26-10-2017
Una revisión de las principales transformaciones operadas en las estructuras económicas y sociales del país en la década pasada – a partir de la irrupción y los cambios suscitados por el gobierno de Alianza País – visto desde la perspectiva de “la construcción del Poder Popular” (lema que incluso llegó a ser un objetivo del Plan de Desarrollo), constituye una forma apropiada y necesaria para abordar y valorar la significación y realizaciones de este período, así como también para juzgar los estancamientos y desviaciones que se produjeron en este caminar.
Es además una forma de analizar si el protagonismo popular encarnado en el principio expresado en el credo de Mons. Leonidas Proaño “Creo en el hombre y en la Comunidad”[1] e identificado totalmente con el pensamiento doctrinario de la izquierda sobre el rol fundamental de los pueblos y clases dominadas en la transformación de la historia,[2] se cumplió a satisfacción.
Volver a las fuentes y a los actores que inspiraron y dieron origen a un proceso político de enorme importancia para la historia nacional -comparable incluso con la revolución alfarista respecto a sus logros programáticos o también con la “revolución de la gloriosa[3]” – respecto a la irrupción popular y la utilización de la vía constituyente para procesar el cambio- nos remite al cúmulo de acciones de lucha y a la multitud de propuestas y planteamientos que fueron impulsados desde comienzos de la década de los años 90 por los sectores subalternos, anticapitalistas, antineoliberales, anticoloniales, nacionalistas, ambientalistas, defensores de los derechos, etc.; los mismos que han servido como inspiración para el resurgimiento de las propuestas socialistas, aderezadas con apelativos tales como socialismo del buen vivir y socialismo del siglo XXI, y, que nos remiten a la tesis del pensador peruano José Carlos Mariátegui (1928) de que el socialismo en América Latina no será calco ni copia, sino creación heroica.
El proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en noviembre del 2007 en la ciudad de Montecristi, en la que participaron cientos de miles de personas, acompañando una multitud de propuestas y esperanzas provenientes de todos los rincones y sectores sociales del país y el exterior; y, la consecuente aprobación de la Constitución con cerca de dos tercios de votos favorables en octubre del 2008, dan cuenta, de manera visible, de un período histórico marcado por la formidable presencia de la impronta popular y de las izquierdas ecuatorianas, expresado de forma clara en el contenido garantista e inclusive post-capitalista de los artículos del texto constitucional; lo cual determinó, en muy buena parte, los rasgos ineludibles que en adelante debieron asumir las instituciones y las políticas públicas del país durante el proceso postconstituyente: por una parte de defensa de la soberanía nacional y de confrontación con los poderes fácticos y oligárquicos; y por otra parte de una progresiva protección sustancial de los derechos, tanto de personas, como colectivos, grupos de atención prioritaria y la naturaleza.
De tal forma que principalmente durante los primeros años de gobierno de Alianza País, se materializaron a través de la Constitución y consecuentemente de la política pública, muchas de las propuestas históricas que desde años atrás venían demandando los más diversos sectores y movimientos sociales y que en una buena parte hacían visible y corpórea la agenda popular y de las izquierdas, de un cambio radical y más o menos rápido.
Entre otras tantas propuestas que fueron banderas históricas de la lucha popular y que se han realizado durante este período anotamos las siguientes:
- No privatización del Seguro Social y creación del Banco del IESS –planteado desde 1997 por Pachakutik y luego por el movimiento de jubilados-;
- Aprovechamiento del potencial hídrico e hidroenergético para alcanzar la soberanía energética –impulsado durante la dictadura nacionalista-desarrollista de los años 70 y planteado desde 1990 por el Frente de Defensa de la Soberanía-;
- Declaración constitucional del Ecuador como un estado Plurinacional planteado por el movimiento indígena desde los años 80;
- Tratamiento soberano de la deuda externa -planteado entre otros por Jubileo 2000 desde finales de los años 90 del siglo pasado-;
- Reconocimiento de los derechos de la naturaleza –resultado de las propuestas del movimiento ambientalista desde los años 90 del siglo pasado-;
- Derecho del Estado a percibir una mayor parte de la renta petrolera, y reversión de las concesiones petroleras y mineras, etc. -propugnado por los trabajadores petroleros y otros sectores desde 2003-;
- Fortalecimiento del sistema de tributación progresiva, especialmente de los impuestos directos y persecución de la evasión y elusión –impulsado por sectores académicos y sociales diversos, desde los años 90 del siglo pasado-;
- Recuperación y fortalecimiento de la planificación estatal, nacional y local, y de las capacidades regulatorias del estado para proteger y garantizar los derechos –propuesto por la izquierda como alternativa al neoliberalismo desde los años 90-;
- Ampliación de derechos y políticas a favor de los sectores y grupos de atención prioritaria – desde los movimientos de mujeres, niñez, discapacidad, GLBT, etc. – que tienen décadas de gestación-
- Redistribución de las rentas públicas en función de la equidad territorial y expansión de la infraestructura vial nacional especialmente de las zonas periféricas, así como de las telecomunicaciones -como una necesidad imperiosa para la integración de territorios limítrofes excluidos del desarrollo, planteados desde décadas atrás-.
- Acceso universal y gratuito a la educación hasta el tercer nivel y a los servicios de salud de calidad, e incremento sostenido del presupuesto hasta alcanzar la suficiencia –planteado desde décadas por muchos sectores sociales y políticos-
- Garantía de la seguridad y soberanía alimentarias a través de programas y proyectos que fortalezcan la agricultura familiar campesina, la libre circulación de las semillas nativas, el acceso al agua para riego, el crédito en condiciones apropiadas, la redistribución de la tierra, etc. –que las organizaciones campesinas plantean desde los años 80- .
- Reconocimiento y fortalecimiento de los emprendimientos de los actores de la economía popular y solidaria y del sector financiero solidario –que se incorporó a la agenda de los movimientos sociales desde las experiencias del Foro Social Mundial-
- Control de la concentración y centralización del poder económico, monopolios y abusos del poder de mercado –denunciado por los movimientos de la izquierda, desde los años 80-.
El proceso de cambio en el que se insertó la sociedad ecuatoriana en este período -al igual que otros países latinoamericanos- pudo construir marcos institucionales y normativos congruente con la Constitución en virtud de la pujanza política demostrada en nueve procesos electorales exitosos alcanzados de manera ininterrumpida (hasta el traspié ocurrido en las elecciones seccionales del año 2014), los mismos que pusieron en manos del movimiento Alianza País, una holgada mayoría parlamentaria junto al poder ejecutivo y además la posibilidad de cooptar a las otras funciones estatales (Judicial, Control y Transparencia y Electoral).
Esta inédita transformación del país y de la región, basada en lo que muchos autores de la escuela gramsciana denominaron como la “vía política” del cambio, sustentada en la capacidad de hegemonía que han podido alcanzar los grupos subalternos en torno a un proyecto nacional-popular (bolivariano, alfarista, de recuperación de la Patria, etc.), ha puesto en evidencia la posibilidad real del ejercicio de lo que Antonio Negri denominó “el poder constituyente” (2011), el mismo que de acuerdo con Martha Harnecker…“durante la revolución…no tiene fin; … no se detiene, … está siempre en actividad, creando continuamente nuevas respuestas”( 2007) .
Cabe resaltar que -en términos generales-, mientras se mantuvo con fuerza la ebullición social en el país, esto es hasta las elecciones del 2013, la correlación política al interno del Movimiento de gobierno, se mantuvo en una situación propicia para las diversas expresiones de la izquierda, en su disputa con heterogéneas e inclusive antagónicas fuerzas conservadoras que formaban parte del mismo; pero a medida que el poder constituido (en manos de tecnoburocracias, ajenas a la militancia política de izquierda, e imbuidas de lógicas pragmáticas y eficientistas[4]) se fue haciendo cargo de desarrollar e impulsar la agenda y las políticas gubernamentales, la dinámica de cambio se fue desacelerando y en ciertos aspectos estancando.
Es decir que, siendo que el apoyo popular y ciudadano constituyó el combustible indispensable del cambio, ante la ausencia de un trabajo deliberado y esforzado de concientización y fortalecimiento de la organización popular y de construcción de hegemonía, el poder constituyente se debilitó y quedó coagulado en el poder constituido, preso de políticas de gobernanza e intereses sectoriales, dependiente de condicionamientos económicos y políticos coyunturales o estructurales (principalmente la dependencia comercial, financiera, política, tecnológica, cultural, etc.), que devinieron en una suerte de posibilismo (el cambio posible), que nos condujo a estancamientos y retrocesos.
Primacía de la Matriz de Ingeniería Política[5] en la Gestión Gubernamental:
Bajo la consigna de que el cambio debía hacerse en forma rápida y profunda, con la supuesta evidencia de que resultaba no sólo factible sino deseable un proceso eficaz de acumulación política basado en una estrategia potente de ingeniería política; paulatinamente se tendió a prescindir, menospreciar e inclusive a aminorar la presencia en filas gubernamentales de las organizaciones y sectores sociales, y aún de la militancia de izquierda, observados con la sospecha y aún la supuesta certeza de que tal participación favorecía un espíritu “corporativo”, “anacrónico”, “desconocedor”, “antitécnico”, etc. [6]
Entonces prevaleció en la conducción gubernamental y política del proceso, sobre todo en los cinco últimos años, una matriz de acción política “positivista” valorada como “pragmatismo”, la misma que consideraba que el marketing político y las operaciones de ingeniería política tendientes a incidir en los procesos y estructuras institucionales del poder público, resultaban suficientes e imprescindibles para garantizar los objetivos de la gobernabilidad y la acumulación política.
De allí entonces la práctica dominante en el último período de gobernar otorgando mayor relevancia a los números de las encuestas; de contar con una poderosa estrategia de comunicación política para lograr una hegemonía sustentada en el estado de opinión pública; de establecer métodos mayoritaristas para la asignación de escaños en la elección de asambleístas y tener su control; de cooptar a través de los concursos a autoridades de otras funciones estatales como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de expandir las instituciones estatales y fortalecer el poder de las tecnoburocracias; de priorizar las políticas de regulación y control sobre las de promoción y fomento; de contener la descentralización y la autonomía territorial; de desvalorizar la participación y organización social y ciudadana[7] y de otorgar poca relevancia al diálogo y a la injerencia social y ciudadana en las políticas públicas, especialmente respecto a los actores del ámbito popular, etc.
Esta visión pragmática se impuso especialmente al interno del Movimiento Alianza País, en su condición de partido oficialista, constituido al calor y en función de la lucha electoral y del ejercicio de la gestión gubernamental; por tanto con débiles e insuficientes condiciones de maduración ideológica, orgánica y política y con significativos déficits respecto a sus incentivos morales[8], que fácilmente sucumbieron o se trastocaron ante los fuertes incentivos políticos originados en el ejercicio del poder gubernamental, tales como cargos públicos, candidaturas, reconocimiento social, popularidad, incremento de ingresos, acceso a información relevante, etc. En consecuencia y una vez vaciado del carácter colectivo y democrático que tuvo inicialmente –en tanto que alianza de actores sociales y políticos-, y reducido a un modelo vertical y caudillista[9], AP devino en un instrumento puramente electoral y de respaldo gubernamental incondicional y cuya organicidad se asentó en la lógica del escarnio y el premio, de la adhesión emocional y menos racional.
Predominio de una Matriz de modernización Postneoliberal:
En correspondencia con el enfoque político neoinstitucionalista, en el ámbito económico se pretendió emular al modelo y estrategia de desarrollo capitalista que históricamente se produjo en los países europeos y en los llamados tigres asiáticos -especialmente Corea del Sur-; el mismo que estaba basado en una fuerte intervención estatal, destinada a cumplir el propósito de corregir y garantizar que funcionen las reglas y fuerzas del capital, lo cual para el gobierno presidido por Rafael Correa significó un duro enfrentamiento con las élites económicas tradicionales, acostumbradas a ganancias fáciles producto de mecanismos rentistas y especulativos de explotación[10]; aunque, no haya implicado afectar significativamente las condiciones de reparto primario de la renta[11]. Así mismo, la estrategia económica apostó por la expansión de las empresas y sectores de mayor dinamismo económico, generando importantes incentivos como los previstos en el Código de la Producción (Se impulsó prioritariamente a sectores empresariales de agroexportación, agroindustria, construcción, financiero, telecomunicaciones, comercio, turismo y servicios) y en cambio, brindando una atención marginal para el fomento de los sectores de la economía popular y solidaria[12].
Así mismo, y con el propósito de mejorar la competitividad sistémica de la economía, que entre otros beneficios favorezca el desarrollo de los sectores mencionados, el gobierno de Alianza País efectuó la inversión pública más alta de la historia, destinada al desarrollo de la infraestructura productiva y en general a mejorar las condiciones para incrementar la competitividad sistémica, particularmente en la formación de capacidades y desarrollo del conocimiento; valiéndose de la importante renta petrolera obtenida debido a los elevados precios por barril de petróleo, así como también aprovechando el incremento sustancial de las recaudaciones tributarias que se multiplicaron por tres -gracias a una eficaz persecución de la evasión y elusión de las empresas y demás contribuyentes-.
Sin embargo, pese a que los Planes de Desarrollo y la legislación desarrollados en estos años, apuntaban a priorizar los sectores con mayor relevancia para el despegue industrial o que utilizaban mayor componente nacional, tampoco se aplicaron con la radicalidad necesaria, políticas para cambiar la matriz productiva; pues, en los ocho años primeros de la década se mantuvo un aperturismo descontrolado de las importaciones, que arrojó hacia afuera grandes excedentes económicos obtenidos en el período; y sólo cuando el shock externo puso en riesgo la dolarización se aplicaron medidas restrictivas a las importaciones, pero ya para ese momento se presentaba muy complicada la situación de balanza comercial.
Por lo que únicamente se logró cambiar el sector energético no petrolero, pero muy levemente se modificó la estructura productiva de dependencia de las importaciones y de exportaciones. Así mismo en el sector agropecuario, en lugar de impulsar una reforma agraria radical, como se aplicó en el modelo emulado, las normas y políticas ejecutadas de orientaron principalmente a brindar seguridad jurídica a la propiedad de la tierra.
A pesar del enorme volumen de la inversión pública efectuada por el gobierno, los recursos y las acciones realizados en este período fueron significativamente insuficientes frente al cúmulo de necesidades represadas por décadas y aún por siglos; resultando que, a pesar de los importantes logros y realizaciones obtenidos para la modernización de la infraestructura productiva, institucional y social del país; luego del gravísimo shock internacional, el camino hacia adelante ha dejado graves restricciones e inclusive fracasos[13]; y principalmente se enfrentó con la imposibilidad presupuestaria de mantener el nivel de inversión anterior, ante una fuerte restricción fiscal, que por ejemplo, para el año 2015 produjo un ajuste superior a los 6000 millones en el Presupuesto General del Estado.
Nuevamente, al hacer caso omiso y desconfiar del aporte que potencialmente podrían haber brindado actores no estatales e instituciones de la sociedad con experiencia para discernir la política pública tales como las universidades, Centros de investigación, organizaciones y actores sociales, etc.; la falta de diálogo y de concertación con los diversos sectores sociales condujo a decisiones fallidas, basadas en una excesiva confianza en el conocimiento experto y capacidades depositados en el Estado y en una desconfianza del bagaje acumulado por la sociedad.
La crisis cíclica del capitalismo y la caída de las exportaciones ecuatorianas, que junto a las importaciones representan el 50% de la economía, golpeó duramente la línea de sostenibilidad del modelo económico, haciéndolo encallar, ya que, de acuerdo con el investigador surcoreano Ha Joon Chang[14], se requiere una ingente acumulación interna de recursos económicos y políticos y un largo tiempo de maduración de las condiciones internas de las economías, para alcanzar el despegue industrial y aún más para pasar a la sociedad del conocimiento, como fue el caso de los países estudiados por el mencionado autor (siglos en el caso de los países europeos y décadas en los otros).
La recesión actual de la economía ecuatoriana, que lleva ya tres años de duración, que se mantiene inserta dentro de una pavorosa crisis cíclica de la economía internacional iniciada en el año 2007, y que para nuestro caso se agudizó por la rigidez del régimen de dolarización, por la falta de previsión en el manejo de las importaciones y la débil estrategia de desarrollo industrial, nos han llevado a un punto de estancamiento, que supondrá una larga postergación de las expectativas iniciales.
Así mismo debe tenerse muy en consideración que aunque haya sido muy importante la expansión de la demanda interna que se produjo en estos años[15], las políticas aplicadas de inversión, redistribución y mejor reparto de la renta, no han alcanzado a compensar las pérdidas del sector externo y apenas sirvieron para atenuar la desaceleración económica, resultando por ello débiles e insuficientes para paliar y reactivar la economía, como se evidencia en los pobres resultados del PIB entre los años 2015 y 2016[16].
Entre tanto los diversos sectores vinculados a la economía popular y solidaria, que concentran más del 50% del empleo, y que utilizan una mayor proporción de materias primas nacionales y producen para satisfacer necesidades de consumo nacional y popular; que pudieron haberse fortalecido en este período para impulsar una estrategia más inclusiva y endógena de crecimiento, tampoco han podido suplir con empleo adecuado el shock internacional, debido a la insuficiencia de incentivos, fomento y apoyo y a la inflexibilidad regulatoria, acciones que debieron aplicarse para convertir a los emprendedores del sector, en factores de dinamización económica.
Cabe resaltar que siendo considerablemente menores las necesidades de inversión por puesto de trabajo en la economía popular y solidaria y que además es intensivo en el uso de mano de obra, un mayor apoyo hubiera posibilitado cambios importantes en la erradicación de la pobreza, pues, sólo a manera de ejemplo, en el caso de la agricultura familiar campesina, con sólo haber llegado con el servicio de riego predial a todas las unidades productivas agropecuarias, se hubieran multiplicado por tres el empleo y la productividad rurales. Por el contrario, ante la ausencia de una política suficiente de apoyo y fomento, el golpe de la economía internacional en los diversos sectores de la Economía Popular y Solidaria les ha debilitado aún más, reduciéndoles a la condición de “estrategias de sobrevivencia”.
Agotamiento y crisis de la estrategia política y económica:
El débil resultado electoral de las elecciones presidenciales del 24 de mayo reciente, es una evidencia irrefutable del desgaste del modelo de acción política que fue impreso por el gobierno anterior, especialmente a partir del año 2013, con su segunda victoria presidencial. Comparando el 57% que obtuvo en primera vuelta Rafael Correa el año 2013 con el 49% de Lenin Moreno el 2017, se aprecia con claridad la sensible pérdida de apoyo que se produjo.
La mínima diferencia obtenida en segunda vuelta electoral de 230.000 votos, que proporcionó la victoria a Lenin Moreno respecto a su contendor Guillermo Lasso, que fue lograda con votos de Manabí -con la cantidad de 180.000 en recintos provinciales y 50.000 votos con electores manabitas residentes en otras provincias-; nos muestra en forma clara que fueron los votos agradecidos producto de una inversión superior a 1.500 millones de dólares[17] los que marcaron el triunfo. De tal manera que, si no se hubiera producido esta ingente y necesaria inyección de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 14 de abril del 2016, tal vez hubiera sido más difícil o no se hubiera alcanzado el éxito electoral.
Así mismo cabe señalar que a pesar del descontento de muchos militantes de Alianza Pais, la decisión vertical sobre el binomio presidencial en la persona de Jorge Glass, que tenía bastante resistencia en el electorado a causa de la campaña de descrédito impulsada en los medios de comunicación por presunciones de corrupción, constituyó una carga pesada que debió arrastrarse a lo largo de la contienda, que sin duda afectó el ascenso electoral de la candidatura presidencial de Lenin Moreno.
La crisis recesiva originada en el Shock externo fue el factor detonante de la disminución del apoyo político, como consecuencia de las “expectativas no cumplidas” para sectores sociales y ciudadanos que se habían acostumbrado a un nivel de consumo y de ascenso social, que resultaban realmente insostenibles en un país con desarrollo medio como Ecuador.
Pero el factor fundamental sin duda fue la absoluta desconfianza del régimen respecto a la construcción del poder popular y de la fuerza moral (hegemonía) cimentados en el reconocimiento, construcción y fortalecimiento del tejido social nacional y popular: El gobierno que a lo largo de toda la década se manifestó comprometido hasta las últimas consecuencias con el cambio y la transformación del país, estuvo absolutamente seguro de que podía hacerlo desde el Estado y que, para ello era necesario romper con las estructuras gremiales o supuestamente corporativas de la sociedad, sin distinción de aliados y adversarios.
Por lo que no se creyó en las potencialidades académicas y científicas acumuladas en décadas por la Universidad ecuatoriana[18]; ni en la capacidad de transformación de los actores del sistema educativo nacional[19]; ni en las capacidades productivas del movimiento campesino y la agricultura familiar; ni en el proyecto histórico del movimiento indígena y la plurinacionalidad; ni en el aporte para el mejoramiento del empleo de calidad que podrían brindar los diversos sectores de la Economía Popular y Solidaria; ni en el poder de control social y la sinergia política que tiene la participación social y ciudadana; ni en los aportes que podrían hacer los gobiernos autónomos descentralizados para mejorar la gestión pública; ni en las virtudes de la organización social y popular para enfrentar los desafíos de la vivienda social y el desarrollo del hábitat y el ambiente; ni en la cultura y la comunicación popular como espacios de generación de conciencia colectiva; ni en la potencialidad de los adherentes de AP para hacer propuestas y participar en las decisiones sobre el gobierno, candidatos, directrices, etc.
El escenario de distanciamiento y ruptura con organizaciones y actores cuyo aporte fue y es necesario para la gestación y construcción del proceso de transformación estructural del país, además se polarizó con el estilo iconoclasta utilizado por el gobierno para debatir las discrepancias, que avivó el resentimiento en sectores con fuerte convicción ideológica[20]. Lo cual fue muy aprovechado por la oposición de la derecha tradicional, oligárquica, y las agencias imperiales, para aunar fuerzas de manera colusiva en contra del gobierno, haciendo a un lado sus contradicciones y aun sobreponiéndose a sus prejuicios discriminatorios.
Conclusiones y Perspectivas:
Para las diversas expresiones de la izquierda (del amplio espectro que va desde los opositores a aquellos que colaboraron con el ex gobierno de Alianza País) y para el conjunto de los movimientos sociales y ciudadanos, el ascenso de Lenin Moreno a la Presidencia de la Republica, abrió un escenario de transición política cargado de expectativas, por la posibilidad de que a través de cambios sustanciales en el relacionamiento con el nuevo gobierno y con la institucionalización del diálogo se pudieran procesar las imperativas transformaciones y cambios que deben hacerse para superar, en forma no solamente coyuntural, los errores y defectos del gobierno anterior, empezando por perseguir y sancionar todos los actos de corrupción que se hubieran producido, por fortalecer la independencia de las funciones del estado y por recuperar un crecimiento económico inclusivo.
Sin embargo, la sorpresiva estrategia de polarización política esgrimida por el ex presidente Rafael Correa y el nuevo mandatario Lenin Moreno, que ha producido un enorme desconcierto entre las filas del partido gobernante y sus aliados, alimentada por una exacerbada intervención de los medios de comunicación, de los grupos opositores al expresidente Correa y de sectores de la derecha tradicional a través de sus partidos políticos y gremios, podría llevar a una peligrosa implosión del proyecto progresista edificado en esta década.
El llamamiento realizado por el presidente Lenin Moreno a recuperar el espíritu de Montecristi, en el presente momento adquiere un sentido fundamental, para discernir en el escenario político, las respuestas ante la difícil coyuntura que inclusive enfrenta a las izquierdas de fuera y dentro de Alianza País, a los movimientos sociales y aún a la ciudadanía.
Asumir autocríticamente que el error de no creer ni contar con el potencial social de los movimientos sociales y de las izquierdas, provocó su distanciamiento, y en consecuencia y a vivir una suerte de síndrome del rey Salomón -que de acuerdo con la historia bíblica por olvidarse del pueblo fue castigado con la ceguera- debería ser la actitud desde donde arrancar en el nuevo escenario. De igual forma, discurrir que por limpiar la mugre no se puede lanzar la tina con el agua sucia y el guagua adentro, también debe ser el punto de partida para plantear la agenda de cambios que debe hacerse, desde una posición de izquierda y progresista.
Aunque la complejidad del escenario tiende hacia la dispersión de fuerzas y actores sociales y políticos, progresistas y de izquierda, debe tenerse en cuenta que esto favorece a los gremios empresariales y partidos dominantes, que pretenden incrementar su intervención e inclusive cooptar al gobierno. Por lo que se torna urgente superar prejuicios y tender puentes, aun respetando las posiciones divergentes.
BIBLIOGRAFIA:
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial del Ecuador. Quito, 20 de Octubre 2008
Bobbio Norberto. De la razón del Estado al Gobierno Democrático. Instituto Electoral y de Participación Ciudadanadel Estado de Jalisco. México, 2014
Mariátegui José Carlos. 7 Ensayos sobre la Realidad Peruana. Biblioteca Amauta, Lima, Peru,1928.
Negri Antonio. El poder constituyente Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. © Sugarco edizioni, 1992. © SENESCYT. Primera edición. Febrero de 2015.
Harnecker Martha. Notas para un debate sobre el poder constituyente y poder constituido. 2007. http://www.rebelion.org/docs/62325.pdf
Rivas Leone José Antonio. Ingeniería Política, en revista Estudios Políticos, núm. 2, Octava Época, mayo-agosto, 2004. UBA. Argentina.
[1] Que condensa el concepto fundamental del pensamiento latinoamericano de la Teología de la Liberación
[2] Según la frase muy conocida del “Manifiesto Comunista” (Marx, 1848) “Los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas”; por lo que es capaz de encarnar el interés universal; o, como señala en “Historia y Conciencia de Clase” (Lucaks, 1923) los sectores oprimidos por su condición de opresión necesitan asumir una “conciencia para sí” es decir la conciencia de los cambios estructurales necesarios para superar su condición actual.
[3]Nos referimos a la revuelta popular de mayo de 1944, cuando el pueblo de Quito con un sector de militares progresistas y movimiento indígena, se levantaron y produjeron la salida del presidente Arroyo del Río y como alternativa política se convocó a una Asamblea Constituyente, que produjo la Constitución más avanzada de la época.
[4] Como ejemplo podemos citar lo ocurrido en los sectores estratégicos, donde se colocaron al frente “tecnoburócratas” con antecedentes en gobiernos pasados, vinculados a grupos de empresas y ahora procesados por actos de corrupción inclusive.
[5] Para José Antonio Rivas, la ingeniería política ha adquirido una gran relevancia… “Constituyéndose la ingeniería política como el sector con mayor vocación de intervención y aplicación, cuestión que está íntimamente relacionada con los gobiernos, el funcionamiento y desempeño institucional, la constitución entre las divisiones donde la ingeniería política tiene mucho que proponer en aras de lograr una nueva arquitectura estatal, gestiones más eficientes y diseños institucionales más sencillos, eficaces y acordes a las circunstancias actuales de transformación política e institucional”. P. 73 (Rivas, 2004)
[6] La emisión del Decreto Ejecutivo 016 modificado como 739 evidencia la intención de registrar y regular las actividades de las organizaciones sociales en detrimento de su autonomía y su acción política.
[7] Que se refleja en la pequeña inversión estatal orientada a fortalecer los espacios y actividades colectivas de veedurías, observatorios, consejos consultivos, presupuestos, participativos, etc.
[8] Incentivos morales para los militantes son entre otros: intervenir en la toma de decisiones sobre la vida y acción política, ser promovido y asumir responsabilidades y delegaciones, lograr que la agenda y planteamientos promovidos por el partido se conviertan en políticas gubernamentales, intervenir en actividades de capacitación, hacer carrera y méritos para ser candidatizado.
[9] Las decisiones fundamentales se tomaban en el llamado buró político, organismo inexistente dentro del organigrama de AP, que reemplazaba a los organismos internos de dirección y con participantes definidos a voluntad del Presidente, a quien muchos adherentes han dado en llamar “eterno líder”
[10] Tales como: a) el aprovechamiento de recursos naturales sin o con el mínimo costo, entre otros, el agua y los recursos marino costeros ;b) la obtención de ganancias extraordinarias por la condición de monopolio u oligopolio, c) la explotación de la fuerza laboral; d) especulación del suelo urbano; e) evasión y elusión tributarias; f) imposición de tasas de interés y costos bancarios, etc.
[11] Con excepción de la participación del salario, pues, mediante la eliminación de la precarización e intermediación y el incremento del salario básico unificado que se hizo durante los primeros años; pero que involucra a menos del 38% de la PEA, pues, más del 53% está vinculada a relaciones de trabajo que no son estrictamente salariales (trabajo de cuenta propia, artesanado, agricultura familiar campesina, pequeño negocio familiar, etc.).
[12] Como fue la débil atención otorgada a los sectores de la agricultura familiar campesina, cuya ausencia ha sido reconocida como “la deuda agraria”.
[13] como es el caso de la Refinería del Pacífico.
[14] Exposición realizada ante asambleístas y funcionarios de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional Legislativa… (8 de junio del 2016)
[15] Producto de mejores salarios (aunque solo para el 38% de la PEA en condición de dependencia); del mayor gasto público realizado; y, del crecimiento del endeudamiento público, especialmente durante los dos últimos años
[16] PIB 2015: -1,5%; PIB 2016: 0,7%.
[17] De acuerdo con declaraciones públicas de Carlos Bernal, Secretario de la Reconstrucción de Manabí.
[18] Con las evidentes falencias y desaciertos que con razón se le pudo haber atribuido
[19] Pues se tendió a enmarcarlo como corporativista y que se debía perseguir y ser extirpar.
[20] Las duras expresiones vertidas contra el cantautor Jaime Guevara muy querido por los movimientos sociales, o la hermana Elsie Monje, o el Dr. Julio Cesar Trujillo, o contra el movimiento ambientalista, o los dirigentes indígenas, etc. , fueron sin duda agravantes de la ruptura política de AP con los movimientos sociales.
