El cambio climático
A medida que las actividades económicas se desarrollan, concomitantemente se genera cada vez más gases tóxicos que contaminan el medio ambiente.
Los sectores de transporte vehicular, aéreo y marítimo, industrial, agrícola, ganadero, así como la ampliación de la frontera agrícola, deforestación e incendios, son los mayores causantes de la contaminación ambiental.
Las actividades humanas provocan el llamado “efecto invernadero”, que es un fenómeno en el cual la luz solar es absorbida por la superficie terrestre, vuelve a la atmósfera en forma de calor, ahí los gases de efecto invernadero retienen parte de ese calor; cuando más gases de invernadero hay, más calor es retenido.
El dióxido de carbono (CO2) es responsable del 53% del calentamiento global que es resultado del empleo de combustibles fósiles, de forestación, producción de cemento y otros bienes. Su permanencia en la atmósfera es variable, el 80% puede durar hasta 200 años y el 20 % restante puede permanecer hasta 30.000 años.
El metano es otro de los gases de efecto invernadero que mayor incidencia tiene en el calentamiento global, 15%, es provocado por actividades como ganadería, agricultura, tratamiento de aguas residuales, distribución de gas natural y petróleo, minería de carbón, empleo de combustibles y emanación de vertederos. Tiene una permanencia promedio en la atmósfera de 12 años.
El ozono es el causante aproximadamente del 11% en el calentamiento global, es consecuencia de la reacción entre los gases monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles, emitidos en la quema de combustibles. Su permanencia en la atmósfera es muy corta, meses.
El óxido nitroso contribuye con el 11% al calentamiento global. Su emisión se origina en la quema de combustibles fósiles, uso de fertilizantes, producción química y tratamiento de aguas residuales. Su permanencia en la atmósfera es larga, alcanza hasta 114 años.
Los países industrializados son los que en mayor medida generan gases de efecto invernadero y en menor proporción los estados en desarrollo. China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón encabezan el ranking en la generación de CO2 a la atmósfera, representan más del 57% de las 36 gigatoneladas generadas en el mundo en 2016.
El calentamiento global se manifiesta en el incremento de la temperatura, desregularidad de los ciclos estacionales, que se traducen en sequías e inundaciones, huracanes, tornados, deshielo de los glaciales, mueren árboles y plantas, destrucción de la biodiversidad, desaparecen aves y peses.
El avance de las sequías y desertificación afecta a las actividades agrícolas y ganaderas. Las radiaciones solares también afectan la salud de las personas, pueden provocar cáncer de piel. El aumento de la temperatura en determinadas ciudades de Europa y Medio Oriente han superado récord históricos, más de 43 grados, ha causado decenas de fallecidos de personas vulnerables, especialmente de la tercera edad.
El crecimiento del parque automotor en Ecuador
En los últimos diez años, el sector de transporte vehicular, que genera la mayor cantidad de gases tóxicos que contaminan el medio ambiente, creció aceleradamente como resultado de las políticas públicas, tales como exoneración de aranceles y compensaciones económicas a taxis, subsidios a buses y combustibles, libre importación de vehículos.
En 2008, estaban matriculados 918.908 vehículos, diez años después, a fines de 2017, subieron a 2´237.264, registrando una tasa de crecimiento de 143,5% en el período. En Pichincha estaban matriculados 511.782 vehículos, Guayas 480.977, Manabí 189.512 y Azuay 141.848. Así lo registra el INEC, en el año 2017.
Del total del parque automotor, el 91,1% corresponde a vehículos particulares; el 7,5% vehículos de alquiler; y el 1,5% al Estado. Según su clase, el 31,7% a automóviles; 23,7% motocicletas; 18,9% camionetas, 16,1% jeeps, 4,7% camiones, entre otros.
A nivel nacional, el número de defunciones en 2017 ascendió a 69.247 personas, de las cuales 3.017 fueron causados por accidentes de tránsito, equivalente el 4,4% del total de fallecidos, amén de decenas miles de heridos.
El elevado número de fallecidos motivó a que el Primer Mandatario disponga la instalación de fotorradares en todo el territorio nacional. Sin embargo, en Huaca, en la ruta E-35 que une Imbabura con Carchi por presión de los transportistas y usuarios sorprendentemente el Ministerio de Transporte resolvió el retiro de los fotorradares.
Los gremios de los transportistas también han estado cabildeando en la Asamblea Nacional para las reformas a la Ley de Tránsito y Trasporte Terrestre, entre otras cosas, piden la eliminación del sistema de puntos de la licencia que se aplica desde 2008 y reemplazar con trabajo comunitario.
Verbigracia, es conocido que en la capital de la República se realiza la revisión vehicular en varios sectores, junto a ellos hay talleres automotrices especializados en regular la emanación de gases para que puedan pasar la revisión momentáneamente. No se explica cómo pasan la revisión vehicular los llamados metrobuses, articulados, buses, furgonetas, camiones, que emanan como locomotoras gran cantidad de gases tóxicos que dejan impregnado de hollín los parterres de vías, pasos a desnivel, fachadas de casas y edificios.
Incluso, muchos transportistas de taxis, buses y volquetas realizan la revisión vehicular en otros cantones porque no existen centros de revisión vehicular, como resultado de ello el Patrimonio Cultural de la Humanidad se ha constituido en una de las ciudades más contaminadas del país.
En los últimos siete años se han dado cinco prórrogas a los cantones para que instalen los centros de revisión vehicular. “Pese a eso, 159 de los 221 municipios del país aún no implementan los centros de Revisión Vehicular, como exige la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”.
La revisión vehicular se lo ha venido haciendo únicamente en forma visual en la mayoría absoluta de los cantones del país. No se revisa el motor, líquidos, aceite, alineación, luces, balanceo, emanación de gases contaminantes, como consecuencia de ello se registran miles de accidentes de tránsito.
Los efectos de la contaminación ambiental en la salud
Los vehículos con motores de combustión emiten gases tóxicos y micropartículas como el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NxOy), compuestos de plomo, anhídrido sulfuroso y partículas sólidas.
Los motores a gasolina emiten especialmente monóxido de carbono, la exposición excesiva de una persona conduce al envenenamiento y a la muerte. El dióxido de carbono no es letal en concentraciones pequeñas y se encuentra en forma natural en la atmósfera, sirve para el proceso de fotosíntesis de las plantas. No obstante, en concentraciones altas provoca el “efecto invernadero” que eleva la temperatura del planeta y el altera los ciclos estacionales.
Los vehículos con motor a diésel emiten gases contaminantes como óxidos de nitrógeno, partículas de hollín, benzopirenos, anhídrido sulfuroso, entre otros. Los óxidos de nitrógeno surgen de la mala combustión en los cilindros del motor, si se unen al CO2 o a la humedad se forman los nitratos que son compuestos químicos inorgánicos muy peligrosos para las personas y además provocan el efecto invernadero.
Los gases tóxicos afectan al corazón, pulmones, al sistema nervioso y provocan la muerte prematura de las personas. Los óxidos de nitrógeno están asociados con bronquitis, enfermedades respiratorias crónicas, parto prematuro, accidentes cerebrovasculares, coágulos de sangre, presión arterial alta.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gases de los vehículos con motor a diésel son cancerígenos para los seres humanos. La OMS estima que en 2016 la contaminación ambiental del aire causó 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año, el 90 por ciento de los fallecimientos fueron en los países en desarrollo.
El organismo especializado de Naciones Unidas estima que en 2016 la contaminación ambiental provocó:
“… aproximadamente el 58% de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica se debieron a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes se debieron a enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infecciones respiratorias agudas, y el 6% de las muertes se debieron a cáncer de pulmón”.
Además, el Organismo Mundial de la Salud señala que algunas muertes pueden atribuirse a más de un factor de riesgo al mismo tiempo. “Por ejemplo, tanto el consumo de tabaco como la contaminación del aire ambiente pueden provocar cáncer de pulmón”.
Los efectos de la contaminación ambiental en la mortalidad
En Ecuador, las muertes de personas han crecido sostenidamente en los últimos años atribuidas a la contaminación ambiental generada, a su vez, por las actividades industriales, agricultura, ganadería, incendios forestales y, sobre todo, por el crecimiento exponencial del transporte vehicular.
En el año 2000, el número de defunciones en Ecuador fue de 56.420 personas, diez años después, en 2009, sube a 59.714 y en 2017 se sitúa en 69.247. En este último año, 22.891 fallecimientos están directamente relacionados con las causas derivadas de la contaminación ambiental, equivalente al 33,1%, descrita por la Organización Mundial de la Salud.
Las muertes causadas por enfermedades isquémicas del corazón fueron 7.404 personas que representó el 10,7% del total de las defunciones en el país. La mortalidad provocada por enfermedades cerebrovasculares alcanzó a 4.300, equivalente al 6,2%. Los decesos generados por enfermedades hipertensivas 3.409, 4,9%. Los fallecimientos originados por influencia y neumonía 3.800, 5,5%. Las muertes derivadas por enfermedades crónicas de las vías respiratorias 1.824, 2,6%.
Seguramente la falta de información acerca de los daños en la salud de las personas que provoca las emisiones de gases tóxicos del transporte vehicular en sus distintas modalidades puede ser la causa que explica la indiferencia de la población frente a este problema crónico presente en las principales ciudades del país.
Los movimientos ambientalistas radicales tampoco se han pronunciado mayormente sobre el problema de la contaminación ambiental generada por el parque automotor, sus actividades se han focalizado en la actividad minera a gran escala que se encuentra en pleno desarrollo en el país.
¿Las leyes ambientales han quedado como letra muerta?
A nivel internacional, se han realizado varios convenios, conferencias, acuerdos para disminuir la emisión de dióxido de carbono. En 2015, se realizó la Conferencia Mundial del Cambio Climático en París, donde se reconoce como un problema vital para la humanidad y la necesidad de tomar medidas urgentes.
El Acuerdo de París aprobado por 197 países compromete a los Estados a tomar medidas de carácter financiero, geopolítico, energético y social, a fin de reducir las emisiones de CO2 y unificar los esfuerzos para mantener por debajo de los 2 grados el aumento de la temperatura. Se resolvió crear un fondo de ayuda de $100.000 millones para apoyar a los países en desarrollo con el propósito de mitigar los efectos del cambio climático.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Secretario de Estado, John Kerry, firmó el Acuerdo de París. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump en junio de 2017 anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo. El inquilino de la Casa Blanca considera el cambio climático como “un cuento chino”.
Ecuador inicialmente no firmó por su posición crítica con el texto del Acuerdo de París por considerarlo poco ambicioso o deficiente en las ayudas a los países en desarrollo, no obstante, el 26 de julio de 2016, el presidente de aquel entonces, Rafael Correa, finalmente firmó.
De los 197 países que firmaron el Acuerdo de París, 185 lo han ratificado, incluido la República Popular China, el mayor contaminante a nivel mundial, Unión Europea, Japón, Canadá. Entre los países que no ha ratificado el Acuerdo está Rusia, uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural.
Sin embargo, del conjunto de países que han ratificado el Acuerdo, únicamente 17 han definido planes de acción nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de los compromisos adquiridos.
En el ámbito de América Latina se considera que Chile lidera la lucha contra el cambio climático, uno de los primeros países en la región en fijarse como objetivo obtener el 20% de su energía de fuentes renovables no convencionales, como la eólica y solar, para el 2025. También lanzó el primer bono verde de la región que canaliza la inversión hacia proyectos ambientalmente sostenibles.
El Gobierno de Chile para combatir la contaminación del aire en Santiago, “…creó incentivos impositivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el transporte público. Hoy la capital cuenta con una flota de 200 autobuses eléctricos como parte de un plan para que 80% de sus autobuses funcionen a baterías para el 2022”.
Ecuador todavía sin planes contra la contaminación ambiental
En el contexto de Suramérica, Ecuador a fines de 2017 las emisiones de dióxido de carbono derivado del consumo de energía fueron de 37,5 millones de toneladas métricas por encima de Bolivia, Paraguay y Uruguay, pero por debajo de Colombia, Chile y Perú.
Las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel local no han diseñado un plan nacional o local a mediano y largo plazo con objetivos, metas, estrategias, proyectos viables y el financiamiento correspondiente para reducir drásticamente las emisiones de gases tóxicos que generan las actividades productivas.
Ecuador tiene una de las constituciones más avanzadas en cuanto al tema ambiental, reconoce los derechos de la naturaleza. El artículo 397 de la Carta Magna establece como uno de los principios ambientales lo siguiente:
“En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental”.
A su vez, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 253, referente a la contaminación del aire, dispone:
“La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
La Constitución Política, Código Orgánico Ambiental, Código Orgánico Integral Penal, protegen la biodiversidad y el medio ambiente. Sin embargo, en el país no hay una cultura en la administración de justicia y en amplios segmentos de la población para el cumplimiento de las leyes en general.
El numeral 4 del artículo 9, que aborda los principios ambientales, del Código Orgánico Ambiental establece:
“El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan.”
A su vez, el numeral 10 del artículo 27, que describe las facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Metropolitanos y Municipales, del Código Orgánico Ambiental, establece como una de sus obligaciones en el área urbana: “Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido”.
La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que incluyó el impuesto a la contaminación vehicular, fue enviado a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente, entró en vigor por el Ministerio de la Ley en 2011. El impuesto a la contaminación vehicular estaba en función del cilindraje y del número de años del vehículo. El Servicio de Rentas Internas (SRI), desde 2012 hasta 2018, por el “impuesto verde” llegó a recaudar más de $760 millones.
La Ley de Fomento Ambiental no llegó a especificar el destino de los recursos, por lo que ingresaban al Presupuesto General del Estado, específicamente a gastos permanentes, tales como pago de sueldos y salarios, pago de intereses de la deuda pública, entre otros gastos. La Asamblea Nacional en vez de corregir ese vacío legal -por ejemplo, hubiese destinado a la importación de buses eléctricos para el transporte público-, haciéndose eco de las protestas de grupos de propietarios de vehículos, y en un estado de penuria de recursos fiscales, derogó el “impuesto verde” y la prescripción de sus deudas.
Propuestas alternativas
En la línea de mitigar los efectos del cambio ambiental se debería establecer multas contra las personas cuyos vehículos emitan gases contaminantes más allá de los estándares permitidos, boten basura y materiales de construcción en calles, avenidas, ríos, lagunas y en general en espacios públicos, como se realiza en los países desarrollados.
Adicionalmente, se debe seguir sustituyendo progresivamente las centrales térmicas por centrales hidroeléctricas, cuya construcción se encuentran paralizadas; promover la generación de energías no convencionales como la eólica y solar; reemplazar los vehículos con motor de combustión por autos eléctricos; restringir progresivamente las importaciones de vehículos con motor a diésel; ejecutar un plan nacional de reforestación a escala nacional.
Sin duda, en las condiciones actuales es poco viable que las autoridades a nivel nacional o local tomen drásticas medidas contra la emisión de gases contaminantes; con las excepciones del caso, los políticos priorizan sus intereses personales y/o grupales a los intereses de la nacionales o locales, trabajan para reelegirse en las funciones que desempeñan, esa ha sido una constante en el país.
Según el Primer Mandatario, la inmigración de venezolanos al país, sin mayor control, ha alcanzado a 500.000 personas, cuyo costo asciende a $500 millones anuales, ha derivado en el incremento exponencial de la informalidad y la virtual toma de calles, avenidas, plazas y espacios públicos en general, como ocurre en la capital de la República, evidenciado la desidia y la falta de planificación y organización de las autoridades para enfrentar este problema.
En los últimos años, cientos de funcionarios que ocupaban altos cargos en las instituciones del Estado -a nivel Ejecutivo, Legislativo, empresas públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados- han estado involucrados en actos de corrupción en colusión con ciertos grupos empresariales, nacionales y extranjeros, perjudicando al Estado en miles de millones de dólares como resultado de los sobreprecios en la construcción de obras públicas, y paradójicamente sigue imperando la impunidad.
A pesar del deterioro de la economía, de los altos niveles de desempleo y subempleo, altos porcentajes de pobreza y extrema pobreza, amerita citar el refrán popular que dice “No mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. También tiene plena vigencia la frase “Siembre hay una luz al final del túnel”.
* Economista, docente universitario y ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador
