¿Defendiendo a la “todopoderosa” dolarización?

Por Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro*

Sorprende el apuro. Tuvieron casi cuatro años para hacerlo. ¿Por qué ahora? Justo cuando el gobierno está en desbandada, y la desprestigiada Asamblea Nacional está por concluir sus funciones, se acuerdan de “defender la dolarización”. Asimismo, sorprende la creciente presión gubernamental – y mediática – aplicada para que el proyecto de ley “defensor” del esquema monetario ecuatoriano sea aprobado por la Asamblea. 

¿No es más urgente en este momento defender la salud del pueblo en medio de la pandemia del coronavirus? El Ecuador tiene problemas muy concretos y graves (por ejemplo miles de fallecidos y un infame manejo de la vacunación contra el covid-19), como para destinar demasiadas energías en una ley que ni siquiera aclara cuál es la amenaza concreta a la dolarización de la que urge defenderse. 

Para colmo, las contradicciones abundan. Resulta que ahora urge defender a una dolarización que, en sus inicios, se vendía casi como omnipotente. En el año 2000, la dolarización se presentó como la mejor – o hasta la única – alternativa para enfrentar la crisis. Los mitos pro-dolarización sobraban, incluyendo justificaciones rocambolescas (como las del venezolano José Luis Cordeiro) aglutinadas en el Foro Económico de Joyce de Ginatta. 

El dólar – se decía – iba a erradicar las devaluaciones de la moneda nacional (el sucre), y terminar de golpe con la inflación, asegurando la ansiada estabilidad monetaria. En su exultante entusiasmo los dolarizadores ofrecieron que –inmediatamente– se reducirían las tasas de interés; se reactivaría la producción, se atraería la inversión extranjera… basta leer el remitido del Foro Económico, publicado en Diario El Universo, el viernes 7 de enero de 2000. Sin ánimo de analizar a fondo estos temas (pero recordando que sí existían alternativas a la dolarización),^[1] es ilustrativo notar cómo los discursos económicos se mueven al son de los vaivenes políticos.

      Así, la supuesta ley de “defensa de la dolarización” más parece un eufemismo para conseguir otros fines, peor en épocas de transición de gobierno. Uno de los temas centrales de la ley que refleja su condición política es la administración y el uso de las reservas monetarias en las cuentas del Banco Central. Diferentes bandos de economistas se pelean: unos argumentan que esas reservas deben respaldar a totalidad los depósitos de los bancos privados en el Banco Central; otros plantean que esas reservas deberían financiar al gobierno para poder enfrentar momentos extremos (aunque sin volverse mera caja chica del gobierno, se entiende). 

En medio de esa discusión, cabe hacerse una pregunta: ¿alguno de los economistas de cada bando se ha tomado la molestia de estudiar seriamente cuál es el papel de las reservas monetarias en la dolarización ecuatoriana?, ¿alguno se ha tomado la molestia de revisar si existen evidencias que justifiquen sus argumentos?, ¿o acaso, tal como cuando se impuso la dolarización, seguimos estamos entrampados en el fango de un debate político sin sustento de parte y parte, que se disfraza de “debate técnico”? 

Dejando de lado los eufemismos, aquí hay –al menos– dos grupos de poder que anhelan –directa o indirectamente– tener el control sobre las reservas monetarias. Un grupo resguarda los intereses de una banca que no deja de lucrar y que, al parecer, anhela apuntalar su estabilidad a costa de congelar las reservas monetarias (como ya se dispone con la ley de “fomento productivo” del 2018). Otro grupo, en cambio, parece desesperado por tener a mano toda la liquidez posible para hacer lo que le venga en gana a pretexto de financiar la reactivación económica (¿o ya nos olvidamos del fracaso que fue el financiamiento de la transformación de la matriz productiva?^[2]).

Ante la cercanía de la transición gubernamental, esas luchas de intereses se vuelven cada vez más duras, al punto que cualquier reflexión seria queda en segundo plano. Y no pasa solo con la cuestión de las reservas internacionales. Desde hace años el Ecuador parece vivir una situación donde su moneda está sana… mientras que su pueblo está enfermo, desempleado, famélico y hasta moribundo. Pese a ello, ¿cuántas han sido las reflexiones monetarias que se hayan atrevido a destacar con claridad, rigor y evidencia las debilidades y fortalezas de la dolarización^[3]?, ¿a alguien le ha importado? Dejando de lado contadas excepciones,^[4] la discusión monetaria ecuatoriana es deprimente…

Otro ejemplo donde la pugna política prima sobre el análisis razonado y crítico es en la discusión de la autonomía del Banco Central. Si bien aquí han surgido un poco más de argumentos con respaldo,^[5] la discusión de fondo sigue pareciendo estéril y argumentada más desde el hígado de cada analista que desde razonamientos sólidos. Por un lado, los defensores de la autonomía del Banco Central no han presentado evidencia clara de que dicha autonomía puede beneficiar a la economía ecuatoriana; y, hablamos de evidencia contextualizada para el Ecuador, en donde considere la enorme debilidad institucional del país, y la facilidad con la que grandes grupos económicos pueden cooptar a las entidades estatales. 

Por otro lado, quienes se oponen a la autonomía del Banco Central no tienen ningún problema con que el poder ejecutivo maneje el esquema monetario del país según los caprichos cortoplacistas de los gobernantes del momento. Tales caprichos son insuficientes al momento de instrumentar auténticas reformas estructurales y sostenibles en beneficio de los sectores populares (años de progresismo en Ecuador y en Latinoamérica han dejado clara esa lección).

Los poetas del neoliberalismo, los que creen a pie juntillas en las ventajas del libre juego de la oferta y la demanda, pueden incluso considerar que el Banco Central, en una economía dolarizada, es innecesario. Los pragmáticos, por el contrario, aceptan la necesidad de un Banco Central, pero autónomo… Esa autonomía, repiten cual loras, es la que generaría una confianza monetaria que permitiría respaldar a la dolarización; además, garantizaría que no se efectúe “emisión inorgánica” de dinero electrónico (por cierto, ¿alguien ha definido con seriedad qué mismo se quiere decir con el término “emisión inorgánica”?).

Antes que hablar de una ley de “defensa de la dolarización”, quizá podríamos hablar de una ley de defensa de las burguesías bancarias ante la amenaza de las burguesías progresistas. 

Hagamos memoria. La independencia del Banco Central fue una de las metas planteadas en épocas anteriores. La Junta Monetaria –independiente se decía– era controlada por la banca privada. Se podría revisar la lista de sus miembros para constatar esta afirmación. Que ahora se hable de tecnócratas no cambia el escenario, ¿o es que acaso ahora creemos en arcángeles preocupados exclusivamente en el bienestar colectivo? Dichos arcángeles solo viven en los libros de texto, en los modelos, y en las cabezas de los economistas convencionales…

En cambio, los poetas estatistas y progresistas, quienes se creen –o se venden– como los portadores de la voz del pueblo en medio de un mundo perverso, imaginan al Banco Central como una dependencia más del Gobierno Central. Aquí las loras repiten que el Estado es capaz de resolver los problemas económicos urgentes con una política económica desarrollista a la cual el Banco Central debe subordinarse. Pues esos dichosos gobernantes y tecnócratas gubernamentales sí son arcángeles, no como los malvados banqueros y grupos económicos (claro, excepto aquellos que financian las campañas progresistas… esos sí son buenos, o sino pregúntenle a Odebrecht y similares).

Igualmente hagamos memoria. Durante la década correísta, a pretexto de que la política económica sea planteada desde el ejecutivo con un Banco Central –y demás entidades estatales– subordinado a los “planes de desarrollo” (luego mal llamados “planes del Buen Vivir”), se terminaron despilfarrando miles de millones de dólares de las reservas monetarias. En especial, desde 2015, el Banco Central empezó a financiar agresivamente al gobierno, perdiendo gran parte de su liquidez sin que se evidencien auténticos beneficios de la política expansiva del correísmo. Es decir, la irresponsabilidad del manejo económico correísta, sumada a una excesiva concentración de poder en un gobierno autoritario, llevó tanto al derroche de las reservas monetarias y a un endeudamiento público sin fin…

Por tanto, a nuestro parecer, antes que hablar de una ley de “defensa de la dolarización”, quizá podríamos hablar de una ley de defensa de las burguesías bancarias ante la amenaza de las burguesías progresistas. El entrampamiento del Ecuador en semejantes pugnas de poder, donde más allá de los discursos realmente ningún bando representa los intereses de los sectores populares, es uno de los factores que está contribuyendo a que miles de personas mueran con coronavirus mientras que progresistas y neoliberales se tiran de los cabellos.

Tal como en el caso de las elecciones de febrero y abril de 2021, en las discusiones que acabamos de plantear es crucial encontrar una tercera vía auténticamente democrática y popular. Pongamos un ejemplo desde el mismo Banco Central: ¿por qué no pensar que el directorio de dicho banco se conforme por representantes de diversos sectores de la sociedad sin marginar la presencia –con voz y voto– del ministro de economía, de los superintendentes de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, de representantes de los movimientos sociales, de las facultades de economía de las universidades públicas del país, a más de un representante de la banca privada y otros de las cooperativas de ahorro y crédito? Así, en vez de caer en una falsa dicotomía entre autonomía y no autonomía, mejor transparentemos a los diferentes grupos de poder.

Tal búsqueda de una tercera vía, con una auténtica participación popular, debería extenderse a la propia elaboración de la política económica del país. Basta de iluminados –sean neoliberales o progresistas– que, a pretexto de su experticia, imponen sus dogmas cual verdades y dejan de lado los conocimientos de las realidades concretas de quienes viven la economía en su día a día.

En este esfuerzo de replantear la economía del país urge enfrentar el poder de mercado de la banca privada en el sector financiero, identificando todos los abusos y exclusiones cometidas por los bancos privados al otorgar créditos. Incluso cabría identificar prácticas bancarias abusivas al definir las tasas de interés, activas y especialmente la pasiva (esta tasa en principio es la que genera especulación y rentas financieras para los depositantes a plazo). Será indispensable romper la concentración bancaria: por ejemplo, impedir legalmente que un solo banco concentre más de 10% de créditos y depósitos. Aquí podría ayudar una ley antimonopolios que penalice con impuestos extraordinarios y expropiaciones a grupos económicos y financieros de alta concentración. Para reducir las tasas de interés, a más de medidas administrativas y de política económica, se requiere romper el oligopolio de la banca privada con una alianza pública solidaria compuesta por la banca estatal, la banca de la seguridad social, las cooperativas de ahorro y crédito y el Banco del Pacífico. Y en un siguiente paso, si la banca no actúa en función de las diversas urgencias nacionales, se podría plantear la nacionalización de la banca privada para, luego, dividirla en sistemas cooperativos administrados por representantes de los propios depositantes.

      Asimismo, urge repensar las estructuras del poder político encargado de administrar el Estado. La descentralización de esas estructuras de poder e incluso la construcción de nuevas formas de poder popular fuera del Estado puede tener un gran potencial al momento de encontrar salidas más democráticas a los problemas del país.

“Desde hace años el Ecuador parece vivir una situación donde su moneda está sana… mientras que su pueblo está enfermo, desempleado, famélico y hasta moribundo”. 

*Alberto Acosta y John Cajas Guijarro son economistas ecuatorianos y reconocidos académicos.

Referencias:

^[1] Consultar en Jürgen Schuldt y Alberto Acosta (1999); La hora de la reactivación – El mito de la falta de alternativas, Serie Dialogando con los líderes ecuatorianos. ESPOL: Escuela Politécnica del Litoral, Guayaquil. Disponible en https://ecuador.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf/097%20REAMIT1999.pdf

^[2] Sobre dicho desperdicio, ver Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018): Una década desperdiciada. Las sombras del correísmo. Quito: CAAP. Disponible en https://lalineadefuego.infowp-content/uploads/2018/06/libro_la_decada_desperdiciada.pdf

^[3] La dolarización transformada en el gran objetivo nacional impide discutir con seriedad y responsabilidad sobre sus ventajas y desventajas, incluso sobre una moneda nacional paralela que contribuya a enfrentar los graves problemas acumulados. Y conste que existen alternativas, como las propuestas por Jürgen Schuldt y Alberto Acosta (2017); De la dolarización oficial a una moneda propia Propuesta para el Ecuador, Documentos de Trabajo CIEPP. Disponible en http://ciepp.org.ar/images/ciepp/docstrabajo/doc%2096.pdf

^[4] Para una discusión más profunda sobre lo que ha significado la dolarización, ver Alberto Acosta Acosta y John Cajas Guijarro (2020): “Ecuador… 20 años no es nada: a dos décadas del mito dolarizador”, Revista Economía (Universidad Central del Ecuador). Disponible en https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ECONOMIA/article/view/2220/2256

^[5] En algunas discusiones se ha mencionado un documento de trabajo del Banco Mundial donde se plantea el potencial vínculo teórico entre la desigualdad y la independencia de los bancos centrales. Ver Michaël Aklin, Andreas Kern, Mario Negre (2021): “Does Central Bank Independence Increase Inequality?”. Disponible en http://documents1.worldbank.org/curated/en/422091611242015974/pdf/Does-Central-Bank-Independence-Increase-Inequality.pdf