05.10-2017
El primer domingo del mes de octubre, el pueblo catalán – un conjunto humano a quienes reconocemos en su calidad de pueblo por su comunidad de lengua, cultura, historia, territorio, circuitos económicos, etc. – vivió una jornada electoral marcada por la violenta respuesta del Estado Español frente a la intención catalana de decidir su posible independencia de España. A medida que arreciaban las imágenes de la represión en los diversos sites de la red mundial, estaba más claro que la opinión pública mundial tendía a inclinarse en favor del derecho de los catalanes a su referéndum. El consenso que pareció primar es que se puede o no estar de acuerdo con la independencia de Catalunya, pero resulta inadmisible que una parte – por muy mayoritaria que fuere – de la población de un Estado le niegue a otra población su voluntad de iniciar un proceso de autodeterminación nacional, máxime cuando los factores históricos y políticos tornan legítimo hablar de una cuestión catalana.
A día seguido, el mecanismo del referendo volvió a tocar – en otra parte de la geografía planetaria – el problema de la autodeterminación de un pueblo. Solamente que este pueblo, a diferencia de los catalanes, no puede tomar partido en las elecciones, ni expresar su propia voz y sentimiento respecto a su pertenencia o adscripción al Estado, en este caso al Estado Ecuatoriano. Es un pueblo indígena en aislamiento[1], un remanente de pueblos indígenas que ocuparon a plenitud la alguna vez vasta planicie amazónica y que por diversas razones mantienen una actitud de rehuida cuando no de abierta hostilidad hacia la sociedad nacional.
Si los catalanes afilan las astas de sus banderas independentistas en la cerrazón y vehemente recusación del Estado español sobre la cuestión catalana, los Tagaeri/Taromenane – que es como genéricamente, en medio de nuestra colosal ignorancia sobre ellos, hemos dado en llamarlos – bien podrían alistar ya su declaratoria de guerra de secesión o acudir ante la Corte de la Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos por nuestra sociedad nacional en su contra. Durante ya casi un siglo, sus territorios han sido constantemente asolados por el desmedido afán de extracción de riqueza, sus hombres y mujeres han sido perseguidos y acosados por diversas figuras históricas, producto de las sombras que engendró nuestra presencia y conquista de la amazonía. En sucesión, primero estarían aquellas lúgubres memorias asociadas a la violencia del caucho, luego la conquista petrolera y finalmente el acoso de sus pares indígenas ya contactados en un contexto de presión y reducción territorial que va dejando cada vez menos espacio para su reproducción social y supervivencia.
Los Tagaeri Taromenane han sido sometidos en los últimos cuarenta años a un proceso de compresión territorial, esto es un incesante cerco de carreteras, oleoductos, fronteras agrícolas en expansión, campamentos de madereros y cazadores ilegales[2] y a la presión de sus vecinos waorani tornados enemigos – más que por motivos de una anciana rivalidad interétnica – por sus dificultades de inserción en la sociedad nacional, las desigualdades que enfrentan en ella y la tentación, siempre presente, de hacer valer la renta de sus territorios frente a la invasión extractiva (petrolera, maderera, etc.)
El cerco no ha sido en absoluto un proceso silencioso ni carente de víctimas. De hecho se ha cobrado al menos medio centenar de víctimas entre los pueblos aislados en los últimos quince años. Una cifra alarmante a todas luces, máxime cuando la demografía de este pueblo difícilmente podría sobrepasar las dos centenas de personas. [3] El acoso sufrido no se ha limitado exclusivamente a las víctimas mortales reportadas o de las que tomamos conocimiento por los relatos waorani. ¿Quien reconoce las muertes de aislados a manos de los madereros ilegales, de los encuentros furtivos con trabajadores petroleros en las recurrentes actividades de exploración sísimica, a los caídos bajo epidemias y enfermedades llevadas por quienes de manera legal o clandestina perpetran sus territorios?. El acoso incluye también continuas intrusiones en sus caminos de cacería, intromisiones y destrucción de sus casas y chacras, partidas de exploración waorani que suelen terminar inamistosamente, devastación de su bosque a cargo de cuadrillas madereras, e incluso el rapto/retención de mujeres y niñas en al menos dos ocasiones.
Toda esta historia de violencias y atrocidades podría haber sido narrada en el libro azul de Roger Casement[4], pero es una historia que no ha ocurrido en el lejano siglo XIX, en una ignota y distante geografía; sino que ha tomado lugar frente a nuestra mirada, en pleno siglo XXI, en un contexto de dominio inobjetable de la geografía amazónica por parte del Estado y la sociedad nacional, a unos escasos kilómetros de campamentos y pozos petrolíferos por donde emana el crudo que sustenta buena parte de la riqueza nacional.
La cuestión catalana se disputa en medio de un acre y polarizado clima político, pero tiene como contrapartida el hecho de que los catalanes disfrutan de una autonomía que ha hecho posible que construyan su propio gobierno, al tiempo de contar con sus propias autoridades para decidir cómo quieren y deben relacionarse con el Estado Español.
Los Tagaeri Taromenane no disfrutan de esa fortuna, no podrían hacerlo, pues hemos incorporado sus territorios al territorio ecuatoriano a la fuerza. Una vez operado este proceso, en 2008 los convertimos en ciudadanos ecuatorianos, tal como reclamaba alguna vez un fiscal que cerró la indagación previa de la masacre del 2003 contra los Tagaeri/Taromenane por carecer de cédulas de ciudadanía.
Serán ciudadanos ante la constitución, pero aún no parecen emerger como tales en la conciencia nacional ni son motivo de acciones efectivas para salvaguardar sus derechos. Por no tener, ni siquiera tienen un nombre, tal como sucede con las dos únicas niñas Taromenane contactadas que conviven con nosotros sin que hasta el momento el Estado ecuatoriano haya tomado alguna medida efectiva para proteger su derecho básico a un nombre y una identidad.
Los catalanes han organizado un plebiscito para discutir su posible independencia frente al Estado Español. En Ecuador, estamos organizando una consulta popular en la que se incluye una pregunta sobre la ampliación de la única categoría de protección territorial que conocemos para ellos; la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).
La diferencia sustantiva reside en que los catalanes podrán votar y decidir, incluso si se enfrentan a la empecinada sandez con la que los actuales gobernantes del Estado español pretenden zanjar la cuestión catalana. Lo harán basados en el principio de la soberanía popular, que garantiza a un pueblo – que en en algún momento decide formar parte de un Estado plurinacional – los mecanismos para que organicen su salida si disienten de hacerlo.
Los Tagaeri Taromenane no solamente no votarán, sino que no han consentido nunca su inclusión o la de sus territorios en el Estado ecuatoriano. Para ellos, somos parte de la larga sucesión de invasores asolando de manera incesante sus fronteras, con especial intensidad hace cuatro décadas cuando la conqusta petrolera fue borrando de manera definitiva los territorios inalcanzables.
Los Tagaeri Taromenane no conocen referencia de los modos de funcionamiento de nuestra sociedad, no registran ningún particular conocimiento respecto a la ecuatorianidad, ni saben que una de las preguntas de la consulta les atañe, aunque los mismos proponentes de la consulta parezcan no tenerlo tan claro. (Al menos a juzgar por la pobreza del Anexo que justifica la pregunta)
Los Tagaeri/Taromenane no han consentido ser ciudadanos ecuatorianos, somos nosotros quienes los hemos ciudadanizado a la fuerza. Lo hemos hecho por su bien, decimos algunos; para preservar sus frágiles vidas que de otra manera no tendrían sino el estatuto de espectros de la selva, de una mala pesadilla que el desarrollo debe borrar y eliminar para bien de la sociedad nacional. Así es cómo piensan en secreto – y no tan en secreto – algunas desaforadas y ambiciosas voces (hoy caídas en desgracia) que pilotearon el proyecto ITT y manejaron a discresión las concesiones de los bloques petrolíferos en el territorio de los pueblos aislados.
La única referencia que han tenido los Tagaeri Taromenane de nuestra existencia ha sido el ruido de las motosierras, la explosión de las cargas de pentolita en medio de su tupida selva, la invasión – como si de una marabunta se tratase –de overoles azules, improvisados campamentos en la geografía selvática, los atroces sonidos de las escopetas impactando al cuerpo de mujeres y niños, el vertiginoso sonido de las aspas de los helicópteros sobrevolándolos.
Pero no ha sido, en sentido estricto, la única fuerza motriz de la sociedad nacional que se ha relacionado con los Tagaeri/Taromenane. Hubo una vez un obispo desnudo que cayó en la selva, alanceado por la furia luctuosa de sus lanzas, intentando que la sociedad nacional diese cuenta de la tragedia que significaba la desaparición de estos pueblos. Hubo una misionera capuchina que murió con él, quien mostró su disposición a aprender su idioma y cultura con un celo y dedicación que muchos antropólogos/amazonistas envidiarían. En los últimos veinte años, las voces taromenane han llegado a través de distintos esfuerzos, algunos en la voz de un sacerdote capuchino navarro que dedicó sus horas pacientes a reconstruir su historia, a presentarnos un bosquejo y testimonio de su existencia para que no los olvidemos; otros en los esfuerzos de una de las mejores periodistas y escritoras de este país quien ha dedicado largos años de su vida a trabajar por los derechos de estas personas, de estas minorías, de estos fantasmas de la selva que recobran presencia corporal cada vez que nos esforzamos en que persistan pese a todas las amenazas. Están también los esfuerzos de muchos lideres waorani para detener la espiral de violencia y encontrar nuevas formas de convivencia que pasan por el respeto a los territorios y modos de vida tanto de woarani como de taromenane.
Hemos visto a un conjunto de antropólogos, activistas por los derechos, ecologistas, escritores, artistas, miembros de ONG’s, ex -funcionarios interesarse de manera generosa por la suerte de este pueblo, por evitar su desaparición a nuestras propias manos.
Quizá la pregunta cinco, más allá del inopinado ventajismo que parece sostener el esqueleto de esta consulta, de los cálculos de popularidad y legitimación de los gobernantes, de cuestionar – como no debemos dejar de hacerlo – el embarazoso hecho de que estamos sometiendo a consulta derechos de los indígenas aislados que deberían ser motivo de decisiones de una política pública integral. Más allá de todo ello, la pregunta cinco es quizá una de las preguntas más sustanciales que hemos enfrentado como país en los últimos años.
No porque las 50.000 hectáreas que se pretenden ampliar en la Zona Intangible resulten la solución a la cuestión Taromenane, sino por algo más sencillo. Porque es un primer paso en la dirección correcta, un primer reconocimiento de la enorme deuda que mantenemos con estos pueblos y sobre todo una vía expedita para empezar a desmantelar el incesante cerco territorial que amenaza con la extinción de todo un pueblo.
Las 50.000 hectáreas no serán mucho – la pregunta dice “al menos 50.000 hectáreas – para quienes desconocen la geografía mallada y herida del Yasuní, pero es bastante para quienes necesitan con urgencia un respiro, un espacio para existir y decidir.
Los Tagaeri/Taromenane no votan. No podrían hacerlo. Aún no han decidido como deberán relacionarse con nosotros si empezamos a reconocerlos como pueblos con su territorio y no como impertinentes obstáculos al desarrollo.
Nosotros si votamos. De hecho, votamos en su nombre, votamos por ellos.
Más allá de la razonable desazón ecologista, de la nostalgia por las iniciativas fenecidas hace ya cuatro años, por los encomiables intentos por ponernos a la vanguardia de la lucha por el cambio climático, el terreno que importa ahora es el de si logramos algo para los pueblos indígenas aislados. Ese algo está muy claro: el reconocimiento de que el Estado debe empezar por ampliar la protección de la Zona Intangible como primer paso para resarcir la enorme deuda histórica con estos pueblos.
Una deuda mucho más profunda que la deuda del Estado Español con Catalunya. En el primer caso los catalanes están decidiendo sobre su autodeterminación nacional, en el segundo, nuestra sociedad está decidiendo entre la supervivencia y el exterminio de un pueblo.
Demos el primer paso…. Digamos sí en la Pregunta Cinco.
[1] Usamos la categoría PIA’s (Pueblos indígenas en Aislamiento) por considerar que la categorización del carácter de “voluntario” en dicho aislamiento no refleja necesariamente la situación forzosa y violenta que ha llevado a estos conglomerados de hombres y mujeres a rehuir del contacto permanente con la sociedad nacional.
[2] https://es.mongabay.com/2017/06/alerta-yasuni-tala-ilegal-amenaza-territorio-pueblos-indigenas-aislamiento/
* Investigador de temas amazónicos y pueblos indígenas.
[4]Roger Casement, funcionario del Gobierno Británico que deviniera más tarde político nacionalista irlandés en contra del Imperio Británico. Durante su etapa de funcionario del servicio exterior británico Casement documentó los abusos coloniales de Bélgica en el Congo, y más tarde viajó al Putumayo para documentar la tragedia de la explotación cauchera y el exterminio de las poblaciones nativas. El fruto de esta investigación realizada en 1910 en el Putumayo, quedó condensada en el informe conocido como ‘Libro azul del Putumayo’, texto que, al igual que el Informe Leopold sobre el Congo, causó vergüenza mundial y contribuyó al cierre las haciendas caucheras vinculadas a la Casa Arana en Perú y Brasil.
Una posición conformista, y que juega en el mismo sentido que los intereses petroleros. Es el momento de que quienes trabajamos en el marco de los derechos humanos rechacemos este tipo de trampas y exijamos la suspensión total de todas las actividades extractivas en el territorio de uso y movilidad tradicional de los pueblos en aislamiento, y exijamos el cumplimiento del articulado de la Constitución que establece “los Territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”!!!
Potente articulo David. La pregunta de la consulta no dimensiona la real problemática que afecta a estos pueblos. Su espacio está sometido a una esquizofrénica territorialización, parque nacional, zona intangible, bloque petrolero, etc. La extracción debe estar vedada a perpetuidad como dice la constitución.
Tratando de complementar, creo que el problema central es la tendencia al conformismo: ¿Qué pasa si en la consulta se vota NO? Pues que se entendería que todo debe seguir igual y por lo tanto sería una carta blanca para extremar la explotación; ¿Qué pasa si se vota SI? Pues que ese “primer paso” además de insuficiente podría quedar en ser el último, lo que unido al manejo de nuevas tecnologías y sobre todo, el intocado tema minero, podría quedar en una especie de autorización para incumplir el texto constitucional, que mereciendo el tratamiento al menos de una Reforma constitucional, cuando no una Asamblea Constituyente, sería tratado como una simple enmienda (me pica la mano por cambiar la “n” por una “r”).
Por esta razón, estimo que la pregunta debe ser reformulada sin que afecte negativamente al texto constitucional vigente.