Ecuador sigue padeciendo las secuelas de la “enfermedad holandesa” que se generó entre los años 2011 a 2014, cuando los precios del petróleo en los mercados internacionales superaron los USD 100 por barril. En este periodo, las exportaciones de petróleo y derivados sumaron USD 54.146 millones, hecho inédito en la historia económica del país.
La “enfermedad holandesa” se presenta cuando una nación empieza a explotar y exportar recursos naturales que se constituyen en un “boom” por la cantidad de recursos monetarios que ingresan a la economía, pero al mismo tiempo generan efectos colaterales: apreciación de la moneda, crecimiento desproporcionado del gasto público, incremento de los precios de los bienes y servicios que a la postre pierden competitividad tanto en el mercado interno como en los internacionales.
La manufactura en recesión
En el país, la “enfermedad holandesa”, la crónica corrupción galopante, la presencia del fenómeno de El Niño, la desaceleración económica de China, la evasión/elusión tributaria y el excesivo gasto público corriente fueron componentes de un coctel explosivo que derivó en el estancamiento y la recesión de la economía entre 2015 y 2016, que registraron tasas de crecimiento de 0,1% y de -1,2%, respectivamente (BCE, 2019). La recesión de la economía, a su vez, generó un aumento sustancial de los niveles de desempleo y subempleo, así como de la pobreza y extrema pobreza.
La manufactura, donde se genera mayor valor agregado y fuentes de empleo, en el mismo periodo, registró una contracción de 0,4% y 2,6% respectivamente. En 2019, se prevé que la manufactura entrará nuevamente en recesión con una tasa negativa de crecimiento de 0,9%. El sector de la construcción, igualmente, tuvo tasas de negativas de crecimiento entre 2015 y 2017 de 0,8%, 5,8% y 4,4%, en su orden. En 2018 y 2019, se estima que las actividades de éste sector se van a mantener estancadas, con tasas de crecimiento anémicas de 0,2% y 0,4%, respectivamente.
La contribución de la manufactura al PIB en 2013 era de 12,6% y en 2019 se estima que se sitúe en 13,2% (Ibidem). Un gran número de empresarios de los sectores de calzado, muebles, textiles, ensambladoras de vehículos, entre otros, derivaron a actividades de importación, ya que era más rentable importar bienes que producir localmente.
En Ecuador los precios de los bienes y servicios son de los más altos en el contexto de América Latina, lo que provocó que segmentos de la población salieran masivamente a realizar compras, especialmente de alimentos, prendas de vestir, artículos electrónicos en Colombia, Perú, Panamá o Miami; con la consecuente salida de divisas.
Las ofertas de campaña se quedaron en el camino
El gobierno de Lenín Moreno que reemplazó al régimen de la “revolución ciudadana” dio un giro inesperado en la orientación de política económica, las propuestas de campaña electoral fueron sepultadas definitivamente.
El mandatario en la campaña se comprometió a generar 200.000 plazas de trabajo anuales para el resurgimiento de la economía; construir 325.000 nuevas viviendas que generarían más de 136 mil empleos por año y entregar casas sin costo alguno para 191 mil familias más pobres; conceder créditos preferenciales para jóvenes emprendedores y empresarios que se desarrollen en “sectores estratégicos”; pedir ayuda a la ONU para combatir la corrupción”.
En el sector petrolero, el presidente Moreno en plena campaña electoral manifestó: “A veces nos dicen que no hay que hacer la Refinería del Pacífico. ¡Estamos locos!… Existe una potencialidad extraordinaria para poder dejar de ser importador de derivados y poder exportar al mundo todos los componentes del petróleo” (El Comercio, 2016).
El añejo objetivo de industrializar el crudo ecuatoriano, de darle mayor valor agregado, una vez más se convirtió en una quimera, sobre los terrenos aplanados se prevé construir un proyecto denominado “ciudad alimentaria” para producir maíz, soya y camarón y una planta de paneles solares para generar 200 megavatios.
El Ejecutivo se adelantó con medidas de ajuste
El primer mandatario formuló como eje central de su política que el sector privado se va a erigir en el “motor de la economía”, sistemáticamente se redujeron las inversiones del sector público y, como consecuencia de ello, paradójicamente se empezó a desacelerar el crecimiento de la economía. En el marco de la nueva política se nombraron a dirigentes o figuras relevantes del sector empresarial en las carteras de economía, comercio, industrias, turismo, trabajo, vicepresidencia. Luego, ciertos ministerios se fusionaron, como Comercio, Acuacultura e Industrias.
De las propuestas que hacían las élites empresariales para reactivar la economía pasaron a los hechos. Se aprobó la Ley de Fomento Productivo, donde se exoneró del pago de multas, intereses y recargos a los deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuadr (Senae), beneficiando especialmente a los grandes grupos económicos y filiales de empresas multinacionales. Se estableció diversos tipos de exoneraciones y/o reducciones del impuesto a la renta en determinadas zonas del país para incentivar nuevas inversiones.
Poco tiempo después, se incrementó los precios de la gasolina Extra, Super, Ecopaís con el propósito de recaudar mayores recursos para reducir del déficit presupuestario y, en contrapartida, bajar los subsidios del Estado. No obstante, simultáneamente se establecieron nuevos subsidios, verbigracia a los taxistas. El conjunto de medidas ejecutadas se orientaba a crear las condiciones favorables para la suscripción de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿La “única opción” el programa de rescate con el FMI?
Analistas económicos especialmente ortodoxos y los gremios empresariales encomiaban la necesidad de acudir al FMI para conseguir créditos baratos y así poner en orden las finanzas públicas, dado que el gobierno no tomaba medidas suficientes para reactivar la economía. En la visión del equipo económico del gobierno la “única opción” que le quedaba era acudir al FMI puesto que el riesgo país era sumamente elevado y los mercados internacionales cobraban tasas de interés sustancialmente mayores.
La Carta de Intención, décima novena, suscrito por el Ministro de Economía y Finanzas y la Gerente General del Banco Central, 1 de marzo de 2019, dirigida a Christine Legarde, directora gerente del FMI, describe el programa de políticas públicas que se va a ejecutar para los próximos tres años, cuyos objetivos son: reforzar el sistema de dolarización, incrementar los niveles de vida de los ciudadanos más vulnerables, fortalecer la competitividad y la creación de empleo. En la línea de alcanzar los objetivos, el “gobierno de todos” se compromete a las siguientes políticas y metas:
- Bajar la relación deuda/PIB de 46% en 2018 a menos del 40% del PIB en 2021, aunque el FMI establece como meta el 30%. El FMI aprobó un préstamo de USD 4.200 millones, cuyos desembolsos se realizarán en un periodo de tres años, previo a la verificación del cumplimiento de las metas establecidas.
A más de los créditos del FMI, hay que agregar los préstamos de USD 6.000 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo de Reserva Latinoamericano (FLAR) y el Banco Mundial (BM), así como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones USD 380 millones, el Fondo Latinoamericano de Reservas USD 280 millones y la Agencia Francesa de Desarrollo USD 150 millones (DW, 2019).
Hasta el año anterior, se estimaba que la deuda pública, incluyendo las preventas de petróleo, representaba más del 60% del PIB y si a ello se suma la nueva deuda que se prevé contratar con los organismos multilaterales, más de USD 10.000 millones, las obligaciones financieras van a estar por encima del 70% del PIB, y concomitantemente el gasto público se va a incrementar exponencialmente por concepto del pago de amortizaciones e intereses, con efectos contrarios a lo que se pretende alcanzar. En estas condiciones, va a ser poco probable que se alcance la meta de la relación deuda/PIB del 40%.
- Reducción de la masa salarial del sector público. Se prevé renovar únicamente uno de cada dos contratos y armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado, cuyos niveles en promedio son más bajos. Esta medida implica el desenrolamiento de miles de empleados del Estado que incrementará los niveles de desempleo y subempleo. Además menores aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- Disminución de los subsidios a los combustibles a través de la normalización de los precios del diésel de uso industrial, se estima que no tendrá impacto sobre los niveles de precios para los consumidores. Sin embargo, el incremento del precio de diésel del uso industrial no lo van a absorber las empresas, sino que lo van a trasladar a los precios de los bienes generados, es decir, volviendo menos competitivos los productos nacionales.
- Actualizar las tarifas por servicios de entidades públicas al ciudadano para que reflejen con mayor exactitud los costos y los mercados a los que atienden. Este objetivo significa incrementar las tarifas de los servicios básicos de luz, teléfonos, internet, entre otros. Igualmente, significará el incremento de precios de los bienes y servicios y consecuentemente su menor competitividad.
- Monetizar los activos del Estado que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados. Esta es una medida que se lo ha venido anunciando reiteradamente por parte del consejero del primer mandatario, implica concesionar Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNE), Seguros Sucre, el proyecto Monteverde, las empresas eléctricas, hasta diciembre de 2019, y otras empresas públicas, las más grandes y rentables, a partir de 2020, aunque por disposición constitucional no se puede privatizar las empresas estratégicas del Estado.
- Crear un sistema financiero más competitivo. En esta dirección, se pretende mejorar las políticas de tasas de interés para promover el ahorro, la inversión y la producción mediante una política de flotación de las tasas de interés. La ejecución de esta medida, también, va a incrementar los costos de producción de los bienes y servicios nacionales, volviéndolos menos competitivos frente a los importados. En el gobierno de Jamil Mahuad estuvo vigente la flotación de las tasas de interés que llegaron a ubicarse sobre el 50% y derivó en la congelación de los depósitos del público y en el colapso de la mayor parte de las instituciones financieras.
- Realizar la reforma tributaria en coordinación con el personal del FMI, que tendrá como objetivos ampliar la base impositiva, eliminar exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias, pasando de los impuestos directos a los indirectos, orientada a aumentar los ingresos de 1,5 a 2,0% en 2021. Los empresarios reiteradamente se han quejado amargamente de que en el país existe una elevada carga tributaria y han exigido la eliminación del impuesto a la salida de divisas y del anticipo del impuesto a la renta. Bajo esta consideración, se infiere que no se va a subir el impuesto a la renta que pagan las empresas sino el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan todos los ecuatorianos.
En la Carta de Intención del gobierno nacional se manifiesta que la administración está empeñada en restaurar la competitividad internacional de la economía y promover un crecimiento liderado por el sector privado. No obstante, en el documento del análisis de la economía del FMI proyecta que el aparato productivo entrará en recesión en 2019, con una tasa negativa de crecimiento de 0,5% y que el desempleo crecerá a 4,3% en este año y 4,7% en 2020. Amén, del crecimiento del subempleo y los niveles de la pobreza.
En lo fundamental son las mismas medidas que se han aplicado en el país a través de 19 cartas de intención: eliminar o reducir subsidios a los combustibles, incrementar las tarifas de los servicios básicos, flexibilidad laboral y reducción de la masa salarial, incremento de impuestos indirectos que afectan a toda la población, agresivo endeudamiento, flotación de las tasas de interés. La implementación de estas políticas va a contribuir a incrementar los precios de los bienes y servicios en el país que actualmente es uno de los más caros en el contexto de América Latina. Deliberadamente en la Carta de Intención no se menciona nada sobre la gigantesca deuda que tienen los deudores con el SRI e IESS.
¿El sector privado motor de la economía?
Las políticas que promueve el FMI son recesivas, bajar los gastos, especialmente los de inversión en obras de infraestructura -como ya se lo ha venido haciendo- no van a ser compensadas con las inversiones del sector privado. Los gremios empresariales se comprometieron ante el país a invertir USD 9.000 millones, más de 2.000 millones por año, pero hasta la presente fecha no se ha evidenciado esas inversiones.
Los economistas ortodoxos y las élites empresariales sostienen que la intervención del Estado en la economía es la fuente de todos los males, lo cual es un sofisma. En 2018, dentro de la balanza comercial, la balanza petrolera, en su mayor parte pública, registró un superávit de USD 4.444 millones, en tanto que la balanza no petrolera, básicamente privada, registró un déficit de USD 4.958 millones, esto es, el sector privado importa muchísimo más de lo que exporta, salen más dólares de los que ingresan al país.
Según el presupuesto general del Estado devengado a noviembre de 2018, los ingresos por concepto de impuesto a la renta fueron de USD 3.858 millones y los ingresos por exportaciones petroleras alcanzaron USD 1.987 millones, equivalente al 21,5% y 11,1% del total de gastos, respectivamente. De las cifras se infiere que el aporte de los recursos generados por el sector público es importante para las actividades que se realizan a través de presupuesto del Estado (BCE, 2019). En otras palabras, el aporte del impuesto a la renta que incluye personas naturales y empresas privadas es realmente bajo comparado con otros países de América Latina.
Las secuelas del programa de rescate en Argentina
El presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral ofreció una Argentina con pobreza cero y para lograrlo se comprometió a poner el país en “marcha”, en dos años bajar la inflación a menos del 10%, crear un millón y medio de empleos privados, que no serán necesarios los ajustes económicos porque creía en la “expansión de la economía”, creación de un millón de créditos para la vivienda a pagar en 30 años (DW, 2015).
Sin embargo, Argentina, en 2018, solicitó un plan de rescate al FMI por USD 57.000 millones, el vigésimo programa de ajuste, para evitar la fuga de capitales, la depreciación de la moneda y la inflación galopante, entre otras cosas. En el marco del acuerdo con el FMI el senado argentino aprobó el presupuesto para el año 2019, donde se establece como meta un déficit fiscal de 1,2% del PIB y alcanzar un superávit primario en 2020, así como incluye una estimación de la recesión de 1,5% en 2018 y de 0,5% en 2019 (El País, 2018).
El gobierno de Mauricio Macri, en el marco del acuerdo de asistencia financiera con el FMI, estableció la flotación del peso con una banda entre 38,7 y 50,2 pesos por dólar. Luego de los desembolsos realizados por el organismo multilateral, las tasas de interés superan el 67% y las tasas pasivas el 40% -una de las más altas del mundo-, el tipo de cambio se sitúa en 43 pesos por dólar, la inflación registra más del 50% anual, la deuda externa alcanza cerca del 100% del PIB y la economía se contrajo en 2,6% en 2018, más de lo proyectado por el FMI (El País, 2019).
A fines de 2018, el desempleo se situó en 9% de la población, esto es, cuatro millones de personas; el 32% de la población urbana se ubicó bajo la línea de pobreza, registrando un crecimiento de más de seis puntos con respecto a 2017 y la indigencia afecta al 6,7% de la población”
El programa de rescate del FMI podría desestabilizar el esquema de la dolarización
Las élites empresariales, especialmente del sector manufacturero, no fueron capaces de innovar los procesos productivos, incrementar la productividad, generar productos de calidad y conseguir nuevos mercados tanto nacionales como internacionales para sus productos, como consecuencia de ello el sector manufacturero se halla en una recesión prolongada.
De igual manera, los representantes de los sectores empresariales en el Ejecutivo no han sido capaces de elaborar un programa viable para reactivar la economía, por esta razón han tenido que golpear las puertas del FMI para conseguir financiamiento. En estas condiciones, es poco probable que el sector privado se constituya en el “motor de la economía”.
Si se sigue con la política de austeridad fiscal y las reformas estructurales que prevé la Carta de Intención, el agresivo endeudamiento externo que crece como una bola de nieve, los altos niveles de corrupción generalizada que siguen en la impunidad, los elevados porcentajes de evasión tributaria, el creciente endeudamiento tanto de personas naturales como de empresas con el SRI e IESS, la incesante salida de capitales a paraísos fiscales -se estima que en esos países hay depositados USD 40.000 millones-, todos estos elementos pueden constituirse en un coctel explosivo letal que podría derivar en un default a mediano plazo y poner en riesgo el esquema de la dolarización, con consecuencias políticas y sociales de impredecibles consecuencias.
¿Existe alternativas al programa de austeridad fiscal del FMI?
En la línea de plantear una alternativa al programa de ajuste del organismo multilateral, se formulan algunas propuestas siempre y cuando haya la voluntad política para implementarlas, aunque dada la integración de las autoridades de las funciones del Estado puede ser poco viable:
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 12, establece:
“Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.
En el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se debe publicar las listas de todos los contribuyentes deudores del SRI, IESS, entre otras instituciones. Bajo el supuesto de fomentar las inversiones no se puede mantener en reserva el registro de contribuyentes morosos, especialmente de los grupos económicos y de filiales de empresas multinacionales.
El SRI, en 2018, publicó las listas de 1.000 contribuyentes tanto de personas naturales como jurídicas, que tenían deudas en firme (en proceso de cobro) y que habían sido impugnadas (estaban a la espera de resolución o sentencia), cuyas obligaciones en conjunto sumaban USD 4.263 millones. Sin embargo, en las listas no se incluyeron a los contribuyentes que tenían deudas menores a USD 364.000, por lo que las obligaciones con la institución tributaria eran mucho mayores.
El SRI, con amplia cobertura de los medios de comunicación informó que se acogieron a la Ley que faculta la remisión de intereses, multas y recargos 350.000 contribuyentes por un monto de USD 1.268 millones, de los cuales USD 1.101 millones correspondió a recaudación efectiva y USD 167 millones con facilidades de pago, hasta dos años de plazo. Era de esperar que la deuda de los dos grupos de contribuyentes, después de cinco remisiones -tres generales y dos parciales-, se hubiese reducido a mínimos históricos, pero no fue así.
Al consultar el ranking de deudas en firme a nivel nacional en la página web del SRI (fecha de corte: 15 de marzo de 2019), 500 contribuyentes tienen deudas por un monto de USD 1.315,5 millones, donde se ubica en primer lugar la empresa Bonanza Fruit CO S.A. con una deuda de USD 38,7 millones; seguido de Frutera Jambelí, USD 38,1 millones; Licores de Exportación S.A., USD 17,9 millones; Exportadora Bananera Noboa, USD 16,8 millones; entre otras.
A su vez, el ranking de 500 contribuyentes que tienen deudas impugnadas registra un monto de USD 1.020,3 millones. En el primer lugar se ubica Exportadora Bananera Noboa, con una deuda de USD 61,3 millones; seguido de la Corporación Quiport S.A., USD 47,5 millones; Licores Nacionales y Extranjeros, USD 42,7 millones; Consorcio Bloque 7 y Bloque 21, USD 27,4 millones; Worleyparsons Internacional Inc., USD 21,3 millones; Constructora Norberto Odebrecht, USD 16,5 millones; Herdoiza Crespo Construcciones, USD 13,0 millones; etc.
Las deudas en firme e impugnadas en conjunto suman USD 2.335,8 millones, sin incluir las deudas en firme inferiores a USD 395.000 y en las impugnadas menores a USD 111.000, por lo cual se estima que los contribuyentes tendrían deudas con el SRI por más de USD 3.000 millones. A su vez, según el presidente del Consejo Directivo del IESS, el sector privado tiene una deuda estimada en USD 1.400 millones con la Seguridad Social (El Universo, 2019).
En referencia al IVA
En un mundo globalizado hay que tomar como punto de referencia las experiencias positivas que tienen otros países para recaudar impuestos. En España, la Agencia Tributaria publica periódicamente la lista de deudores que tienen con la Hacienda, conocida también como la lista negra de Hacienda. En junio de 2018, incluía 4.318 contribuyentes que acumulaban una deuda total de 15.300 millones euros. Entre los deudores figuraba Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y Hacienda de España y ex director gerente del FMI, el artista Miguel Bosé, el futbolista Daniel Alves, entre otros (El País, 2018).
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 2017, la tasa de evasión media del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en América Latina se ubicó en 27,8% en 2015, en tanto que en Ecuador llegaba a 31,8%, en términos absolutos era equivalente a USD 2.800 millones. El estudio del organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas señala:
“Por un lado, se encuentra el Uruguay, con la tasa de evasión más baja de la región; luego se halla un grupo de países que exhiben tasas cercanas o superiores al 20% pero inferiores al 30% (como varios países sudamericanos y México), y otro grupo con valores superiores al 30% (como los países de Centroamérica, el Ecuador y el Paraguay)”.
Las funciones del Estado, Ejecutiva y Legislativa, deben reformar el Código Orgánico Tributario con el propósito de reducir radicalmente los niveles de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se debe establecer penas mayores, incluido a los que tienen empresas de papel en paraísos fiscales. En Argentina, por ejemplo, “… se incluyeron medidas contra la evasión: se modificó el Régimen Penal Tributario y se aumentaron las penas por evasión, garantizando la prisión efectiva en la mayoría de casos.” (CEPAL, 2018).
Según el SRI, entre el 2010 y 2016, a escala nacional identificó 512 empresas fantasmas domiciliadas especialmente en Guayas, Pichincha y El Oro, que reportaron ventas con facturas falsas por USD 2.129 millones que causó al fisco un perjuicio de USD 655 millones, de los cuales se logró recuperar USD 367 millones, unas 15.700 personas y empresas se beneficiaron de los servicios ilegales (El Comercio, 2017). Luego, no se llegó a conocer si el SRI consiguió recuperar la diferencia faltante y qué sanciones recibieron los autores del delito tributario.
En referencia al impuesto a la renta
El estudio de la CEPAL titulado “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe” 2017 con relación a la evasión del impuesto a la renta en la región manifiesta:
“Si bien existen diferencias metodológicas que dificultan la comparación entre países, se observan diferencias considerables entre las tasas de evasión de este tributo. En un extremo están los casos de Costa Rica, el Ecuador, Guatemala y la República Dominicana (con tasas cercanas al 65%) y en el otro, el Brasil, Chile y México, con valores significativamente menores (entre el 28% y el 31%).”
El promedio de evasión del impuesto sobre la renta en la región fue de 47,5%, frente a la evasión del mismo impuesto en el Ecuador se sitúo en 63,8%, desagregando: 65,3% de personas jurídicas y 58,1% de personas naturales, es decir, que la evasión de impuestos es más alta a nivel de empresas que a nivel de personas naturales (Ibidem).
El Código Orgánico Tributario establece coactivas, embargos de bienes, prisión por defraudación tributaria, pero al igual que la Ley de Transporte Terrestre no se aplica a cabalidad, no hay voluntad política para hacerlo.
Al contrario de lo que sucede en el país, en España la Agencia Tributaría realiza prolijas investigaciones en contra de la evasión tributaria, incluyendo a figuras mediáticas del ámbito deportivo.
El diario digital “20 minutos” (2019) informaba que Cristiano Ronaldo “compareció en la Audiencia Provincial de Madrid por sendos delitos de fraude fiscal cuando residía en la capital española. El delantero de la Juventus ha aceptado la multa de 18.8 millones de euros y la pena de prisión de dos años, aunque no ingresará en la cárcel.”
La lista de deportistas que han sido sancionados por defraudación fiscal es larga. El jugador de Barcelona, Lionel Messi, recibió una multa de dos millones de euros y una pena de cárcel de 15 meses, pero al no tener antecedentes penales la entrada a prisión se suspendió. El también jugador del Barcelona, Iker Casillas, tuvo que pagar 2 millones de euros después de haber sido sometido a una inspección. A Xabi Alonso, ex jugador del Real Madrid, se lo acusa de defraudar 2 millones de euros. A Javier Mascherano, jugador argentino, la Audiencia de Barcelona condenó a un año de cárcel y 850.000 euros de multa por dos delitos fiscales (Ibidem).
Se reitera, no se puede dar tregua a los evasores de impuestos; se debe reformar el Código Orgánico Tributario para establecer penas mayores para las personas que evadan impuestos, se necesitan tomar medidas radicales para salir de la compleja situación económica y financiera en la que se encuentra el país.
Ecuador se ubica, en una posición nada honrosa, en el tercer lugar en el ranking de los países más pobres de Suramérica en función del PIB per cápita como consecuencia de la endémica corrupción, evasión de impuestos, especialmente por parte de las grandes empresas nacionales y extranjeras, y por la inadecuada política económica implementada.
En las condiciones actuales, no tiene sustento las permanentes quejas de los gremios empresariales de que las empresas tienen una elevada carga tributaria y su permanente obsesión para que se les baje los impuestos, en los hechos pretenden convertir al país en un “paraíso fiscal”.
Los grupos económicos y filiales de empresas multinacionales que operan en los diversos sectores de la economía, deberían ser los primeros en cumplir con las disposiciones legales vigentes y como una obligación moral que tienen ante la ciudadanía.
Las élites empresariales y políticas ponderan las bondades de la “economía de libre mercado” que impera en la mayor economía del mundo, pero deliberadamente omiten que una de las responsabilidades del ciudadano estadounidense es “…pagar la renta, los impuestos federales, locales y estatales de manera honesta y siempre a tiempo” (Citizenship and Immigration).
*Economista, docente universitario, ex asesor del Consejo Nacional Electoral, ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
