EL TRIUNFO DE LENÍN MORENO
Abril 19 de 2017
No es el primer triunfo de Alianza País que sabe a derrota. Como siempre, el sabor proviene de las expectativas desmesuradas que sus militantes, analistas y dirigentes expresaron a lo largo de la campaña de la segunda vuelta electoral. La desmesura fue incluso más grande en las elecciones locales de febrero de 2014 o en el referéndum de mayo de 2011, cuando también dieron la sensación de ganar perdiendo. Alianza País esperaba el 2 de abril una victoria mucho más holgada, acorde con las características de un rival “más fácil”, como diría el presidente Rafael Correa, el banquero Guillermo Lasso, que no podía despegarse de un enorme voto negativo. De hecho, las encuestadoras cercanas al gobierno le daban a Lenín Moreno una ventaja de entre 10 y 15% dos semanas antes del día de las elecciones.
Guillermo Lasso y Andrés Páez han desconocido los resultados, clamaron por un fraude electoral e impugnaron oficialmente la proclamación del Consejo Nacional Electoral el miércoles 12 de abril. Anunciaron que más de 4 mil actas tienen inconsistencias formales y numéricas y basados en ello, pidieron el reconteo de las 40 mil actas de todas las juntas electorales del país. El Consejo Nacional Electoral aceptó el 13 de abril recontar cerca de 4 mil actas pero no el recuento de toda la elección. Jaime Nebot, por su parte, el alcalde de Guayaquil y aliado de Lasso, propuso que además de recontar las 4 mil actas impugnadas se haga un reconteo público al azar de algunas actas para asegurar la limpieza del resultado. Algo que Rafael Correa aceptó.
El gobierno aduce que existe una conspiración de parte de la derecha: forjaron una encuesta a boca de urna, se negaron a presentar públicamente los resultados de un conteo rápido que daba un ajustado triunfo a Moreno (por debajo del margen de error), y Lasso se proclamó vencedor antes de conocer los resultados oficiales para calentar la calle. La verdad es que ninguna de esas actividades parece suficiente para explicar la reacción en la calle. Lo que le otorga fuerza al alegato de fraude es una gran desconfianza en el Consejo Nacional Electoral que durante la campaña permitió sin pestañear el uso de los medios de comunicación gubernamentales a favor del candidato oficial y que no hizo ni siquiera un gesto para investigar o considerar las acusaciones existentes de uso de recursos públicos en la campaña. Mucho más que la confabulación, lo realmente decisivo en la opinión de los seguidores de Lasso es la desconfianza en el árbitro.
El problema de fondo es que la combinación de un resultado ajustado con un Consejo Nacional Electoral enteramente conformado con militantes, ex funcionarios y abiertos simpatizantes del gobierno, hizo que las manifestaciones de la semana posterior a las elecciones fueron bastante nutridas en Quito, Guayaquil y Portoviejo. Las manifestaciones fueron en general bastante pacíficas y fueron perdiendo fuerza con los días hasta que en la noche del 10 de abril fueron desalojados los manifestantes que estaban instalados en carpas frente al Consejo Nacional Electoral en Quito. Es el control gubernamental sobre los órganos electorales, que sustituyó al anterior sistema de un tribunal pluripartidista, lo que lleva a los que no votaron por Lenín Moreno a la sospecha y la desconfianza. El sistema de un tribunal electoral con composición pluripartidista surgió en 1945 en Ecuador como fórmula para evitar el fraude electoral endémico que asolaba las elecciones desde 1901. Y la formula funcionó. Durante la segunda mitad del siglo XX, el fraude masivo y sistemático fue desterrado aunque ocasionalmente podían existir dudas en casos de elecciones muy apretadas o en votaciones locales. Cambiar la composición del órgano electoral en la Constitución de Montecristi de 2008 fue un serio error.
Los resultados electorales confirmaron la misma distribución regional del voto que se venía dibujando en elecciones pasadas, pero mucho más acentuada. Alianza País ganó en toda la Costa, perdió abrumadoramente en la Sierra central y en la Amazonía y por primera vez desde 2006 perdió en la provincia de Pichincha, donde está la capital del país, gracias a un masivo voto a favor de Lasso en Quito norte, donde vive la clase media consolidada y los sectores más acomodados. El voto en las provincias de la Costa a favor de Alianza País fue más fuerte que nunca: comparado con 2009, cuando era el 51% de su votación, en abril de 2017 pasó a representar el 57% del total de sus votantes. En todas las provincias del litoral (salvo Galápagos) Lenín Moreno obtuvo en segunda vuelta más del 11% de incremento en la votación respecto a la primera vuelta, justo lo que necesitaba para ganar la elección. Por contraste, solo en 4 de las 10 provincias serranas consiguió dicho aumento y solo en una de las 5 provincias amazónicas, en Sucumbíos, provincia de nacimiento del candidato. Aunque la derrota en las provincias amazónicas fue contundente hay un dato que matiza el desastre: comparado con la votación de las primeras vueltas de 2009 y 2013, la votación de segunda vuelta de 2017 fue ligeramente mayor en todas las provincias amazónicas (con la excepción de la provincia minera de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, que fue 8 puntos mayor en 2009). Es decir, aunque la derrota en la Amazonía fue inapelable, es la mejor votación obtenida nunca por Alianza País en la región y eso quizás puede atribuirse a las características del candidato.
Aunque no le alcanzó, Guillermo Lasso tuvo un notable incremento de más de 20% respecto a su votación en primera vuelta. Su problema era la enorme distancia que lo separaba del candidato oficialista: necesitaba 22% adicional para ganar la elección. Aunque no logró su objetivo, hay que resaltar que solo en una provincia, la costeña provincia de Santa Elena, Lenín Moreno obtuvo en segunda vuelta un crecimiento de la votación superior al suyo: 12,8% contra 11,2%. Es decir, el candidato de la oposición perdió la elección pero ganó ampliamente la segunda vuelta. Está muy claro que la votación de Paco Moncayo se fue masivamente con el candidato de la oposición, salvo en Azuay (en la sierra sur), Imbabura y Carchi, en la sierra norte. El caso más llamativo es el de la provincia de Cotopaxi, en la Sierra central ecuatoriana, con un activo y poderoso movimiento indígena, donde Moncayo obtuvo su mejor votación, 19%, y Lasso aumentó la suya en segunda vuelta en 26%.
El candidato de CREO consiguió también convencer a la mayor parte del electorado que en primera vuelta votó por Cinthya Viteri (16%) salvo en las provincias de Guayas y Los Ríos, en la Costa central, donde se podría decir, sin exageración, que se jugó el resultado final de la elección. El interior del Guayas es lo que decidió la victoria de Moreno. Aunque ganó en la ciudad de Guayaquil, perdió abrumadoramente en las regiones rurales y en las ciudades del interior de la provincia de Guayas (62% contra 38%). Esta votación decisiva a favor del gobierno en el interior de la provincia de Guayas hace pensar que el voto que Lasso fue incapaz de atraer masivamente no fue tanto el de Viteri cuanto el de Iván Espinel (3%) y Abdalá Bucaram (5%). Parece probable que Lasso también haya capturado una parte importante de la votación que en primera vuelta votó blanco (que pasó del 2,7% al 0,7%), nulo (que pasó del 7% al 6%) y de reducción de la abstención (que pasó de 17% al 16%). Esta suposición proviene del hecho de que este tipo de votación o de abstención suele concentrarse en zonas más pobres y marginales, donde el banquero tuvo una votación mayor. Recordemos que el voto a favor de Alianza País es menos consistente en las zonas más pobres y esto es perfectamente entendible: en estos diez años ha habido pocos cambios en la situación de los más pobres. Los que mejoraron su acceso a servicios y al consumo no son los más pobres, los aquejados por el “empobrecimiento estructural”, sino, al contrario, los que ahora podemos clasificar como “clases medias emergentes”, que pudieron salir de la pobreza y que viven en el límite.
¿Qué se puede esperar del futuro gobierno de Lenín Moreno? Ha prometido cambios, pero más allá del estilo menos confrontador, es poco lo que ha anunciado concretamente, más allá de fórmulas vagas. Su primera reunión pública como presidente electo fue con empresarios a los que prometió menos descalificaciones y un consejo consultivo para escucharlos. Una segunda reunión con dirigentes indígenas liderados por Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, que siempre fue aliado del gobierno en contra de la posición de la CONAIE, pero donde también estuvo Humberto Cholango, ex – candidato por Pachakutik a la Asamblea Nacional (no ganó), hizo promesas vagas y evasivas sobre “analizar” los casos de criminalización de la protesta social. Mencionó que era hora de una reforma agraria, pero no especificó en qué consistiría.
Más allá de sus intenciones y de su estilo, lo que podemos decir con cierta certidumbre es que será un gobierno más débil que su predecesor por al menos tres motivos, todos los cuales tienen que ver con la relación de fuerzas que enfrentará. Primero, es un gobierno que no tendrá un contexto de bonanza económica que disfrutó Rafael Correa. La “mano tendida” que ha ofrecido durante la campaña amenaza estar bastante vacía. Aunque los indicadores económicos están lejos de ser alentadores, tanto el gobierno saliente como el entrante han hablado de que se ha superado el bache, que no hay crisis y que no habrá “paquetazo” económico. El margen de maniobra económico es menor y justificar medidas en la crisis o en la herencia recibida es imposible. Es más probable que la situación económica obligue a maniobras y medidas que pueden erosionar aún más la mermada base social gubernamental.
En segundo lugar, los partidos y gobiernos como el de Alianza País están formados por agrupaciones bastante heterogéneas, con muy disímiles orientaciones ideológicas y políticas. La unidad de acción solo puede lograrse mediante un liderazgo muy fuerte que opera como árbitro en los conflictos internos y como última palabra para la toma de decisiones controversiales. La ausencia de Rafael Correa puede ser muy grave no solo para la cohesión interna del partido de gobierno, sino para la coherencia misma de las políticas y la intervención gubernamental. Lo más probable es un gobierno mucho más “balcanizado” que el de Rafael Correa y con menos capacidad para imponer un rígido “alineamiento” a sus funcionarios. Ya es clara una fractura entre el presidente y el vicepresidente electos, que responden a grupos internos distintos y que tuvieron que enfrentar unas primarias internas bastante ríspidas. El vicepresidente Jorge Glas ha sido identificado con los grupos más cercanos al mundo empresarial y de los contratos con el Estado de la Costa, mientras que Lenín Moreno está más ligado a grupos de intelectuales serranos, algunos con un pasado en organizaciones de izquierdas. Se especula mucho con la posibilidad de que Jorge Glas sea el verdadero presidente tras el presidente pero es difícil saber hasta qué punto Lenín Moreno esté dispuesto a permitirlo.
En tercer lugar, es poco claro el peso y el carácter de la intervención que Rafael Correa puede ejercer desde su retiro. ¿Se mantendrá al margen de las decisiones políticas inmediatas, de los conflictos cotidianos y de la vigilancia respecto al cumplimiento de las orientaciones generales de la acción gubernamental? Como Presidente ha mostrado una diligencia personal casi obsesiva en el monitoreo de las actividades de los ministerios, secretarías e incluso de otras funciones del Estado. ¿Cuál será el carácter de su alejamiento del poder gubernamental? Es probable que si los problemas económicos se agudizan y el gobierno pierde más apoyos de los que ha perdido hasta ahora, las tensiones internas y la urgencia política se vuelvan irresistibles para él. Sobre todo las cosas pueden precipitarse si hay peligro de que naufrague la influencia política que ha ganado en esta década. Este factor es un potencial elemento de incertidumbre y conflictividad interna dentro del partido de gobierno. Su potencial regreso, esperado o temido, pesará por los siguientes cuatro años sobre la política nacional.
En ese marco general de una situación caracterizada por una mayor fragilidad política está claro que el nuevo gobierno deberá hacer un esfuerzo de recomponer alianzas políticas nuevas para afrontar los desafíos y dificultades crecientes que la economía y la polarización política le plantean. ¿Hacia dónde abrirá el arco de las alianzas? Ya el gobierno de Rafael Correa, forzado por la crisis económica, por las urgencias en las finanzas públicas y la necesidad de sostener la inyección de recursos a la maltrecha economía, acentuó el giro pragmático en sus políticas económicas. Firmó un tratado de libre comercio con Europa para salvar los muebles con el sector exportador, aprobó una ley de alianzas público -privadas para dar amplias y onerosas garantías a los inversionistas en infraestructura que el Estado no puede mantener o construir, como puertos, carreteras y otros servicios públicos, mejoró la condiciones tributarias para las empresas mineras de gran escala e inició la transferencia de activos y empresas del sector público al sector privado. No hay razón para pensar que el giro pragmático y pro – empresarial se detenga y menos aún si las condiciones económicas empeoran.
En esa recomposición de alianzas políticas y sociales hay un solo sector a su izquierda que acapara las preocupaciones gubernamentales. La victoria de Lasso fue aplastante en zonas indígenas. A lo largo de todos estos años, el gobierno ha insistido en que su política tiene el apoyo de las bases y que su conflicto es solamente con las dirigencias que se han alejado de sus verdaderos intereses. El inaudito enfrentamiento llegó al extremo de que los principales dirigentes de la CONAIE y de Pachakutik prefirieron llamar a sus bases a votar por un banquero abiertamente neoliberal como Guillermo Lasso que por un gobierno que los ha perseguido, enjuiciado y tratado de dividir de una manera tan sistemática que no conoce precedentes. Los resultados de la votación en parroquias y provincias de alta presencia indígena solo admiten una interpretación: la oposición de los dirigentes expresa un malestar más hondo y extendido entre las bases. Sea que estén alejados o no de sus dirigidos, en este punto está claro que la actitud de los dirigentes responde a un estado de ánimo social más profundo. No solo las zonas más indígenas han votado contra el gobierno, sino en general en las zonas más pobres, donde la acción gubernamental no ha incidido. Se impone un cambio en las políticas sociales y de fomento económico que sea mejor adaptada a las peculiaridades sociales y culturales de las localidades más pobres. Las políticas sociales estándar, manufacturadas en las oficinas de Quito y con ayuda de la tecnología del satélite no se adecuan a las exigencias de poblaciones con tradiciones comunitarias fuertes, diferencias culturales que deben ser respetadas y una voluntad de autogestión que no puede seguir siendo ignorada o despreciada. La destrucción de las escuelas comunitarias, de la salud intercultural, de la educación bilingüe, junto a políticas de persecución y de control sobre las iniciativas locales, podrían ser revertidas. No es ni muy caro ni muy difícil. Si el nuevo gobierno no lo hace, solo podrá explicarse por una ceguera política inconmensurable.
Ante el panorama político del nuevo ciclo político que se abre con el retiro momentáneo de Rafael Correa, hay más incertidumbres que seguridad. El “fin de ciclo” en el caso ecuatoriano no se refiere, como lo han dejado claramente establecido las últimas elecciones, al fin del gobierno de Alianza País. Ese gobierno continuará. El fin de ciclo corresponde más bien al agotamiento del potencial transformador del progresismo, que en muchos casos se extinguió mucho antes de que se perdieran los votos o el gobierno. Pueden seguir en el gobierno, pero las expectativas de cambios significativos son cada vez menores. Este agotamiento se había manifestado ya claramente durante el último mandato de Rafael Correa, se expresó en Brasil con las políticas neoliberales del gobierno de Dilma Roussef, o con el giro hacia la derecha de Scioli en el kirchnerismo. ¿Se acentuará durante la nueva administración de Lenin Moreno? Las señales son mixtas, pero está claro que ganar el gobierno no es suficiente para seguir siendo llamado progresista. Hay que mostrar en los hechos la voluntad de recuperar el camino de transformaciones democráticas y de respetar a los actores de cualquier cambio verdadero.
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