El tratamiento a la conflictividad social en la era de la “revolución ciudadana” (parte I)*
Revista R <www.revistar.com.ec>
Una introducción necesaria
Un debate ¿sorpresivo?
En marzo de 2012, el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar dio a conocer el Informe sobre Derechos Humanos. Ecuador 201146. En mayo, el gobierno desató la tormenta. Se sucedieron cadenas de la Secretaría de Comunicación (Secom) y enlaces sabatinos de Rafael Correa, a más de pronunciamientos de otros altos funcionarios. En las cadenas de la Secom se aseguraba que los planteamientos del informe “no tienen ninguna base investigativa”, que “no son más que una recopilación de un boletín de prensa de la Conaie, de unas cuantas páginas de un sindicalista petrolero despedido por sus abusos” (‘abusos’, que, por cierto, no se explican), “de un periodista informante de la embajada norteamericana que defiende la empresa como medio de comunicación”, “y de un informe del ex defensor del pueblo, que se refiere a temas particulares”. “Una nueva vergüenza para la universidad ecuatoriana”, concluía47.
Por su parte, la prensa gubernamental presentó así a los coautores del libro enla edición del sábado 12 de mayo: “DD.HH. vistos por actores políticos”, decía un titular. El subtítulo ponía: “Un ex dirigente de un partido político de centro-derecha, un ex sindicalista de la estatal Petroecuador y un miembro de Acción Ecológica, ONG que fuera suspendida temporalmente en 2009, son coautores de informe sobre Derechos Humanos en el país”; luego especificaba: “Entre los académicos que participaron en la elaboración están un ex miembro de la Democracia Popular, (hoy de Pachakutik) y profesor universitario, Julio César Trujillo; un ex dirigente sindical de Petroecuador, que fue despedido, Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010. Otro coautor es Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica, que en 2009 fue suspendida, de la cual es parte Alberto Acosta, opositor al régimen”48.
El mismo sábado 12, en su ‘enlace ciudadano’, Correa afirmó: “Lo que dice ese informe y la fuente en la que se basa… ¡qué vergüenza!”, y, fiel a su estilo, añadió: “Senescyt [refiriéndose a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación]: ¡tome cartas en el asunto! No podemos tener estos fraudes académicos”49. El sábado 19 aún va a insistir: “compilación de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al Gobierno”50. En seguida dirigió sus dardos sobre el rector de la universidad: “Señor rector Ayala Mora, usted puede decir que esto no es en contra del gobierno pero ni usted mismo se lo cree, esto es una conspiración de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al gobierno. […] Que esto lo auspicie una universidad es una verdadera vergüenza, esto es deshonestidad académica, esto es un fraude académico. Incluso voy a revisar si nos podemos quejar con la Comunidad Andina porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de la Comunidad Andina y no podemos tener una universidad que se dedique a hacer politiquería barata en vez de hacer academia”51.
El motivo de tanta ira fue la referencia en el Informe a la criminalización de la protesta social. La tesis correísta es que no puede hablarse de criminalización porque “en Ecuador se persiguen delitos, no personas”, como tituló una nota de El Ciudadano52 reseñando un discurso de Correa el 31 de marzo. “En Ecuador no hay acusaciones (contra dirigentes indígenas), no hay juicios, no hay nada […]”, dijo Correa y, de acuerdo a la reseña, ‘precisó que de los 42 casos receptados en los órganos de justicia, 38 permanecen en investigación. El Mandatario precisó que solo hay cuatro casos judicializados: dos por parte de instituciones privadas, donde el gobierno no tiene nada que ver; y dos casos por parte del Estado, que están en etapa de juicio. «Uno ya lo perdió el Gobierno contra un dirigente indígena que cerró las carreteras cortando árboles», agregó. El otro juicio que lleva adelante el Estado es por el asesinato del dirigente indígena Bosco Wisuma, ocurrida en septiembre de 2009. «¿Ustedes creen que un asesinato es protesta social?», se preguntó [Correa]; y respondió: «En un Estado de derecho, un asesinato no puede dejarse de judicializar»’. El 26 de mayo volvió a insistir en el mismo tema53.
Mucho habría que discutir sobre esta argumentación, pero, por ahora, señalemos solamente que, si la hemos entendido bien, la posición oficial sostiene que no existe criminalización de la protesta, sino persecución de delitos. Sin embargo, aunque parezca fuerte y contundente, esa es una aproximación formal, apenas superficial. Porque ocurre que los ‘delitos’ no son entidades abstractas, construidas fuera de la historia, que hayan aparecido de la nada ni que estén allí desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién y por qué define qué conducta es un delito, cómo vigilarla y cómo por qué castigarla? Todo esto queda en las sombras. Pero también otro presupuesto de la versión oficial se queda en las sombras, y presenta como única prueba su propia enunciación: el presupuesto de que por criminalización hay que entender exclusivamente lo que el gobierno dice que es. Así que la pregunta resulta obvia: ¿acaso esa, la versión oficial, es la única manera de entender la criminalización, o por lo menos la más ajustada a los procesos en marcha? En diciembre de 2011, al término del período de Fernando Gutiérrez ‘un reconocido defensor de los derechos humanos’, la Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe que muestra una perspectiva bastante distinta54. El documento no tuvo la circulación que merecía, y el nuevo defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, procuró ponerlo rápidamente a un costado, afirmando que “hay conclusiones que ciertamente son fuertes en tanto se plasma en un momento en donde tenemos que fomentar el diálogo y no ayuda a fomentar el diálogo ciertas afirmaciones que hace el informe” 55.
El informe de la Defensoría del Pueblo (y algunos comentarios)
Como el gobierno ha dicho que el informe de la Defensoría del Pueblo se refería a hechos particulares [¿?], conviene revisar lo que este informe en realidad dice al respecto. Desde la perspectiva del documento, la criminalización engloba (p. 5) un conjunto de acciones desplegadas por ‘actores estatales y otros’ encaminadas a “la deslegitimación y sanción de ciertas conductas” que, añadimos nosotros, son cultural y socialmente propias de las expresiones de protesta social. De acuerdo con esto, son igualmente mecanismos de criminalización el discurso deslegitimador (p.22 y ss.), las normas administrativas de control (pp. 14 y ss.), las reformas legales de ‘tipificación de conductas’ y ‘aumento de penas’ (pp. 20 y ss.), la represión policial y militar (pp. 42 y ss.) y los procesos judiciales (pp. 30 y ss.). Vale decir: atender al proceso en su conjunto y no únicamente a los sucesos (tal o cual discurso, tal o cual norma, tal o cual reforma legal, tal o cual acción represiva, tal o cual enjuiciamiento).
El discurso deslegitimador no es un componente puramente retórico; en cierto sentido resulta ser el punto de partida de la criminalización. El discurso establece (por ejemplo en los ‘enlaces ciudadanos’ de cada sábado), de manera estereotipada, el campo de los enemigos del poder y, por lo tanto, de la sociedad. Señala al odio público los ‘enemigos’ de ‘los cambios’, de ‘los avances’, del ‘desarrollo’, de ‘nuestra revolución’, etc. De esta manera, aquellos sectores y organizaciones que reciben el anatema oficial56, son excluidos de la legitimidad reconocida, vista como única y universal; el efecto es que se lanza sobre ellos el desprecio y la animadversión social, legitimando, por lo tanto, toda acción represiva, sea esta pasada, presente o futura. Hay sobrados ejemplos.
Las normas administrativas se generan para colocar las organizaciones y la acción social bajo la supervisión, el control y la pesquisa del Estado. Recuérdese, a título de ejemplo, el reglamento de las ‘organizaciones de la sociedad civil’ presentado por la Secretaría de Pueblos en diciembre de 2010: allí se ponía la existencia misma de las organizaciones bajo la decisión personal de presidente de la república. Pero en este mismo rubro debería incluirse la reinterpretación correísta sobre la participación, rebajada a consulta, y la consulta reducida a ‘socialización? de la política gubernamental57.
Las reformas legales que tipifican y penalizan conductas de protesta social (o el recurso a legislación anterior en el mismo sentido) son, de un modo más directo aún, instrumento de criminalización, pues es el acto en que, desde el gobierno, se impulsa la identificación de acciones que histórica y culturalmente se han desarrollado como parte de la movilización social con delitos graves, como el terrorismo y el sabotaje o el atentado contra la seguridad del Estado, y se les fija una muy dura punición. Pero en este punto es ineludible aludir al origen anticomunista de esta concepción. En efecto, la presencia de las figuras de terrorismo y sabotaje en el código penal está ligada a la ‘ley de seguridad nacional’, vinculada a su vez a las dictaduras genocidas y cuasifascistas de las décadas de 1960 y 1970 impulsadas por el Departamento de Estado Norteamericano y por la CIA. ¿Un gobierno ‘progresista’ recurriendo a una legislación reaccionaria?
La represión policial y militar es ya el ejercicio de la represión directa sobre las acciones de protesta e inconformidad. El régimen actual ha utilizado, en varias ocasiones, una represión desmedida, que no tenía relación con las protestas ni con la cantidad de manifestantes (por ejemplo, en Las Naves, en Río Grande, etc.).
Habría que añadir aquí, a nuestro modo de ver, aquellas acciones de ejercicio estatal de espionaje (por ejemplo, en marzo de 2012, durante la marcha por la vida, denunciadas en su momento por la dirigencia indígena58; o en octubre de 2011, vinculadas a las ?renuncias obligatorias? de miles de trabajadores públicos59). En ambos casos, el espionaje, y el anuncio de su utilización, han llegado acompañados de claros discursos de deslegitimación (la marcha indígena fue presentada como ‘desestabilizadora’, los trabajadores despedidos, como ‘corruptos’ y ‘vagos’, etc.60 El espionaje como herramienta de control no es, obviamente algo nuevo, pero sí corresponde a este gobierno la jactancia pública de utilizarlo.
Finalmente, la judicialización, las acusaciones formales, el inicio de indagaciones fiscales, causas penales y juicios resulta la consecuencia lógica de una política represiva como la señalada. Implica, finalmente, que el conjunto del aparato estatal es puesto al servicio de la criminalización de la protesta: la Asamblea, por la aprobación de leyes; el Ejecutivo, con el ejercicio de la represión militar, policial y simbólica; el sistema judicial, asegurando el envío de los rebeldes a la cárcel.
La conclusión a la que llega el informe de la Defensoría del Pueblo no se presta a interpretaciones: “La Defensoría del Pueblo, a través de esta investigación, ha determinado la existencia de una política de criminalización que surge desde diferentes actores, tanto estatales como privados, frente a las omisiones del primero”61.
* Mañana, segunda parte : una cronología de enero de 2010 a abril de 2012
NOTAS
46 Programa Andino de Derechos Humanos (compilador). Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2011. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador, Quito, 2012 (http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF
/Actividadespadh/Informedhvimpreso.pdf).
47http://www.youtube.com/watch?v=ITJVNTIPIow (publicado el 14 de mayo).
48http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39126&Itemid=2. Y el domingo 13 de mayo insistía, casi repitiéndose: ?Entre los académicos que participaron están un ex miembro de la Democracia Popular, Julio César Trujillo; el ex dirigente sindical Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010; Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y el opositor Alberto Acosta? http://www.telegrafo.com.ec /index.php?option=com
_zoo&task=item&item_id =39203&Itemid=2.
49http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32495:presidente-critica-informe-sobre- dd-hh-de-universidad-andina-video&catid=40:actualidad&Itemid=63
es_una_compilacion_de pasquines_.html
51http://www.elcomercio.com/sociedad/Resumen-Tabacundo-Enlace-Presidente-Rafael_0_703129724.html.
52http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no- personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63
53http://www.nodo50.org/opcion/02/la_sabatina_del_26_de_mayo.php
54 Ver: Defensoría del Pueblo: Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado constitucional de derechos, DPE, Quito, 2012. Puede consultarse en la página de la Defensoría: http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=viewcategory&catid=14; también las de Inredh: http://www.inredh.org/archivos/pdf/ escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf y Cedhu: http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116:informe-de-criminalizacion-a-defensores-y- defensoras-de-ddhh-y-de-la-naturaleza&catid=30:criminalizacion-de-la-protesta-social&Itemid=7.
55http://www.ecuadorenvivo.com/2011122283662/politica/informe_sobre_criminalizacion_de_la_p rotesta _social_sera_revisado_dice_defensor_del_pueblo.html
56http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm: “anatema. (Del lat. anath?ma, y este del gr. ???????).1.amb. excomunión(?acción y efecto de excomulgar). 2.amb. Maldición, imprecación. 3.amb. En el Antiguo Testamento, condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. 4. m. Persona o cosa anatematizada?. ().
57Correa lo ha expresado en varias ocasiones, por ejemplo, en el ?enlace ciudadano? del sábado 28 de abril de 2012. Asó lo reseña la agencia oficial Andes: “La consulta previa, mandato constitucional para los proyectos de desarrollo nacional, somete a las poblaciones de las zonas de influencia a procesos de socialización y busca promover acuerdos con esas comunidades, pero sus resultados «no son vinculantes», dijo Rafael Correa, presidente del Ecuador, desde el cantón amazónico Cascales, donde desarrolló el enlace ciudadano 269. «La consulta previa no es consulta popular», explicó el presidente, «es buscar consensos, es socializar». «Las ong buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante, eso significa que para dar cualquier paso vamos a tener que pedir permiso a la comunidad, eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías sino de la unanimidad, sería imposible gobernar así». El artículo 398 de la constitución ecuatoriana dicta que ?toda decisión deberá ser consultada a la comunidad, el sujeto consultante será el Estado, (…) el Estado valorará la opinión de la comunidad (…) si el referido proceso de consulta resulta en una oposición, la decisión de ejecutar el proyecto será adoptada por la instancia administrativa superior, de acuerdo con la ley? (http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/1928.html).
58 Reportes periodísticos, remitiéndose a documentos oficiales, muestran que la Unidad de Gestión de Seguridad Interna, adscrita a la presidencia de la República realizó ?actividades de inteligencia relacionadas con la movilización? (ver: http://www.elperiodicodelecuador.com/?p=14972; http://www.eluniverso.com /2012/05/15/1/1355/ operativos- inteligencia-grupos-politicos.html).
59 Correa, durante uno de sus ?enlaces ciudadanos?, reveló complacido que la oleada de despidos fue ?fruto de meses de investigación?, que le permitieron al gobierno comprobar la presencia de empleados ?que no querían trabajar las horas completas, que marcaban tarjeta y se iban a trabajar en otro lado, que trataban mal a los pacientes? (http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltro-hospitales-definir-despidos.html).
despidos, según Doris Solíz, se habrían producido porque los trabajadores estaban ya en edad de jubilarse, por ?actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo cual perjudicaba al sector? (íbid.); ver también: http://www.elcomercio.com/negocios/debate-despidos-enciende-Corte-silencio_0_583741784.html. En febrero de 2012, antes de iniciarse la marcha, Correa afirmó que ?Tratan de desestabilizar al Gobierno. Es su última oportunidad, se les pasa esta vez y ya nadie nos para en las elecciones del próximo año? (ver: http://www.safiqy.org/ noticias/5745-indigenas-de-ecuador- convocan-a-marcha-de-protesta-contra-correa-el-8-marzo.html)
61 Defensoría del Pueblo, ob. cit., p. 53.
