BALANCE DE LA INSURRECCIÓN POPULAR EN ECUADOR. Por Miguel Merino S.

¿Cuál es la importancia y el significado de las luchas que se produjeron en el Ecuador entre el 2 y el 13 de Octubre? Podemos caracterizarlas como una gran insurrección popular  a nivel nacional, algunas organizaciones lo denominaron “Paro Nacional del Pueblo”, el cual incluyó un nuevo “levantamiento indígena” y también paralizó parcialmente la producción.
Esta explosión social fue detonada por las medidas antipopulares adoptadas por el gobierno de Moreno el 2 de octubre, mediante el Decreto 883 que contenía tres aspectos fundamentales: el alza de la gasolina y del diésel, reformas laborales que atentan contra los derechos de los trabajadores, principalmente del sector público y medidas en beneficio del sector empresarial.

Las jornadas de octubre adoptaron diversas formas de lucha y fueron protagonizadas por muy diversos sectores sociales que van desde los indígenas y campesinos, principalmente de la Sierra y el Oriente, trabajadores asalariados, trabajadores informales, transportistas, desempleados, estudiantes, jóvenes que ni estudian ni trabajan, jubilados, mujeres indígenas y mestizas, trabajadoras y grupos feministas que reivindican el tema de género, moradores de los barrios y comunidades, grupos marginales, clases medias, entre otros. Se prolongó hasta el domingo 13 de octubre, es decir, durante 11 días de lucha ininterrumpida y ascendente.

Fue una insurrección popular victoriosa, no solamente porque se logró la derogatoria del Decreto 883 que el gobierno había declarado inamovible, sino sobre todo porque demostró que solamente con la lucha y la movilización se pueden alcanzar los derechos y las demandas de la clase trabajadora y demás sectores populares. Tuvo un carácter no solo antigobiernista, sino antiburgués y antiimperialista al dejar muy claro ante la población que las medidas adoptadas respondían a los intereses de  los grandes empresarios y a la necesidad de cumplir con la Carta de Intención firmada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mes de marzo.

Marca un antes y un después en la historia de la lucha de clases en el Ecuador porque ya nada será como antes, habiéndose producido un cambio en la correlación de fuerzas favorable al campo popular, de modo que podemos definir al momento actual como una etapa pre insurreccional.  Existe, sin embargo, el riesgo de que se pierda en las negociaciones lo que se ganó en las calles, situación que dependerá sobretodo de las organizaciones sociales que están participando en los diálogos con el gobierno, principalmente las vinculadas al movimiento indígena (Conaie la más importante) y en segundo lugar de las organizaciones de trabajadores (el FUT la más visible).

***

Esta explosión popular, inesperada y en gran medida espontánea fue el resultado también de un acumulado de luchas, tales como las protestas y movilizaciones obreras y campesinas realizadas en los meses anteriores, la huelga de hambre protagonizada por los maestros jubilados para que les paguen sus compensaciones retrasadas por años, la resistencia de los estudiantes egresados de Medicina ante la reducción de sus estipendios, el paro de la fronteriza provincia del Carchi por la grave crisis económica que les afecta; en el caso de estas tres últimas luchas, el gobierno se vio obligado a ceder a sus demandas.

Aunque el estallido popular no fue producto de una dirección política o social centralizada y planificada, menos aún de una conspiración internacional como señaló el gobierno, contó sin embargo con un referente simbólico y una vanguardia: el movimiento indígena encabezado por la Conaie, que sumó también la participación activa de otras dos organizaciones campesinas: la Fenocin y la Fenase. Los indígenas realizaron un levantamiento que se inició en las provincias centrales de la Sierra y en las provincias del Oriente, en las cuales las principales vías de comunicación como la Panamericana fueron interrumpidas  para luego iniciar su marcha hacia Quito donde se concentraron en los alrededores de los parques El Arbolito y El Ejido. Desde allí se organizaron varias marchas y manifestaciones hacia el Palacio de Gobierno y la Asamblea Nacional. El movimiento indígena fue el catalizador que permitió canalizar una enorme solidaridad y el apoyo de los habitantes de Quito y su alrededores, pero también de varias ciudades del país donde se realizaron diversas acciones de protesta que incluyeron no solo marchas pacíficas, sino la toma de seis gobernaciones, la ocupación de puntos estratégicos de distribución del agua, antenas de radio y TV, la paralización de tres pozos petroleros de la región oriental, la retención de policías y otras más.

 Lecciones del movimiento indígena: 1) La unidad de  las organizaciones más representativas del movimiento indígena (Conaie, Fenocin y Fenase) pese a sus diferencias políticas e ideológicas; 2) La demostración de que solamente con la movilización y la lucha en las calles se puede exigir derechos y derrotar a un gobierno burgués, sumiso al imperialismo; 3) Una organización de la sociedad que permitió el abastecimiento de agua, alimentos, medicinas y vituallas a cerca de 20 mil indígenas que  permanecieran en Quito durante varios días; logró además controlar a los infiltrados del gobierno y otros sectores políticos que  intentaron dividir al movimiento indígena en las acciones de lucha; 4) Una democracia asamblearia conformada al calor de la lucha en el Ágora de la Casa de la Cultura (contigua al parque del Arbolito), donde los dirigentes medios y voceros de las comunidades de base exponían sus criterios y propuestas, exigiendo a los dirigentes de mayor jerarquía que defendieran las decisiones de la mayoría y que las negociaciones con el gobierno se realizaran públicamente (el acuerdo final alcanzado el 13 de octubre fue transmitido públicamente por diferentes medios de la TV y la prensa)^[1].

La Conaie ha salido fortalecida en este proceso y convocó al Parlamento de los Pueblos donde participan no solamente los indígenas sino otras organizaciones populares que presentaron, más que una propuesta coyuntural para hacer frente a la crisis fiscal, un modelo alternativo a las políticas neoliberales del gobierno, pero no pone en cuestionamiento al sistema capitalista, es decir, un modelo reformista. Entre sus planteamientos más destacados están la suspensión de todas las concesiones mineras, la renegociación de los contratos con las empresas petroleras y las telefónicas, la reducción de las tasas de interés de los préstamos bancarios, la reducción del IVA y mayores impuestos a los grupos económicos más poderosos del país. Esta propuesta ha sido ignorada por el gobierno y muy criticada por los grandes empresarios y los economistas neoliberales.

Sin embargo, es necesario también señalar las limitaciones del movimiento indígena:

1) Es un movimiento heterogéneo en lo social, lo político y lo ideológico. En lo social existen diferentes clases sociales: una burguesía indígena que prioriza el tema étnico y cultural y no la lucha por la tierra y los recursos productivos; sectores de la pequeño burguesía vinculada con medianos y pequeños negocios agrícolas y artesanales que demanda apoyo del Estado y también una pequeño burguesía intelectual que también prioriza el tema étnico y la identidad cultural; un proletariado indígena que labora como asalariado no solamente en las plantaciones agrícolas sino en las zonas fabriles de la ciudad, y un campesinado pobre, sin tierra, que se ha visto obligado a migrar a las ciudades y sobrevivir a través de actividades informales.

Para lograr unir esta diversidad de intereses sociales, la dirigencia indígena priorizó dos objetivos claros: la derogatoria del Decreto 883 y la renuncia de los ministros de Gobierno y Defensa, desmarcándose del correísmo y otros grupos que tenían como consigna fundamental la caída del gobierno de Moreno. Aunque sectores más radicales y de la base sí planteaban el “fuera Moreno” o tenían otras demandas como la prohibición de la minería a gran escala, el rechazo al modelo neoliberal y al FMI, la dirigencia no planteó una consigna de poder que fuera más allá de la coyuntura.

2) La expresión política electoral del movimiento indígena es el Movimiento Plurinacional Pachakutik que ha logrado mantener una representación política local en las zonas de mayor concentración poblacional indígena. Sin embargo han surgido fuertes pugnas internas, especialmente desde la época correísta que cooptó y dividió a las organizaciones campesinas e indígenas, a la vez que marginó y criminalizó la protesta social, enjuició a dirigentes y organizaciones principalmente vinculados a la Conaie, opuestos a sus políticas, provocando un debilitamiento del movimiento en su conjunto. Luego de la insurrección popular de octubre varios dirigentes indígenas han hablado de la necesidad de prepararse para el próximo proceso electoral con candidatos surgidos de sus propias filas, pero los diferentes sectores pugnan por imponer sus candidaturas.

3) En lo ideológico el movimiento indígena ha logrado una relativa cohesión en torno a la propuesta del Estado Plurinacional, entendido como una serie de derechos y reivindicaciones para los pueblos y nacionalidades indígenas en lo político, lo jurídico y lo social. Varios de sus contenidos han sido incluidos en la actual Constitución pero están lejos de cumplirse en la realidad y no rebasan el marco del estado capitalista. Tales limitaciones impiden la definición de un proyecto clasista y serán decisivas en el transcurso de las negociaciones con el gobierno y el Estado, pero es indudable que la dominación histórica experimentada por los pueblos indígenas con su secuela de racismo, explotación y discriminación de todo tipo es lo que les ha permitido la generación de fuertes lazos de unidad, solidaridad e identificación con la lucha por sus derechos fundamentales, convirtiéndose en el referente de lucha de la población más pobre y excluida, aunque no se reconozca a sí misma como indígena, sino que se considera mestiza. Se puede concluir que durante el período insurreccional el movimiento indígena logró un espacio de representación política del conjunto de las fuerzas populares.

***

 Otros actores sociales importantes que participaron activamente en esta insurrección nacional son la juventud, los trabajadores y la población de los barrios y comunidades periféricas. La juventud es una categoría descriptiva y ambigua  en la medida que comprende a sectores heterogéneos en cuanto a su extracción social y política, pero fue evidente la presencia de muchos jóvenes en la primera fila de las movilizaciones y de la resistencia en las calles, soportando con valentía la brutal represión policial, de la cual resultaron las víctimas más afectadas.

En las jornadas de lucha participaron no solamente los estudiantes universitarios y de los colegios, sino jóvenes trabajadores formales e informales, desempleados que ni estudian ni trabajan y experimentan una gran frustración frente a un sistema que no les brinda oportunidades para desarrollar una vida digna. Recordemos que las políticas de restricción para el ingreso a las universidades públicas durante el período correísta -y que han continuado algo atenuadas con el actual gobierno- dejaron a cientos de miles de jóvenes sin acceso a la educación superior. Se debe destacar el papel cumplido por algunas universidades públicas de Quito (U.Central, PUCE, U. Salesiana y Politécnica Nacional), no solo en las movilizaciones sino en la solidaridad con el movimiento indígena al brindarles la posibilidad de hospedarse y alimentarse al interior de sus instalaciones.

También se debe mencionar la presencia de organizaciones juveniles de nuevo tipo en torno a temas como el medio ambiente, el género, la creación y difusión artística y cultural, los derechos humanos y de la naturaleza, entre otros. Se puede afirmar que en estas jornadas de octubre se produjo un relevo generacional.

Otro sector fundamental de la insurrección fueron los barrios populares de Quito y sus periferias, al igual que otras ciudades, principalmente de la Sierra y la Amazonia y en menor medida de la Costa. En Quito, los barrios populares participaron activamente en las movilizaciones, especialmente desde el día 9 de octubre, cuando se convocó a la huelga por parte del FUT y al paro nacional por parte del movimiento indígena. Los barrios populares ubicados tanto al norte y al sur de la ciudad, así como en las zonas periféricas, participaron en las jornadas de diversas formas: movilizaciones hacia la ciudad y al interior de los barrios, campañas de solidaridad con víveres y vituallas para el movimiento indígena, cacerolazos los días 11 y 12 de octubre; en algunos sectores también se conformaron asambleas populares para discutir plataformas de lucha y acciones de solidaridad y movilización.

En cuanto a la presencia de los trabajadores, se debe señalar dos realidades diferentes, aunque paralelas. La primera es la ausencia casi total de las organizaciones sindicales más importantes como el FUT y el Parlamento Laboral en las movilizaciones de octubre, al menos en la ciudad de Quito.

Aunque el FUT había convocado desde abril a la huelga nacional y realizó algunas movilizaciones y protestas contra las políticas neoliberales y antiobreras del régimen, igual el Parlamento Laboral por su lado, fue evidente que no tuvieron la voluntad política ni la capacidad de organizar un proceso planificado y consciente para que la huelga se llevara a la práctica y para lograr la unidad, objetivo estratégico de la clase trabajadora. Más bien, utilizaron la huelga como un arma de presión para negociar con el gobierno frente a  temas que les afectaban gravemente como las reformas laborales, la privatización del IESS y la privatización en curso de empresas públicas estratégicas como la electricidad y las telecomunicaciones.

Las causas de este inmovilismo son varias y complejas, pero la principal es la división entre las diferentes centrales sindicales y las prácticas oportunistas y burocráticas al interior de las direcciones de las organizaciones que integran el FUT. La CEOSL, manejada tras bastidores por un antiguo dirigente, Pepe Chávez, se opuso a la unidad con otras organizaciones como el Parlamento Laboral, argumentando su anterior adhesión al correísmo (se conoce, además, su cercanía al gobierno, inclusive en calidad de asesor de la ministra de gobierno, María Paula Romo).

La CTE, por otra parte, que ya arrastraba una debilidad y una división interna desde la etapa anterior como resultado de la proximidad del Partido Comunista con el gobierno de Correa, trabajó por la negociación y la conciliación de clases y no por una línea de independencia de clase y de lucha activa contra las políticas antiobreras. La muestra palpable de este hecho fue la traición de su dirigente César Sarango, quien, en su calidad de integrante del Consejo Nacional de Salarios, se puso de acuerdo con los delegados empresariales y del gobierno para la aprobación de algunas reformas laborales atentatorias contra los derechos de los trabajadores.

La otra central integrante del FUT, la UGTE, que actúa bajo los lineamientos del partido electoral UP–MPD, aunque opuestos en el discurso a las políticas del gobierno, también mantuvieron negociaciones con el mismo por temas legítimos como la legalización de la UNE (desconocida y perseguida por el gobierno de Correa) y pagos de jubilaciones a los maestros. En esas condiciones de división y debilidad, la CEDOC-CUT, presidida desde hace muchos años por Mesías Tatamuez, a quien correspondió la presidencia del FUT en este periodo, muy poco pudo hacer para consolidar la unidad y una estrategia orientada a una lucha decidida y planificada por la huelga nacional. No esperaban la insurrección de octubre, la lucha les sobrepasó, les cogió  desprevenidos y mostraron muy baja, casi nula, capacidad de convocatoria a las movilizaciones, al menos en lo que se refiere a la ciudad de Quito.

Pero esta situación de división y ausencia de las cúpulas directivas en las luchas no impidió que los trabajadores de base, organizados o no en sindicatos participaran activamente en las mismas y en las movilizaciones que se produjeron en muy diferentes sectores, en oposición al paquetazo decretado por el gobierno. Una muestra son las importantes movilizaciones que se dieron en el Valle de los Chillos, convertida en nueva zona fabril en la periferia de Quito; igual ocurrió en varios barrios del sur y el norte de la capital, donde se hallan ubicadas algunas empresas industriales.

Un tema a investigarse es la participación de los barrios populares de Quito y de otras ciudades durante las luchas de octubre. Las redes sociales recogieron muchas acciones de los pobladores y su clara identificación con las protestas encabezadas por el movimiento indígena. Por ejemplo, la iniciativa del “cacerolazo” surgida de la CUTCOP (Coordinadora Unitaria de Trabajadores, campesinos y Organizaciones Populares) para enfrentar el estado de excepción y el toque de queda decretados por el gobierno para frenar las movilizaciones, tuvo una gran acogida en casi todos los barrios de la ciudad y en muchos de ellos no se hizo caso de tales decretos sino que salieron a las calles e inclusive en algunas se realizaron asambleas y campañas de solidaridad con el movimiento indígena.

La errática actuación del gobierno de Lenín Moreno

Luego de anunciado el paquetazo de medidas neoliberales, la primera reacción fue la paralización del transporte y el cierre de carreteras por parte de varios gremios de los transportistas con los cuales el gobierno negoció casi de inmediato, les aceptó incrementar los pasajes y decretó el estado de excepción (4 de octubre). Ese fue un grave error, ya que, aunque los transportistas decidieron terminar su paro se encendió la ira popular y los campesinos cerraron las vías en seis provincias, en tanto que en Quito y otras ciudades las protestas continuaron.

El lunes 7 de octubre los indígenas anuncian su llegada a Quito, mientras más de 400 detenidos por las protestas eran liberados tras las audiencias. En la noche, el presidente Moreno decide trasladar la sede del gobierno a Guayaquil dando una imagen de debilidad y de que era un simple portavoz de los empresarios guayaquileños y de Nebot, el ex-alcalde socialcristiano de Guayaquil.  Denuncia además un intento de golpe de Estado orquestado por el correísmo.

Los siguientes días, 8 y 9 de octubre, las protestas se agudizan en todo el país y el gobierno, en lugar de buscar una salida a la creciente conflictividad, anuncia un toque de queda parcial e intensifica la represión. Intenta luego dialogar y acercarse a los indígenas a través de un plan agrícola, pero ellos responden con una multitudinaria marcha pacífica en Quito el 10 de octubre, logrando una gran solidaridad del pueblo quiteño y la extensión de la protesta en todas las regiones del país. Ante la llamada al diálogo por parte de un gobierno desesperado, el movimiento indígena se radicaliza y responde que no dialogarían mientras no se derogara el Decreto 883 y se destituyera a los ministros de Gobierno y Defensa.

La represión se agudiza provocando 11 fallecidos, 1340 detenidos y 1340 heridos, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Varios de los heridos sufrieron pérdida parcial o total de la visión como producto de disparos directos hacia el rostro de los manifestantes, como ahora ocurre en Chile y ha sucedido en otras latitudes del mundo. Finalmente el domingo 13 de octubre, las organizaciones indígenas y campesinas deciden dialogar públicamente y por la noche. El país mira en la TV a un presidente débil y agotado aceptar la derogatoria del Decreto 883 y anunciar su reemplazo por otro elaborado en consenso mediante el diálogo.

Los rostros más visibles del oficialismo en este polémico proceso fueron la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la del ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín. Mientras la primera justificaba la represión presentando al gobierno como la víctima de una supuesta conspiración y un golpe de Estado encabezados por el correísmo y auspiciados por sus aliados a nivel internacional, el segundo expone un discurso amenazante advirtiendo que las protestas serán reprimidas con el uso de la fuerza.

Detrás estaba la presión del equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Richard Martínez, para cumplir las prescripciones establecidas por el FMI. El gobierno pensó que al culpar al correísmo de la crisis económica y política del país, deslegitimaría la protesta social, pero más bien logró el efecto contrario: que la movilización se extendiera, el país se incendiara y el correísmo se convirtiera en protagonista y víctima, dándole una fuerza que en los hechos no tenía. De la misma manera, en la medida en que la represión violenta se incrementaba, pensando vencer a los insurgentes mediante el miedo, lo que consiguió es el repudio de sectores sociales cada vez más amplios que decidían unirse a la protesta, dándole más apoyo y fuerza al movimiento indígena y sus aliados.

Causas de la insurrección popular

 Inmediatas: las políticas neoliberales del régimen impuestas sobre todo desde inicios de 2018, luego de una engañosa y manipuladora consulta popular que le permitió al régimen desmarcarse del correísmo, políticas coronadas con la Carta de Intención firmada con el FMI en marzo del presente año. Según dicho acuerdo, el gobierno percibirá un crédito de 10.200 millones de dólares por parte del FMI y otros organismos multilaterales durante los próximos tres años, pero a cambio de ejecutar una política económica que contiene, entre otros puntos fundamentales, la implementación de una reforma tributaria para aumentar impuestos a fin de cubrir el  elevado déficit fiscal, una reforma laboral gravemente atentatoria contra los derechos de los trabajadores y medidas de ajuste macroeconómicas, como las que se impusieron con el Decreto 883, el cual constituyó el detonante del estallido social en los primeros días de octubre.

Amplios sectores de la población sintieron que les tocaba pagar una crisis y un endeudamiento que no solamente agravaba sus condiciones de vida sino que beneficiaba a los grupos más poderosos de la burguesía nacional y las empresas transnacionales. Más aún, cuando fue público y notorio que los nuevos impuestos, los recortes en el presupuesto social y los despidos de miles de empleados públicos serían destinados a pagar la onerosa deuda heredada del régimen de Correa y la nueva adquirida por el régimen actual, mientras a los grandes empresarios se les ha otorgado estímulos en la Ley de Fomento Productivo y se les perdonaba más de 4 mil millones de dólares por concepto de deudas e intereses morosos no cancelados, entre otros beneficios.

Causas mediatas. Son de tipo estructural y se refieren a la situación económica de las mayorías populares agobiadas por problemas como el desempleo y el subempleo (6 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no cuentan con un empleo adecuado), el aumento de la pobreza, la creciente desigualdad, el congelamiento de los salarios frente al aumento del costo de la vida (el salario básico de 394 dólares mensuales no cubre ni de lejos la canasta familiar, que alcanzó los 714 dólares en septiembre pasado), el deterioro de la salud y la educación, la ineficacia de la lucha contra la corrupción, la inseguridad y la violencia crecientes que se expresan en fenómenos sociales como el machismo, el racismo, la xenofobia (especialmente contra los hermanos venezolanos), la homofobia, la trata de personas, la drogadicción y la fuerza creciente del narcotráfico, la crisis carcelaria, entre otros problemas que se van agudizando no solamente en el Ecuador sino a nivel latinoamericano y mundial y encuentran una cabal explicación en la crisis sistémica y global que afecta al sistema capitalista e imperialista.

El discurso gobiernista de culpar de la gran insurrección popular de octubre a una conspiración correísta apoyada internacionalmente desde Venezuela y a grupos subversivos financiados desde el extranjero es insostenible. Es simplemente no tener la capacidad para reconocer una realidad de hambre, desocupación, necesidades insatisfechas, desigualdad e injusticia. Es indispensable reconocer la existencia de una ira contenida en amplios sectores de la población que viven realidades de angustia y frustración diaria, es decir, de una bomba de tiempo que iba a  explotar en cualquier momento. Allí es donde falló “la inteligencia” de las instituciones estatales encargadas de la seguridad que ahora atormenta al  oficialismo.

Resultados de la Insurrección de octubre y conclusiones

El proceso insurreccional provocó la polarización de la sociedad ecuatoriana en dos grandes bandos: una gran mayoría de las clases populares estuvo en desacuerdo con las medidas del gobierno (ocho de cada diez ecuatorianos, según las encuestas), y un alto porcentaje de aquellas apoyó las protestas y se sintió solidaria con el pueblo indígena, mientras en el bando contrario encontramos junto al gobierno a las cámaras de la producción, organizaciones representativas de los grupos monopólicos que controlan la economía del país^[2], las transnacionales, el imperialismo norteamericano y organismos internacionales como el FMI, la ONU, la OEA, los grandes medios de comunicación y la cúpula de la Iglesia Católica que actuó como mediadora junto a la ONU en el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena.

-En estos procesos se evidencia la validez de categorías marxistas como las de clases sociales, intereses opuestos de las clases, lucha de clases, carácter del Estado capitalista, la necesidad de construir un programa de clase y una organización revolucionaria, entre otras, aunque es necesario anclar dichas categorías en la realidad concreta compleja y atravesada por una diversidad de variables.

-El desenmascaramiento del gobierno de Moreno como claro representante de las clases dominantes y de los intereses del imperialismo, especialmente estadounidense. La brutal represión de la Policía y el Ejército, que provocó 11 fallecidos, 1340 heridos y 1192 detenidos, según el informe de la Defensoría del Pueblo, acentuó el rechazo total de la mayoría de la población hacia un gobierno insensible e indolente ante las necesidades populares, que creyó doblegar la resistencia popular con el uso desmedido y brutal de las fuerzas represivas, tal como lo han señalado varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

-Se evidenció también las verdaderas posiciones de los partidos y movimientos políticos, en especial de derecha, como el PSC y CREO, los cuales apoyaron las medidas del gobierno, y cuyos dirigentes, como en el caso de Jaime Nebot, tuvieron expresiones racistas e irrespetuosas contra los luchadores sociales y los indígenas que se concentraron en Quito, lo cual afecta su credibilidad y legitimidad, especialmente en la Sierra y el Oriente. Tampoco del lado de la izquierda tradicional hubo una posición clara de apoyo a las luchas, peor una dirección política; más bien, en el caso del Partido Socialista y su actual dirigente Enrique Ayala salió a flote  su doble discurso y su oportunismo político (por una grabación de una conversación suya con otros dirigentes sociales que circuló por las redes sociales, en la que habla de sus “consejos” el presidente Moreno).

– El proceso insurgente que salió a flote en los barrios populares de Quito, que cuentan con una larga trayectoria histórica, sus periferias y otras ciudades del país, muestra el potencial de la lucha de masas, su protagonismo y sus nuevas formas de protesta, por ejemplo, los cacerolazos; lo cual cuestiona la vieja tesis foquista de los grupos de vanguardia como los desencadenantes y conductores de las luchas de masas, visión que todavía mantienen algunas agrupaciones de izquierda.

-Otros sectores que perdieron credibilidad y se deslegitimaron ante la opinión pública fueron los grandes medios de comunicación alineados con el oficialismo y los grandes empresarios como Teleamazonas o El Comercio. Mucha gente perdió confianza en la información proporcionada por dichos medios tradicionales y más bien se informó a través de los medios independientes en las redes sociales, que jugaron un papel preponderante en la circulación de la información. Los videos y fotos captadas en vivo por los participantes en las movilizaciones recorrieron el mundo y pusieron en evidencia la fuerza de las protestas y la brutal agresión de las fuerzas represivas contra los manifestantes, cuyas cabezas visibles, la ministra de Gobierno Romo y el ministro de Defensa Jarrín fueron los más repudiados por las fuerzas ubicadas en el campo popular.

-Desde una perspectiva política, el sector que ha resultado más fortalecido políticamente tras este proceso de insurgencia es el movimiento indígena, la Conaie y su brazo político electoral que es Pachakutik, lo cual se evidenciará en las próximas elecciones, aunque todavía falta tiempo y mucha tela por cortar para aventurar predicciones en tal sentido.

-Los grandes límites del proceso insurreccional de octubre son la ausencia de una dirección política revolucionaria y la baja presencia de las organizaciones de la clase obrera como se anotó anteriormente, así como de otras fuerzas sociales con tradición histórica de lucha, como el movimiento estudiantil y los maestros. La izquierda tradicional que se autoproclama socialista o revolucionaria atraviesa por una crisis de propuestas y de influencia en los sectores sociales organizados y sus miras están más bien puestas en los eventos electorales y en obtener cuotas de participación en la institucionalidad estatal o privada (ONGs).

¿Qué hacer? Definir el quehacer de las clases populares y las organizaciones de izquierda, luego de este período insurgente que marca un antes y un después en la historia de la lucha de clases en Ecuador resulta una tarea compleja. Para enfrentar este desafío debemos partir no únicamente de la correlación de fuerzas a nivel nacional, sino de la situación internacional. Es indudable que estamos en presencia de un ascenso de las luchas sociales y populares a nivel mundial y latinoamericano. Desde las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia”, la lucha por la audeterminación de los catalanes en España, las impresionantes movilizaciones en Hong Kong por su autonomía, los levantamientos en Irán e Irak (en este último caso concluyó con el derrocamiento del gobierno de Abdelmahat luego de dos meses de protestas que dejaron alrededor de 400 muertos), hasta las explosiones sociales que estamos viviendo en Latinoamérica, particularmente en Chile, Ecuador, Colombia, Haití y Panamá, nos muestran un mundo convulsionado con un eje común pese a las diferencias y especificidades de cada país: el descontento de las masas populares con el sistema vigente.

El sistema capitalista atraviesa una crisis global y sistémica que se manifiesta no solamente en la recesión económica y el bajo crecimiento de las principales potencias del mundo desde 2008, sino en la descomunal desigualdad entre los más ricos y los más pobres y en el desempleo estructural, que afecta sobre todo a los jóvenes. A nivel político, es cada vez más visible el desprestigio de la democracia representativa liberal con sus instituciones, partidos políticos y líderes. La corrupción de los gobernantes y los políticos de diversas tendencias corroe como un cáncer al conjunto social.

También hay una crisis de valores: la violencia crece y se expresa no solamente en la represión de los Estados contra las luchas sociales, sino en las diversas esferas de la vida cotidiana. La destrucción ambiental es otra tragedia que amenaza la vida y la supervivencia de la especie humana y afecta especialmente los sectores más vulnerables, debido a la voracidad del capitalismo.

En síntesis, el planeta atraviesa por una crisis civilizatoria que reclama cambios de fondo para la construcción de nuevas relaciones sociales fundamentadas en la igualdad socioeconómica, la libertad y la fraternidad entre los seres humanos, es decir, la construcción de una sociedad socialista que reemplace al capitalismo senil y depredador que domina en el mundo actual. El llamado “socialismo real” que se impuso en la URSS luego de la muerte de Lenin, del destierro y asesinato de Trotsky y la consolidación de Stalin en el poder, provocó la degeneración del socialismo y la restauración del capitalismo en países como la URSS,  el Este Europeo, China y otros donde se realizaron revoluciones sociales.

La realidad social nos muestra que la burguesía tiene cada vez menos capacidad para seguir gobernando como antes, pero el proletariado y las  clases oprimidas no han logrado la organización y la conciencia necesarios para destruir la sociedad burguesa y construir una nueva sociedad. Este es un proceso largo y complejo que demanda dos grandes líneas de acción: 1) la reconstrucción de las organizaciones y los movimientos sociales a través de una democracia real y participativa y 2) la consolidación de una organización revolucionaria con capacidad de orientar y encauzar el descontento social y las luchas populares hacia la transformación social.

Estas dos grandes tareas históricas deben realizarse en Ecuador aprovechando las condiciones favorables que han surgido luego de las luchas de octubre, a través de la formulación de un programa revolucionario de transición que permita aglutinar a las organizaciones de la clase trabajadora del campo y la ciudad y a los nuevos movimientos sociales que cuestionan diversos aspectos opresivos de la actual sociedad capitalista.

*Sociólogo y ex docente universitario.

^[1]      “La fuerza vino desde abajo, desde las comunas, desde las organizaciones de segundo grado, desde los sistemas comunitarios de agua, desde los territorios en resistencia antiminera, etc. Todos se movilizaron desde el primer día del paro nacional, convocando a los no organizados y resistiendo la dura represión militar y policial. Al ver que el gobierno amenazaba y minimizaba la protesta, decidieron marchar a Quito y declarar el levantamiento. En el camino a la capital, la gente de la ciudades y parroquias por donde pasaba la marcha se solidarizó, dialogó y se sumó. En los últimos días de movilización no hubo ciudad o centro poblado, por más pequeño que sea que no saliera a las calles o a las plazas…” (El Pueblo Kitu Kara frente al levantamiento de octubre de 2019, Quito, 21 de octubre de 2019).

^[2] Ellos han sido los beneficiarios de las políticas neoliberales del gobierno y  de medidas económicas como la exoneración de impuestos a la salida de divisas (el ISD), o de la disminución de tributos para la importación de ciertos productos.