Colombia en su laberinto

Por Jorge E. Rojas R.* / Especial para La Línea de Fuego.

Desde el pasado 28 de abril, Colombia vive un estado de agitación social, parálisis parcial, represión policial y violencia que no tiene antecedentes recientes y que sugiere múltiples interrogantes. En realidad, la inconformidad en las calles se empezó a sentir desde noviembre de 2019 cuando sindicatos, movimientos estudiantiles y pueblos indígenas convocaron marchas y movilizaciones que asumieron el nombre de Paro Nacional y que fueron duramente reprimidas por el gobierno del Presidente Iván Duque. El estallido social dejó por lo menos 14 muertos y puso de manifiesto que las medidas neoliberales del gobierno en favor de gran capital no generaban riqueza y empleo, –como se había prometido–, y que la política social en materia de educación, salud pública y pensiones deterioraba en forma dramática la calidad de vida de la mayoría de la población. El paro de 2019 se saldó con una propuesta de “Conversación Nacional” convocada a regañadientes por el gobierno, que se diluyó en diálogos en las regiones, sin que se cumplieran los compromisos asumidos, y se estrelló en marzo de 2020 con la pandemia, el encierro obligatorio y la parálisis del país por razones sanitarias. “La pandemia salvó al gobierno”, alcanzaron a decir algunos analistas que ya advertían la magnitud de la inconformidad social. 

Colombia venía de un proceso electoral inédito (2018) en el que Iván Duque, un hombre sin experiencia y sin carácter, que había sido señalado como candidato por el expresidente de extrema derecha Álvaro Uribe, se enfrentó y le ganó con 10.369.210 votos (53.9%), en segunda vuelta, al candidato de la oposición Gustavo Petro. Nunca antes un candidato de izquierda había llegado a la segunda vuelta. Petro obtuvo 8.031.249 de votos (41.8%), la mayor votación de la izquierda, en medio de denuncias de fraude y manipulación a los electores. Un año después ocurrieron las elecciones locales de 2019 en las que movimientos alternativos ganaron los comicios en ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y Villavicencio y departamentos como Magdalena. Ese cambio de comportamiento político fue atribuido, en parte, a la apertura política que propició el Acuerdo de Paz entre el Estado y las antiguas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Podría decirse que algo similar ocurrió con la protesta social, concebida como una válvula de escape que antes no se expresaba con tanta fuerza y continuidad, entre otras razones, por la existencia del conflicto armado. 

En estas circunstancias es válido preguntar qué va a pasar en este país de 50 millones de habitantes que por décadas se ha resistido a los cambios necesarios para desarrollar el capitalismo y la producción empresarial, que no permite los cambios institucionales que precisa una democracia avanzada y moderna, y que se encierra en los privilegios de unos pocos que, amparados en la violencia, siguen aferrados al poder. 

Este no es un análisis exhaustivo, solo es un texto con ideas, un tanto apresuradas, de un proceso que está en pleno desarrollo, un intento para identificar dilemas y explorar el laberinto de esta Colombia de hoy.

UNO

Es muy traumático el ingreso de Colombia al siglo XXI. Este país sudamericano se resiste a un cambio que parece inevitable. Los poderes reales despliegan toda su capacidad de resistencia a cualquier asomo de transformación. Por eso se aferran a la tierra improductiva y a las formas feudales de su tenencia que recuerdan que Colombia es uno de los pocos países que jamás hizo una reforma agraria. El extractivismo que permitió casi tres décadas de bonanza petrolera y carbonífera llegó a su fin, pero sus promotores intentan raspar las profundidades de la roca para sacar los últimos residuos de una exigua economía fósil y depredadora. Los bancos se instalaron con sus privilegios en un modelo de especulación financiera que se sostiene en las pensiones, la contratación estatal y que se multiplica en el círculo vicioso de atesorar riqueza sin producción real, mantener tasas de interés que exprimen al consumidor y al pequeño empresario y que se aprovecha de las exenciones tributarias al gran capital. El narcotráfico, que permea la economía, la institucionalidad y la sociedad con una profunda carga de corrupción y la violencia endémica cada vez más fragmentada y asociada a economías ilegales, complementan una situación “compleja, pero no confusa”. 

La institucionalidad democrática, que tuvo un avance importante en la constitución garantista de 1991 se desvanece en un débil equilibrio de poderes que deriva en un control del Ejecutivo sobre las tres ramas del poder público, del Tribunal Electoral y de todos los organismos de control.

DOS

La tradición democrática de Colombia indica que, salvo un golpe militar a mediados del siglo XX, que fue concertado con los partidos políticos, hay una línea de continuidad electoral y una suerte de estabilidad democrática. Incluso hubo un pacto de élites llamado “Frente Nacional” que incluyó una alternancia en el poder de los dos partidos tradicionales que se prolongó durante 16 años.

Colombia no tiene tradición de insurrecciones populares que provoquen el derrocamiento de presidentes, mucho menos anticipación de elecciones. Es una democracia ejemplar, dicen algunos (“la segunda democracia más antigua del continente”). 

No obstante, Colombia tiene los mayores registros de violencia política que ha provocado un exterminio sistemático y masivo de militantes políticos de oposición, asesinatos de líderes sociales y ambientales, desapariciones, desplazamientos y refugio, en medio de altos niveles de impunidad. El conflicto armado que por seis décadas padeció el país no resolvió la desigualdad, ni amplió la democracia, por el contrario, contribuyó a limitar el movimiento social y los partidos de izquierda por la vía de la violencia y la estigmatización promovida contra por quienes asimilaban la protesta social y el ejercicio de la oposición a la guerrilla. Cinco años después de firmado el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (24 de noviembre de 2016) no se implementa en su totalidad y temas como reforma rural integral, apertura política, nueva política para enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas y garantías para el ejercicio de la oposición, no registran avances significativos.

TRES

Desde antes de la pandemia, los indicadores económicos daban cuenta de una tendencia de retroceso del país en cuanto a la pobreza monetaria, extrema y multidimensional, el crecimiento del desempleo y la profundización de la brecha social en Colombia.

La emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020 como consecuencia de la aparición y propagación de la covid-19 y las medidas de cuarentena y aislamiento, profundizaron la crisis social provocada por el modelo económico impactaron con especial dureza a la población más pobre, y a los sectores más vulnerables dentro de esa pobreza: las mujeres y los jóvenes.

En 2020, el PIB se desplomó en un 6.8%, el desempleo creció hasta un 18% en las grandes ciudades y la informalidad laboral superó el 65%. La pobreza monetaria pasó del 32.3% al 42.4% entre el 2019 y 2020, mientras que la pobreza extrema pasó del 9.6% en 2019 al 15.1% (aproximadamente 7.470.000 personas). Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y del mundo. En 2020 el coeficiente de Gini fue de 0,554.

Además, en un año de pandemia se han infectado casi 3 millones de personas, más de 76 mil han muerto, las unidades de cuidados intensivos del sistema público de salud son insuficientes y solo se han aplicado vacunas de inmunización al 3.8% de la población.

Con la pandemia colapsó el estado social de derecho que proclamaba la Constitución de 1991 y la crisis puso en evidencia que renta básica universal y salud y educación como derechos fundamentales vuelven a ser temas prioritarios.

CUATRO

El gobierno invirtió recursos de emergencia para atender la pandemia y se endeudó para mantener los subsidios especialmente orientados a las grandes empresas y al sector financiero. Este endeudamiento disparó el déficit fiscal. 

El gobierno, en vez de acudir a las reservas internacionales o a la emisión de dinero desde el Banco Central para potenciar el consumo y aumentar la producción, decidió presentar al congreso una reforma tributaria que descargaba toda la crisis en los trabajadores y las clases medias, con una formula perversa: gravar alimentos en medio del hambre y afectar con impuesto de renta a los trabajadores y emprendedores en tiempos de pérdida de empleo.

Esa reforma que pretendía recaudar 6.5 millones de dólares fue el detonante del actual paro y tuvo que ser retirada por el gobierno después de la generalización de las protestas, de asesinato de alrededor de 30 personas, cientos de heridos, más de 100 desaparecidos y miles de detenidos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció y el gobierno anunció, otra vez, un “diálogo nacional” que apenas comienza.

CINCO

El paro dejó al desnudo varias realidades de Colombia:

1. Un gobierno débil, con una opinión pública desfavorable y aislado de la realidad nacional, se sorprendió por la inmensa capacidad de convocatoria del paro y la impresionante movilización social.

2. Una gran capacidad de resistencia de la población para mantener la protesta, a pesar de la represión desbordada.

3. Las limitaciones del “Comité Nacional del Paro” para entender la dimensión de la protesta, para sintonizarse con la indignación popular y para ejercer el liderazgo de la protesta.

4. La lentitud de los partidos políticos de todas las tendencias para entender la decisión popular de mantenerse en las calles, más allá del miedo al contagio y de la represión policial.

5. La presencia masiva, activa y consciente de jóvenes en las barriadas de las grandes ciudades. “No tenemos nada que perder” es su lema.

6. El desgaste del discurso del vandalismo, el terrorismo y la injerencia de grupos armados disidentes, o del “castrochavismo”. 

7. La dispersión de los objetivos del paro, las nuevas exigencias en los territorios y la irrupción de formas de violencia descontrolada contra la institucionalidad, los bancos, los sistemas de transporte, la Fuerza Pública y los monumentos a los conquistadores españoles.

8. La desinformación y/o el sesgo de los grandes medios de comunicación, la presencia de medios comunitarios y alternativos y, sobre todo, las redes sociales como opción de comunicación inmediata, convocatoria y denuncia.

9. La reafirmación de la doctrina de la seguridad nacional y la adopción de conceptos de origen fascista como “la revolución molecular disipada“ para explicar a oficiales de la Policía y el Ejercito el origen y las dinámicas de la protesta en clave de guerra fría y las consiguientes formas brutales de impedirla.

10. La incapacidad para construir diálogo tanto del gobierno como de quienes intentan representar la protesta (como una prolongación de la incapacidad para dialogar que por décadas se mantuvo en torno al conflicto armado interno).

EPÍLOGO

Hoy el paro sigue, el gobierno empezó reuniones con la institucionalidad y los partidos políticos que lo apoyan y un sector de la oposición y se apresta a abrir diálogo con quienes promueven la protesta y la oposición más radical. Entre tanto, se mantiene un esquema de represión, agravado por denuncias de civiles protegidos por la policía que dispara a matar a manifestantes jóvenes. La presencia del Ejercito en las calles ha sido invocada a través de una figura legal que permite la “asistencia militar” para salvaguardar el orden público. Hay denuncias de censura en redes sociales y autocensura de los grandes medios de comunicación, propiedad de los banqueros y demás dueños del país.

Pareciera que en Colombia la estrategia es dialogar en la mañana, reprimir al medio día y matar y desaparecer en las noches. El partido de gobierno presiona para que se decrete la conmoción interior, una figura que se puede prolongar hasta por 9 meses y que permite restringir las libertades públicas, legislar sin el congreso y destituir alcaldes y gobernadores de elección popular. 

Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz alrededor de 900 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados. Colombia vive hoy una grave crisis de derechos humanos, abusos policiales y violencia que ha provocado la reacción de Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas. 

La proximidad de las elecciones al Congreso y los comicios presidenciales, que deben ocurrir entre marzo y junio de 2022, son un componente de la crisis y en las calles se juega también el futuro político del país. El uribismo en el gobierno desde 2002 no quiere perder el poder y hará todo lo posible para conservarlo. La oposición tiene todo para ganar, menos la unidad. 

El dilema está entre una salida democrática y negociada de la crisis para acceder a una paz social que permita concentrar todos los esfuerzos en la vacunación y en la recuperación económica o una salida autoritaria, que imponga el orden por la fuerza, así como en los viejos tiempos del estado de sitio del siglo pasado, así como ha ocurrido tantas veces en la historia de esta Colombia que busca salir de su laberinto.

En 2020, el PIB se desplomó en un 6.8%, el desempleo creció hasta un 18% en las grandes ciudades y la informalidad laboral superó el 65%. La pobreza monetaria pasó del 32.3% al 42.4% entre el 2019 y 2020, mientras que la pobreza extrema pasó del 9.6% en 2019 al 15.1% (esto supone aproximadamente 7.470.000 personas). Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y del mundo. En 2020 el coeficiente de Gini fue de 0,554.

–Jorge E. Rojas

*Jorge E Rojas R Periodista y defensor de derechos humanos Ciudadanías Libres.

Fotografías: Manifestantes del paro en Colombia.