La explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (bloque 43 ITT) ha vuelto en la agenda política nacional por razones contradictorias que podrían desembocar en un conflicto entre sociedad civil y gobierno. Por un lado, el colectivo Yasunidos anunciaba que el informe de la comisión encargada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio de auditar las firmas que presentaron para convocar una consulta popular para la no explotación del ITT, les iba a dar la razón en reconocer que la actuación del CNE anterior estuvo llena de vicios legales. Según este colectivo, esto podría dar paso a la consulta popular que debería realizarse al mismo tiempo que las elecciones seccionales.
Sin embargo, a pesar del optimismo que despierta esta noticia en cuanto al hecho de dejar bajo tierra una parte del petróleo que se encuentra en esta zona de megabiodiversidad, la voluntad del gobierno es otra.
Primero, en la proforma presupuestaria de 2019, el gobierno insistió en el aumento de la producción petrolera que vendría de la explotación del ITT, sobre todo de la inclusión del campo Ishpingo. No obstante, existe un contundente inconveniente con esta disposición: Ishpingo se ubica en la zona de amortiguamiento y en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, donde se encuentran dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri y los Taromenane. Por este motivo está prohibida toda explotación de recursos naturales en esta zona.
La Constitución y normas internacionales obligan al Estado proteger a estos dos pueblos, que no quieren entrar en contacto con el resto de la sociedad, además de velar por la no ejecución de actividades extractivas. Esto quiere decir que el gobierno incluyó los barriles de Ishpingo en el presupuesto de 2019 sin tener la base legal para su explotación.
Para explotar el campo Ishpingo se necesita cambiar la legislación en vigencia, proceso que no se ha hecho esperar. Con la filtración de un borrador de decreto presidencial se pudo conocer que el gobierno busca reformar la legislación que rige para la zona intangible y la zona de amortiguamiento. Este decreto ampliaría la zona intangible en 59 661 hectáreas. Hay que recordar que este tema era parte de la pregunta 7 de la consulta popular de febrero pasado, la cual planteaba también reducir el área de explotación del ITT a 300 has, lo que los planes de Petroamazonas ya contemplaban antes de la consulta. Por otro lado, este borrador de decreto autorizaría la explotación petrolera y ciertas actividades turísticas en la zona de amortiguamiento, desconociendo así el rol de esta zona, la cual tiene igual importancia que la zona intangible en la sobrevivencia de los pueblos no contactados.
Esto corrobora que la pregunta 7 de la consulta era pura demagogia ambiental y que, en vez de impedir la explotación como lo pensaban ingenuamente los ecologistas (sin tomar en cuenta las declaraciones efectuadas por el lobby petrolero en esta época), la legitimó en parte. Hoy la necesidad de este petróleo para su presupuesto de 2019 y la fuerte presencia del lobby petrolero hace que difícilmente el gobierno dejará que se efectúe esta consulta popular. Ya ha demostrado en varias ocasiones su falta de respeto hacia la separación de poderes y el Estado de derecho. La ausencia de la Corte Constitucional impide que se pronuncie sobre la constitucionalidad de este decreto en cuanto a la autorización de explotación en la zona de amortiguamiento que es de igual importancia para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Además va en contra de la Declaración de Interés Nacional que se aprobó en la Asamblea Nacional en octubre de 2013 dando paso a la explotación del ITT, que tiene rango de ley y entonces no puede ser reformada a través de un decreto.
El nombramiento como ministro del ambiente de Marcelo Mata, muy vinculado con el sector petrolero y ex director en Repsol y Petroecuador, tampoco da buenas señales como abogado especializado en la gestión ambiental de empresas petroleras, la firma del decreto presidencial se acelerará. Al conocer las consecuencias ambientales y sociales de la explotación del bloque 16 de Repsol en el Parque nacional Yasuní, crece aún más la preocupación
Entonces dos preguntas: ¿El CNE se va a arriesgar a una pugna de poder con el Ejecutivo para dar paso a la pregunta sobre la no explotación del ITT? La acelerada desinstitucionalización que se está viviendo en Ecuador no da lugar a mucho optimismo. Si eso es el caso, ¿cuál será la reacción de las organizaciones sociales, muchas de estas pertenecientes al bloque de poder que están alrededor del gobierno? Esto se sabrá en las próximas semanas. Lo que sí es cierto es que la historia del ITT sigue siendo conflictiva.
* Politólogo, doctorando en ciencia política de la Universidad de Paris 7.
