunidades de empleo y las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de las mayorías.

 En el contexto de la ‘guerra’ un aspecto impulsado con fuerza es el control de los activos, evitando la continuidad del lavado del dinero ilícito. En el caso del Ecuador, el Gobierno anunció su intención de incorporar a la legislación penal las sugerencias contra el lavado de activos propuestas por el Grupo de Acción Financiera de Suramérica (GAFISUD), diferenciándola de organismos privados como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que representa a los siete países más ricos del mundo (G7) y que apunta fundamentalmente a respaldar las políticas contra el “terrorismo” impulsadas por Estados Unidos. Si bien el terrorismo nada tiene que ver con las luchas populares y es indefendible, el uso de este calificativo para atacar a las fuerzas políticas opuestas al dominio imperialista o, en el caso de Ecuador, a opositores populares al régimen, hace necesario precisar qué y a quienes se pretende controlar. Por otro lado, aquí se genera un sistema de sanciones internacionales a países enteros, lo que pone en evidencia un uso del tema para satisfacer planes geopolíticos de dominación junto al control del narcotráfico.

 A fin de cuentas, ha quedado demostrado que las respuestas de la penalización del consumo y el incremento de penas son insuficientes y que además, congregan y refuerzan los comportamientos violentos de los detenidos, generando hacinamiento en las cárceles. Hay que repensar la estrategia. Ya han surgido en varios países latinoamericanos medidas realistas, balanceadas y más efectivas. Por ejemplo, en agosto de 2009, en México se descriminalizó la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal, y en Argentina la Corte Suprema determinó que es inconstitucional imponer sanciones penales por la posesión de drogas para uso personal. Las reformas legales se van haciendo comunes, aunque es un tema polémico, en el que las formas de pensar hegemónicas han obligado al gobierno de Uruguay a abrir el debate sobre la despenalización del consumo de marihuana, tema que está también planteado en Bolivia[15].

 En esa misma dirección y recogiendo la experiencia de sus países y de sus gestiones personales, un grupo de ex – presidentes de Brasil, Colombia y México crearon y lideran la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia con recomendaciones de tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública, y de pedir a los países que consideren la despenalización del consumo de cannabis. Se lo planteó también en la última Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, abriendo posibilidades para discutir la problemática desde la perspectiva de los países menos desarrollados, que han venido impulsando las políticas impuestas desde las potencias.

 Todo esto lleva no solo a confirmar que la política de guerra contra las drogas, además de los enormes costos humanos, ambientales, financieros y productivos, no tiene posibilidad de éxito. Hay que poner las responsabilidades donde corresponden. El uso de limitaciones similares a las de las leyes antitabaco puede facilitar la legalización controlada del cultivo, comercialización y uso de marihuana, como una solución de fondo que, tal como ha pasado con otras legalizaciones en distintas partes del mundo (ejemplo de la legalización del licor en USA), no se relaciona necesariamente con un incremento del consumo.

 Este reciente debate sobre la legalización del uso de drogas es sumamente importante. Recordando los acontecimientos en torno a la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y su posterior legalización, puede observarse que si bien los efectos sociales del alcoholismo se mantienen, también es cierto que no hay una relación entre legalización y aumento de consumo; que la industria legalizada permite controlar calidad (la droga adulterada es una de las mayores causas de muerte por su consumo); que se detuvo la violencia de la guerra contra el tráfico ilegal; los ingresos legalizados permitieron inversiones productivas y pago de impuestos; y, finalmente, el tratamiento de los adictos se convierte en un asunto de salud y no de seguridad ciudadana. Si estos antecedentes no son tenidos en cuenta, junto con las experiencias de legalización, como las realizadas en Holanda y otros países, incluyendo buena parte de los estados de EE.UU. bajo argumentación médica, no se podrá avanzar en un debate profundo y libre de prejuicios, sino que se cae en la polémica impulsada por quienes se creen con el derecho de imponer conductas a los demás. La legalización regulada, con todos los elementos anteriores incluidos, reduce significativamente el poder económico y político de las mafias, la corrupción vinculada y las muertes violentas, resultando mucho más efectiva para confrontar los intereses de los capos del narcotráfico y beneficiar al conjunto social.

 En ese sentido, con respecto a la adicción se trata de impulsar una política más cercana a la rehabilitación que a la cárcel, y que las penas sean claramente diferenciadas, luego de décadas en las que las “mulas” y el capo de un cartel podían recibir la misma condena.

 El centro de una política integral frente al narcotráfico incluye a la cultura. Es vital lograr una intolerancia social frente al crimen, que en general debe ser intolerancia a las desigualdades, inequidades y todo aquello que signifique un retroceso en la humanización de la sociedad. Y este es un tema en el que la sociedad entera debe trabajar, teniendo una responsabilidad clave los medios de comunicación y otros mecanismos de insensibilización ante la abultada y morbosa información que se identifica con la crónica roja.

 Esto supone quitar el velo “mágico” que se da a la educación formal como responsable y solucionadora de los problemas que enfrenta la sociedad. Si bien hay mucho que se debe hacer en el sistema educativo, también es cierto que la educación formal no es suficiente para las grandes transformaciones sociales y que sus impactos no son nunca inmediatos ni totales. La prevención mediante procesos educativos dinámicos, en los que antes que hablar de la droga como producto, sus efectos y formas de uso, se debata sobre las razones y características personales que pueden llevar a la adicción y sus efectos, y que sean evaluados según sus resultados y por el número de talleres y participantes, como es habitual en los informes oficiales.

 Un proceso de esta naturaleza implica también trabajar por la identidad nacional y por la identidad personal de la niñez y la juventud, para que no sean presa fácil de modas y modelos importados. La autorregulación ética es la barrera a la adicción mucho más fuerte que cualquier barrote de las prisiones, y ella requiere un desarrollo de la autonomía personal para tomar las decisiones, comprender los riesgos de cada decisión de la vida, asumir las consecuencias, ser capaces de autorregularse bajo un cuadro de principios y desear la libertad que, en buena medida, se basa en la capacidad de vivir sin dependencias de ningún tipo. Y esto no solo incluye a las drogas, sino también a otras situaciones en las que debemos optar y tomar decisiones en la vida.

 Esto está lejos, muy lejos, de pretender que todos entendamos de igual manera cada situación y que existen respuestas únicas, pues la libertad personal es un derecho fundamental que no puede ser violado bajo presunciones de una conducta modelo. Por ello, la legalización controlada de ciertas drogas es una manera de reconocer la libertad de las personas, tal como se hace con las leyes que controlan el alcohol y el tabaco.  El planteo está también muy alejado de la pretensión de regular desde fuera, con afanes coloniales, las prácticas tradicionales vinculadas a productos como la ayahuasca y la hoja de coca.

 Y precisamente por no existir respuestas únicas, cualquier definición de una nueva política sobre la temática, al igual que toda política pública, debería surgir de un amplio debate nacional en el que se conozcan y debatan seriamente posiciones de los distintos actores sociales. Aunque el espacio de este artículo no permite hacerlo aquí, analizar las posiciones que dentro del país existen frente a la temática, sus voceros, procedencias y perspectivas, debe considerarse obligatoriamente. Caso contrario, se continuará consultando apenas la voz de la Iglesia mayoritaria, Fuerzas Armadas y Policía, ocultando las de organizaciones juveniles, de mujeres, campesinos, indígenas, grupos culturales, entre muchos más que tienen mucho que decir al respecto.

 Una nueva política frente a las drogas deberá ser integral y para lograrlo debe construirse con una amplia participación social. En ese proceso debe empeñarse la sociedad ecuatoriana defendiendo el carácter pluricultural y laico del Estado.