06 junio 2014
1.- Existe un consenso entre los politólogos respecto a que el presidencialismo comoforma de gobierno instituida desde las primeras constituciones en el régimen político de los países andinos, para todos sus niveles estatales, si bien creó la oportunidad de alcanzar una mayor racionalidad instrumental de los procesos gubernativos para conformar los estados nacionales. Por otra parte, generó una propensión a los llamados “conflictos de poderes”, debido a que la concentración decisional en manos de los ejecutivos ha desbalanceado y producido rupturas en el sistema de contrapoderes del régimen republicano, instalado en países fragmentados por lógicas territoriales regionales.
2.- El presidencialismo en la región andina provino, y fue un resultado de la influencia en el pensamiento político de nuestros fundadores: a) de la herencia monarquista colonial y caciquista precolonial; b) de la influencia política del bonapartismo francés, y; c) de la influencia del presidencialismo estadounidense, país que se había independizado de la corona inglesa décadas atrás (aunque no de su federalismo).
3.- En el caso ecuatoriano, aunque en su primera Constitución se establece la elección del presidente a través de los representantes del Congreso Nacional -quien asumía como jefe de Estado y jefe de Gobierno-, es en la Constitución de 1852 que se instituyó la elección popular del presidente, habiéndose mantenido en adelante hasta hoy día.
4.- A causa de la pugna de poderes originada en el divorcio entre los poderes ejecutivo y legislativo, la historia política del Ecuador se ha caracterizado por una constante inestabilidad, de forma que un mayor número de gobiernos ha resultado como producto de quiebres institucionales antes que de procesos democráticos de sucesión, siendo el período 1996-2006 uno de los de mayor inestabilidad. En ese período de diez años el país llegó a tener siete gobiernos -situación que llevó a que en organismos internacionales se discutiera sobre la “viabilidad política del país”. Así mismo, el país en su historia republicana ha tenido un número de 21 Constituciones, con una vigencia promedio de nueve años.
5.- Como respuesta institucional ante la historia de la conflictividad política del país, (que tiene dos componentes: caudillismo y presidencialismo) a lo largo de la vida republicana y principalmente desde la Constitución de 1978, hasta la vigente aprobada en 2008, se ha mantenido el precepto de “no reelección” de la Presidencia de la República y la reelección indefinida de los demás cargos de elección popular. Así permitiendo en el caso de la vigente Constitución la reelección por un solo período, sea este inmediato o no, de todos los cargos de elección.
6.- Es así que, según el conocido politólogo Dieter Nohlen, “La no-reelección tiene una larga tradición histórica, y su más sólida fundamentación es la propia experiencia histórico-política de América Latina: …El presidencialismo latinoamericano y la tentación de los presidentes de perpetuarse en el poder, por un lado, y la coacción y el fraude en los procesos electorales, por el otro” (Dieter Nohlen).
7.- Sin embargo, de acuerdo con Nohlen “…pese a la importancia que tiene la alternabilidad en el gobierno para la teoría democrática, ella por sí sola no es un principio mismo de la democracia, comparable con el principio de la elección de los mandatarios y de la periodicidad de las elecciones. Lo es sólo en las circunstancias concretas que en América Latina legitimaron esta previsión constitucional, tesis que se confirma por las excepciones a la normativa, siempre presentes en América Latina” . Por ello, argumenta Nohlen “No existe ningún parámetro a nivel teórico, es decir, no relacionado con la contingencia histórica, para determinar comparativamente el valor democrático de la reelección inmediata y por una sola vez frente al de la no-reelección del ejecutivo” .
8.- Por ello, señala Nohlen “Es importante preguntarse si la no-reelección, resultado de unas circunstancias históricas, puede tener el mismo grado de legitimidad cuando las circunstancias son diferentes, cuando las elecciones son libres y honestas, cuando la alternancia no se excluye por fraude, y cuando la alternancia en el gobierno no necesita ser garantizada por una norma constitucional, sino que puede ser librada al juego libre de las fuerzas políticas” .
Aplicando la hipótesis de Nohlen al caso ecuatoriano, deberíamos preguntarnos si aún persisten las circunstancias que justifiquen la no reelección constitucional, es decir, si la cultura política de los ciudadanos y los sujetos políticos ha superado el “caudillismo electoral”, y también si las pugnas de poderes se procesan institucionalmente o si conducen a las consabidas crisis de gobernabilidad.
Aunque respecto a esta pregunta la respuesta probablemente no será muy favorable, puesto que la cultura política no se modifica sino en décadas, sin embargo, debemos considerar algunos elementos que deben ponderarse, tales como:
a) La conformación de la función electoral como una función independiente y autónoma de las demás funciones del Estado;
b) El desarrollo de la distritalización electoral que acerca en mayor medida a los electores con sus representantes y que favorece la rendición de cuentas;
c) La conformación de la función de control y transparencia en base a la participación ciudadana, cuyo instituido Consejo de Participación y Control Social tiene la atribución de elegir a las autoridades de la función de control y otras, mediante concursos de oposición y mérito, lo cual debería conducir a que las autoridades seleccionadas sean autónomas e independientes de la función ejecutiva o legislativa;
d) El desarrollo de la Participación Ciudadana como contrapoder de la sociedad al poder instituido;
e) El desarrollo del proceso de descentralización que concentrará la ejecución de los servicios en los ámbitos locales;
f) El carácter garantista y constitucional del sistema constitucional y político ecuatoriano, que debe hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos, por encima de la voluntariedad de las autoridades, disminuyendo la posibilidad de generar clientelas electorales a través de la política pública.
Es decir que la nueva arquitectura política institucional que propone la Constitución ecuatoriana debería permitir una articulación entre las funciones del Estado y la sociedad que canalice institucionalmente sus naturales pugnas y disminuya sus defectos como son el presidencialismo, el caudillismo y la transparencia.
Sin embargo, hasta lograr la eficacia del sistema propuesto por la Constitución, la reelección de autoridades, puede obrar de manera que debilite su institucionalización. Es decir que como señaló el Presidente de la República en su informe anual, SE TRATA EFECTIVAMENTE DE UN MAL (AUNQUE SEA MENOR), ES DECIR, DE UNA MEDIDA QUE PUEDE AFECTAR LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA POLÍTICO.
Pero, más allá de este debate jurídico-constitucional, que puede caer en sesgos institucionalistas, como bien han señaladode manera coincidente todas las personas que han intervenido en este debate, existe a lo largo de la historia republicana del país un contexto histórico social y político concreto que reproduce estructuras caudillistas y oligárquicas del poder a pesar de la prohibición de la reelección indefinida del cargo presidencial. Entonces, es evidente que la calentura NO ESTA EN LAS SABANAS de las Constituciones, sino en las condiciones del modelo capitalista atrofiado, oligárquico, patrimonialista, dependiente y colonial de las estructuras del país, más allá de las intenciones que pudieron haber tenido las normas constitucionales.
Por tanto, si no se superan estas condiciones estructurales, por más ingeniería constitucional que pueda realizarse, se reproducirán nuevamente los defectos caudillistas del sistema político presidencialista. Si no se supera la pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, la falta de educación, acceso a la información, el analfabetismo digital, la discriminación, la desigualdad territorial, en síntesis, ante la carencia de capacidades propias para el ejercicio de las libertades personales, se perpetuarán las condiciones que han llevado a los ecuatorianos a creer en mesías salvadores.
9.-Pero, analizado desde la posición contraria, citando nuevamente a Nohlen “Vale considerar también que la no-reelección restringe el derecho del elector de votar libremente por candidatos de su preferencia, derecho que se limita legítimamente sólo por consideraciones funcionales a la democracia” (Dieter Nohlen). Es decir que: “…la no-reelección restringe la capacidad del electorado de enjuiciar – positiva o negativamente – a un gobierno, pues, en términos generales, a través de la no-reelección se garantiza la alternancia en el gobierno, sin que ella tenga el mismo efecto de control sobre el ejercicio del poder del que gobierna, que el que se atribuye en la teoría democrática a la sola posibilidad de alternancia en caso de reelección permitida” (Dieter Nohlen).
Así mismo, citando nuevamente a Nohlen, “En segundo lugar, un período electoral parece demasiado corto para llevar a cabo políticas económicas y sociales con resultados visibles, y se restringe….el plazo de que dispone un gobernante para continuar una obra bien iniciada” (Cabrera 1917, p.19). Ello conduce a una situación que siempre resulta conflictiva para los gobiernos, de que se agraven los problemas de la no-correspondencia entre tiempos económicos y tiempos políticos, pues, interferencias constitucionales en esta relación pueden aumentar los problemas de gobernabilidad” (DieterNohlen).
Estas reflexiones de Nohlen sobre los elementos positivos de la reelección, para el caso ecuatoriano debería llevarnos a la pregunta sobre el rol necesario que deben jugar determinadas personas que poseen cualidades carismáticas para contribuir a la reinstitucionalización del país, cuyo proceso aún se encuentra en curso. Más todavía cuando la nueva institucionalidad que se construye obedece a un cambio originado en un proceso “constituyente”, producto de una ruptura en la correlación de fuerzas, con el ascenso de las clases subalternas al poder.
10.- Por ello, y citando nuevamente a Nohlen, más allá del debate teórico-político, siempre estará en juego la misma contingencia política, pues, “… en el debate sobre la reelección en América Latina, los argumentos que se imponen son los que se aferran al pasado histórico latinoamericano y, (por otra parte), aquellos relacionados con enfoques de poder, de proyección personal o partidista de quienes promueven la idea de permitir la reelección .
En el caso ecuatoriano, como señaló el presidente de la República, el proceso de transformación que vive el país a partir del año 2006, vive una constante amenaza que proviene desde los sectores desplazados del poder y afectados por las políticas implementadas en estos años, principalmente respecto al manejo de los sectores estratégicos (nacionales e internacionales), – además de las finanzas y el comercio-.
Esta reacción de las fuerzas adversas al cambio, que actúa en los países de América Latina que viven un proceso similar al de Ecuador, como son Venezuela, Bolivia, Argentina, etc., y que ha demostrado no tener medida para alcanzar su propósito de restauración neoliberal, y que recurre a complejas estrategias como la llamada del GOLPE SUAVE, que combina el boicot económico con la desestabilización política, la campaña de desprestigio mediático y la sublevación militar (en un accionar continuo, hasta reventar los regímenes democráticos), constituye una CONTINGENCIA que justifica plenamente como MAL MENOR la enmienda constitucional para establecer la reelección presidencial.
Es decir que, para alcanzar el propósito constitucional de una sociedad plena de derechos, donde las personas puedan desarrollar sus capacidades propias para ejercer sus libertades, será necesario mantener la continuidad del bloque social político que impulsa estas transformaciones, lo cual podría implicar al menos la reelección del presidente de la república por un nuevo período.
11.- Sin embargo, es necesario señalar que más allá del debate sobre la reelección de los cargos de elección popular, el problema principal que actualmente viven los procesos progresistas de América Latina y específicamente el Ecuador, es el debilitamiento de su base de sustentación social y política, que, para el caso ecuatoriano, es el debilitamiento de la alianza social política que fue la impulsora, desde años atrás, de la ruptura política que permitió el ascenso de la revolución ciudadana, y cuyos síntomas se reflejaron en los resultados electorales recientes. Cómo han señalado varios autores, sin sujeto revolucionario que sostenga en las calles y en las urnas el proceso transformador, no hay revolución que pueda sostenerse.
Por ello, si no hay un esfuerzo potente de restablecimiento de las alianzas que constituyeron este proceso y permitieron lograr ocho triunfos electorales continuos, inclusive la reelección podría operar de manera contraproducente. Es necesario despojarse de la visión neopositivista que cree ciegamente en operaciones de ingeniería y marketing político y asumir un enfoque sistémico y dialéctico de la dinámica social y política.
Bibliografía:
Ayala Enrique. Resumen de Historia del Ecuador. Corporación Editora Nacional, Quito, 2008
Registro Oficial No. 449. Constitución de la República del Ecuador. Quito, 2008
Nohlen, Dieter. http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/XV.pdf Extracted from Treatise on Compared Electoral Law of Latin America; XV. LA REELECCIÓN© International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2007.
Sanchez Parga José. La Pugna de Poderes: Análisis crítico del sistema político ecuatoriano. Editorial AbyaYala. Quito, 1999.
