- Autor: Rafael Méndez
La Comisión Europea dio ayer la razón —al menos en parte— a quienes desde hace años señalan a los biocarburantes como una de las causas del hambre en el mundo y de la subida del precio de los alimentos. Bruselas anunció un cambio legal para limitar el uso de biocombustibles procedentes de tierras de cultivo y que a partir de 2020 solo serán subvencionables los procedentes de desechos, paja o algas, que no pueden ser sospechosos de encarecer la comida. Su mensaje es: biocarburantes sí, pero no todos.
Bruselas ha cedido al fin a años de denuncias de distintas ONG que sostienen que los biocarburantes —combustibles producidos a partir de cultivos y que emiten mucho menos CO2 que los fósiles— empeoran el hambre. Intermón Oxfam, por ejemplo, publicó el pasado septiembre un informe titulado Las semillas del hambre sobre el tema, en el que afirma: “La sed europea de biocombustibles augura más hambre, mientras los precios de los alimentos se disparan”.
Lourdes Benavides, responsable del estudio, afirma: “No tiene sentido que se produzca en países pobres carburante para nuestros automóviles. Se desvían recursos a la exportación de cereales, azúcar u oleaginosas y además, eso incide en la subida de los precios de los alimentos”. La propuesta de la Comisión, según Benavides, “da una señal clara al mercado y a los productores de los carburantes. Es un paso adelante, pero es insuficiente y llega tarde”.
También hay críticas entre los ecologistas, con el argumento de que si arrasas un bosque tropical para producir biodiésel que luego se transporta a la otra parte del mundo, las ventajas en forma de reducción de emisiones no son tales. “Siempre ha estado la polémica sobre las reducciones reales de gases de efecto invernadero que tienen los biocarburantes. Depende de la tierra en la que se cultive. No es lo mismo en una selva forestal sobre una turbera y que se traslade grandes distancias. No es lo mismo que el bioalcohol producido cerca del lugar de consumo. Debería prohibirse en ciertas tierras”, afirma el ecologista Ladislao Martínez.
La Comisión Europea acepta estos argumentos y, en un comunicado publicado ayer, anuncia una reforma legal que limita “al 5% el uso de biocombustibles fabricados a partir de cultivos alimentarios con el fin de alcanzar el objetivo de 10% de energía renovable” fijado en la directiva europea.
Connie Hedegaard, comisaria de Acción por el Clima, declaró en una nota: “Para que los biocombustibles contribuyan a combatir el cambio climático, debemos utilizar aquellos realmente sostenibles. Tenemos que invertir en biocarburantes que reduzcan realmente las emisiones y no compitan con la producción de alimentos. Ello no significa en modo alguno que abandonemos los de primera generación, sino que es una señal clara de que el crecimiento futuro de los biocombustibles debe venir de la mano de los avanzados. Cualquier otra cosa será insostenible”.
La industria de los biocarburantes reaccionó airada a la propuesta de la Comisión —a la que le queda un largo camino, pero que marca una senda difícil de variar—. La patronal española, APPA, aplaudió que la propuesta sea más suave que un borrador previo, pero lamentó que “la Comisión mantenga en el proyecto su propuesta de limitar al 5% la aportación de los biocarburantes fabricados con cultivos alimentarios, ya que prejuzga negativamente sus impactos sin base alguna”.
APPA critica que realizaron cuantiosas inversiones para cumplir con las directivas europeas y que las plantas llevan años paradas y el sector está en pérdidas por las importaciones de biodiésel desde Argentina e Indonesia. Ahora, añade, “resulta inaceptable que el objetivo máximo propuesto por la Comisión sea inferior al ya alcanzado en España, donde la contribución de los biocarburantes al consumo en el transporte ha superado ya el 7% en términos energéticos”.
La industria de los biocarburantes considera que ha sido acusada sin base de todo tipo de fatalidades. En 2008, después de que el precio de los alimentos se disparase —a la par que el del petróleo—, hasta el Banco Mundial les acusó de ser corresponsable de hambrunas.
Todas las propuestas de Bruselas atornillan el actual modelo de biocarburantes. Como cuando propone “incrementar al 60% el umbral mínimo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las nuevas instalaciones”, frente a un 35% actual. En 2017 ese nivel ya deberá ser del 50%. Y a partir de 2020 no podrán recibir subvenciones (o exenciones fiscales) aquellos biocarburantes que reduzcan notablemente las emisiones y “no se produzcan a partir de cultivos que se utilizan para producir alimentos o piensos”.
Además, “se tendrá en cuenta la incidencia global de la reconversión de tierras (cambio indirecto del uso de la tierra) al evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocombustibles”. Es decir, que habrá que tener en cuenta si el cultivo se realiza en una zona de bosque tropical, por ejemplo, ya que al talar los árboles se emite CO2.
La UE “pretende fomentar el desarrollo de biocombustibles alternativos, conocidos como biocombustibles de segunda generación, a partir de materia prima no alimentaria, como desechos o paja, que emitan muchos menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles y no interfieran directamente en la producción mundial de alimentos”.
El futuro, pues, son biocarburantes obtenidos a partir de las algas. Conseguir producir aceites a partir de algas cultivadas en tanques, donde no podría haber acusación posible.
Por todo el mundo, grupos de investigación buscan microalgas que crezcan rápido, que necesiten poca superficie y que, además de crecer a costa del CO2, produzcan un aceite que se pueda utilizar como combustible. Sin embargo, eso aún está lejos. La UE al menos ha marcado el camino que quiere seguir
