LA SITUACIÓN DEL AGRO Y EL DEBATE SOBRE UNA NUEVA LEY DE TIERRAS. por Edgar Isch L.

Los datos de diversos estudios presentan de manera fáctica una dura situación para el agro ecuatoriano. Parte de ellos se refieren a que en los períodos que van entre 2001-2006 y entre 2007-2012, considerando los precios constantes, la agricultura se mantiene con el 8% de aporte en términos monetarios al Producto Interno Bruto nacional (Iturralde, 2013), mientras el aporte de la rama petróleo y minas, en el mismo periodo, creció del 7% al 11%.

Lo más grave es que en sectores productivos ligados a la agricultura y alimentos es en donde se presenta una buena parte de los peores ejemplos de concentración del mercado en manos de pocas empresas. El Censo Económico de 2010 realizado por el INEC concluyó que las empresas más grandes, que representan el 10% de todos los negocios del país, acapararon el 95.8% de las ventas que se realizaron en ese año. En torno a la concentración relacionada con productos agrarios encontramos, de acuerdo con esa información oficial, que:

• Entre los comerciantes alimenticios y agroindustriales (supermercados), tres empresas controlan el 91% del mercado.
• En elaboración de aceite, el 92.22% del mercado corresponde a dos empresas.
• En elaboración de productos de molinería, el 71% está en manos de cinco empresas (335 empresas participan en el 29% restante).
• En elaboración de productos lácteos el 61% del mercado está controlado por cinco empresas (el 39% restante lo comparten 436 empresas).

Para Iturralde (2013: 98) se resalta además que durante la última década, las empresas más grandes de las distintas ramas han incrementado sus ingresos por encima de lo que ha ocurrido proporcionalmente el crecimiento del resto de la economía, de manera que “en 2012 los ingresos de las 300 empresas más grandes llegaron a representar el 46.4% del PIB”.

La “modernización” del campo por la vía agroindustrial implica un enorme proceso de acumulación de la riqueza en esas empresas. En la tabla siguiente se puede observar el crecimiento de los ingresos de las empresas agroindustriales entre 2010 y 2011, que contrasta con el hecho de que en la zona rural se concentran los mayores índices de pobreza del país.

Ingresos en el período 2010-2011 de las principales empresas agroindustriales

Corporación La Favorita1,707,762,3421,950,378,837Exportadora bananera Noboa810,624,435869,698,903DINADEC (Cervecería Nacional)878,541,393984,152,587Agripac S. A.190,090,672209,817,914Moderna alimentos171’319,330216,975,336DANEC S. A.297,435,929488’069,585Ingenio San Carlos264,737,917318,840,071La Fabril S. A.405,905,080536,470,528Industria Ales450,736,253575,433,240Nestlé Ecuador S. A.591‘400,395590,776,240Reybanpack354,726,521376,358,571Pronaca751’017,314840,271,355Corporación superior150,139,649185,424,420

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2012

Elaboración: IEE. (Quevedo Ramírez, Tomás, 2013)

La profundización del carácter rentista mediante políticas de fomento del extractivismo, ha sido la base del patrón de reproducción de capital en estos años. Aquí un aspecto fundamental es comprender que el extractivismo también se genera en el agro cuando se trata de actividades intensivas de extracción de recursos (entre ellos agua y nutrientes del suelo), que con poca o ninguna transformación se destinan al mercado internacional favoreciendo lógicas globales de acumulación de la riqueza. Esto es lo que sucede con la agricultura de plantación, contraria a la consecución de la Soberanía Alimentaria.

Contrariando mandatos constitucionales y el discurso presente en el Plan Nacional del Buen Vivir, como política de aplicación real se trabaja en el llamado “cambio de la Matriz Productiva” para el agro y el sector rural cuyo propósito fundamental está en la productividad, los productos de interés son los de exportación y el centro de atención está en los mercados internacionales (Isch, 2014).

Estas ideas se repiten en distintos documentos oficiales y en palabras del Vicepresidente de la República, Jorge Glas (2014), quién señaló que:

“Es decir, el objetivo del cambio de la Matriz Productiva es producir más…

Aplica hasta la estructura de producción agrícola. Tenemos una deuda pendiente en productividad, hay deudas pendientes en productividad de cajas de banano por hectárea, podemos hablar de cacao, de flores, de camarón, podemos hablar prácticamente de todo junto; es decir, hay una deficiencia productiva que tiene que ser corregida…

No solo hablamos de producir más, hablamos de aumentar las exportaciones y la presencia en mercados internacionales, y eso hay que hacerlo con calidad, no puede existir lo uno sin lo otro.”

Como se ve, la deuda ya no es social, es con la productividad agroindustrial. Esta manera de pensar se centra en aspectos económicos contables, minimizando el análisis ambiental, energético, laboral, nutricional, cultural y otros que están presentes en torno al mundo agrario.

En agosto 2013 el Ministerio de Agricultura presentó el documento “El sector agropecuario, acuícola y pesquero en el cambio de la matriz productiva”, en el mismo se fijan siete objetivos del cambio la matriz productiva vinculada a las áreas de responsabilidad del ministerio. Con excepción de uno de ellos que habla de la diversificación productiva y otro referido a promover la sostenibilidad ambiental, en los demás se repiten los propósitos señalados anteriormente:

• generación de valor agregado
• incremento de la oferta exportable (producir productos tradicionales con calidad)
• sustitución selectiva de importaciones (producir localmente productos primarios, bienes y servicios que importamos)
• incremento de la productividad y calidad
• producción intensiva innovación, tecnología y conocimiento

En relación con el volumen del PIB y del presupuesto nacional, se puede considerar como muy limitado el ahorro propuesto en sustitución de importaciones del sector (algo más de 172 millones para 2015, de acuerdo al documento del MAGAP mencionado). Esto no niega que la sustitución de importaciones y el proteccionismo a las actividades productivas nacionales son medidas necesarias, pero es evidente que no se piensa desarrollar nada particularmente novedoso en este campo, mientras en la lista de productos para el cambio de matriz productiva se señalan aquellos de interés de la agroindustria, la misma que genera menos empleo que la agricultura familiar campesina, y el establecimiento de cadenas productivas que tienden a beneficiar al agro negocio por encima de la agricultura pequeña y mediana.

La acumulación de riqueza es también la concentración de bienes de producción como la tierra y el agua en pocas manos. Acumulación que, por supuesto, se presenta en los términos del capitalismo que el gobierno pretende modernizar en el Ecuador. En este contexto, la apropiación de la tierra, el agua y la naturaleza en su conjunto, no es un hecho aislado de la forma misma en la cual se ha organizado la sociedad. En palabras de Maurice Godelier (1990): “No existe una crisis en el uso la naturaleza que no sea una crisis en la forma de vida del hombre. En todas partes aparece un lazo estrecho entre la forma de usar la naturaleza y la forma de usar a los humanos”. El sistema capitalista es un sistema que destruye tanto la naturaleza como a los trabajadores.

A la acumulación de cantidad de recursos, hay que sumar la de calidad. Desde la Reforma Agraria de los años 60 sabemos que se repartió “la peor tierra a los indios” y que la buena con mayor aptitud productiva quedó en manos de los viejos hacendados y quienes tenían vínculos con ellos. Lógicamente, de hecho una hectárea de tierra arable y con riego vale más que hectáreas en zonas secas. Lo mismo puede decirse del agua, pues si los recursos hídricos están contaminados, la producción agrícola de quienes la usan se verá afectada y, de hacerse público que zona usa esa agua de riego, su producción tendrá dificultades de venderse en el mercado. La acumulación en calidad, entonces, no necesariamente va ligada a la acumulación de cantidad y ello debe considerarse en medida que los estudios se desarrollen y las perspectivas se agudicen (Isch y Zapatta, 2010).

Alex Zapata (2008) evidencia además los nexos entre la inequidad en el acceso al agua y la tierra, como una “condición indispensable para la acumulación de riquezas; el rentismo practicado por los latifundistas costeños y serrano se basaba en esta premisa”.

Cabe recordar que aún antes del impulso del llamado cambio de la matriz productiva, en el reparto del agua ya era beneficiada la producción con predominio empresarial y destinada a la exportación. Esto lo demostró un importante estudio dirigido por Antonio Gaybor para el Foro de los Recursos Hídricos que tomó el nombre de “El despojo del agua” y que sirvió para que la Asamblea Constituyente en 2007 planteara la transitoria que ordenaba la redistribución de las aguas con equidad en un plazo dos años, obligación que no ha sido cumplida por el Estado ecuatoriano.

El reparto del agua entre la agroexportación y la producción de consumo nacional

Fuente: INEC, Tercer Censo Agropecuario Nacional, e investigación directa.

Tomado de: Gaybor, Antonio 2008. “El despojo del agua y la necesidad de una transformación urgente”.

Esta relación de inequidad se reproduce una vez más cuando se considera que sólo una minoría de la población (6%) tiene propiedades mayores a 100 ha que suman el 60.7% de la tierra cultivable, mientras el 75.5% de la población rural tiene propiedades de menos de 10 ha y sumados ocupan apenas el 11.8% de la tierra cultivable. Diego Carrión (2012), resalta que apenas 6.616 familias poderosas, ligadas a la agroindustria tienen mucha más tierra (3’600.000 ha), que 700.000 familias campesinas, que entre todas suman 2,5 millones de hectáreas según el último Censo Agropecuario de 2001.

Acceso a la tierra por Unidad Productiva Agraria (UPA)

Fuente: tercer censo nacional agropecuario. INEC, 2000

En el Ecuador “El acceso a la tierra es uno de los más desiguales del continente con un coeficiente de Gini (que mide la diferencia entre las grandes y pequeñas propiedades) de 0.81. El 46,3% de las tierras son propiedad del 0.68% de la población nacional (Revolución Agraria, 2011)” (Houtart, 2013).

En el análisis hay que incorporar el hecho de que varias unidades de producción pueden pertenecer a una misma compañía o persona y que, aquello puede estar camuflado bajo distintos nombres empresariales o bajo propio de familiares directos.

Teniendo al inicio de los años 2000, el 44% del territorio nacional está dedicado a actividades agropecuarias y, a pesar de la continua destrucción de bosques nativos (SIPAE, 2011), dadas las características del suelo se concluye que estaríamos frente a una frontera agrícola prácticamente agotada (Larrea, 2006).

Éstas son realidades que no se están asumiendo en la vigente propuesta de Ley Orgánica de Tierras y Territorios Rurales que se debate en la Asamblea Nacional. Se trata de un proyecto que no altera el modelo de acumulación en el campo y que no busca cambiar la situación actual de tenencia y uso de la tierra, la misma que no tiene relación con los mandatos constitucionales y la función social y ambiental previstas en la Constitución. El proyecto de Ley, circunscribe el análisis principalmente a aspectos de producción y productividad, dejando de lado los aspectos fundamentales vinculados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población ecuatoriana, principalmente de aquella ubicada en el campo.

En el proyecto no se plantean mecanismos reales de redistribución y no se incorporan los mandatos de los artículos 281 y 282 de la Constitución, relativos a la prohibición de latifundio, la concentración y el acaparamiento, y a la promoción de la redistribución de tierras a favor de los productores de la agricultura familiar. Por ello, en el Artículo 103 del Proyecto de Ley se define como Latifundio a la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada. Es decir, que se evade establecer con claridad un límite máximo de hectáreas (que queda en manos del MAGAP) y la explotación “eficiente” sería suficiente para que se cumpla la “función social de la tierra”.

La expropiación, con este criterio, resulta casi imposible. El Art. 99 del proyecto establece que los predios rurales improductivos o que no cumplan la función social y función ambiental tienen un plazo de 1 año para aprovechar y poner en producción sus tierras, si vencido el plazo no lo hacen perderán el 10% de su valor comercial en el catastro municipal; luego se les da otro plazo de 6 meses para hacer productivas sus tierras, si en este nuevo plazo no lo logran perderán otro 10% de su valor comercial en el catastro, sin perjuicio de iniciar el proceso de expropiación por haber incurrido en uno de los causales.

El proyecto: “desconoce la diversidad de regímenes políticos de propiedad y uso de la tierra, y por ende los sujetos que forman parte de sus territorios como comunas, pueblos y nacionalidades. La función social de la tierra está definida para alcanzar y mantener altos niveles de productividad del suelo, prevalece el criterio eficiencia sobre la explotación de la tierra, la redistribución es enunciativa y pasa a segundo plano. La función ambiental es concebida como la explotación racional de los recursos productivos en el marco la productividad y no como una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza.” (Daza, 2014).

Es natural que entre las organizaciones campesinas e indígenas exista duda frente al llamado de una consulta prelegislativa, si se consideran los resultados de la anteriormente realizada respecto a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua tras la cual, no se habrían valorado y recogido los criterios sociales expresados en la misma. Por otra parte, los temas de consulta debería estar planteados desde abajo y no desde el poder representado en la Asamblea Legislativa, pues el afectado de la vulneración de los derechos es quien sabe qué derechos se ponen en riesgo, mientras que el potencial violador de sus derechos procurará que no se discuten los temas de fondo ni se devele su calidad de violador.

Los propios voceros oficiales dan a la Consulta un rol de trámite innecesario, antes que el de un proceso colectivo de construcción democrática de una Ley. Su referencia a tres temáticas decididas por los legisladores para consulta, anula que desde los grupos potencialmente afectados se hagan señalamientos pertinentes a la Ley, así como se evita un análisis general. Así, en el diario La Hora de 4 de febrero de 2015 se reseña:

“El legislador Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión, manifestó que estas tres temáticas están contempladas en 18 artículos del proyecto y se relacionan con el mecanismo para reconocer: qué son tierras ancestrales, si están en uso productivo y cuál debería ser el mecanismo para resolver un problema interno en las comunidades. Proaño aseguró que todos los artículos revisados garantizan derechos, por lo que no sería necesaria la consulta, pero prefieren cumplir con este mecanismo de participación ciudadana para que ningún tema quede en el aire”.

Por el contrario, las organizaciones populares, de los pueblos y nacionalidades, de manera continua han presentado propuestas para el desarrollo rural y la gestión de las tierras productivas rurales tales que, por razones de espacio no nos referimos en este artículo. Si la consulta fuese realmente democrática, sin duda esas propuestas serían consideradas y abriría la puerta a una redistribución con equidad de la tierra para favorecer la producción pequeña y mediana, garantizando la soberanía alimentaria y llevando a cabo una agricultura ambientalmente sana, socialmente justa y económicamente eficiente. Ésa es la tarea pendiente para los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Referencias bibliográficas

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Correa, R. (2012). Declaraciones a la televisión peruana en octubre de 2012, citadas por Francisco Muñoz Jaramillo y Diego Carrión. “Balance gobierno de Correa. Elecciones 2013” En la lalineadefuego.info, enero 24, 2013.

Daza, E. (2014). Análisis del proyecto de ley orgánica de tierras rurales productivas. Elementos para el debate del modelo agrario. Ocaru.

Glas, J., (2014). “Vamos a cambiar la estructura económica”. Entrevista en la Revista Líderes de diario El Comercio de 2 de junio de 2014.

GODELIER, Maurice: “La apropiación material y social de la naturaleza” en: Maurice Godelier, Lo ideal y lo material, Taurus, Madrid, 1990.

Houtart, F. (2013). La agricultura campesina en Ecuador y sus potencialidades

INEC (2010). Censo nacional económico 2010.

Isch L. E. (2014). El cambio de la matriz productiva y el agua. Documento para el VIII Encuentro Nacional de Foro de los Recursos Hídricos. Quito, junio de 2014. Camaren y Fundación Rosa Luxemburg.

Isch L., E. y Zapatta, A. (2010). Tierra y Agua: Interrelaciones de un acceso inequitativo. SIPAE, Quito.

Iturralde, E. (2013). “Los ejes de acumulación en Ecuador de la Revolución Ciudadana”. En Herrera, S. (Compilador), ¿A quién le importan los guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo.

Larrea, C. (2006). Hacia una historia ecológica del Ecuador. Propuesta para el debate.: Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Eco Ciencia, Quito.

Quevedo Ramírez, T. (2013). Agroindustria y concentración de la propiedad de la tierra. Elementos para su definición y caracterización en el Ecuador.IEE, Fundación Rosa Luxemburg, CDES, OCARU.

SENPLADES (2013). Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito.

SIPAE (2011). Atlas. Tenencia de la tierra en el Ecuador. Quito.

Zapata, A. (2008). “Nexos entre inequidad en el acceso al agua y a la tierra”. En: Alerta Agraria, año 3, volumen 10, mayo de 2008. SIPAE, Quito.

Foto: fetralpi.blogspot.com