MINERÍA SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN KIMSAKOCHA: ¿Será posible? Nataly Torres G.

Quito marzo del 2013

I. Introducción

A inicio de 1980, la aplicación de las políticas neoliberales generó un flujo de capitales por concepto de inversión extranjera e las corporaciones mineras en América Latina.  Factores como el alto precio de los metales y la creciente demanda de materias primas por parte de las economías desarrolladas motivaron a las empresas a desarrollar la nueva oleada extractivista.

Para esto, las grandes corporaciones, asociadas en la Iniciativa Minera Global,  iniciaron una masiva estrategia publicitaria para introducir el nuevo rostro de la minería. Conceptos como “desarrollo sustentable”, “minería sostenible”, “responsabilidad social corporativa” fueron introducidos sobre todo en el léxico de los gobiernos latinoamericanos.

Ecuador, apoderándose del discurso transnacional, inauguró el modelo de desarrollo minero con la firma del primer contrato de explotación de cobre del Proyecto Mirador (Zamora Chinchipe), por parte de las empresas CRCC-Tongguan. El crecimiento económico, el desarrollo local, reducción de la pobreza, la protección medioambiental, entre otros son los argumentos a favor de la minería.   

El objetivo de este estudio es analizar  algunos elementos de juicio con respecto al posible desarrollo minero en los páramos de Kimsakocha. El trabajo es dividido en tres partes. En la primera sección se analizará los argumentos a favor y en contra de la actividad minera. En la segunda sección se presentará algunos detalles del proyecto minero “Quimsacoha”. Se razonará los posibles beneficios económicos y ambientales de proyecto. En la tercera sección se hará una breve presentación de informes técnicos realizados por instituciones como la Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay, Gobierno Provincial del Azuay y el informe de la Contraloría General del Estado sobre la situación de los páramos concesionados para desarrollo de actividades exploratorias. Finalmente se presentarán las conclusiones respectivas.

II. Minería sostenible y socialmente responsable

En 1999, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), surgió el Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (IIED-WBCSD, 2002). El proyecto fue patrocinado por 25 de las más grandes empresas mineras del mundo.  Entre estas empresas constan: Rio Tinto, Anglo American, BHP Billiton, Noranda Inc, Placer Dome Inc, Codelco, Phelps Dodge Corporation, Newmont Mining Corporation, WMC Resources, entre otros. Además participaron instituciones no-comerciales como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN), la Fundación Rockefeller y países como Australia, Canadá y Reino Unidos. El objetivo central del estudio era analizar los mecanismos con los cuales la industria minera podría incidir en el desarrollo sustentable. De acuerdo a esto, las corporaciones transnacionales deberían mejorar el desempeño de la industria minera tanto en los ámbitos económico, social, ambiental y de gobernanza.  

Por otro lado, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact) creó el concepto de responsabilidad social corporativa. El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria en donde las empresas se comprometen a ejecutar sus estrategias y operaciones en base a los diez principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Las empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas (Pacto Global, 1999).

En este contexto las corporaciones mineras promovieron el discurso de sostenibilidad y responsabilidad social. El objetivo era recuperar la imagen de la actividad minera que se lo vincula con los grandes destrozos ambientales alrededor del mundo y la agudización de la pobreza en las zonas en donde ésta se ha desarrollado.

En la actualidad, la creciente demanda mundial de metales preciosos y los altos precio del oro motiva la expansión de las inversiones mineras en América Latina. Los gobiernos latinoamericanos –entre ellos los progresistas– en alianza con el capital extranjero auguran a la minería como el mecanismo para superar la pobreza. Bajo el argumento de que “los minerales son necesarios para la sociedad y las economías contemporáneas” (IIED-WBCSD, 2002) se pretende iniciar una serie de proyectos extractivistas. Sin embargo, la revista National Geographic manifiesta que “el oro no es indispensable para la existencia humana y, de hecho, tiene muy pocas aplicaciones prácticas” (National Geographic, 2009: 8).   

Solo el 13% de la producción total de oro es utilizada en la industria y dental: Electrónica (8.8%), otras industrias (2.6%) y dentistas (1.6%). El 67% de la producción de oro se utiliza en joyería. El 13% se utiliza en inversiones: lingotes (2.0%), monedas oficiales (3.9%) y medallas/monedas especiales (6.6%). El 7% es utilizado para fondos de intercambio. Por lo tanto, el oro más que una materia prima indispensable para la industria es un instrumento de reserva financiera de los bancos internacionales. Además hay que considerar que los desechos de la industria pueden ser  reutilizados.

 Según la revista National Geographic (2009: 11) “los depósitos más ricos del planeta se agotan rápidamente y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas”. Consecuentemente, los yacimientos mineros pequeños son igualmente atractivos para las corporaciones transnacionales por la alta rentabilidad monetaria que estos generan.

En Ecuador existen cinco proyectos estratégicos declarados de interés nacional por parte del gobierno: Fruta del Norte (Kinross Aurelian) y Mirador (ECSA) en la provincia de Zamora Chinchipe; San Carlos Panantza (ECSA) en la provincia de Morona Santiago; Quimsacocha (IAMGOLD y INV Metals) y Rio Blanco (IMC) en la provincia del Azuay. La particularidad de estos proyectos es que se encuentran en zonas de enorme biodiversidad y en páramos que hacen suponer impactos adversos tanto en lo económico, social y ambiental. No obstante, el gobierno reconoce que la explotación de recursos naturales no renovables generará ingresos importantes al Estado para financiar las políticas sociales. El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2011-2015 manifiesta:

La minería es la “madre de las industrias” se vincula con el importante efecto multiplicador que genera encadenamientos productivos, empleo, flujo de ingresos a partir de las inversiones y compra de insumos nacionales, generación de divisas, innovación técnica y tecnológica, desarrollo de infraestructura, recursos para inversión en salud, educación, desarrollo local, capacitación y entrenamiento para gestión del talento humano para una minería bien hecha (Pág. 8).

La minería lleva costos ocultos que no son tomados en cuenta al momento de evaluar sus potenciales beneficios. Kocian y Harrison-Cox señalan que “con la experiencia de la última década, hay más pruebas de que la minería ha atrasado el desarrollo y ha causado sustanciales impactos perjudiciales a largo plazo” (Kocian y Harrison-Cox, 2011: 15). Analicemos algunos argumentos de la industria minera.

 El crecimiento económico es el argumento principal de los defensores de la industria minera. El pago de regalías e impuesto puede significar importantes ingreso para el Estado. Estos ingresos son considerados como indispensables para reducir la pobreza. Sin embargo, al momento de proyectar los beneficios para el Estado, no se considera los gastos que este tiene que incurrir para garantizar la inversión extranjera. Por ejemplo el Estado tiene que encargarse de la construcción de carreteras que dependen de la ubicación geográfica del yacimiento. Los principales proyectos mineros están localizados en zonas alejadas, por lo tanto las obras de infraestructura no son útiles para la población y sirven unicamente para el transporte de maquinaria pesada de la industria. Las empresas obtienen concesiones de agua para la producción por lo tanto no pagan por su uso. El Estado también tiene que incurrir en costos de uso de policía y fuerzas de seguridad públicas para proteger las inversiones.

La minería es una actividad que depende del capital extranjero. Por lo tanto, la economía del país queda reducida a una situación de vulnerabilidad ante los ciclos de auge y depresión de los mercados internacionales.

La creación de fuente de empleo es otro argumento de la minería. Según cálculos del Grupo del Banco Mundial para cada empleo minero a gran escala se crea entre 2 y 25 puestos de encadenamiento, si se incluyen proveedores, vendedores, contratistas y otros (Weber-Fahr y otros, 2001 en Batker y Harrison-Cox, 2011). Sin embargo, la minería es una actividad intensiva en capital y emplea mano de obra calificada.

Otro argumento es que la minería genera encadenamiento con otras actividades productivas;  Furtado al respecto manifestaba que la minería al abastecerse de productos especializados obtenidos del exterior, no contribuyó a la creación de un mercado interno (Furtado, 1969: 67). La minería al ser una industria de enclave no contribuye al desarrollo de otras actividades productivas y más bien provoca lo que en literatura económica se conoce como “enfermedad holandesa”. Este efecto hace referencia a la pérdida de competitividad en el mercado internacional de sectores tradicionales debido al boom de una actividad que genera ingresos repentinos de divisas a un país. Al respecto Acosta escribe: 

Ecuador, no hay duda, ha experimentado en más de una ocasión la “enfermedad holandesa”, el virus ya mencionado relacionado con el boom de exportación de materia prima. El ingreso abrupto y masivo de divisas lleva a una sobrevaluación del tipo de cambio y a una pérdida de competitividad, perjudicando al sector manufacturero y agropecuario exportador (Acosta, 2009: 153).

 El argumento de que la minería utiliza tecnología de punta que evita daños al medio ambiente es deslegitimizado por aquellos que se oponen a esta actividad y la acusan de provocar serios destrozos a la naturaleza. La contaminación de agua superficial, degradación de humedales y acuíferos, pérdida de biodiversidad, creación de residuos volátiles, relaves mineros, incremento de enfermedades, drenaje ácido son efectos por los que se les critica. Según Meller, Ryan y Solimano (1966: 265 en Thorp, 1998) en términos de volumen de contaminantes liberados en la atmósfera y el agua, el sector minero ha sido la fuente más importante de contaminación industrial.

En la actualidad, las corporaciones mineras siguen reproduciendo las mismas prácticas del pasado en nombre del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, fue expulsada de los Valles Centrales de Oaxaca (México) por contaminar mantos freáticos durante los trabajos de exploración[1].

En Ecuador la empresa Iamgold, co-propietaria del proyecto minero “Quimsacocha”, se presenta como una empresa responsable, sin embargo Acosta y Sacher (2011: 3) manifiestan que esta empresa “ha sido acusada de haber contaminado las fuentes de aguas alrededor de su proyecto africano de Yatela en Malí. Estos autores basados en un informe gubernamental señalan que se ha observado tasas anormales de abortos espontáneos en las comunidades aledañas.

Por otro lado, la compañía minera Barrick, durante el 2012, obtuvo ganancias netas ajustadas de US$3.830 millones (US$3,82 por acción). Estas ganancias fueron las segundas más altas en la historia de la compañía. Sin embargo, esta empresa enfrenta una serie de demandas por fraudes en materia de propiedad minera y malas prácticas ambientales en el proyecto Pascua Lama (Noalamina, 2013).

Por tal motivo varios países han preferido desechar la opción de explotar los recursos. Svampa y Antonelli señalan algunos ejemplos:

En los últimos años, [la] minería ha sido prohibida en Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales del Sur, Australia (2000), Estado de Montana (1998) y los condados de Gunnison (2001), Costilla (2002) y Summit (2004) del Estado de Colorado, EEUU, y República de Alemania (2002). En América Latina, el único país que ha sancionado una ley prohibiendo la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas es Costa Rica (2002)”  (Svampa y Antonelli, 2009: 7).  

Los casos exitosos de minería, si así se lo pueden llamar, se dieron en países pobres en biodiversidad; el desarrollo minero del Norte de Chile, la explotación minera en el desierto australiano por citar algunos ejemplos. Thorp (1998: 75) señala que en condiciones apropiadas, con instituciones establecidas y colaboración entre el gobierno y las empresas, un sector minero de propiedad extranjera e intensivo en capital puede promover el desarrollo. Analicemos si estas condiciones existen en Kimsakocha.

II. Complejidades del Proyecto Minero “Quimsacocha”[2]

Cuando la filosofía del desarrollo socava el control comunitario del agua,

promoviendo en su lugar tecnologías que abusan del ciclo del agua,

 la escasez se hace inevitable.

Vandana Shiva (2003)

 “Casi todo el oro que falta por explotar yace enterrado en minúsculas cantidades en aislados y frágiles rincones del planeta” (National Geographic, 2009: 11). El páramo de Kimsakocha es uno de estos rincones. Este páramo se ubica en la Cordillera Occidental de los Andes, a 30km al suroeste de la ciudad de Cuenca. Se encuentra a una altura entre los 3.500 y 3.900 m.s.n.m. Su función es retener agua y regular el ciclo hídrico de las microcuencas de los ríos Punkuwayku, Zhurucay, Cristal, Falso, Alumbre (Afluentes del río Ridcay), Irquis y Portete (afluentes del rio Tarqui) y Bermejos (afluente del Yanuncay) (Pérez, 2012: 53).

 Luego de varias exploraciones realizadas en la zona[3] se ha identificado la existencia de un yacimiento polimetálico de oro, plata y cobre. Las concesiones otorgadas para este proyecto tienen una extensión de 2.250 en el Rio Cristal (San Gerardo), 2.572 hectáreas en Cerro Casco (Baños) y 3.208 en Rio Falso (Victoria del Portete). Estas dos últimas se encuentran dentro del área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis.  

Según Tamba, la auditoría ambiental realizada por la Escuela de Biología, Ecología y Gestión de la Universidad del Azuay indica que en la zona concesionada existen 15 variedades de aves, 6 especies de anfibios y reptiles. Además existen 72 tipos de plantas de las cuales 5 son endémicas. En la concesión Cristal, en unos 400 metros, existen 52 clases de plantas, de las cuales 4 son endémicas. En el bosque de polylepis registraron 42 tipos de los cuales 9 endémicas. En el bosque montano existen 51 clases de plantas, entre árboles, arbustos y hierbas, de estos seis son endémicas (Tamba, 2011: A2).

 Además de poseer una rica biodiversidad existen una reserva probable de 1,68 millones de onzas de oro cuya precio promedio oscila entre USD 1.400 y USD 1.800. La reserva de cobre es de 0,034 millones de toneladas cuyo valor promedio en el mercado es  de USD 3,37. Las reservas de plata son de 9,5 millones de onzas con un valor promedio en el mercado es de USD 27.

 Según el Ministerio de Recursos No Renovables, la inversión estimada para el  proyecto “Quimsacocha” es de $ 372 millones por el desarrollo de la mina y $ 432 millones por gastos operativos. El desarrollo de esta mina proveería al Estado, por concepto de regalías e impuestos, 40 millones de dólares anuales durante los 8 años de duración del proyecto. Estos valores están sobreestimados porque no se contabiliza los costos de cierre, costos ambientales, construcción de infraestructura, flujo de materiales, etc. Además, en cuanto a tributos y regalías, las compañías transnacionales son especialistas en evadir los pagos a través de los paraísos fiscales. Por ejemplo Acosta y Sacher (2011, 6-7) indican que la empresa Iamgold, con matriz en Toronto, es propietaria de Iamgold Ecuador S.A a través de una subsidiaria intermediaria, la Iamgold South American Corporation, una empresa registrada en un paraíso fiscal: los Barbados.

 En junio el 2012, la empresa Iamgold vendió el 40% de sus derechos de explotación  a la empresa junior INV Metals. El justificativo fue que no ha llegado a entendimientos con el gobierno en cuanto a la negociación. Las excesivas cargas tributarias serían los puntos en discordia. Sin embargo se alegó que si la empresa INV Metals consigue una negociación favorable para el proyecto, volvería a adquirir las acciones.

 En el Plan de Desarrollo Minero 2011-2012 se estima que el proyecto creará 1.000 empleos directo y 1.520 empleos indirectos durante la fase de construcción; mientras que en la etapa de operación se generará 526 empleos directos y 1520 empleos indirectos. En la minería, los sueldos son relativamente altos. Consecuentemente, las tensiones sociales entre  los que puedan o no acceder al empleo se harán visibles. El abandono de las actividades agro-ganaderas de subsistencia constituye un efecto negativo potencial. Otro efecto que puede surgir es que la rápida afluencia de trabajadores mineros, que aportan mayores ingresos y sin querer suben el precio de productos básicos como alimentos, combustible, y vivienda (Kocian y Harrison-Cox, 2011: 18).

 En cuanto a la proyección de gastos operativos se estima que USD 62 millones anuales serán utilizados para el abastecimiento de materiales, equipos e insumos mineros.  Para una mina subterránea se utiliza camiones de bajo perfil, camiones explosivos, cargadores, martillos picados, entre otro. Estos implementos no se producen ni en la zona de influencia del proyecto ni en el país; por tal motivo se incurrirá en flujos de divisas al exterior por concepto de importación.

 Tamba, basado en explicaciones técnicas de la empresa Iamgold, señala que la producción se realizará en tres procesos: extracción, separación y refinación. La extracción consiste en sacar el material de la bocamina y el de separación en dividir los metales de la piedra estéril. La refinación de los metales se realizará fuera del país. Se tiene previsto construir una planta de concentrados. Esta servirá para evitar la utilización de escombreras y para devolver la roca a la mina. El sistema de recirculación de agua optimizará el 95% del líquido requerido. La utilización de maquinaria normal y camiones especiales de bajo tamaño para la transportación de materiales desde la galería será otra ventaja (Tamba, 2011: A2).    

La explotación será por minería subterránea con método de cámaras y pilares. Este método, al igual que la mina a tajo abierto, necesita remover grandes cantidades de material. Pérez manifiesta que:

El yacimiento de oro se encuentra con una ley muy baja de apenas 6.76 gramos por tonelada de roca tratada, de acuerdo a estándares internacionales todo yacimiento con una ley menor a 10 g/t de roca tratada es poco rentable en términos económicos y extremadamente grave en términos ambientales, sus efectos son descomunales e irreversibles (Pérez, 2012: 72).

Acosta y Sacher (2011: 5) señalan que cada día se moverán 3.000 toneladas de material; un volumen equivalente a 15 veces el de la recolección diaria de basura de la Ciudad de Cuenca.

III. A la espera de estudios técnicos

La destrucción de los recursos hídricos superficiales y de los bosques de las cuencas de captación y los acuíferos, es también una forma de terrorismo

 Vandana Shiva (2003)

En octubre del 2011, la visita del primer mandatario Rafael Correa creó expectativas en las poblaciones aledañas al proyecto, quienes acudieron a la comunidad de San Gerardo (Cantón Girón) para participar de la caravana presidencial hacia los páramos. El objetivo era expresar sus preocupaciones con respecto al proyecto minero, sin embargo les fue restringido el acceso. El presidente, asesorado por funcionarios de la empresa Iamgold, fue desinformado de la ubicación geográfica real del proyecto. Su visita lo hizo a las Tres Lagunas y no a Kinuawayku y Kalloancay en donde además de existir el cuerpo mineralizado más importante de la zona, nacen los ríos Irquis y Portete afluentes del rio Tarqui. Luego de esta visita, el presidente manifestó que el proyecto minero “no contaminará las fuentes de agua que alimentan a Cuenca”. Sin embargo, los estudios técnicos existentes no explican los impactos reales de la actividad minera en la zona.

 Desde la academia se elaboraron dos estudios: “Auditoria ambiental, periodo 2008-2009. Exploración avanzada proyecto Quimsacocha” de la Universidad del Azuay y el “Informe de avance de actividades del proyecto, elaboración de la línea base en hidrología de los páramos de Quimsacocha y su área de influencia” del  Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la  Universidad de Cuenca. La peculiaridad de estos dos estudios es que fueron financiados por la empresa Iamgold.

 El Gobierno Provincial del Azuay, por su parte elaboró el informe “Análisis técnico, ambiental y legal del proyecto minero Quimsacocha”. El artículo “Quimsacocha: informes bajo la lupa” del Diario El Mercurio cita a Eduardo Idrovo quien al presentar dicho informe manifestó:

Al extrapolar los resultados de estudios relacionados al desarrollo de otras actividades antrópicas sobre este ecosistema se concluye que los impactos alcanzarían niveles irreversibles, especialmente sobre las funciones de regulación hídrica. Considerando este aspecto, son vulnerables los sistemas de agua potable para la ciudad de Cuenca, que se encuentran interconectados al sistema de agua Yanuncay, por lo que cualquier riesgo de contaminación podría afectar a todos sus habitantes (ACR, 2011).  

 Por su parte, el informe UAIE 0036-2009 de la Contraloría General del Estado
establece que el 60,4% de la cuenca del Rio Yanuncay[4], que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sustag[5], está concesionada a diferentes empresas mineras. Por lo tanto, existe un alto riesgo de que se provoque un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y cantidad de agua (Pág. 18-22). Si bien este estudio no muestra los efectos reales de la actividad minera y antrópica en los páramos, sin embargo recomienda impedir el desarrollo de estas actividades mientras no se disponga de estudios técnico-científicos que den cuenta de la real afectación que se puede generar.

 El desarrollo de toda actividad antrópica en los páramos es peligroso –la minería en mayor medida–.  Guerrero manifiesta que se debe excluir o restringir al máximo la minería en los páramos andinos, entre otros, por los siguientes motivos:

1. Son cabeceras de cuencas y prestan servicios ecosistémicos fundamentales en términos de provisión de agua y regulación de caudales.
2. Más de 80 millones de personas dependen de ellos en cuanto a la provisión de agua para consumo doméstico, agricultura y otras actividades.
3. Los acueductos de grandes y pequeñas ciudades dependen de los páramos como fuentes de agua y reguladores de caudales.
4. Ante la disminución de los glaciares andinos, los páramos adquieren mayor importancia como fuentes y reguladores de agua.
5. La biodiversidad de los páramos neotropicales es excepcional en el ámbito de los ecosistemas de alta montaña a escala mundial.
6. Los ecosistemas de páramo son frágiles y de baja resiliencia.
7. En términos de costo-beneficio, a un país andino le resulta más rentable y le genera mayor competitividad en el largo plazo, garantizar fuentes y sistemas de regulación de agua, en comparación con proyectos mineros cuyos beneficios son de corto plazo y generan muchos pasivos ambientales y sociales.
8. Los impactos de la minería, en especial la gran minería a cielo abierto, conducen a una degradación irreversible y/o de difícil mitigación.
9. Las compensaciones (‘offsets’) que suelen proponerse por parte de la industria minera no subsanarían la pérdida irreversible de áreas de páramo frente a la limitada extensión total del bioma páramo en los países andinos (Guerrero, 2008: 8).

Hasta el momento, para el proyecto minero “Quimsacocha” no existen estudios técnicos que adviertan de los posibles impactos de la minería. Sin embargo en reiteradas ocasiones se ha manifestado que si los grupos opositores a este tipo de políticas quieren desarrollar sus agendas deben ganar las elecciones. Entonces, ante el abrumador triunfo de Rafael Correa en las últimas elecciones hace suponer la ejecución inmediata de este y otros proyectos mineros pendientes en el país.

IV. Conclusiones  

La historia de la minería es de miseria y devastación. En la actualidad no existe tecnología de punta que mitigue y elimine los efectos adversos sobre la naturaleza y la población local. El desarrollo de las actividades mineras en los páramos, por su situación de vulnerabilidad ecosistémica, merece especial atención.  

Kimsakocha es un reservorio natural de agua utilizado tanto para el consumo humano como para actividades agro-ganaderas de subsistencia. Por la importancia acuífera de esta zona es mejor descartar toda actividad económica que ponga en peligroso el desarrollo humano y ambiental de las zonas de influencia. 

Si bien las cifras monetarias, que servirían para financiar el gasto social, darían la ilusión de desarrollo tan esperado y deseado en las comunidades olvidadas por décadas, la devastación ambiental que la actividad minera generará en el largo plazo no es comparable con los posibles beneficios antes analizados.

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