DINERO POR CONSERVACIÓN: ¿cómo funciona Socio Bosque?* por Melissa Moreano*

Revista Terra Incognita www.terraecuador.net

Marzo Abril 2014

* Al final del articulo, dos cartas: la respuesta del Ministerio de Ambiente y la respuesta de Melissa Moreano al MAE

Cerremos los ojos por un momento e imaginemos los exuberantes bosques tropicales amazónicos o del Chocó, de grandes árboles de hojas anchas. Ahora, los bosques andinos de troncos retorcidos bajo el peso de musgos, helechos, orquídeas y bromelias. Por último, los vastos páramos que se pierden en la distancia. ¿Cuánto dinero representan? ¿El valor de los árboles es mayor así, de pie como albergue para animales, o como madera para combustible o muebles? ¿La paja y las almohadillas del páramo valen más que las represas o minas que se puedan instalar en ellos?

La economía ambiental se ha propuesto responder esas preguntas. Esta disciplina, muy en boga en el mundo de la conservación, asume que el único modo de proteger la naturaleza es que esta compita económicamente con las actividades que la destruyen; es decir, que se obtenga del bosque en pie más ganancias que de la madera que contiene. Mediante el lenguaje de los números, persigue que la gente se anime a cuidar los bosques y páramos que son de su propiedad. Pues, solo el 44% de la vegetación natural de nuestro país pertenece al estado y está, en teoría, protegido. Otras tierras con vegetación natural pertenecen a algunas entidades estatales, como por ejemplo el Seguro Social. También son propietarios municipios y otros gobiernos locales.

Pero mucha, muchísima de la tierra que aún alberga bosques y páramos tiene dueños y dueñas, con papeles en mano. Viven ahí con su familia cultivando una porción de su propiedad, o en la ciudad más cercana, y la mantienen con la ayuda de trabajadores. Las comunidades –indígenas, afroecuatorianas, montubias, mestizas– también poseen bosques o páramos de forma colectiva. En esas zonas, y por diversas razones, estos ecosistemas se han mantenido por generaciones y generaciones; sus dueños los han usado más o menos sustentablemente, sacando ciertos árboles o un poco de pajonal para construir sus casas, sus canoas o para producir energía, cazando animales para comer, limpiando pequeñas parcelas para la siembra, pastando pocas cabezas de ganado.

Algunos han querido botar todo el bosque, pero algo lo ha impedido: falta de tiempo, de dinero, de mano de obra o de compradores para la madera. Otros no han querido sustituir el pajonal o el bosque, pues aman lo que estos albergan o se reconocen como parte de ellos. Sin embargo, esos ecosistemas están bajo constante amenaza. Las más graves son la extracción masiva de árboles para comercio legal e ilegal de madera y la deforestación para la agroindustria y las industrias extractivas. Los últimos datos del ministerio del Ambiente dicen que entre 1990 y 2008 se perdieron, en promedio, 80 mil hectáreas de bosques por año. Los datos de comercio de madera son difíciles de conseguir porque hay muchísima ilegalidad, pero en 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que el 70% de la madera que se compra y vende en nuestro país es ilegal; esto es, que se extrae de las áreas protegidas o sin la debida autorización del ministerio competente.

¿Cómo proteger esos bosques y páramos que se encuentran bajo presiones tan fuertes? La economía ambiental –pasando por alto varios problemas éticos y filosóficos que surgen al intentar dar valor económico a la naturaleza– nos propone algunos mecanismos, entre ellos los sistemas de pagos por conservación de un ecosistema al que se le ha asignado un precio.

En nuestro país, la iniciativa emblemática de pago por conservación es el programa estatal Socio Bosque. El esquema funciona desde 2008, es manejado por el ministerio del Ambiente y tiene la meta de conservar alrededor de cuatro millones de hectáreas de bosques y páramos. Socio Bosque también se presenta como un programa de alivio a la pobreza, una especie de bono por conservación, pues se ha identificado que la mayoría de personas que vive dentro o cerca de los bosques que se requiere conservar es pobre. Y sí, un tercio de los bosques nativos de nuestro país están dentro de territorios indígenas, población históricamente excluida, y donde los indicadores, no siempre sensibles a diferencias culturales, encuentran los focos de pobreza más extrema. Por otro lado, Socio Bosque reconoce que si los bosques siguen en pie es gracias a la presencia de población indígena.

El mecanismo consiste en un pago regular a las dueñas y dueños de bosques o páramos, sean individuos, comunidades, asociaciones o cooperativas cuya propiedad es colectiva. Lo hace como reconocimiento por su labor de conservación y como incentivo para que lo sigan haciendo. Los individuos pueden recibir entre 0,50 y sesenta dólares por hectárea al año. Los colectivos, entre uno y sesenta dólares en páramo y entre 0,70 y 35 dólares por hectárea al año en bosques.

Pero el dinero de Socio Bosque no es “dinero fácil”, como podría parecer a primera vista. Las comunidades e individuos que decidan convertirse en “socios” deben firmar un contrato por veinte años en el que se comprometen a preservar el ecosistema intacto. Las comunidades pueden extraer productos para su autosustento pero no para vender, y en ningún caso pueden clarear una porción de bosque para la siembra. Los socios también deben impedir que terceros –por ejemplo, madereros y cazadores ilegales– ingresen en la zona y degraden el ecosistema, convirtiéndose, en la práctica, en guardabosques. Lo que parece extraño es que en los contratos no hay ninguna prohibición de realizar actividades extractivas industriales; así, si el estado encuentra petróleo o minerales en un terreno inscrito en Socio Bosque, puede explotarlo sin impedimentos.

El ingreso al programa es voluntario, e incluye la preparación y cumplimiento de planes detallados de manejo e inversión con la participación de técnicos especializados, quienes pueden ser facilitados por el ministerio del Ambiente. De no cumplirse alguno de los compromisos descritos, el contrato puede terminarse y los socios podrían tener que devolver el dinero que hayan recibido hasta ese momento. Lo mismo sucede si deciden abandonar el programa antes de los veinte años.

Desde 2010, las personas o los colectivos que tienen tierras dentro de áreas protegidas también pueden recibir el incentivo, y desde 2012 Socio Bosque también paga a quien se comprometa a hacer restauración ecológica de dos formas. La primera es permitir el remonte: que un terreno deforestado se vuelva a cubrir de vegetación de forma natural. La segunda es realizar “revegetación” y reforestación: la siembra activa de árboles y otras plantas. La lógica es la misma: se entrega dinero de acuerdo a la superficie del terreno y el tipo de propiedad de la tierra. En este caso hay una diferencia, y es que el ministerio determina los lugares prioritarios para la restauración ecológica.

Algunos resultados

De acuerdo a los documentos oficiales de Socio Bosque, hasta enero de 2013 se mantenía bajo contrato más de un millón de hectáreas de bosques y páramos, y se entregaba más de siete millones de dólares en incentivos. El 7% de los “socios” son propietarios individuales y el 91% son comunidades indígenas, mestizas y afroecuatorianas. Los socios comunitarios dedican el dinero al desarrollo de proyectos productivos (23%), conservación y consolidación territorial (22%), fortalecimiento organizacional (18%), infraestructura (18%), salud y educación (16%). Los socios individuales lo dedican en su mayoría al consumo familiar (42%) y a la protección del bosque o páramo (27%). Todavía no se tienen datos de la disminución o no de la deforestación. Para lograrlo, Socio Bosque ha generado mapas históricos de deforestación desde 1990, con la idea de usarlos como punto de partida para el monitoreo futuro.

El gobierno ha invertido más de 17 millones de dólares en el programa hasta ahora, dinero que proviene casi en su totalidad del presupuesto general del estado. Sin embargo, en el futuro el estado ecuatoriano aportará solo el 45% del dinero. ¿De dónde vendrá el resto? Al parecer, se espera conseguir fondos de compensación y regulación dentro del país, de la cooperación internacional, de certificados Socio Bosque y del mecanismo REDD+. Las compensaciones serían algo así: si una empresa o el mismo gobierno realiza actividades que afecten a los bosques, pagará una compensación monetaria que iría a financiar Socio Bosque. La cooperación internacional se refiere a acceder a fondos para temas ambientales provenientes de países ricos. Los certificados Socio Bosque serían convenios de cooperación en que ciertas empresas se comprometerían a aportar dinero como parte de sus planes de mejoramiento de imagen y de responsabilidad ambiental.

Mecanismo REDD+

REDD+ es un mecanismo surgido en las Naciones Unidas como parte de las soluciones al cambio climático. Las siglas quieren decir Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. El “+” se refiere a que, a más de evitar la deforestación, hay compromisos de conservación, manejo sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono (mediante reforestación, por ejemplo). Se basa en la idea de que al cortar los árboles de un bosque se libera gases de efecto invernadero que son responsables del recalentamiento de la atmósfera. Así, REDD+ asume que, si bien los mayores responsables del cambio climático son los países desarrollados, los países “en vías de desarrollo” también tenemos nuestra cuota de responsabilidad por deforestar nuestros bosques. En el Ecuador, por ejemplo, en 1990 la deforestación aportó con el 69% de nuestras emisiones de carbono, mientras que en todo el mundo tan solo un sexto de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a deforestación y degradación de los bosques. En consecuencia, en 2010 el ministerio del Ambiente creó el Programa Nacional REDD+.

A grandes rasgos, REDD+ funcionaría de manera similar a Socio Bosque pero en todo el mundo: países “en vías de desarrollo”, que suelen ser los que tienen bosques y altas tasas de deforestación, recibirían un incentivo para conservar sus bosques y así evitar emisiones. Los detalles del funcionamiento se discuten en las conferencias mundiales sobre cambio climático y todavía no se ha llegado a un acuerdo completo. Al igual que para Socio Bosque, debe definirse de dónde provendría el dinero que fluiría por REDD+, quién debe pagarlo y quién debe recibirlo (¿los estados, las empresas, las comunidades, las ONG?), en qué se lo gastaría y, sobre todo, cuáles serían los mecanismos de control de la deforestación. Los grandes países con bosques como Brasil, India, Sudáfrica o China, que además tienen economías poderosas, no aceptan que otros países se inmiscuyan en sus asuntos y proponen sistemas nacionales de monitoreo, mientras que las potencias tradicionales buscan una vigilancia global permanente. No ayuda tampoco que se hayan dado episodios de violencia contras las comunidades locales o pérdida de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios por acceder a los bosques (el caso más famoso fue en Papúa Nueva Guinea). También ha sucedido que al “proteger” un bosque con REDD+ la deforestación nacional no ha disminuido, sino que se ha desplazado hacia otras zonas, como sucedió en Bolivia. En todo caso, las negociaciones internacionales son tumultuosas y se avanza lentamente hacia ciertos acuerdos, lo que hace difícil definir con claridad qué mismo es REDD+. Aún así, el país decidirá este año cómo va a funcionar el mecanismo en nuestro país. Sea cual fuere su forma de funcionamiento, si el Ecuador se integra a REDD+, la conservación futura de sus ecosistemas se entrelazará con el destino de estos mecanismos internacionales, cuyos potenciales beneficios para la conservación y el combate del cambio climático han sido cuestionados desde varios frentes.

Los responsables de Socio Bosque han recalcado que de ninguna forma los terrenos inscritos en su programa serán trasladados a REDD+ automáticamente. Si esto es verdad, el sistema de pago por conservación debería mejorar algunos aspectos administrativos para que los socios no queden enredados en una maraña de procedimientos burocráticos, asegurando así una verdadera participación comunitaria, y colocar salvaguardas para que los pueblos indígenas no pierdan el control sobre sus territorios. Pero el problema de fondo que se debería atender es que Socio Bosque no protege a los bosques y páramos de las actividades extractivas.

Es en verdad preocupante que el 80% de la superficie total dentro de Socio Bosque esté situado en las seis provincias amazónicas, donde también se concentran los planes de extracción petrolera y minera a gran escala. Parece poco probable que comunidades enteras que mantienen un contrato con el estado a través de Socio Bosque se opongan a dichas actividades. Más aún, el propio ministerio del Ambiente parece incapaz de defender esas zonas bajo su protección de los planes extractivos nacionales. Y es que tal vez sin proponérselo, Socio Bosque puede terminar siendo –al crear dependencias en flujos monetarios estatales donde hasta ahora hay economías relativamente autónomas– la punta de lanza para minar la capacidad de resistencia de las comunidades de la Amazonía a la actividad petrolera y minera. En eso debemos pensar con urgencia: ¿de quién hace falta proteger a los bosques y páramos?

* Melissa Moreano es bióloga y ecologista. Investiga la ecología política de la conservación en el Ecuador como parte de su doctorado en el King’s College, de Londres. mel.moreano@@gmail.com

Fuente: http://www.terraecuador.net/revista_88/88_sociobosque.html

DOS CARTAS

Carta de Ministerio de Ambiente a Melissa Moreano   carta MAE – Melissa

Respuesta de Melissa Moreano al MAE Respuesta MAE Julio 2014