REFLEXIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN HEGEMÓNICA DE UN PODER DISCIPLINARIO. EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 COMO EJEMPLO. Por Mario Unda

Diciembre 2014

En este trabajo, en primer lugar, realizaremos una discusión que ponga en diálogo instrumentos teóricos provenientes de tres visiones distintas sobre el poder: la de Gramsci, la de Foucault, la de Bourdieu; sostenemos que, aun distintas, son compatibles. La relación entre ellas debe permitirnos comprender cómo se construye la hegemonía utilizando, entre otros instrumentos, el poder disciplinario; o, también, cómo un poder disciplinario puede, sin embargo, construirse y afirmarse como hegemónico, es decir, obteniendo “el consenso activo de los dominados”. En segundo lugar, tomaremos un ejemplo de la conflictividad sociopolítica reciente para ver cómo opera todo ello en la realidad: este es el caso del 30 de septiembre de 2010. Utilizamos la palabra “ejemplo” en un doble sentido: porque nos permite ejemplificar nuestros argumentos, y porque es un hecho ejemplarizador, esto es, que fue usado, de cara a la sociedad, para que sirva de ejemplo de los alcances que tendría la voluntad de poder disciplinador del correísmo.

1. Gramsci, Bourdieu, Foucault. Para entender los intríngulis de la hegemonía de un poder disciplinario

Para esta reflexión nos proponemos realizar un diálogo entre Gramsci, Foucault y Bourdieu. El eje es cómo un tipo determinado de poder (en este caso, un poder disciplinario; o, mejor dicho, un tipo particular de régimen que utiliza el poder disciplinario como una de las herramientas centrales de su consolidación) construye la hegemonía. Para eso, utilizaremos dos obras de Foucault, El sujeto y el poder y Vigilar y castigar, una obra de Bourdieu, La violencia simbólica, y un conjunto de fragmentos de Gramsci, recogidos en los Cuadernos de la cárcel. La discusión propuesta tiene como eje la hegemonía; no se trata de que Foucault o Bourdieu pensaran el poder o el habitus en relación con la hegemonía, sino que nosotros tomaremos elementos de sus teorías para construir nuestra lectura de la hegemonía[i].

Gramcsi (1). El consenso activo de los dominados

Antonio Gramsci[ii] desarrolla su reflexión sobre la hegemonía pensando en una situación “donde las estructuras sociales […] eran muy capaces de convertirse en fortificaciones muy bien armadas” (Anderson, 1981:43). Distingue condiciones distintas en la relación entre Estado y sociedad civil en “Oriente” y “Occidente” (y de ellas se desprenderán también estrategias diferentes y ritmos de dispares de los procesos político-sociales, especialmente de las revoluciones). Mientras en Oriente la sociedad civil es primitiva y gelatinosa, y el Estado tiene una presencia preponderante (toda la política se resume en él), en “Occidente” la sociedad civil es robusta y desarrollada, y el Estado es equilibrado, es decir, hay “un equilibrio entre sociedad política y sociedad civil” (Anderson, 1981:8). Es decir, en donde el dominio de clase no se ejerce (fundamentalmente) sólo a través de la coerción, sino (también) a través del consenso, y es esto justamente lo que permite velar el carácter mismo de la dominación.

Es menester recordar que esta lectura gramsciana está construida sobre los debates en torno al frente único. Estos debates se desarrollaron en el tercer y en el cuarto congresos de la Internacional Comunista, en 1921 y 1922, en los cuales se analiza la nueva situación creada por el retroceso de los movimientos revolucionarios y la estabilización capitalista. La restauración capitalista puede asumir la forma del dominio liberal, con la complicidad de la socialdemocracia, pero también comienza a asumir formas que luego devendrían en fascistas. Muchas veces se olvida que el fascismo no es solamente una política (o un régimen) extremadamente represivo y sanguinario, sino un régimen con esas características que cuenta con un amplio respaldo de masas. La disputa es por la conciencia de las masas, y eso requiere una política para “ganar a la mayoría”, es decir, “a la mayoría de la población trabajadora y explotada”, lo que no puede hacerse “en unas pocas semanas”. En lo concreto, era unificar a las masas trabajadoras para luchar contra el fascismo (Anderson, 1981:43-52).

En estas discusiones, el término hegemonía tiene claramente el significado de dirección, de dirección política, podríamos añadir. Pero la reflexión de Gramsci en los Cuadernos irá un poco más allá: esa dirección política es al mismo tiempo una dirección cultural y moral; podríamos decir que, para ser dirección política, debe ser (primero) necesariamente dirección cultural y moral, es decir, debe estar antes en la conciencia de la gente.

En tanto dirección, la hegemonía se relaciona con el consenso (con la construcción política de consensos). Y para conquistar la hegemonía el grupo aspirante a hacerlo ha tomar en cuenta los intereses y expectativas, temores y esperanzas de los grupos sobre los cuales se busca lograr la dirección política y cultural. De manera que hay que procurar, dice Gramsci, “un cierto equilibrio de compromiso –en otras palabras, que el grupo dirigente debe hacer sacrificios de tipo económico-corporativos”, pues “aunque la hegemonía es ético política, también debe ser económica, debe basarse necesariamente en la función decisiva ejercida por el grupo dirigente en el núcleo decisivo de la actividad económica”.

Según Anderson, se trata de una “irradiación moral y cultural”. Una irradiación que es lucha cultural. “Las ideologías previamente desarrolladas se transforman en «partido», entran en conflicto y confrontación, hasta que sólo una de ellas, o al menos una sola combinación, tiende a prevalecer, imponiéndose y propagándose a través de la sociedad. De este modo, consigue no sólo una unificación de los objetivos económico y político, sino también la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones sobre las que surge la lucha no en un plano corporativista, sino universal. Crea así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados” (Gramsci, en Anderson, 1981:15).

En síntesis, “la hegemonía es el consenso permanentemente organizado” (Anderson, 1981:52). Ahora bien, cuando Gramsci extiende el ámbito del concepto hegemonía a las relaciones entre clases dirigentes y clases subalternas, entiende que toda fórmula de dominación (la expresión es de Agustín Cueva) conlleva la unidad de consenso y de coerción, de dirección y de dominio. Hegemonía es solamente una cara de la medalla. Pero tanto el consenso como la coerción son funciones estatales (funciones del mismo dominio de clase), y se expresan (preferentemente)en instancias estatales específicas. El dominio lato en la sociedad política, es decir, en el conjunto de instancias estatales que unen la ejecución gubernativa y la capacidad represiva, como parte inseparable de ella. El consenso, en la sociedad civil, es decir, el conjunto de instancias en apariencia privadas que aseguran la construcción y la circulación de los sentidos comunes sobre los que se construye la hegemonía de la clase dirigente. El estado es justamente la unidad de sociedad política y sociedad civil, es decir, esa capacidad de articular consenso y coerción.

Las teoría gramsciana de la hegemonía se sitúa en varios planos al mismo tiempo: en el plano del Estado, en tanto unidad política de las clases dominantes y unidad de sociedad política y sociedad civil, es decir, de coerción y de consenso; en el plano de la construcción hegemónica, del “consenso activo de los dominados” como equilibrio contingente y cambiante; en el plano de la correlación de fuerzas, que opera entre la coyuntura y los procesos estructurales, de larga duración; en el plano de la constitución y desconstitución de las clases subalternas como sujeto, esto es, de su transcurrir entre la subalternidad y la autonomía.

La hegemonía es una categoría relacional. Lo que une a los concurrentes, dominantes y dominados, es el conflicto. Pero lo que une a la teoría es la apuesta por la autonomía de las clases subalternas, por su capacidad de desestructurar la hegemonía dominante y construir una sociedad nueva. La perspectiva analítica de Gramsci en su teoría de la hegemonía tiene por punto de partida la condición de las subjetividades subalternas (Modonesi, 2011) (Concheiro, 2011).

Tres señalamientos al respecto: primero, a pesar de lo que a veces puede parecer, creemos que la propuesta de Gramsci se aleja de las versiones mecanicistas del poder; eso es, al menos, lo que está en el espíritu de varios trabajos suyos (por ejemplo, en Notas críticas sobre una tentativa de “Ensayo popular de sociología”), pero señala con claridad la vinculación existente entre economía y política, entre poder y clase. Segundo, de igual manera, creemos que la relación entre sociedad política y sociedad civil no debe plantearse como entre pares excluyentes (sociedad civil = sólo hegemonía; sociedad política = sólo coerción); por el contrario, una y otra son funciones, no lugares (al modo como Freud entendía el yo y el ello en la psiquis humana). En tercer lugar, retomamos la idea de Zavaleta (2009) de que el primer “aparato ideológico” es el propio mercado y, en seguida, el Estado en sentido restringido, por el carácter de fetiche que adopta el estado en nuestras sociedades.

Gramsci (2). El “cesarismo”

En seguida retomamos otro concepto gramsciano: el “cesarismo”. Para Gramsci (1975), el “cesarismo” es producto siempre de una determinada relación de fuerzas, del resultado de la lucha social, en especial la lucha entre las clases fundamentales, pero de una particular situación en la relación de fuerzas, que puede caracterizarse como de “equilibrio catastrófico”: “el cesarismo expresa una situación en la cual las fuerzas en lucha se equilibran de una manera catastrófica, o sea de una manera tal que la continuación de la lucha no puede menos que concluir con la destrucción recíproca”.

Sobre esta base, diferenciará dos tipos de cesarismo: progresivo y regresivo: “es progresista cuando su intervención ayuda a las fuerzas progresivas a triunfar aunque sea con ciertos compromisos y temperamentos limitativos de la victoria, es regresivo cuando su intervención ayuda a triunfar a las fuerzas regresivas, también en este caso con ciertos compromisos y limitaciones”.

Gramsci considera que Julio César o Napoleón Bonaparte (Napoleón I) son ejemplos de cesarismo progresivo, mientras que Luis Napoleón o Bismarck son en cambio casos de cesarismo regresivo. Y señala (como lo hace también respecto de otros fenómenos de la política y de la revolución) que las condiciones históricas con las que él se enfrenta, distintas de aquellas en las cuales Marx actuó y reflexionó, han generado modificaciones también en las condiciones de posibilidad y de realización de los cesarismos y de los bonapartismos.

En la época moderna (es decir, contemporánea a él), dirá, los conflictos no se dan únicamente entre facciones que finalmente representan dos posiciones y dos propuestas de la misma clase y que, “en última instancia pudiesen fundirse y unificarse, aunque fuera luego de un proceso fatigoso y sangriento”. El desarrollo del capitalismo y de la sociedad burguesa han fortalecido la posición de fuerzas que resultan (o pueden resultar) antagónicas con el capital en su conjunto, de manera que los equilibrios no pueden darse sino “entre fuerzas cuyo contraste es sanable [solamente] desde un punto de vista histórico”. De allí que, en su opinión, los cesarismos tiendan a tomar más su forma regresiva. Y de allí, también, que sus “posibilidades […] de desarrollo ulterior y de sistematización organizativa […] pueden basarse en la relativa debilidad de la fuerza progresista antagónica, por la naturaleza y el modo peculiar de vida de la misma, debilidad que es necesario mantener […]”. Y un poco más adelante lo pondrá de un modo más claro todavía: “Lo que las torna históricamente eficientes es la debilidad constructiva de la fuerza antagónica y no una fuerza íntima propia, de allí entonces que estén ligadas a una determinaría situación de equilibrio de fuerzas en lucha, ambas incapaces de expresar en su propio campo una voluntad propia de reconstrucción”. “Por ello se ha dicho”, concluirá, “que el cesarismo moderno más que militar, es policial”. ¿A qué alude Gramsci con el carácter policial del cesarismo? “¿Qué es la policía? Sin duda no es sólo la organización oficial reconocida y habilitada jurídicamente para la función de la seguridad pública, como se entiende habitualmente. Este organismo es el núcleo central y formalmente responsable, de la ‘policía`, que es en realidad una organización mucho más vasta, en la cual, directa o indirectamente, con vínculos más o menos precisos y determinados, permanentes u ocasionales, participa una gran parte de la población de un Estado”.

Resaltaremos aquí que, para Gramsci, el bonapartismo (en el sentido que le da Marx) correspondería a uno de los dos tipos de cesarismo, el regresivo. Los cesarismos modernos tienden más al tipo regresivo, sostiene, y nos parece que aquí tiene por referencia las reflexiones de Engels sobre la pérdida del carácter revolucionario de la burguesía, menos interesada en deshacerse de la carga de formas económicas y políticas preburguesas que aterrorizada por el avance (potencial) de la lucha de los trabajadores. Podríamos añadir otra situación que puede provocar el mismo efecto: el cesarismo regresivo (es decir, los bonapartismos) tiende a volverse conservador porque se genera en condiciones de crisis de hegemonía: un empate catastrófico, o quizás mejor para nuestro caso, un equilibrio inestable.

Esto supone, en cualquier caso, una potencia de las clases populares que pone en cuestión la dominación; como el cesarismo es una respuesta a dicho equilibrio, sólo puede imponerse desestructurando los elementos de autonomía que había desarrollado antes el movimiento popular y, en consecuencia, a los sujetos portadores de estos elementos autónomos. En consecuencia, vamos a entender el carácter policial como el énfasis en la función de normalización autoritaria, es decir, de control, represión y reducción de la indocilidad social.

Entonces, para cumplir su función básica de asegurar el orden y la estabilidad del dominio del capital, el cesarismo recurre a un conjunto de dispositivos de control y de vigilancia sobre la sociedad, algunos de los cuales pueden ser empuñados por instancias de la propia sociedad civil; dicho de otro modo, utiliza a una parte de la sociedad para controlar y reprimir a aquella otra que (aún no) se somete a sus normas. Es evidente que, en este punto, enlazamos con la noción del poder disciplinario de Foucault. Pero también con la noción de hábitus de Bourdieu, pues el segmento de sociedad que se deja utilizar como mazo contra otra parte de las clases subalternas acepta ese papel en la medida en que se activan en él disposiciones que lo llevan a aceptar como natural, como necesario, más aún, como vital, ese tipo de comportamientos.

Dicho esto, pasamos a revisar las propuestas de Bourdieu y de Foucault, relacionándolas con la problemática de las construcciones hegemónicas.

Bourdieu. El habitus y las disposiciones como la base profunda del consenso de los dominados

Para los tres autores, el poder es una relación. Bourdieu lo entiende como dominación que funciona (y se activa) “mágicamente”. Esa magia está construida por la adquisición de hábitus y de “disposiciones específicas” que requiere un campo para su reproducción. El habitus es “fruto de la incorporación de una estructura social en forma de una disposición casi natural, a menudo con toda la apariencia de lo innato, […] es la energía potencial, la fuerza durmiente y el lugar de donde la violencia simbólica […] deriva su misteriosa eficacia. Las disposiciones, para Bourdieu, son resultado de una “implantación en el cuerpo de una relación de dominación”, y llevan, por tanto, a “aceptar tácitamente, por anticipado, los límites impuestos” y adquieren a veces la forma de “emoción corporal”. Son una forma de “sometimiento al juicio dominante”. Ha de entenderse que son el resultado de un proceso largo, persistente, que se confunde con la vida misma, o con la historia de la vida de cada uno, que inicia en la niñez como formas de socialización que favorecen la “transformación de los afectos socializados constituidos en el campo doméstico, de esa líbido original” a determinados agentes o instituciones que pertenecen al campo.

De allí proviene la violencia simbólica, es particular “coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante cuando sólo dispone, para pensarlo y pensarse […], para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él”. Esos instrumentos de conocimiento son, bien vistos, “la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación”, por lo que se presenta como natural, de manera que “el efecto de la dominación simbólica […] no se ejerce en la lógica pura de las conciencias cognitivas, sino en la oscuridad de las disposiciones del habitus” que metamorfosea en ley de los cuerpos “la ley del cuerpo social”.

A nuestro modo de ver, sería necesario ampliar relativamente el área de funcionamiento de estos conceptos, para que no resulte en una situación sin salida, en un dominio total y completo del poder. La pista para esta ampliación la encontramos en el propio Bourdieu. Él habla del habitus como perteneciente a la esfera de lo inconsciente. Pero lo inconsciente es un océano lleno de componentes muy distinto. En principio, todo lo que no es inmediatamente conciente; con más precisión, todo aquello que ha sido interiorizado para asegurar la reproducción de lo dado, y que debe funcionar automáticamente para que podamos adaptarnos al mundo: el super-yo de Freud, o el Gran Otro de Lacan, el policía de la conciencia o el poder que nos ha colonizado. Por otra parte, en lo inconsciente se encuentra todo aquello que ha sido y está reprimido: lo reprimido social, dice Erich Fromm. Lo que se reprime es aquello que, en un momento u otro, atenta contra el principio de adaptación, como recuerda Marcuse, es decir, aquello que se contrapone, de un modo o de otro, con el orden social en cualquiera de sus ámbitos. De allí podríamos deducir que en el inconsciente anidan tanto la disposición a la sumisión como los impulsos insumisos, tanto la subordinación a toda forma de poder (y la disposición a repetir la relación de poder cualquiera sea la posición que uno juegue en cada momento) como el rechazo a los poderes.

Pero, además, sería necesario introducir una corrección materialista a la idea de los habitus y las disposiciones, en dos sentidos: por un lado, porque el ambiente de reproducción social (por ejemplo, y singularmente, el mercado) sobredetermina condiciones y posibilidades de que tales disposiciones se asientes, se “despierten” o actúen. Como dice Zavaleta (La autodeterminación de las masas), el mercado es el primer productor de ideología. Por otro lado, en el sentido de que se activan más fácil y naturalmente aquellas disposiciones que sean más concordantes con las condiciones materiales de existencia y con los requerimientos de estas condiciones para su continuidad (o para su modificación, según cuál sea el caso) (Marx, El 18 brumario).

Nos parece que esto puede ser de mucha utilidad para una aproximación más compleja a la cuestión de la hegemonía, que se resuelve en relación con el campo cultural. El “consenso activo de los dominados” es un asunto de concesiones hechas por los grupos de poder, en donde por lo tanto están en juego los intereses tanto de los grupos dominantes como de los subalternos, pero también es el resultado de los movimientos de expansión mercantil, una base material, pero que opera en el nivel del inconsciente; y, por último, del modo en los “afectos socializados” se transmutan en sensaciones relativas al devenir y a la organización de la sociedad.

Foucault. El poder disciplinario: enderezar conductas y construir los cuerpos dóciles como modo de asegurar la afirmación hegemónica

Para Foucault, el poder son relaciones “enraizadas en el sistema de las redes sociales” y existe siempre junto a la resistencia, intentos de “disociar” las relaciones de poder. El poder es una forma de “actuar sobre las posibilidades de acción de los otros”, por lo tanto, dirigir las conductas de los otros. Así, el poder aparece como “gobierno de la individuación” que “determina quién es uno”; combina, pues “técnicas de individuación” y “procedimientos de totalización”.

El Estado es uno de estos poderes individualizadores y totalizadores, que integra a los individuos a condición de que estos sean moldeados “de otra forma”. Pero no es solamente una forma de ejercicio del poder, pues “todas las demás relaciones de poder deben referirse a él”. Ahora bien, en el corazón de las relaciones de poder se encuentra también la insubordinación, la posibilidad de fuga.

En este punto pasamos a considerar el poder disciplinario.

Recuerda Foucault que el tránsito del suplicio a la disciplina, del cuerpo martirizado al cuerpo dócil, ocurre en un período relativamente largo que ocurre a fines del siglo XVIII, en cierto sentido relacionado con las grandes modificaciones políticas y culturales de la época. Una nueva forma de poder comienza a tomar forma. El cuerpo supliciado ofrecido en espectáculo al escarnio público es reemplazado por formas técnicas, jurídicas, humanísticas incluso, de la ley y del derecho, y “el castigo tiende a convertirse en la parte más oculta del proceso penal” (p. 17). Pero aquí bien podríamos añadir la consideración que hace Foucault sobre el Estado en “El sujeto y el poder”: no es una cuestión de consensos, aunque no los excluya, pues el castigo sólo puede ejercer un efecto pedagógico en la medida en que su gravedad se haga más o menos visible, lo que no puede dejar de relacionarse con la implantación de la disciplina.

En cualquier caso, lo propio del poder disciplinario que caracteriza a la nueva época es que no busca únicamente aniquilar el mal anulando a sus portadores, sino, por el contrario, “enderezar conductas”, “fabricar individuos” con un tipo de comportamiento que resulte funcional a la reproducción del poder (pp. 173 y ss.). Y es exitoso gracias a “instrumentos simples”, sobre todo tres: la “inspección jerárquica” (o “vigilancia jerárquica”), la “sanción normalizadora” y la combinación de ambos en el “examen”, instrumento que, según Foucault, es “propio” del poder disciplinario.

La inspección se despliega a través de una serie de “pequeñas técnicas de vigilancias múltiples”. Se trata de una “vigilancia continua y jerarquizada” repartida en diversas funciones: administrativas, económicas, policíacas, de control, de verificación y de dirección; capaz, en consecuencia, de formar “en torno de los hombres un aparato de observación, de registro y de encauzamiento de la conducta” que, finalmente, “coacciona por el juego de la mirada”. El trabajo y la enseñanza son dos ámbitos en donde se ha perfeccionado la vigilancia como instrumento de poder. Respecto al trabajo (ejemplo que resaltamos porque tiene que ver directamente con el objeto de nuestra reflexión) señala Foucault que “la vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo, en la medida en que es a la vez una pieza interna en el aparato de producción y un engranaje especificado del poder disciplinario”.

Foucault defina la sanción normalizadora como “un pequeño mecanismo penal” que funciona “en el corazón de todo sistema disciplinario”. Señala “micropenalidades” del tiempo de trabajo, del cuerpo, de la sexualidad, de la palabra; en fin, “se trata a la vez de hacer penables las fracciones más pequeñas de la conducta y de dar una función punitiva a los elementos en apariencia indiferentes del aparato disciplinario; en el límite, que todo pueda servir para castigar la menor cosa”. Castigos, privaciones, humillaciones, todo sirve. Pero lo propio de la penalidad disciplinaria es que apunta a la “inobservancia” de las normas: lo “que no se ajusta a las reglas”, lo que “se aleja de ellas”; podríamos agregar: las normas de la Constitución, de códigos orgánicos, de leyes particulares, de ordenanzas, de reglamentos internos, todo fundido y confundido. A fin de cuentas, “es punible el dominio indefinido de lo no conforme”. Así, el castigo disciplinario tiene por objetivo “reducir las desviaciones”, corregir las conductas y (añadimos) es así no sólo para el infractor inobservante de la norma, sino para todos y cualquiera en el ejemplo del sancionado: cumple una función pedagógica social.

Ahora bien, el sistema disciplinario es doble “gratificación-sanción”, y es esa particular combinación la que “se vuelve operante en el proceso de encauzamiento de la conducta”. Y lo hace a través de la cuantificación de méritos y de deméritos que dan lugar al reconocimiento y al castigo, a los privilegios y al castigo (en el trabajo, por ejemplo, la cuantificación de las horas y de los minutos “no cumplidos”). Se trata de una “microeconomía de la penalidad perpetua”, una “penalidad jerarquizante” que clasifica a las personas en buenos y malos, responsables e irresponsables, etc., en función su observancia a la miríada de normas con las que se las somete.

De este modo el poder disciplinario promueve o degrada, y así, al someter, normaliza y clasifica. Con todo ello, ejerce “una presión constante” sobre las personas, para someterlas a todas al mismo modelo, para que todas juntas estén obligadas “a la subordinación [y] a la docilidad”.

El examen, finalmente, es el instrumento que le permite al poder disciplinario revestirse de racionalidad, pretender objetividad, presumir incluso de cientificidad y legitimar así la violencia impuesta sobre los dominados, pues se trata de una “superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber”. “Es una mirada normalizadora”, dice Foucault, que “permite calificar, clasificar y castigar”.

Y es así, entonces, cómo el poder disciplinario construye un tipo muy particular de producto social: los cuerpos dóciles.

Quisiéramos hacer aquí, para terminar, un par de observaciones. Encontramos un punto de contacto entre el punto de vista de Foucault y el de Gramsci en la observación del primero respecto a que el poder no es un asunto de consenso, aunque no lo excluye; el poder disciplinario, aun autoritario, puede construir un “consenso activo” entre aquellos que están sujetos a él. El juego de gratificación y castigo es claramente un instrumento que apunta en esa dirección. Podemos entender las gratificaciones, más o menos, como las concesiones que, según Gramsci, requieren hacer los grupos que aspiran a la dirección política y cultural de la sociedad. Si bien en Foucault tiende a aparecer una identidad institucional entre quien castiga y quien gratifica, en nada cambia el mecanismo ni su contenido el hecho de que quienes lo hagan sean desdoblamientos del mismo poder, es decir, instrumentos que funcionen, unos, como sociedad política, y otros, como sociedad civil. Adicionalmente, Foucault sostiene que en donde existe poder salta también la resistencia; esto nos remite a la lucha y, en consecuencia, a una determinada correlación de fuerzas, cambiante siempre, entre dominio y resistencia. Tales modificaciones pueden relacionarse -mas no identificarse- con la relación agónica postulada por Foucault entre el poder y la resistencia. (Como señalamos antes, se trata de una lucha que incorpora una disputa de los sentidos de la acción, constituida por la pugna entre dos tipos de habitus en el fondo antagónicos: la disposición a aceptar el sometimiento y la disposición a resistirlo.)

Por otro lado, encontramos un punto de contacto entre las propuestas de Foucault y de Bourdieu, en aquello que “vuelve operante” al poder disciplinario, es decir, también, a aquello que le permite ser aceptado como norma (y como normal) en una determinada sociedad. Este es un punto que Foucault no desarrolla, por cierto, pero que no por eso podría verse como antagónico con su propuesta. Nuestra idea es que resultaría de mucha utilidad pensar que lo que le vuelve operante no puede ser sólo la lógica de implementación de un tal poder, pues una interpretación así sería incluso extraña a la concepción foucaultiana del poder como relación. Así, el modo en que el poder disciplinario construye esa docilidad de los cuerpos puede (debe) relacionarse con la disposición de esos cuerpos a ser disciplinados, es decir, con un habitus que convoca y conmina a aceptar la disciplina y la normalización como naturales. Pero debe entenderse, igualmente, que esta disposición no es creada solamente por los mecanismos benignos de socialización, sino por el propio ejercicio de un poder que inscribe en los cuerpos la necesidad del sometimiento como garantía, en último caso, de sobrevivencia. Pero para que esto no se vuelva un callejón sin salida es necesario incorporarle la perspectiva de la lucha.

Gramsci, Bourdieu, Foucault

La hegemonía es la capacidad de los grupos dirigentes de atraer el consenso activo de los dominados y, en ese sentido, expresa la posibilidad de que ellos disputen el control del espacio nacional-popular, en donde el pueblo se constituye como sujeto político, sea como sujeto político autónomo, sea como masa de maniobra, es decir, como sujeto político despolitizado, valga la paradoja. La fuente del consenso pueden ser las concesiones a que se ve llevada la fracción de la clase dominante que aspira a conquistar o a retener la hegemonía, que generalmente aparecen bajo la forma de acciones redistributivas emprendidas por el Estado (reales o prometidas); puede ser el funcionamiento “normal” de un momento de expansión mercantil que, al ampliarse y dispersarse por todo el organismo social, genera o re-encuentra sentidos comunes organizados en torno a la lógica de la mercancía y del acceso al consumo; puede ser, en ciertos momentos, la implementación de mecanismos disciplinarios, propios de gobiernos autoritarios…, pero (porque) todo ello está unido en el inconsciente colectivo como un habitus sumiso, es decir, como disposiciones para adoptar como válidas y naturales las jerarquías y la disciplina, el orden y la sumisión a cambio de ciertos reconocimientos simbólicos o mejoras materiales. Si bien en un momento o en otro, puede una fuente de consenso predominar sobre las otras, debe ser usual que actúen varias de ellas al mismo tiempo, entre otras cosas por la misma diversidad de los grupos subalternos. Y eso mismo deja abierta la posibilidad de que el habitus de resistencia pueda ir encontrando resquicios por donde irrumpir y crear situaciones sociopolíticas nuevas.

2. El 30 de septiembre de 2010 como ejemplo. La afirmación de un poder disciplinario[iii]

El 30 de septiembre de 2010 ha sido interpretado de diversas maneras. El gobierno y quienes lo respaldan sostienen la tesis de que se trató de un intento de golpe de Estado y de magnicidio[iv]. Por el contrario, quienes no son afines al régimen rechazan esta versión[v]. No es objeto de estas páginas entrar en esa discusión. Acá nos limitaremos a reflexionar sobre la relación de este hecho con la afirmación de un poder disciplinario.

La conflictividad y el 30 de septiembre

El 30 de septiembre encuentra movilizados a sectores de la policía y a una pequeña parte de las fuerzas armadas (en el ministerio de Defensa y en la Base Aérea); pero también estaban movilizados sectores de trabajadores públicos e indígenas. Fue justamente esta coincidencia la que ha sido utilizada como argumento en favor de una supuesta conspiración. Nuestra reflexión va a tomar otra vía: indagar en los conflictos[vi].

El año 2010 fue un año conflictivo. En vísperas del 30 de septiembre se vivía un ambiente de agitación social. Durante ese mes, las líneas generales son bastante claras y no eran nuevas, después de todo. Criminalización de las protestas (acusaciones de terrorismo y sabotaje contra un periodista en La Concordia, y contra Pepe Acacho y otros 10 dirigentes shuar por expresiones vertidas desde la radio Voz de Arutam durante las protestas contra la ley de Aguas); reducción del ámbito la participación ciudadana (en septiembre, “regular” las iniciativas de revocatoria del mandato); despidos en el sector público (acá, los anuncios de lo que vendrá a cuenta de “reestructuración” de las entidades estatales); la reestructuración y el control de la educación superior (la LOES); la reducción de beneficios en los contratos colectivos de los trabajadores del Estado (a cuenta de “excesos”, alega el gobierno y repite la Corte Constitucional); las pujas de algunos asambleístas de Alianza Pais por mantener un espacio de criterio propio frente a las propuestas del Ejecutivo (en este caso, los vetos a las leyes de Educación Superior, Servicio Público y Ordenamiento Territorial); la represión a la minería informal; el retraso en el pago de sueldos a los maestros, especialmente; el incremento forzoso de la jornada laboral a trabajadores de la salud y maestros; la afirmación de la supeditación de todas las funciones del Estado al Ejecutivo.

Si retrotraemos la mirada a todo el año, la impresión es la misma.

Ahora bien, todos estos conflictos tienen su origen en la política del gobierno. A nuestro m modo de ver existe una particular combinación.

La protesta social tiene una línea de continuidad durante todo el año, una línea que, a su vez, sigue el trazado que se observa en 2009 e incluso parte de 2008.

Secuencia de acciones disciplinarias^[vii]

La revisión de los conflictos de 2010 nos muestra que hay un contenido que atraviesa casi todo el mapa de conflictividad social y política: las tensiones generadas por los avances en la afirmación de un poder disciplinario. La acción disciplinadora del Estado se despliega, en general, sobre el conjunto de la sociedad. Sobre el movimiento popular, para disciplinar al pueblo indócil; sobre los trabajadores, para someter el trabajo al dominio despótico de los patronos, igual el capital que el Estado; sobre la economía “informal”, para uniformar el rumbo capitalista del mercado (y dejar el campo expedito a la expansión capitalista); sobre la vida cotidiana, para imponer una moral conservadora; sobre la prensa, para desactivar herramientas ajenas de hegemonía; sobre las clases dominantes, para unificar las condiciones de explotación y las relaciones del capital con el Estado; sobre Alianza Pais, propendiendo la subordinación al caudillo para afirmar el régimen cesarista; sobre el Estado, para asegurar el sometimiento de todas las funciones del Estado al Ejecutivo. Pero también hay “premios” para los que se someten o apartan la vista de las acciones autoritarias: el régimen disciplinario también está en condiciones de desplegar acciones hegemónicas.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre el movimiento popular: disciplinar al pueblo indócil

En este período, como durante todo el régimen de Correa, las acciones disciplinarias se han volcado fundamentalmente sobre el movimiento popular y sus organizaciones; por ello, la mayor cantidad de hechos aparece aquí. Dos han sido los blancos predilectos de la acción estatal: la lucha social y la participación política; con ello se ataca dos de las características centrales que había ido construyendo el movimiento popular: por un lado, su capacidad de lucha y de movilización; por otra parte su tendencia a generar formas de autorepresentación política.

Por lo tanto, se puede colegir que la función política del correísmo es inseparable de la reducción del movimiento popular^[viii]: el pueblo se había “separado de la obediencia” a las clases dominantes y a sus instituciones; menester era revertir drásticamente esa situación. Hay que recordar que, durante toda la época neoliberal, las clases subalternas ecuatorianas emprendieron una resistencia continuada de casi veinticinco años, con momentos altos de participación masiva, con momentos en los que contribuyeron a la caída de gobiernos, e incluso con momentos en los cuales la misma dominación de clase llegó a estar en cuestión. Los gobiernos de la era anterior, sus intelectuales y publicistas, se quejaron siempre de la ingobernabilidad que se había apoderado de la política ecuatoriana, una prédica que ha sido recogida por Correa en varias ocasiones (abajo, algunos ejemplos), dejando entrever una continuidad generalmente oculta: para la dominación burguesa, el gobierno de Correa se ha presentado como la solución a una debilidad endémica: su persistente incapacidad hegemónica.

Sigamos ahora la secuencia de los hechos.

En enero, Correa dice que “hay conspiraciones en marcha” y asegura tener “informes de inteligencia” que involucran en esas conspiraciones a “ciertos sectores del movimiento indígena”. Pero, al mismo tiempo, el gobierno anuncia un plan para asignar frecuencias de radio a comunidades campesinas y a otras organizaciones sociales. En visita a barrios populares de Guayaquil, estimula a la población a asumir el papel de policía: “Tenemos que organizarnos compañeros, tenemos que hacer esos comités, el objetivo es movilizarnos. Van a tratar de desestabilizarnos”.

En febrero, Correa vuelve a criticar a la dirigencia indígena y convoca al pueblo para enfrentarla: “No permitamos que líderes insensatos traten de hacer un Estado aparte. No permitiremos el separatismo. Me dan ganas de llorar al ver la calidad de los actuales dirigentes indígenas”; le “están haciendo el juego a la derecha”, dice: “Yo llamo a un levantamiento de todo el pueblo ecuatoriano contra estas actitudes”.

En marzo, Correa se pronuncia contra lo que considera “exageraciones” de la ley de participación Ciudadana que, sostiene, pueden “hacer ingobernable el país”: “La ley otorgaría derechos y poder de decisión a las organizaciones sociales sobre el Presidente, asambleístas y otros funcionarios. Hay que tener sensatez. Se están poniendo cosas que van a impedir la gobernabilidad y que van a romper la democracia”. Y acusa a la dirigencia de la Conaie de ser uno de los obstáculos más importantes del proceso de cambio que impulsa la Revolución Ciudadana: “No hay mayor aliado de la derecha, son esos fundamentalismos, extremismos, primitivismos, extremistas ecológicos, izquierdistas infantiles que no entienden los procesos de cambio, son los más funcionales a los grupos de poder”.

El estado pone en marcha el aparato judicial como herramienta para reprimir la protesta social. El gobernador de Cotopaxi presenta una denuncia en la Fiscalía para que se enjuicie al rector de la UTC y al presidente de la FEUE por dirigir una protesta que exigía al Gobierno la entrega de recursos para la institución. De igual manera, el gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas presenta una denuncia penal contra tres dirigentes del gremio de los taxistas por supuesto delito contra la seguridad pública por la organizaron de un paro (y luego renuncia a su cargo).

Ocho estudiantes detenidos y un policía herido tras manifestación de la Feue en Guayaquil; en seguida, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, pide a la fiscalía que se investiguen las manifestaciones. Se evidencia una línea de conducta para limitar el posible campo de acciones institucionales de la protesta: la Corte Constitucional rechaza demanda de inconstitucionalidad de la ley minera, planteada por la Conaie en diciembre pasado.

En abril, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, advierte que no se permitirá ninguna alteración del orden público, anuncio que lo hace luego de que grupos indígenas hicieran llamados a la resistencia y a la desobediencia civil contra el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. El cierre de carreteras y la ocupación de instituciones públicas, dice Jalkh, “son delitos que deben ser sancionados y prevenidos, así que la Policía tomará las medidas del caso”.

En mayo, la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, afirma que “es difícil dialogar con dirigentes que creen que con la violencia van a conseguir sus objetivos”. Correa dice que el movimiento indígena quiere generar el caos en el país con las movilizaciones: “La dirigencia no tiene la capacidad de movilización, ellos se movilizan financiados por fundaciones extranjeras. Además, la dirigencia indígena busca manejar la distribución del agua a través de la conformación de un Consejo Plurinacional. ¿Qué elección ha ganado la CONAIE que quiere manejar el agua?”. Más adelante, Cordero y Doris Solíz hablan de organizar una consulta pre-legislativa sobre la ley de aguas; pero Soliz aclara que se trata de una consulta no vinculante: “Socializaremos con las bases, pues el diálogo con la dirigencia está agotado”. Correa pide a las organizaciones de base que exijan cuentas sobre los recursos que reciben del Estado: “Desde el 2000 los dirigentes indígenas han recibido dos millones de dólares”. El Ministerio de Educación informa que “se están abriendo procesos disciplinarios contra los estudiantes” que participan en las manifestaciones. El Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, dice que “hemos recibido la información de la policía nacional en el sentido de que algunos grupos de indígenas quieren cerrar vías en varios puntos del país, quieren interrumpir el tránsito, violar la Constitución y eso es un delito que está tipificado en el código penal”. Correa ratifica, al retorno de un viaje a la Argentina, que se emprenderán acciones legales contra los dirigentes de la comunidad de La Cocha por haber aplicado la justicia indígena en un caso de asesinato: “Aquí hay gente que paladinamente sale diciendo nosotros tenemos a este señor y lo vamos a sancionar. Eso es secuestro […]. La gente que cometió el secuestro del ciudadano Quishpe, por culpable que sea de asesinato, las torturas que se realizaron, etcétera, tendrá que responder ante la ley nacional”; dice que la justicia indígena puede aplicarse sólo en asuntos internos a las comunidades, y que robos y asesinatos están fuera de su jurisdicción; además, dice que la CONAIE debe devolver la casa en que tiene su sede en Quito, que le fuera entregada en 1988, en comodato por 99 años, por el antiguo ministerio de Bienestar Social.

Orlando Pérez, viceministro de la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, dice que el gobierno planea revertir al Estado la sede de la CONAIE en Quito para que “se convierta en la casa de los pueblos y de las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador” y así “democratizar, porque no puede ser de uso exclusivo de una sola organización”. Correa vuelve a atacar a la dirigencia indígena: afirma que los últimos casos de aplicación de justicia indígena son parte de intentos desestabilizadores “de cierta dirigencia indígena” que, según Correa, quiere desmembrarse del Estado ecuatoriano; dice que en La Cocha no hubo justicia indígena, sino secuestro y tortura de cinco jóvenes, y que los dirigentes comunales serán enjuiciados: “Tienen que definirse si son o no son ecuatorianos; si son ecuatorianos deben regirse por las normas del Estado, pero recuerden, hace algunos meses los dirigentes de la CONAIE se declararon república independiente, desconocían al Gobierno, desconocían a la Asamblea, se erigían en autoridades absolutas, dueños de la educación, salud, etc., es decir, al más puro y burdo separatismo”. El ministro de Justicia, José Serrano, dice que el Gobierno acudirá a la Corte Constitucional para definir qué materias pueden ser tratadas en la justicia indígena: “Desde los temas de carácter civil, laboral, de uso y usufructo de las tierras ancestrales, hasta los temas penales y de familia. El punto de partida tiene que ser qué elementos de todas estas materias corresponden resolver a la justicia indígena y cuáles de estos a la ordinaria”. Alexandra Ocles, secretaria de Pueblos y Nacionalidades, expresa que “La CONAIE no ha cumplido con su obligación de rendir cuentas y no meterse en política”. Funcionarios gubernamentales comenzaron a revisar los convenios del Estado con las organizaciones indígenas y los aportes que han recibido; funcionarios del MIES dicen que la sede de la CONAIE se utilizó para fines políticos.

En junio, en Latacunga son detenidos tres dirigentes indígenas, acusados de secuestro, tortura, maltrato y extorsión a los presuntos responsables de la muerte de Antonio Olivo de la comunidad La Cocha (el 6 se revoca la orden de prisión, pero el proceso sigue). Correa dice que hay un plan para desestabilizar su gobierno y afirma que las manifestaciones de la CONAIE son parte de las “conspiraciones en marcha”: “Aquí hay oposición de una dirigencia indígena que les calientan las orejas unas cuantas ONG. […] La respuesta será de paz y firmeza con la aplicación de la ley”, anuncia y llama a los indígenas a que cambien de dirigentes. La ministra coordinadora de la Política, Doris Solíz, critica a la que denomina “vieja dirigencia indígena” que, dice, no permite construir un Estado en armonía e integración. La CONAIE fue acusada en la fiscalía de Otavalo de atentar contra la seguridad interna del Estado, luego de la marcha realizada mientras se llevaba a cabo la cumbre de la ALBA.

En julio, Delfín Tenesaca declara en la Fiscalía de Otavalo su versión en el proceso de indagación previa que se le sigue por los supuestos delitos de sabotaje y terrorismo; Marco Guatemal, presidente de la FICI, dice que esta indagación y la que se sigue por presuntos delitos de sabotaje, terrorismo y sustracción de una propiedad del Estado, en contra de él y otros dirigentes de Imbabura, son una represalia tras las movilizaciones realizadas el mes anterior en contra de la Ley de Aguas. Correa dice que ONG son brazos ejecutores de centrales internacionales; añade que las movilizaciones indígenas privan de los servicios públicos a los demás ciudadanos, en este sentido cita el artículo 158 del Código Penal, insertado en la sección de los delitos de sabotaje y terrorismo, que castiga con 8 años de reclusión “a quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos”; “Le pasan plata a los indígenas y les hacen decir cosas que no tienen fundamento. Yo actuaré con la ley en la mano porque cada vez que haya estos actos tendrán un juicio”. Poco después, en Sigchos, Correa ataca nuevamente a la dirigencia de la CONAIE y dice que sus bases deberían cambiarla. Y en La Cocha, donde recientemente se produjeron actos de justicia indígena, Correa trata de convencer a los comuneros, sin éxito, sobre la necesidad de limitar la aplicación de la justicia indígena a conflictos internos, y asegura que “colgar a jóvenes, secuestrarlos primero, desnudarlos, bañarlos con agua helada” es tortura; “Tengan confianza de que aquí tienen un mashi)”, dice, dirigiéndose a los comuneros, “un amigo que vivió entre ustedes, nadie ha hecho más por el mundo indígena, vayan a ver las escuelitas, las casitas, los hospitales”, y llama a los indígenas a que, “cuando les llamen a cerrar carreteras, digan no, nosotros apoyamos el Gobierno de la Revolución Ciudadana”. Un juez de Quinindé (provincia de Esmeraldas) ordena la prisión de cinco personas, acusadas de protagonizar incidentes en medio de una protesta en las afueras de un local en el cual se encontraba el presidente Correa; entre los acusados se encuentra una concejala del MPD.

En agosto, la Asamblea aprueba Ley de Educación Superior. La dirección de Educación de Esmeraldas dispone el inicio de sumarios administrativos contra 17 rectores de colegios fiscales y fiscomisionales por permitir que sus alumnos participen en una marcha contra la consulta popular en La Concordia en julio. La fiscalía de El Oro inicia una indagación por daños al bien público en contra de tres pescadores artesanales que participaron en protestas contra la Capitanía de Puerto Bolívar. Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia de la República, anuncia que el Ejecutivo enviará a la Asamblea nacional un “voluminoso” veto a la ley de Educación Superior, y reafirma que no se tomarán en cuenta los acuerdos logrados con los rectores de las universidades y con sectores de la oposición para la aprobación de la ley en la Asamblea.

En septiembre, en Esmeraldas, la Fiscalía acusa de terrorismo al periodista Juan Alcívar, argumentando que causó los incidentes del 19 de julio pasado en La Concordia y que detonó una bomba lacrimógena durante la concentración encabezada por Correa. El presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador (FISCH), José Acacho, es acusado de haber cometido actos de terrorismo y sabotaje, por las transmisiones de radio Arutam, en septiembre de 2009, en contra de la Ley de Aguas; el juez primero de Morona Santiago, Hitler Beltrán, argumenta que Acacho promovió actos violentos y las manifestaciones indígenas, las cuales terminaron con la muerte del profesor Bosco Wisuma; otros diez dirigentes Shuar también son imputados por el mismo delito. Correa acusa a la UNE de actuar en función de fines políticos, y dice que su irrupción en el pleno de la Asamblea ha retrasado el incremento salarial a los maestros.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre los trabajadores: someter el trabajo al dominio de los patronos, igual el capital que el Estado

Al revisar la conflictividad social desde enero de 2007, se diría que este es uno de los temas en que el gobierno se aplicó desde un inicio, ya desde la Asamblea Constituyente. Pero aquí se produce un hecho interesante, por la distinción que desde antes ha hecho el Estado entre trabajadores públicos y asalariados del sector privado, y por la diferencia que, también de tiempo atrás, se había establecido entre varias categorías de trabajadores en lo ateniente a salarios y condiciones de trabajo. De modo que en este caso es preciso mirar los hechos desde el comienzo de la gestión de Correa.

Podemos distinguir tres momentos. En el primero, que transcurre de 2007 a 2008, se presenta una situación doble: por un lado, la Constitución reconoce una serie de derechos laborales que habían sido desconocidos en la época neoliberal. Se limita la precarización laboral, se elimina la tercerización, se estimula en el discurso la organización sindical, comienza una serie de incrementos salariales, que permite una recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, acercando los ingresos y las condiciones de trabajo de las categorías más desfavorecidas de las clases trabajadores (trabajadores domésticos, guardias, asalariados agrícolas y artesanales). Pero, en cambio, se limitan los derechos de los trabajadores públicos, especialmente de acción reivindicativa y, tendencialmente, de organización.

Esto se acentuó en el segundo período, que se extiende de 2008 hasta 2013. A partir de entonces, el gobierno lanzó una dura ofensiva contra los trabajadores públicos y sus organizaciones, que se convirtieron en el grupo social más afectado por las políticas públicas. Los puntos de mayor tensión fueron los contratos colectivos vigentes, los salarios, las utilidades, las condiciones y horarios de trabajo, la participación en organizaciones sindicales, las acciones de protesta y la discusión de las políticas estatales, aspectos en los cuales el gobierno empuja hacia atrás la condición de los trabajadores públicos.

El tercer período sería el actual, en el cual, una vez igualadas en cierto sentido las condiciones de los trabajadores, se establecerán las nuevas condiciones de relación entre patronos y trabajadores, que es materia del Código de Relaciones Laborales que se discute ahora.

A nuestro modo de ver, el contenido que da unidad a todas las acciones gubernativas es el sometimiento del trabajo a la disciplina de la empresa, lo que se traduce en el traslado al Estado de las formas de administración del trabajo en la empresa capitalista. A cambio de esto, los trabajadores podrían beneficiarse de condiciones “dignas” de explotación (salarios, salud ocupacional) que no afecten demasiado las posibilidades de la acumulación de capital a través de un conjunto de nuevas condiciones que se instalan primero en el Estado (reducción o anulación de obligaciones de transporte, alimentación y guarderías, etc.).

Veamos la secuencia de hechos durante 2010.

En febrero, se anuncia un nuevo código laboral (que demorará aún otros 3 años en tomar cuerpo).

En julio, Correa justifica la reducción de la participación de los trabajadores petroleros en las utilidades de las empresas: en promedio, “han recibido 55 mil dólares […], mientras las comunidades, nada”.

En septiembre, Correa anuncia que luego de revisar la Ley Orgánica de Servicio Público, a la cual califica de “muy buena”, se van a reestructurar las instituciones públicas y con ello “deberán salir ciertos empleados, los cuales serán indemnizados”; dice que se está proponiendo la indemnización de cinco salarios mínimos por año, desde el primer año, con un máximo de 175 salarios mínimos: “Esta propuesta es bastante justa”. La Corte Constitucional resuelve que la Asamblea deberá dictar la Ley que regule el procedimiento y el plazo de revisión de los contratos colectivos del sector público; la CC declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1396 y de varios artículos del Decreto 1701, alegando que son violatorios a los principios de reserva de Ley; los decretos tienen que ver con la aplicación del Mandato Constituyente 08, que elimina los “excesos y privilegios de la contratación colectiva en el sector público”; en el fallo se dice que la CC comprobó que la contratación colectiva contenía algunos excesos en cuanto a beneficios de determinados sectores sindicales, como en Petroecuador y otras instituciones del Estado.

Juan Sebastián Roldán, secretario nacional de Transparencia, anuncia que 628 trabajadores de la estatal petrolera Petroecuador han sido notificados con visto bueno, acusándoselos por corrupción, pues son, al mismo tiempo, accionistas de Gaspetsa, una empresa de comercialización de combustibles que era subcontratada por Petroecuador para la elaboración de combustible para embarcaciones pesqueras; luego se inician juicios penales contra ellos. El veto de Correa a la Ley de Servicio Público incrementa la jornada laboral de los médicos de 4 a 8 horas diarias. El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, afirma que, en el marco de un proceso de racionalización, es “urgente reducir” la burocracia, pero que aún el gobierno no tiene una idea del número de trabajadores que serán despedidos.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre sectores de la economía “informal”: uniformar el rumbo capitalista del mercado (y dejar el campo expedito a la expansión capitalista).

La economía informal no es una unidad; el propio término es en este aspecto bastante ambiguo. Pero lo que nos interesa resaltar aquí es el doble carácter del disciplinamiento que opera en este campo. De una parte, la normalización de las condiciones capitalistas de producción, limitando un área de “capitalismo informal” (sobre lo que volveremos más adelante); el caso de la minería parece ser éste. De otra parte, someter a las economías populares a dinámicas y leyes que de manera objetiva las encauzan hacia el desarrollo del mercado con una tendencia marcadamente capitalista (la ley de economía popular y solidaria sería un ejemplo). El resultado es dejar el camino expedito para la expansión capitalista.

He aquí la secuencia de hechos acontecidos en 2010.

En marzo la policía realiza un operativo con helicópteros, carros y perros para allanar una cincuentena de talleres artesanales fabricantes de armas.

En abril, desalojo en Flor del Bastión; un muerto.

En agosto, la policía desaloja a 200 familias que se dedicaban a la minería informal en el sector San Luis (Zamora). Una familia moradora del Guasmo Norte denuncia que agentes del Grupo Especial Móvil (GEMA), de la policía, acompañados de personas de civil y perros, allanaron sin orden judicial su vivienda, ubicada en la cooperativa Primero de Mayo: “A todos nos pusieron en el piso y decíamos que demos información; nos amenazaban con pistolas y los agentes les hacían preguntas a mis hijos menores de edad” (la familia tiene 4 hijos de 2, 3, 11 y 15 años de edad).

En septiembre, alrededor de 1000 policías y militares intentan desalojar a los mineros de Conguime (Zamora Chinchipe). El gobierno anuncia una campaña de erradicación de la minería ilegal. Correa anuncia que “Seguiremos con estos controles, no permitiremos que se destruya la naturaleza. […] No permitiremos que nuestro país caiga en la situación de otros países donde hay extensos territorios que no están bajo control del Estado sino bajo el control de actividades ilegales”; más adelante, el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, anuncia que se entablarán juicios en contra de los mineros que se enfrentaron a la policía durante el desalojo.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre la vida cotidiana: la imposición de una moral conservadora

La presencia (y la persistencia durante el tiempo que lleva el ejercicio del actual gobierno) de acciones que buscan disciplinar (áreas de) la vida cotidiana es un claro indicio de que el objeto de la disciplina es la sociedad en su conjunto, pues actuar sobre la vida cotidiana afecta el sistema de creencias afincadas en el inconsciente. Lo notorio es cómo las acciones desplegadas por un gobierno que se autotitula como “revolucionario” fortalece la moral conservadora y no componentes progresistas de la mentalidad social. De esta manera y por esta vía, el gobierno de Correa actúa en pro de la conservadurización de la conciencia social (un proceso que, por cierto, no es imputable exclusivamente al gobierno). Esta tendencia se profundiza a partir del 30 de septiembre y del plebiscito respecto a la justicia, al año siguiente, y tiene a la (in)seguridad como una de sus excusas principales.

Veamos a continuación los hechos correspondientes.

En junio, decreto de los ministros de Gobierno y Turismo para regular horas y días en que se permite la venta de alcohol. Correa anuncia la intención de su gobierno de prohibir “totalmente” los juegos de azar: “Creo que los juegos de azar y el consumo de bebidas disminuyen el nivel de vida en una sociedad”. La subsecretaria de Educación, Mónica Franco, anuncia en Guayaquil que la policía retendrá a los estudiantes que se encuentren en las calles en horario de clases, los llevará a las instalaciones de la DINAPEN.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre la prensa: desactivar herramientas ajenas para la hegemonía

El enfrentamiento con los medios de comunicación ha sido recurrente. Hay una razón profunda, ligada al momento en que se origina el gobierno de Correa, y es el hecho de que los medios de comunicación (en realidad, un grupo de ellos, los de mayor circulación e influencia a nivel nacional) jugaron en la era neoliberal el rol de difusión del sentido común neoliberal –y continuaron haciéndolo una vez instalado Correa en el gobierno. Esto último es la consecuencia lógica de la combinación entre ese rol de los medios y la quiebra política de los partidos que defendían el proyecto neoliberal. Pero las cosas van más allá, porque ya no se trata sólo de controlar la propagación del sentido común neoliberal, sino toda forma de comunicación que no sea coincidente con el programa correísta y con los intereses gubernamentales.

También puede verse una razón detrás de esto: la debilidad inicial de instrumentos de comunicación propios con la suficiente audiencia; esto puede haber sido un acicate para la conversión del propio Correa en el medio de comunicación privilegiado, lo que, a su vez, fortalece cada sábado la tendencia caudillista del régimen.

Veamos los hechos de 2010.

En marzo, la secretaría de comunicación inaugura un nuevo mecanismo: El programa Día 7, de Teleamazonas, es interrumpido por una cadena oficialista en contra de su conductor, Jorge Ortiz.

En abril, Correa dice que “la prensa es el mecanismo de los opositores que perdieron las elecciones para desestabilizar al Gobierno”.

En agosto, Correa afirma que “El problema de la prensa es gravísimo a nivel mundial, todo el mundo lo reconoce, lo que pasa es que muy pocos tenemos la valentía de decirlo directamente”; “Perdámosle el miedo, juntos podremos vencer ese poder de una prensa deshonesta, que en Ecuador pasó a ocupar el lugar de los partidos políticos, claramente hace política y va a tener la respuesta política que corresponde”.

En septiembre, Correa critica a la prensa que ha cuestionado sus vetos a la ley de servicio público: “La prensa está dando una nueva doctrina que es antidemocrática, que ahora el Presidente no pueda vetar las leyes”.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre las clases dominantes: uniformar las condiciones de explotación y las relaciones con el Estado

Se trata, igualmente, de una tendencia que ha acompañado al gobierno de Correa desde un inicio. Su proyecto es un proyecto de modernización capitalista, pero un proyecto así no puede imponerse si el conjunto de la burguesía no se encarrila en el camino de la modernización, y esto incluye las relaciones entre capital y trabajo, entre capital y estado y entre diversos capitales. Forzar la baja de las tasas de intereses y de los costos bancarios favorece al conjunto del capital, aunque disguste a los banqueros; endurecer los controles sobre el pago de impuestos o de utilidades a los trabajadores transparenta la competencia capitalista, forzando a los distintos capitalistas a actuar, en ese plano, en pie de igualdad y a no sacar ventaja de incumplimientos normativos; llevar a que la clase capitalista acepte incrementos regulares (aunque moderados) de los salarios, favorece al sistema en su conjunto, ampliando el mercado.

Algunos de estos aspectos pudieron verse en 2010.

En marzo, Diego Borja, ministro coordinador de política económica, insiste que la banca deberá repatriar unos 650 millones dólares, según resolución de febrero pasado.

En julio, el director del SRI dice que se ha detectado cerca de 400 empresas que no han pagado a sus trabajadores de forma completa el 15% de utilidades.

En septiembre, Correa dice que reformará el Código Territorial para evitar que exista un “monopolio” para realizar loterías en el país.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre Alianza País: la subordinación al caudillo para asegurar la afirmación del régimen cesarista

He aquí otro elemento fundamental en la afirmación del tipo de régimen particular que es el correísmo, en la medida en que incide en el modo en que se construye y se fortalece la imagen (y la relación) caudillista. Al inicio de modo tímido, luego con mayor firmeza, las disensiones al interior de Alianza País son sometidas de modo autoritario, incluso utilizando el poder estatal como instrumento para resolver las disputas internas. El carácter caudillista de la relación y de la resolución de las disputas se deja ver sin ambigüedades en el hecho de que uno de los instrumentos que Correa ha privilegiado han sido las sabatinas: en ellas, el discurso de Correa busca confrontar a los descontentos de su movimiento con la masa fiel al líder.

Varios hechos ejemplares ocurrieron en 2010 en torno a lo que decimos.

Es interesante notar cómo, incluso en vísperas del 30 de septiembre, se manifestaban de modo público las disputas al interior del movimiento gobiernista, así como las disputas entre sectores del movimiento y el presidente. A partir de entonces, esto ya será esporádico y tendrá respuestas cada vez más autoritarias. La aplicación de la disciplina al interior de AP no varía demasiado de la aplicación de la disciplina en la sociedad.

En marzo, Correa se refiere al juicio político planteado por el bloque de AP al fiscal: “Eso es muy grave. Cuidado. Esas cosas no pueden aceptarse, es como decir que el tipo es un delincuente, un Camargo. […] Si están tan seguros de eso, yo les digo a los asambleístas que están lanzando una acusación tan grave, que renuncien a su inmunidad”.

En abril, insiste sobre el tema: apoya al Fiscal General y dice que las pruebas presentadas por los asambleístas que impulsan el juicio político al Fiscal General carecen de “solidez”. Y poco después añade: “Una barbaridad así no lo soportaría el país y todos los ciudadanos deberían rechazarlo. También me dicen que mañana sábado (hoy) o domingo van a convocar (a reunión)… Por Dios, eso sería aplicar una práctica de la partidocracia”; el 27, el pleno de la Asamblea declina conocer el juicio (pero todavía había ciertas críticas públicas: Virgilio Hernández: “La falta de decisión de la Comisión no libera de responsabilidad al Fiscal… Esto no demuestra que es inocente, sino el poder que tiene”; Rossana Alvarado: “Hubiéramos preferido que (el Presidente) tenga una distancia prudente, como la ha tenido en cualquier caso. Más cuando no se trata de su ministro, de un compañero de partido, ni de alguien que defina política o ideológicamente el proyecto en el que nos hemos empeñado, que es uno que transforme a nuestro país. Eso nos ha entristecido”; tres años después, la votación del aborto se saldó con la sanción y el silenciamiento de tres asambleístas que osaron oponerse a la decisión de Correa). Además, María Paula Romo, una de las interpelantes en el fallido juicio político al fiscal, ya no fue invitada a las reuniones del buró político de AP, pese a ser una de las 2 representantes de la bancada en ese organismo.

En julio, Correa se refiere a las dificultades que encuentra la bancada oficialista de la Asamblea para aprobar las leyes que interesan al Ejecutivo, y dice que podría gobernar vía plebiscito, poniendo los proyectos de ley a consulta popular.

En septiembre, los asambleístas de PAIS presentan a Correa 56 objeciones a tres vetos parciales a las leyes de Educación Superior, Servicio Público y Código Orgánico de Ordenamiento Territorial: la pretensión del Ejecutivo de imponer una jubilación obligatoria y de cancelar los beneficios laborales como compensaciones por retiro, eliminación o supresión de partidas y otros con bonos del Estado calificada como “inconstitucional y violatorio de los derechos fundamentales”. La bancada de AP se reúne con varios ministros de Estado para tratar los vetos presidenciales a las leyes de Educación Superior y de Servicio Público; el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, dice que hay pocas posibilidades de que la Asamblea modifique el veto; luego de la reunión, el asambleísta Gastón Gagliardo anuncia que el bloque se allanará al veto, pero con modificaciones, de modo que los trabajadores públicos mayores de 70 años recibirán su jubilación en efectivo. El Consejo de Administración Legislativa, formado por asambleístas de PAIS, devuelve al presidente Correa el pedido de amnistía a favor de Alberto Dahik, que Correa hiciera el 10 de agosto. El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, dice que no podrán conseguir los votos para ratificarse en el texto original de la ley de Servicio Público, ante el veto enviado por el presidente Rafael Correa.

Secuencia de acciones disciplinarias sobre el aparato del Estado: el sometimiento de todas las funciones estatales al Ejecutivo

Esta es una de las características centrales de los regímenes bonapartistas (o cesaristas): la concentración del poder en el Ejecutivo, la limitación de poderes y de capacidad de decisión de las restantes funciones del Estado; en fin, el sometimiento del conjunto del Estado a la voluntad del caudillo. En este andar sucumben los ministros, las fuerzas armadas, la Asamblea, la universidad, el sistema judicial en su conjunto y cada juez en particular. Es un proceso que arrancó con el inicio mismo del gobierno y que se profundizó luego del 30 de septiembre y del plebiscito de 2011. Podríamos calificar este proceso como una sucesión de “pequeños golpes de Estado”, para utilizar la frase empleada por Marx en su análisis del bonapartismo.

2010 tuvo también sus ejemplos.

En abril, Correa amonesta a las autoridades del sector petrolero por el lento avance en la renegociación de los contratos con las compañías privada; llama la atención al ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, por la falta de resultados en las renegociaciones con cinco empresas privadas que no han podido firmar los nuevos contratos de prestación de servicios; también regaña al ex presidente de Petroecuador, el contralmirante Luis Jaramillo, por la falta de reacción de la empresa estatal en cuanto a asesoría técnica para apoyar el proceso de renegociación.

El ministro de Defensa, Javier Ponce, anuncia que el gobierno está empeñado en reestructurar las fuerzas armadas: darle más peso al comando conjunto, creación de fuerzas de tarea entre las diversas fuerzas.

En mayo, Correa advierte con un veto total a la Ley de Aguas si la Asamblea acoge la exigencia de los dirigentes de la CONAIE para que sea un Consejo Plurinacional que administre y regule la distribución del agua. Fue liberada en Esmeraldas la concejala Rosaura Bastidas, que había sido detenida por los incidentes registrados en La Concordia, y acusada de terrorismo contra funcionarios públicos; Bastidas interpuso el recurso de habeas corpus, que fue favorablemente atendido por un juez de Esmeraldas, considerando que se habían “violado preceptos constitucionales”; el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, afirma que el Consejo de la Judicatura “tiene que destituir y sancionar a esos jueces”. salen libres las 6 personas detenidos por las manifestaciones en La Concordia, tras haber recibido el habeas corpus por los jueces Iván Guerrero, Joel Arias y Víctor Guilcapi; Jalkh insiste en pedir la destitución de los jueces: “Es un peligro que esos jueces estén actuando”. Los jueces fueron suspendidos durante 90 días por el Consejo de la Judicatura, mientras se inician los sumarios.

En septiembre, el veto parcial a la ley de Educación Superior entrará en vigencia por el ministerio de la ley; el plenario de la Asamblea no logra reunirse por falta de quórum causado por la ausencia, entre otros, de 5 asambleístas de Alianza Pais; la Asamblea comienza el debate del Código de Planificación y Finanzas, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente; sectores de oposición dicen que el código resta autonomía a los gobiernos descentralizados (municipio y consejos provinciales), crítica que comparten algunos asambleístas de Pais, como Virgilio Hernández y Paola Pabón. La Asamblea recoge la posición de los trabajadores y no aprueba la compra de renuncias obligatorias con bonos del Estado.

Secuencia de “premios”: el lado hegemónico del poder disciplinario

El poder disciplinario difícilmente podría sostener si sus acciones de control y de represión no se combinaran con concesiones otorgadas a determinados sectores de la sociedad. Tales concesiones se presentan muchas veces como contraparte de acciones represivas. Por lo tanto, a veces puede beneficiar a los sectores perjudicados por las acciones disciplinarias (incremento de salarios a cambio de aceptar despidos o condiciones más dura de trabajo y de horarios); pero también muchas veces se trata ventajas otorgadas a sectores distintos a los perjudicados, lo que se presenta como una contraposición entre sectores privilegiados y sectores desfavorecidos (se quita las utilidades a los trabajadores y de las entrega a las comunidades, por ejemplo).

Sigue la secuencia de hechos.

En enero, el gobierno anuncia un plan para asignar frecuencias de radio a comunidades campesinas y a otro tipo de organizaciones sociales.

En marzo, el partido Comunista realiza una marcha en Quito en respaldo a Correa; la FEI dice apoyar los avances en la gestión de educación, salud, el proceso para repartir tierras (en todo caso modesto), y el nuevo modelo de Estado; pide que se acentúe la Revolución Agraria. La CONAJUPARE realiza una manifestación en Quito para ratificar el apoyo a Correa; apoya la aprobación del Cootad, que incrementa los fondos para las Juntas Parroquiales.

En abril, Correa anuncia la “radicalización” de la “revolución ciudadana” en temas agrarios y de recuperación de recursos no renovables. Dirigentes empresariales satisfechos con incremento de la producción en los primeros meses del año: “una de las razones fueron las salvaguardias impuestas en el 2009”.

En mayo, la Secretaría de los Pueblos visita a las 14 nacionalidades indígenas del país para avanzar con el proyecto de asignación de frecuencias de radio. La Fenacle trata su agenda con el ministerio de Coordinación de la Política; reconoce la falta de coordinación que ha tenido con el gobierno.

En junio, se crea el bono para discapacitados.

En julio, la Ministra Coordinadora de la Producción, Natalie Cely, presenta a la Asamblea el proyecto de Ley del Código de la Producción. Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, dice que la construcción se ha reanimado este año gracias a los préstamos del sistema financiero estatal del IESS y al bono de la vivienda.

En septiembre, el gobierno otorga los títulos de propiedad de 309 hectáreas de la hacienda El Tablón, ubicada en la vía Pifo-Papallacta, a 30 kilómetros de Quito, a la Asociación de Pequeños Productores y Comercializadores de Hortalizas y Animales Menores. El Comandante de la Policía, Freddy Martínez dice que “los sueldos han mejorado. Hemos elaborado proyectos de vivienda fiscal para que cuando reciba los pases no estén buscando donde alojarse. Hay un equipamiento que da más seguridad. Tenemos chalecos y pistolas”. La Superintendencia de Bancos otorga la autorización de funcionamiento al BIESS, que comenzará a operar desde el próximo 18 de octubre.

Secuencia de movilizaciones populare

Si analizamos la lógica de la protesta social, se verá que las diversas movilizaciones sociales se mueven, en lo fundamental, en una lógica doble: por una parte, existen unos conflictos que se mueven en su particularidad, demandas puntuales que no se conectan con otras demandas. Por otro lado, luchas sociales que se ligan objetivamente entre sí porque provienen de una misma línea de conflictividad: son en general luchas y movilizaciones defensivas que procuran protegerse de los efectos de las políticas estatales neodesarrollistas y, al mismo tiempo, del carácter autoritario del poder que se afirma en la sociedad. Durante 2010 ya descienden la presencia de demandas provenientes de la época neoliberal y se configura de modo claro el nuevo tipo de conflictos.

En este sentido, en el 30 de septiembre la movilización policial operó objetivamente en el sentido de interrumpir la secuencia de la movilización popular y congelar la lucha defensiva, sobre todo de los maestros, los trabajadores públicos y los indígenas.

A continuación, la secuencia de las movilizaciones.

En enero, indígenas de comunidades de Pujilí cierran el paso del río Nagasiche en protesta por la inequitativa distribución del agua. Marchas de la Feue en Guayaquil por autonomía universitaria en nueva ley.

En marzo, marcha indígena y campesina en Cuenca contra la ley de minería y el proyecto de ley de aguas. El Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), reunido en Quito: “rechazamos la invasión a nuestros territorios por parte de los estados a través de la transnacionales, mineras, petroleras, gasíferas, forestales, todo lo que implica la entrega de recursos naturales”. La comunidad de Manchinatza Alto, en El Pangui, Zamora Chinchipe se opone a la construcción de una planta hidroeléctrica que beneficiará a la empresa minera ECSA. Manifestaciones de la Feue en Guayaquil contra ley de educación superior y por libertad del dirigente de la Feue nacional, Marcelo Rivera sobre quien pesaba un juicio por terrorismo tras una agresión al rector de la UC, Samaniego; que se cumpla la gratuidad de la educación, que se entreguen recursos a la Universidad y que se libere al estudiante detenido tras protestas anteriores.

En abril, se inicia marcha del agua desde Cuenca con la unidad de Conaie, Feine y Fenocin; protestas en varios puntos de la sierra. “No queremos que el gobierno administre todo. Hay que conformar un Consejo Plurinacional, hay que proteger las vertientes y los páramos”, dicen dirigentes indígenas. La Conaie hace un llamado a las organizaciones sociales a unificar sus agendas.

En mayo, organizaciones indígenas y campesinas se manifiestan frente a la Asamblea contra la ley de aguas. Marcha de trabajadores de la salud por nuevo contrato colectivo. Marcha de estudiantes del sur de Quito por incremento de precios de pan y leche. Centenares de estudiantes y profesores de varias universidades realizan una marcha hasta la sede de la Asamblea Nacional en Quito para expresar sus reparos a la ley de Educación Superior.

En junio, concentración indígena en El Arbolito por 20 años del primer levantamiento. Protestas de la Conaie en Otavalo, en las afueras del local donde se reúne el Alba; son impedidos de ingresar a dejar una carta a Morales y a Chávez; incidentes. Marcha de estudiantes, profesores y autoridades universitarias en rechazo de la ley de educación superior en varias ciudades. Organizaciones campesinas se manifiestan contra el impuesto a las tierras rurales. La UNP critica el tratamiento de la ley de Comunicación. Marcha de maestros en Guayaquil para que se cumpla incremento salarial.

En julio, estudiantes, profesores y personal administrativo de las delegaciones de las universidades realizan una marcha en Quito convocada por el CONESUP para rechazar parte del proyecto de Ley de Educación Superior. Delfín Tenesaca dice que el régimen busca desestabilizar al movimiento indígena con medidas clientelares, como la entrega de bonos de la pobreza, la construcción de casas o la distribución de frecuencias. En La Cocha, un dirigente de la comunidad responde a Correa: defiende la legalidad de la aplicación de la justicia indígena, reconocida en los artículos 56, 57, 83 y 171 de la Constitución, en el convenio 169 de la OIT y en el Código Orgánico de la Función Judicial, y explica que no se ha secuestrado a nadie, que el látigo significa dar fuerza, la ortiga se usa para sacar las maldades, y el agua para purificar: dirigiéndose a Correa, dice: “Basta, basta, señor Presidente, los insultos al pueblo indio, cuando le habla al indio, incapaces, indios salvajes”. Indígenas de comunidades otavaleñas interrumpen vía en protesta por construcción de carretera que afectaría fuentes de agua. Decenas de personas se manifiestan frente al recinto ferial de La Concordia, donde el presidente Correa participaba en un acto político; rechazan la anexión de La Concordia a Santo Domingo y llevan banderas de Esmeraldas. Trabajadores del León Becerra protestan por problemas financieros del hospital. Asamblea campesina en Sucumbíos rechaza impuesto a predios rurales.

En agosto, campesinos de la comuna El Chobo contra represa del proyecto multipropósito Chone.

Protestas de la UNE en Quito y Guayaquil por aumentos salariales. Trabajadores del Ministerio de Agricultura se toman los bajos del edificio en Guayaquil para exigir el cambio a otro edificio. El sindicato único de trabajadores del hospital neumológico León Valenzuela, de Guayaquil, denuncia falta de presupuesto en esa casa de salud a causa de malos manejos de los fondos. La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, reunida en Guayaquil, rechaza el proyecto de ley de Educación Superior.

En septiembre, en Guayaquil la FEUE realiza una marcha en rechazo al veto del Ejecutivo a la Ley de Educación Superior; dicen que el veto elimina la autonomía de los centros. Alumnos, profesores y empleados de la Universidad Central realizan una marcha pacífica para expresar su opinión sobre el veto a la LOES. Un nutrido grupo de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades del país realizan una marcha hacia el palacio de gobierno para expresar su oposición a la ley de Educación Superior. La FEUE de Guayaquil anuncia, el 29, un paro de 8 horas para el próximo lunes, para rechazar la ley de educación superior. Maestros impagos protestan en el centro de Esmeraldas. La UNE protesta en Quito y Guayaquil porque no se hace efectivo el incremento salarial. Grupos de profesores afiliados a la UNE irrumpen en la sala de sesiones acusando al presidente de la Asamblea de permitir el ingreso únicamente a maestros pertenecientes a Alianza Pais.

Trabajadores públicos, entre ellos petroleros, de la salud, municipales y de consejos provinciales realizan una marcha hasta la sede de la Asamblea Nacional para exigir que los asambleístas se ratifiquen en el texto original de la ley orgánica de Servicios Públicos; rechazan el veto enviado por el presidente Correa. El directorio de la Federación Médica Ecuatoriana anuncia su oposición al veto del presidente Correa a la Ley de Servicio Público, que incrementa la jornada laboral de los médicos de 4 a 8 horas diarias. En Guayaquil se reúnen dirigentes de los trabajadores públicos del país para analizar la respuesta que darán al proyecto de ley de Servicio público; rechazan que las previstas renuncias obligatorias sean canceladas con bonos del Estado y están en desacuerdo con que los trabajadores públicos sean extraídos de la protección del Código de Trabajo. Un numeroso grupo de trabajadores públicos acude a la Asamblea Nacional para expresar su oposición a varios puntos contenidos en el veto enviado por el Ejecutivo a la ley de Servicio Público que, según el gobierno, busca “racionalizar la burocracia”. Trabajadores, estudiantes y comerciantes realizan una marcha de protesta por calles céntricas de Guayaquil para protestar contra las leyes de Educación Superior, de Servicio Público y de Ordenamiento Territorial. La Federación de Enfermeras realiza una manifestación frente al palacio de gobierno para expresar su oposición a la ley de Servicio Público, y pide sensibilidad al régimen ante las condiciones de riesgo que implica su trabajo.

Los mecanismos del disciplinamiento^[ix]

Al analizar las acciones disciplinarias se puede identificar con cierta claridad un conjunto de mecanismos de disciplinamiento que el gobierno ha puesto en marcha para conseguir la docilidad social. A nuestro modo de ver, los principales objetivos subyacentes de toda esta operación son desestabilizar a las organizaciones que llevan adelante luchas sociales y despolitizar la acción social y a la ciudadanía en general.

La aprobación de nuevos instrumentos legales, desde la Constitución hasta los reglamentos, pasando por códigos orgánicos, leyes específicas y decretos. Las nuevas leyes establecen lo que pasa a ser “normal”, pero también lo que es punible y los castigos a que se arriesgan los insumisos.

El desestímulo del uso posible de instituciones formalmente encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos; esas mismas instituciones, al responder negativamente a las peticiones de los grupos afectados, son el vehículo principal para conseguir ese desestímulo.

La clasificación deslegitimadora a través del uso intensivo de acciones estatales de comunicación, desde las sabatinas de Correa hasta las cadenas ordenadas por la SECOM. Con esto, de manera constante el gobierno está construyendo las dicotomías entre lo bueno (aquello que apoya a o es compatible con el proyecto correísta) y lo malo (aquello que lo critica o se le opone).

Las amenazas: estas acciones de comunicación sirven además para anunciar los castigos a que pueden hacerse acreedores los “malos elementos”; se refuerza con la referencia a leyes existentes o por aprobarse, y adquieren mayor fuerza cuando son pronunciadas por Correa, y no sólo por la imagen que se tiene de él, sino porque la experiencia ha mostrado que las amenazas de Correa son convertidas en acciones punitivas por cualquiera de sus subordinados. De esta manera se busca inhibir las acciones de los oponentes o de quienes pudieran sentirse tentados a serlo.

Las denuncias penales en contra de dirigentes de organizaciones sociales y de personas que participan en movilizaciones de protesta. Las denuncias pueden ser hechas por gobernadores u otros funcionarios, muchas veces indicadas ya por Correa en sus sabatinas. Los tipos penales aludidos han sido terrorismo, sabotaje, rebelión contra el Estado, interrupción de servicios públicos, etc., todo ellos penados hasta con varios años de cárcel.

Las indagaciones de la Fiscalía, igualmente tras pedidos formales de funcionarios o después de alguna sabatina.

La aplicación sistemática de mecanismos de control y espionaje, desde la utilización de tecnologías para controlar el trabajo hasta el espionaje de organizaciones sociales, sus movilizaciones y sus dirigentes.

La represión policial y militar, generalmente sobre movilizaciones, pero que ha sido utilizada también en el despidos de trabajadores públicos.

Actos administrativos que muestran la expansión de microcódigos punitivos para generar una red jerarquizada de castigos y sanciones que se despliega sobre la sociedad. Aquí se ubican los sumarios administrativos contra trabajadores y estudiantes que participan en movilizaciones, las destituciones de rectores que no impidieron las manifestaciones, los “procesos disciplinarios”, las amenazas de quitarles los locales a las organizaciones que protestas, la aprobación de reglamentos y decretos que permiten, obligan y castigan las acciones sociales organizadas (como el decreto 16), y la disolución de organizaciones como resultado de la aplicación de tales normas.

Controlar, amenazar y sancionar a instituciones que apoyan a las organizaciones movilizadas: por ejemplo, todo el ataque a las ONG fue justificado con el argumento de que “financiaban” actividades de la Conaie.

En el caso de los trabajadores públicos han jugado un rol destacado los despidos, selectivos unos, afectando sobre todo a dirigentes sindicales, masivos otros, recayendo indiscriminadamente sobre la masa de trabajadores. En ambos casos, tiene un doble efecto: deshacerse de personas capaces de articular protestas y causar temor entre quienes aún conservan el empleo.

Rebajar el campo de acción de las garantías y los derechos reconocidos, claramente en el caso de la participación, cada vez más reducida a una ritualidad de legitimación de las acciones estatales: el carácter no vinculante de las consultas, las referencias presidenciales al “abuso” de la revocatoria de los mandatos, las críticas de Correa a una Constitución “hipergarantista”, etc.

Imposición de castigos no establecidos legalmente, que refuerzan el carácter punitivo del poder disciplinario. Fue el caso, por ejemplo, cuando Correa afirmó que el incremento salarial a los maestros “se retrasó” a causa de una manifestación de la UNE en la Asamblea.

La vinculación de los castigos con premios y agrados. Como ya habíamos mencionado, estos “premios” pueden favorecer incluso a los mismos grupos a los que se castiga (por ejemplo, incrementos salariales a los trabajadores públicas mientras se despiden dirigentes, se limitan las organizaciones, se los desprestigia pública); pero, por lo general, han beneficiado a sectores diferentes, generando condiciones de enfrentamiento entre ellos (por ejemplo, cuando se amenazaba con quitarle el local a la Conaie para que pueda ser utilizado por “todos” los pueblos).

La utilización de la población para cumplir funciones de policía: la población es puesta como “testigo” de las “malas” acciones de ciertos actores u organizaciones, es llamada a “estar alerta” de sus acciones reales o imaginadas, y finalmente a “levantarse” contra ellos.

Una brevísima conclusión

El gobierno de Correa ha desplegado grandes esfuerzos y recursos para disciplinar a la sociedad. ¿Para qué? Para volverla nuevamente dócil ante la dominación, para limitar y anular la capacidad de convertirse en sujetos autónomos, para tornarla funcional (como trabajadora y como consumidora) a la modernización capitalista. El disciplinamiento se convierte así en una suerte de función autoritaria de la modernización y actúa tanto en el nivel de las conciencias como en el de las condiciones materiales de existencia, tanto en el plano de la organización social y en el de las movilizaciones, como en el del trabajo y la vida cotidiana.

Bibliografía

Anderson, Perry (1971): Las antinomias de Antonio Gramsci, Fontamara, Barcelona

Bourdieu, Pierre (1999). “Violencia simbólica y luchas políticas” en Meditaciones pascalianas, pp.217-251. Barcelona: Editorial Anagrama

Dávalos, Pablo (2010). La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina, CODEU, Quito

Foucault, Michel (2002): Vigilar y castigar, Siglo XXI, Buenos Aires

Foucault, Michel (1998): “El sujeto y el poder”; en: http://terceridad.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Foucault-M.-El-sujeto-y-el-poder.pdf

Gramsci, Antonio (1975): Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno, Juan Pablos Editores, México

Gramsci, Antonio: “El cesarismo”, usualmente incluido en el volumen 1 de los Cuadernos de la Cárcel, Notas sobre Maquievelo, sobre la política y sobre el Estado moderno (varias ediciones. Nosotros hemos consultado el texto disponible en www.gramsci.org.ar) [Gramsci (1975)].

Gramsci, Antonio (s.f.): Notas críticas sobre una tentativa de “Ensayo popular de sociología”; en: http://www.gramsci.org.ar/TOMO1/51_criticaensayopopularsociolog%C3%ADa.htm

Marx, Carlos (s.f.): El 18 brumario de Luis Bonaparte, Ere, Quito.

Ospina, Pablo (2013). “La revolución ciudadana en Ecuador: conflicto social, régimen disciplinario y proyecto de Estado”; en: Varios autores: El correísmo al desnudo, Montecristi Vive, Quito.

Quintero López, Rafael y Erika Sylva Charvet: “Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el putch del 30 de septiembre del 2010”; en: Varios Autores: 30-S la contrarrevolución, Ministerio Coordinador de la Política, Quito, 2011

Ramos Mario y Páez Alexei. “El magnicidio perfecto: Análisis de la crisis del 30 de septiembre del 2010”; en: Varios Autores: 30-S la contrarrevolución, Ministerio Coordinador de la Política, Quito, 2011

Varios autores: Fuego a discreción, Quito, 2011

Zavaleta, René (2009). La autodeterminación de las masas. Buenos Aires, Clacso.

Videos

Concheiro, Elvira (2011): Gramsci: Lucha de masas; en: www.youtube.com/watch?v=2gNU9yPAMeY

Modonesi, Massimo (2011): Gramsci: Subalternidad; en: http://www.youtube.com/watch?v=1-VQ7tThd3U

[i]  Dejemos señalado, para evitar confusiones, que ese es el sentido de las referencias a la hegemonía que incluimos en los subtítulos es esta parte del trabajo.

ii La referencia es a los Cuadernos de la Cárcel, redactados por Gramsci mientras estuvo detenido por el régimen fascista de Mussolini entre 1926 y 1934, 3 años antes de su fallecimiento. En castellano circulan básicamente dos versiones: una temática, siguiendo la edición italiana de Einaudi (la más cuidada es la de Juan Pablos Editor, publicada en los años 70); posteriormente salió a la luz una edición cronológica (publicada por Ediciones Era). Los temas tratados aquí, aunque dispersos en los diversos volúmenes publicados, se encuentran reunidos sobre todo en el publicado con el nombre de Notas sobre Maquiavelo (Gramsci, 1975); excepto cuando se mencione lo contrario, las referencias son a los textos de Gramsci.

[iii] El concepto de “poder disciplinario” para caracterizar al correísmo ha sido utilizado, entre otros, por Pablo Ospina (2013) y por Pablo Dávalos (2010).

[iv] Varios Autores: 30-S la contrarrevolución, Ministerio Coordinador de la Política, Quito, 2011. Entre los textos allí incluidos: Mario Ramos y Alexei Páez: “El magnicidio perfecto: Análisis de la crisis del 30 de septiembre del 2010” (publicado originalmente por el Centro Andino de Estudios Estratégicos CENAE); Rafael Quintero López y Erika Sylva Charvet: “Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el putch del 30 de septiembre del 2010”. Esos intentos han sido llevados al ámbito judicial; lo último, el informe final de la comisión creada por el gobierno (p. e.: El Ciudadano, 15 de junio de 2014, p. 7), lo que no ha hecho más que reavivar la polémica.

[v] Por ejemplo: Varios autores: Fuego a discreción, Quito, 2011.

[vi] La información sobre los conflictos ha sido tomada de la base de datos del Observatorio Social de América Latina (Osal) (http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=esp). Esa información la procesamos tomando en cuenta, sobre todo, los conflictos que involucraban a los actores sociales que desarrollaron importantes movilizaciones en los momentos previos al 30 de septiembre, y que han sido señalados por el discurso oficial como parte de aquella supuesta “conspiración”, con el objeto de precisar la lógica de esas movilizaciones. Adicionalmente ubicamos las acciones gubernamentales que pueden ser interpretadas como componentes de la construcción de un poder disciplinario (Ver anexos).

[vii] En esta parte del trabajo abordaremos los modos contenidos de las acciones disciplinarias desplegadas por el gobierno entre enero y septiembre de 2010, justo hasta la víspera del 30 de septiembre. Dividimos la acción disciplinaria en tipos, según el contenido y los actores involucrados, y en cada tipo incluimos primero una breve caracterización y luego la secuencia de acciones; para una lectura más cómoda, podrían omitirse todos los hechos presentados, pero la revisión de algunos de ellos sirve como ejemplo de las características y contenidos encontrados.

[viii] Una de las acepciones del verbo “reducir” es, justamente, “Sujetar a la obediencia a quienes se habían separado de ella” (http://lema.rae.es/drae/?val=reducir).

[ix] Es verdad: la palabra “disciplinamiento” no está reconocida por la Real Academia, pero nos permitimos utilizarla como una suerte de neologismo pensando que la relación entre disciplinar y disciplinamiento es la misma que la que existe entre conocer y conocimiento

i Dejemos señalado, para evitar confusiones, que ese es el sentido de las referencias a la hegemonía que incluimos en los subtítulos es esta parte del trabajo.
ii La referencia es a los Cuadernos de la Cárcel, redactados por Gramsci mientras estuvo detenido por el régimen fascista de Mussolini entre 1926 y 1934, 3 años antes de su fallecimiento. En castellano circulan básicamente dos versiones: una temática, siguiendo la edición italiana de Einaudi (la más cuidada es la de Juan Pablos Editor, publicada en los años 70); posteriormente salió a la luz una edición cronológica (publicada por Ediciones Era). Los temas tratados aquí, aunque dispersos en los diversos volúmenes publicados, se encuentran reunidos sobre todo en el publicado con el nombre de Notas sobre Maquiavelo (Gramsci, 1975); excepto cuando se mencione lo contrario, las referencias son a los textos de Gramsci.
iii El concepto de “poder disciplinario” para caracterizar al correísmo ha sido utilizado, entre otros, por Pablo Ospina (2013) y por Pablo Dávalos (2010).
Varios Autores: 30-S la contrarrevolución, Ministerio Coordinador de la Política, Quito, 2011. Entre los textos allí incluidos: Mario Ramos y Alexei Páez: “El magnicidio perfecto: Análisis de la crisis del 30 de septiembre del 2010” (publicado originalmente por el Centro Andino de Estudios Estratégicos CENAE); Rafael Quintero López y Erika Sylva Charvet: “Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el putch del 30 de septiembre del 2010”. Esos intentos han sido llevados al ámbito judicial; lo último, el informe final de la comisión creada por el gobierno (p. e.: El Ciudadano, 15 de junio de 2014, p. 7), lo que no ha hecho más que reavivar la polémica.
Por ejemplo: Varios autores: Fuego a discreción, Quito, 2011.
La información sobre los conflictos ha sido tomada de la base de datos del Observatorio Social de América Latina (Osal) (http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=esp). Esa información la procesamos tomando en cuenta, sobre todo, los conflictos que involucraban a los actores sociales que desarrollaron importantes movilizaciones en los momentos previos al 30 de septiembre, y que han sido señalados por el discurso oficial como parte de aquella supuesta “conspiración”, con el objeto de precisar la lógica de esas movilizaciones. Adicionalmente ubicamos las acciones gubernamentales que pueden ser interpretadas como componentes de la construcción de un poder disciplinario (Ver anexos).
En esta parte del trabajo abordaremos los modos contenidos de las acciones disciplinarias desplegadas por el gobierno entre enero y septiembre de 2010, justo hasta la víspera del 30 de septiembre. Dividimos la acción disciplinaria en tipos, según el contenido y los actores involucrados, y en cada tipo incluimos primero una breve caracterización y luego la secuencia de acciones; para una lectura más cómoda, podrían omitirse todos los hechos presentados, pero la revisión de algunos de ellos sirve como ejemplo de las características y contenidos encontrados.
Una de las acepciones del verbo “reducir” es, justamente, “Sujetar a la obediencia a quienes se habían separado de ella” (http://lema.rae.es/drae/?val=reducir).
Es verdad: la palabra “disciplinamiento” no está reconocida por la Real Academia, pero nos permitimos utilizarla como una suerte de neologismo pensando que la relación entre disciplinar y disciplinamiento es la misma que la que existe entre conocer y conocimiento