08 Mayo 2012
A propósito de la polémica Sarayaku/Estado hay que destacar algunos aspectos: en primer lugar, la relación entre el pueblo Sarayaku y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta data de 2003 cuando la CIDH dictó medidas cautelares en favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad que fueron afectados por la extracción petrolera y el estado de violencia promovido por la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y el Estado ecuatoriano en el bloque 23. Dicho bloque fue concesionado en 1996 a la transnacional sin consulta previa, ya que el Gobierno de Durán-Ballén levantó como tesis la modernización del Estado y la correspondiente privatización de los sectores estratégicos (petróleo, hidroeléctricas, etc.) y sociales (el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). En este sentido, la fórmula para alcanzar el desarrollo era mantener un Estado reducido que encaminara la acumulación de capital.
Bajo esta lógica, varias fueron las incursiones de los paramilitares financiados por la transnacional argentina y apoyados por el Estado ecuatoriano para, mediante el uso de la coerción, usurpar el territorio del pueblo Sarayaku y ejecutar su actividad extractiva con el resguardo del ejército. Esto trajo como consecuencia la destrucción sistemática del ecosistema, el desplazamiento de la población a los denominados Campos de Paz y Vida que se levantaron en medio de la selva, y el impedimento de transitar por el río Bobonaza hacia el Puyo.
Segundo, ¿Por qué Sarayaku y no otro lugar para refugiarse? Una década después, Cléver Jiménez, exasambleísta de Pachacutik, Fernando Villavicencio, exasesor de Jiménez, y Carlos Figueroa, miembro de la Federación Médica Ecuatoriana, pidieron a la CIDH dictar medidas cautelares luego de la sentencia de la jueza Lucy Blacio en favor del Presidente Correa, quien acusó a ,los tres opositores de injurias por manifestar que él (Rafael Correa) supuestamente ordenó la incursión armada al Hospital de la Policía para su rescate, el 30 de septiembre del 2010. El máximo organismo de derechos humanos se pronunció en favor de quienes- hasta hace unos días- se encontraban bajo la protección de la comunidad Sarayaku .
Es decir, los opositores al Presidente Correa se refugiaron en la misma comunidad donde hace diez años atrás la CIDH, cuestionada por el actual Gobierno por sus informes en materia de derechos humanos y libertad de expresión, dictó medidas cautelares. Las mismas que fueron acatadas por la Revolución Ciudadana, a través del exMinistro de Justicia, Lenin Lara, quien ofreció la disculpa al pueblo Sarayaku en una cadena nacional de radio y televisión , en noviembre de 2013.
En este sentido, otro aspecto es la relación asimétrica entre Sarayaku y el Gobierno de Correa, es decir, desde la lógica del poder, la comunidad no estuvo“al mismo nivel” del Presidente para que éste se disculpe-in situ- en nombre del Estado. De esta manera, frente al re-conocimiento verbal del exMinistro de Justicia por las violaciones a los derechos humanos realizadas por la empresa CGC y avaladas por el Estado, se erigió el des-conocimiento del Presidente Correa- en territorio- de los testimonios y realidades de los pobladores; es así como la disculpa perdió valor simbólico y político.
Finalmente, la relación Sarayaku/Estado está marcada por tres momentos: el primero inicia a mediados de los 90 hasta los primeros años del 2000 y se caracteriza por el uso de la coerción y la violencia de la transnacional CGC, con el aval del Estado, contra la comunidad Sarayaku; un segundo momento que arranca luego de la primera década del 2000 y que tiene su clímax en 2013, se caracteriza por el des-conocimiento del Estado, in situ, de la realidad del otro (el pueblo Sarayaku), visto como diferente e inferior desde la lógica del Gobierno de turno; un tercer momento manifiesta el uso simbólico del amedrentamiento, por parte del Estado, a través del Gobierno del Presidente Correa para mantener vigente- en la memoria histórica de la población- la imagen de la coerción y la violencia que se vivió a mediados de los noventa y la primera década del 2000.
Es decir, entre los sobrevuelos de los helicópteros de las Fuerzas Armadas , las incursiones militares, las palabras del Presidente Correa sobre “las graves consecuencias” para el pueblo Sarayaku por la decisión de proteger a los opositores al régimen, y las acciones del Estado a mediados de los 90 y la primera década del 2000,“en la larga y triste noche neoliberal”, no hay diferencia.
Por el contrario, las divergencias entre el pueblo Sarayaku y el Estado se acentúan, ya que frente a la premisa del Presidente Correa de salir del extractivismo con más extractivismo, el pueblo Sarayaku hace prevalecer su visión de plurinacionalidad que busca la protección de sus recursos. naturales,costumbres y tradiciones.Así como también, abogar por el derecho del pueblo a disfrutar de territorios libres de explotación e inversiónpetrolera.
