Por Jorge Basilago
Vienen de todas partes de Venezuela. Avanzan por caminos pavimentados o trochas perdidas. Les impulsan la falta de perspectivas y la sombra cada vez más larga y ancha del hambre. Aún no alcanzan la mayoría de edad pero viajan sin compañía: buscan la manera de ayudar a sostener a sus familias, esas que aún deberían cobijarles pero no pueden hacerlo. No se detienen por el frío, la noche o la lluvia. Caminan sin descanso y sin documentos, en su mayoría. Casi sin comida y con el agua imprescindible, cuando la tienen.
A lo lejos, este Ecuador dolido por sus propios traumas, les parece una oportunidad. Pero su calvario no termina al cruzar la frontera. Las políticas públicas ecuatorianas carecen de respuestas suficientes, ante las preguntas que les plantean la movilidad humana en general y la de niñas, niños y adolescentes (NNA) “no acompañados”, en particular. Más aún: los esfuerzos de la sociedad civil que intentan brindarle asistencia, orientación y estímulo a este grupo humano son, todavía, pocos y dispersos.
Resueltas en parte sus necesidades más inmediatas al ingresar al país –hidratación, higiene, descanso, comida-, deben abandonar los campamentos y casas de acogida existentes, porque muy pocos tienen planes a mediano y largo plazo. “Hace falta mirar todo esto como un proceso: no trabajar solo ante la emergencia, sino tener organizados los protocolos y metodologías en el caso de que se produzca otro fenómeno migratorio como este, para que nuestras acciones sean más sostenibles”, reflexiona Diego Poma, desde Danielle Children’s Fund (DCF), una de las organizaciones que tratan de ver algo más allá del asistencialismo.
Desde 2018, DCF ha asistido en Ecuador a varios centenares de NNAs venezolanos, con sus familias o “no acompañados”. Conocer ese trabajo es, en cierto modo, tomarle el pulso a una parte poco conocida del fenómeno migratorio que interpela a toda la región. Aunque hoy Poma indica que las dinámicas de ese colectivo han cambiado un poco, de sentido(s) y de volumen. Opinión confirmada por varios trabajos de investigación recientes sobre este hecho. “Es importantísimo que todas estas experiencias a nivel organizacional, puedan ser sistematizadas y levantadas a política pública”, reflexiona Poma, al inicio de su charla con La Línea de Fuego.
Camino complejo con pocas posibilidades
En el Ecuador existen diversas iniciativas de atención a la niñez y adolescencia migrantes. Pero el caso de DCF es una referencia frecuente –entre las personas vinculadas a la diáspora venezolana por distintas razones-, como ejemplo de apoyo para proyectar estrategias de sostenimiento más prolongadas y sólidas. Pero el camino a recorrer es demasiado sinuoso y con muy pocas posibilidades de completarlo con éxito.
La Línea de Fuego (LDF): ¿Cómo se modificaron las políticas y acciones de DCF en territorio, durante los últimos años, respecto de la niñez y adolescencia migrantes?
Diego Poma: Nosotros estamos trabajando aproximadamente desde 2018 en temas de movilidad humana. Dando respuesta emergente, en un primer momento, a la situación de la migración forzada y masiva que hubo en ese entonces. A raíz de esto implementamos algunos servicios, entre ellos una Casa de Paso que hasta inicios de 2020 estaba en la ciudad de Tulcán (norte del Ecuador), donde había más cantidad de ingresos de personas de Venezuela, en su mayoría.
La población que atendemos por nuestros estatutos es niñez y adolescencia, entonces nos asentamos allí con esta Casa de Paso que daba respuesta a adolescentes “no acompañados”. Lo que hace este servicio es acogerlos emergentemente –protegerlos, darles vivienda y alimentación– y, a su vez, iniciar procesos de investigación y análisis sobre cuál es la situación por la que vinieron al país y sus necesidades principales: qué hizo que salgan de Venezuela, hacia dónde se dirigen, si tienen redes o familia y cualquier otro dato que pueda ser útil para entender su realidad.
La intención de todo esto es poder dar elementos al sistema de protección y, sobre todo, a las autoridades administrativas y judiciales en este país, para que emitan medidas de protección en función de la real necesidad de esos NNAs. Con todo lo que investigamos, elaboramos un informe psicosocial que da cuenta de la situación actual de esos adolescentes. Pero también, de ser necesario, se solicita a la autoridad competente una medida de protección que les permita, primero, ejercer sus derechos de manera plena en el país; y, a su vez, contar con los servicios que el Estado les podría ofrecer.
Ahora esto lo seguimos haciendo en Quito, porque la movilidad humana empezó a transformarse. De ser un país de tránsito, el Ecuador pasó a ser un país de permanencia para mucha de esta población: entiendo que ya son más de 500 mil las personas venezolanas radicadas aquí. Este hecho también cambió la mirada y las políticas implementadas: desde la venida a la capital, observamos que había necesidades específicas en esta población con fines de residencia en el país, y una de ellas era la inserción laboral. Esa era la expectativa primaria y yo diría que hasta única, en algunos casos.
Muchos de los adolescentes que recibimos, migraron con esa consigna: trabajar aquí y generar recursos para ellos y para sus familias en Venezuela. Por eso intentamos ver qué respuesta podíamos dar, porque económica y políticamente el Ecuador no estaba ni está preparado para darla. Teníamos que reinventarnos en el camino, así que iniciamos un mapeo informal de las necesidades de estas personas, para entender y plantear una serie de alternativas. Entre esas estaba la educación formal, como una de las estrategias para que los adolescentes asienten sus procesos. La otra era la creación o fortalecimiento de ciertas habilidades, tomando en cuenta que muchas de las y los adolescentes que ingresaban al país, venían con antecedentes de trabajo desde muy niños y, de alguna manera, en procesos de autonomía.
LDF: ¿Qué otros elementos surgieron de ese mapeo?
Poma: En su mayoría estos adolescentes venían de hogares monoparentales; algunos de ellos incluso eran cabeza de hogar desde la parte económica. Y querían continuar esa línea, pero buscando otras economías que se lo permitieran. La parte educativa no estaba dentro de su listado de necesidades primarias; esta fue más bien una expectativa que teníamos como organización, pero ellos estaban más orientados a temas técnicos. Por ejemplo, tenían mucha habilidad para la preparación de alimentos, peluquería y barbería, arreglo de electrodomésticos, organización de eventos… y decidimos fortalecer esas capacidades.
Desde ese momento creamos un programa de asistencia humanitaria, llamado Viviendas Asistidas, que brindaba un espacio de vivienda seguro; unos meses de apoyo para la alimentación y tratar de generar proyectos de vida. La idea era que pudieran elegir, dentro de las posibilidades, qué les gustaría preparar o emprender como alternativa de sostenibilidad económica. Inicialmente este proyecto era específico para adolescentes “no acompañados” –entre ellos, chicas embarazadas o con hijos-, pero la mayor cantidad de población eran grupos familiares con NNAs. Así que buscamos darle respuesta a todos estos grupos.
LDF: ¿De qué forma se desarrolla ese proceso inicial y cuáles han sido sus resultados?
Poma: Al inicio creamos una Casa de Autonomía, donde los adolescentes que ya tenían vocación de permanencia podían vivir y hacer su proyecto de vida. El tema fue que casi ninguno de ellos tenía la expectativa de estar institucionalizado. Eso es razonable porque están en movilidad humana, y su lógica siempre será esa: los chicos que tuvimos no estaban quietos, cuando salieron de la Casa de Autonomía siguieron su ruta a Perú, o a Chile, que eran sus países objetivo. Ese primer proceso en Casa de Autonomía duró más o menos un año. En su mayoría los chicos lograron su especialización técnica en algún oficio, aunque ninguno de ellos lo aplicó luego. Tuvieron unos meses de inserción laboral en temas de barbería o panadería, pero no se sostuvieron en el tiempo.
Entonces decidimos hacerlo más ambulatorio, sin institucionalizar a nadie: que cada quien viva en su espacio, tenga su autonomía y el acompañamiento sea más externo. Inicialmente habíamos planteado, en el caso de quienes tenían un proyecto de vida, que dure entre seis meses y un año, para que sea más bien un proceso formativo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que era tal la necesidad de generar recursos inmediatamente, que la mayoría no optaba por planes a mediano-largo plazo. Eso derivó en muchas deserciones: en el programa de Viviendas Asistidas aproximadamente atendimos, en un año, a unas 300 personas entre adultos, niños, adolescentes, grupos familiares, adolescentes solos… En este último grupo tuvimos unos 30 al año; pero de ellos, solo tres o cuatro completaron el proceso.
LDF: ¿Qué sucede luego con quienes sí concluyen ese ciclo?
Poma: Ahí viene un nudo crítico grande: la poca posibilidad que tenemos en el país de insertarlos laboralmente de modo formal. Las políticas nacionales dicen que, primero, los menores de edad no pueden trabajar. Nosotros nos valíamos mucho de las medidas de protección que mencioné, que de alguna manera garantizaban sus derechos. Sin embargo, las organizaciones y las empresas no se arriesgaban, porque pensaban que podían infringir la ley. Y lo que pedían era que el adolescente, o la persona que quiera trabajar, debía tener sus papeles en regla.
Este es otro nudo crítico, porque la regularización migratoria en el Ecuador es un proceso político sumamente burocrático y conflictivo. Que demanda demasiado tiempo y recursos, en muchos casos con respuestas negativas. La mayoría de estos chicos, chicas y sus familias solicitaban visas de refugio o humanitarias, pero para eso les pedían tener su documentación en orden… y muchos de ellos llegaban sin documentos, porque los habían extraviado o se los robaron. Entonces, era y es casi imposible lograr la regularización, salvo en los casos de adolescentes mujeres embarazadas que tuvieron sus hijos aquí.
Todo esto derivó en que la inserción de muchas de estas familias, incluso ya formadas en algún arte, fuese de manera informal. Tuvimos que fomentar muchísimo los emprendimientos, la venta de artículos o, con buena suerte, lograr que les incluyeran en algún salón de belleza, pero nada que les diera estabilidad laboral. A pesar de todo, estos procesos son algo más sostenibles con grupos familiares, donde los padres y madres tienen más habilidades y recursos humanos para sostenerse dentro de un emprendimiento o un trabajo; casi ninguno de los adolescentes lo logró, y los pocos que lo hicieron, se orientaron hacia trabajos de sobrevivencia como la venta ambulante informal o la limpieza de parabrisas en los semáforos.
LDF: Ante esta serie de dificultades para concretar una inserción laboral real y sostenida, ¿cómo buscan dejar atrás el mero asistencialismo?
Poma: Es un desafío, realmente. Las finanzas que se destinan al fenomeno migratorio vienen desde las organizaciones de Naciones Unidas y otras, quienes orientan su apoyo a las necesidades básicas y emergentes de la población migrante. Al inicio esta respuesta parecía muy necesaria, y lo es; sin embargo, dada la transformación del fenómeno migratorio del que hablaba, ya no era sostenible. Este tema, a mi pensar, hizo que mucha de la población migrante busque dichas “asistencias” de manera permanente, sin que eso signifique alguna responsabilidad para ellos. Esto que menciono se refuerza con la postura institucional de seguir “asistiendo” emergentemente a la población y no en una inversión más sostenible.
Somos nosotros los que empezamos a cuestionarnos la postura asistencial de nuestros programas, y a intentar promover más procesos de tipo comunitario. Es decir, hacer más incidencia en las comunidades donde se asientan las familias migrantes, para que observen que dentro de las dinámicas culturales o comunitarias, está el ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia. Cambiar un poco esas perspectivas de que las familias llegan “a quitarnos algo”, para que sientan que tienen una comunidad que las respalda.
A la vez, pensamos que el fortalecimiento de habilidades y la creación de ofertas de trabajo debe ser una prioridad. Y apuntamos a que quienes vienen en busca de nuestro apoyo se comprometan en un proceso, más que en recibir un beneficio puntual. Tenemos ya algunas familias involucradas en terminar sus cursos de formación, mientras planeamos la estrategia de marketing de sus emprendimientos. Justamente le estamos proponiendo a Unicef que los recursos económicos sigan existiendo, pero que la mirada sea más hacia la corresponsabilidad. De hecho, muchas personas ya están insertas en las comunidades y generaron sus propias redes de apoyo: sus niños están educándose y tienen trabajos un poco más establecidos. Las familias que están iniciando los procesos también pueden tomar estas experiencias para reflejarse en ellas.
Educación formal, múltiples acertijos
La población de NNAs de origen venezolano, en todos los niveles académicos del Ecuador, es muy numerosa. Según el Ministerio de Educación (Mineduc), se registraron 60.146 estudiantes de ese origen para el último ciclo lectivo (ver nuestro informe especial aquí), aunque la opacidad de las estadísticas oficiales y la obligada movilidad de este grupo poblacional impida tener una certeza absoluta al respecto: estudios independientes estiman que la cifra podría incrementarse hasta los 80.000 alumnos. Y ese número tampoco los incluye a todos, ni les ofrece las mismas oportunidades de completar sus estudios, graduarse u optar por alguna carrera universitaria. Desde el desinterés y las necesidades inmediatas de sus propias familias, hasta las debilidades de nuestro sistema educativo, son múltiples los acertijos de improbable resolución los que la educación formal le plantea a la niñez y adolescencia migrantes.
LDF: De acuerdo a la experiencia de DCF con familias migrantes que tienen hijas o hijos en edad escolar, ¿en qué condiciones se da el ingreso de esos NNAs a las escuelas y colegios ecuatorianos?
Poma: En el programa de Viviendas Asistidas, las prioridades que teníamos eran los temas de salud y educación. Porque muchos de estos NNAs llegaban con una educación en curso, interrumpida por la salida de su país. Nuestro mecanismo para que pudiesen estudiar, era solicitar a la autoridad judicial que les asigne un cupo, o bien que se disponga que la autoridad de educación lo haga, de acuerdo al lugar donde esos niños estaban ubicados. Favorablemente, la autoridad competente no privó este derecho, más bien lo facilitó, igual que la gestión ante el área educativa. Porque si uno no tenía sus papeles en regla, había ciertas formalidades y procesos burocráticos que saboteaban su derecho a estudiar. Sin embargo, al tener una medida legal de protección, con o sin documentos, las instituciones tenían que incluir a esos NNAs.
Ahora bien, dentro de eso venía otro proceso: la adaptabilidad de estos niños a esos espacios educativos. Ahí nos encontrábamos bastante con el tema xenofóbico que vivimos en el país. Hubo casos en que algunos niños desertaron de las unidades educativas por sentir el rechazo de la población e incluso de algunos educadores. Además, la educación ecuatoriana carece de mecanismos de adaptación curricular para estos niños, porque si bien la educación en Venezuela tiene algunos matices similares a la de nuestro país, hay ciertas situaciones distintas.
Por otro lado, el fenómeno migratorio hizo que estos guaguas pierdan totalmente de vista el tema educativo como una opción. Eso también los excluía muchísimo, porque eran niños que si bien permanecían sentados en el aula, no tenían idea de lo que estaba haciendo el resto. Muchas veces tuvimos que luchar contra ese nudo crítico, e incluso avisar a las autoridades competentes de esta situación, para que mediante la exigencia de una medida de protección, se incluyera integralmente a los niños dentro del proceso educativo.
Otra situación que saboteaba un poco este trabajo eran las expectativas y prioridades de los padres de estos NNAs. Porque por ejemplo, en el Ecuador hay una política muy asistencialista tanto del Estado como de varios de los organismos multilaterales involucrados, que son quienes dan mayores respuestas ante la movilidad humana. Entonces siento que, en su desesperación, muchas familias trataron de echar mano al único recurso que tenían a su alcance: sobrevivir desde la asistencia. Dejaron de ver a la educación como una alternativa o una expectativa, ya no enviaron a sus hijos a la escuela y no cumplían con los programas, sino que se iban a sus oficios, muchos de estos informales, junto con sus niños porque eso mejora la productividad.
Esto afecta sobre todo a la sostenibilidad educativa: en los años que hemos trabajado en esto, tendremos apenas unos diez grupos familiares que permanecieron en el país y sostienen los procesos escolares de sus hijos. En otros casos hay intermitencias, hemos tenido que hacer gestiones para el reingreso de los niños al sistema educativo, porque sus padres decidieron irse por un tiempo a otro país o regresar a Venezuela, con las consecuencias imaginables para el aprendizaje.
LDF: Respecto de las conductas xenófobas en las aulas, ¿qué tipo trabajo se ha desarrollado en el país para atenuarlas o corregirlas? ¿Qué rol ha cumplido DCF en este sentido?
Poma: A nivel general en el Ecuador, al menos desde las medidas de protección, se está facilitando la inserción educativa. No sé cómo serán las condiciones en la región Costa o en la Amazonía, pero en lo que respecta a nosotros, que trabajamos en la Sierra, siento que sí han existido la flexibilidad y la disposición del sector específico a generar procesos de inserción educativa.
Pero desde los nudos críticos que mencionaba antes, creo que todavía hace mucha falta trabajar sobre la inclusión. Socialmente a mí me sorprende mucho, como ecuatoriano, la falta de memoria que tenemos frente a la migración, porque el Ecuador es también un país migrante, desde hace muchos años, y me parece importante trabajar la sensibilización en el ámbito social y educativo, para entender que hay derechos en juego. Recientemente hemos acompañado a dos instituciones educativas religiosas particulares, el Colegio Don Bosco y el Gonzaga, con procesos enfocados en lo que está entendiendo la población ecuatoriana sobre la movilidad humana, cuáles son los mitos que se mueven alrededor del tema y qué condiciones tenemos como país para recibir a personas de otras nacionalidades.
LDF: ¿Cuáles fueron los hallazgos que realizaron en el intercambio con esas comunidades educativas?
Poma: No hicimos un estudio como tal, pero me dí cuenta que hay una especie de celo humano, de que las personas que vienen lo hacen para quitarte algo. Porque en el Ecuador se maneja mucho esto de que con la llegada de migrantes comenzó la delincuencia o la falta de trabajo en el país. Entonces, si las familias ecuatorianas identifican a una persona como venezolana, posiblemente le cierran hasta las puertas del diálogo. Y eso se transmite desde los adultos hacia los niños. En la educación esto pasa mucho en el nivel primario, pero ya en el secundario hay un poquito más de información, de conciencia y cuestionamiento de los adolescentes hacia su propia familia y su propia cultura. Siento que cada vez asimilamos un poco mejor el hecho de que las personas tienen derecho a estar acá, que no vienen a robarnos nada sino que, simplemente, buscan sobrevivir.
LDF: ¿Qué tipo de actividades desarrollaron junto con estas instituciones? ¿Llevaron a cabo iniciativas semejantes en escuelas públicas, que son las que concentran el mayor número de estudiantes de origen venezolano?
Poma: El Don Bosco y el Gonzaga estaban trabajando por su cuenta programas de inserción y sensibilización para personas en situación de movilidad humana. Dentro de sus propias políticas quisieron implementar el respeto a los derechos de las personas migrantes y, sobre todo, hacer incidencia no sólo interna, sino también dar a conocer a otras organizaciones, poblaciones y comunidades, por qué es importante respetar estos derechos. En ese proceso, lo primero era entender casa adentro qué es esto de la movilidad, por qué la gente sale de su país, cómo llegan aquí y después replicar todo eso en sus comunidades y familias. Pretendíamos un efecto multiplicador.
El siguiente paso fue identificar cómo podíamos facilitar que las y los migrantes se inserten dentro de los procesos comunitarios. Entonces surgió la idea de crear una feria de emprendimientos, donde las personas que hicieron todos nuestros procesos formativos en oficios, puedan ofertar sus productos y servicios, tal vez en los mismos colegios. Así, los estudiantes, sus familias y su comunidad, pueden ser quienes fomenten el desarrollo de estas actividades y les reconozcan el trabajo. Y que además tengan como eje transversal la labor en contra de la xenofobia: que la clave de estos espacios sea invitar a mirar al otro como un ser humano.
A nivel de instituciones públicas no pudimos concretar estos procesos, pero hicimos un trabajo de sensibilización con los educadores sobre cómo mirar a la migración y hacer proyectos inclusivos en las escuelas. Tampoco fue algo sostenido, porque la demanda en la educación pública es muy grande y los tiempos son limitados. Además no están anclados a acciones institucionales que permitan inclusiones reales. La educación todavía está muy “cruda”, “en pañales”, por tomar expresiones comunes, en cuanto a cómo responder ante este fenómeno.
Pero sí podemos referir que hay escuelas fiscales que llevan adelante procesos inclusivos relativamente exitosos. Hemos colaborado con instituciones cercanas a nuestro sector de referencia, como la escuela Teodoro Gómez, en la que gestionamos la mayor cantidad de ingresos de nuestros niños. La Unidad Educativa de la Concentración Deportiva de Pichincha es otra de las que han hecho mucho énfasis en incluir a estos guaguas, y en trabajar con fuerza la sensibilización y el respeto al derecho entre padres y niños, a partir de actividades interculturales como ferias de comida venezolana o ecuatoriana. Pero son acciones todavía muy aisladas, que surgen más desde la autogestión que desde la política pública.
Todo esto responde al proceso que el país está haciendo, o intentando hacer, en función de establecer políticas que garanticen el ejercicio de derechos en la población en general. Incluso sucede en el ámbito regulatorio: dentro de nuestro trabajo de protección especial de niñez y adolescencia, estamos empezando a revisar las normativas y la política pública del país, incluyendo el enfoque de migración y movilidad, para que no sea exclusivo de la población ecuatoriana.
LDF: Por último, en relación con esta posibilidad de diseñar políticas que no beneficien sólo a nuestra población, ¿qué expectativas les genera, como organización, el plan de regularización anunciado recientemente por el Estado ecuatoriano ¿Qué impacto esperan que tenga esta medida, sobre todo, en la situación de las NNAs?
Poma: Vemos este proceso con mucha esperanza, en el sentido de que puede atacar, de alguna manera, el nudo crítico que comentaba antes: la falta de regularización que tienen las personas en situación de movilidad humana, que les impide acceder a sus derechos. La expectativa, básicamente, será esa.
Sobre todo, esperamos que se haga mucho énfasis –porque yo imagino que con esta disposición se está creando un reglamento, un mecanismo para realizar la regularización- en la situación de las NNAs como sujetos de derecho y como una población de atención prioritaria. Es decir, que no se pongan las causas de los adolescentes “a la cola” de las que tiene la población adulta, por ejemplo.
Y que a la vez se faciliten todos los otros procesos. Que también se considere que, dentro de las medidas de protección para las NNAs en situación de movilidad humana, se puedan incluir exigencias para que las entidades que realizarán este proceso de regularización les tomen como prioridad. Por supuesto esto derivará en que se faciliten, en la medida de lo posible, las inserciones a los distintos programas de atención y oportunidades que puedan tener las NNAs en situación de movilidad humana.
Socialmente a mí me sorprende mucho, como ecuatoriano, la falta de memoria que tenemos frente a la migración, porque el Ecuador es también un país migrante, desde hace muchos años, y me parece importante trabajar la sensibilización en el ámbito social y educativo, para entender que hay derechos en juego.
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
Fotografías: Cortesía Danielle Children’s Fund
