Guayaquil, 16 de diciembre de 2012
Luego de que Petroecuador anunciara la instalación de un tramo del gasoducto Monteverde-El Chorrillo en zonas densamente pobladas de Guayaquil, moradores del sector y autoridades municipales se organizaron en un grito de protesta frente al potencial riesgo que esto implicaría.
Históricamente, la problemática extractiva ha sido considerada como un tema de indígenas y campesinos, habitantes de las lejanas selvas y cordilleras, en definitiva, un problema de los “otros”. La indolencia y ausencia de solidaridad de las ciudades ante la concesión de territorios para actividades de extracción minera y petrolera han sido cómplices silenciosos de este modelo depredador de la vida.
Hoy, cuando aproximadamente unas 300.000 personas se ven amenazadas en la ciudad de Guayaquil por la imposición del gasoducto, la discusión sobre el tema extractivo toma otros matices. Diversas autoridades del gobierno municipal se han pronunciado por la defensa de la vida, por la exigencia del cumplimiento del principio precautorio y frente a ello han definido un alto al proyecto.
En este sentido, inevitable nos llega la pregunta: ¿por qué en los territorios rurales, la soberanía de los pueblos, el respeto por la vida humana y la defensa de los ambientes saludables no tienen la misma fuerza ante los impactos de la actividad petrolera? Se trata acaso de números (son comunidades con poca densidad poblacional), o es que las vidas de indígenas y campesinos se evalúan de manera diferente.
La concejala de Alianza País, Hanne Holst, en la cesión de Consejo Cantonal, ha pedido a la ciudadanía guayaquileña: “confiar en Petroecuador”. Al parecer, se pide una especie de confianza ciega como acto de fe. Recordemos algunos antecedentes con oleoductos y poliductos.
El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) fue construido en el año 2003, se aseguraba tecnología de punta y los mejores materiales del mercado. Sin embargo, a los seis años de su construcción se produjo un derrame de 14.000 barriles de petróleo. El derrame dejó 45 días sin agua potable a la ciudad de Orellana.
En este año, se instaló un oleoducto en la ciudad de Sushufindi. A los 7 meses de haber sido colocado, se rompió en 5 partes causando 5 derrames de petróleo en el lapso de un mes.
Sabemos que la “tecnología de punta” no es garantía de seguridad. Recordemos el mayor derrame de petróleo que se produjo el 20 de abril del 2010 en el Golde México por efecto de la explosión de la plataforma “Deepwater Horizon” de la British Petroleum o los sucesivos accidentes con gasoductos a lo largo y ancho del planeta; basta con tener presente la explosión de un gasoducto en la ciudad de Sissonville, West Virginia (EE.UU), el día 11 de diciembre de este año.
En el Ecuador, durante 40 años, hemos vivido miles de derrames petroleros que han contaminado el suelo, el agua, y el aire de los ecosistemas amazónicos, originando serias afecciones en la salud de los pobladores. Los enormes destrozos de la Chevron-Texaco nos revelan de más explicaciones. Por lo tanto, es entendible que los moradores de los barrios del norte de Guayaquil estén opuestos a la instalación del Gasoducto.
La Unidad Plurinacional se solidariza con esos grupos humanos y demanda al gobierno nacional, precautelar la vida, la salud y el bienestar de estos compañeros y compañeras amenazados por las soluciones de mercado bajo las cuales se ha definido el proyecto del gasoducto. Sabemos que este caso, acerca, tiende puentes y solidaridades entre el campo y las ciudades. Poco a poco los territorios urbanos van tomando conciencia de que este modelo económico, contrario al Buen Vivir, debe parar.
Nos sumamos a la resistencia de los moradores de la vía a la costa y de los barrios populares del Norte de Guayaquil, quienes con valentía han exigido el cumplimiento de sus derechos. Nos llena de vitalidad su espíritu de lucha porque estamos seguros de que este será el primero de muchos otros casos en los que las CIUDADES finalmente despierten del sueño de un (imposible) desarrollo atado al extractivismo.
Petroecuador pretende disponer de la vida y la tranquilidad de de miles de ecuatorianos. ¿Por que no utilizar la via alterna?.¿ Por ahorrarse miles de dolares?, eso representamos, ahorro de dinero y tiempo. Debe cambiarse la frase “Petroecuador tiene derecho a la via” por “Petroecuador tiene derecho a tu vida”.
De acuerdo Alberto y como equilibramos el peso en opiniones cuando los afectados directos somos los del campo y los ciudadanos toman sus opiniones con un peso mayor y en la consulta los asambleistas son ciudadanos poco ambientalistas?
Soy una de las que desperto a la politica de la indiferencia y no volvere a quedarme impavida. La Vida no tiene Precio.