Medio Ambiente

"Sobre esta mega mina de oro a cielo abierto, existe muy poca información disponible para la ciudadanía, pero existe la percepción de que se ha acelerado el procesamiento administrativo. Para la firma del contrato de explotación minera, se supone que el Estado y las concesionarias mineras debieron haber cumplido con todos los trámites y requisitos de ley para cada una de las fases de la actividad minera anteriores a la fase de explotación. En adelante, para la explotación minera, el Estado y la concesionaria minera deberán cumplir con las exigencias establecidas por la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, la Ley de Minería, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la normativa ambiental secundaria pertinente y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

"El pensamiento que propone Sarandón, fundador de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE), es invitar a hacerse nuevas preguntas desde la academia, a pensar desde la posnormalidad frente a un modelo de ciencia y de agronegocio que “colapsó”, que propone soluciones desde el incremento de la tecnologías de precisión, pero ya no encuentra las respuestas: “¿Cuál es la precisión si los rendimientos supuestos para los cultivos no rinden, si los insectos aparecen, si las malezas no se controlan? La agroecología es otro camino, otra ciencia, con diálogo de saberes”.

"Sigue la destrucción del país y la naturaleza en nombre del Fondo Monetario Internacional, FMI, la deuda externa, y la renta de las empresas mineras y sus dueños. Abajo encontrarán una descripción - escrita por Alberto Acosta y Carlos Zorrilla - de la última travestía minera, el Proyecto Cangrejos en la Provincia de El Oro. La mina traerá beneficios a corto plazo para las empresas y sus dueños, pero pérdidas a largo plazo para el país y para la naturaleza de la que todo depende. "

El artículo, elaborado en el marco del proyecto “Transición energética justa, popular e inclusiva y economías transformadoras en países amazónicos”, pone el foco en América Latina y el Caribe. En esta región, la expansión de proyectos extractivos y las llamadas “soluciones” energéticas siguen generando tensiones sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades. "Frente a este panorama, el documento recoge experiencias de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú que muestran caminos alternativos. Son iniciativas impulsadas desde los propios territorios que combinan energías renovables, organización comunitaria y economías locales, planteando una transición energética que no solo cambie las fuentes, sino también las reglas del sistema."

"En nombre de la conservación, se están reproduciendo las mismas lógicas de dominación, exclusión y violencia que han producido la crisis ecológica en primer lugar: los seres humanos matamos para proteger la vida; exterminamos para preservar la biodiversidad. Y lo hacemos con la tranquilidad de quien cree estar actuando correctamente....Quizás ese sea el problema más grave: no la violencia en sí, sino su normalización. Su institucionalización. Su transformación en política pública. Porque cuando matar deja de ser una excepción y se convierte en una herramienta legítima, lo que está en juego no es solo la vida de los hipopótamos. Es la forma en que entendemos la vida misma.Y, sobre todo, nuestra relación con ella."

"La ley es ambigua y no define mecanismos reales para combatir la minería irregular. Aunque estipula penas de hasta 15 años, el gobierno está imposibilitado para actuar. Integrantes del ejército y la policía se han coaligado durante años para enriquecerse mediante el contrabando de minerales, destruyendo el medio ambiente con total impunidad. Desde 2011, el Arco Minero se convirtió en una zona de libre explotación sin reglas. El 95% de lo que se extrae sale por contrabando y no deja beneficios al fisco. El obrero está en una indefensión absoluta, bajo sistemas feudales de pago y rodeado de males como la trata de personas y la prostitución forzada."

"Estamos advertidos. No se puede seguir jugando con el futuro del Ecuador. Y la provincia del El Oro - ni ninguna otra provincia - puede ser tratada como zona de sacrificio para seguir sosteniendo una modalidad de acumulación primaria exportadora, causante de incontables destrozos sociales y ambientales. Es hora de plantearnos en serio alternativas sustentables y socialmente equilibradas."

"...planteamos una salida por izquierda y desde abajo; y luchamos para que la crisis la paguen los capitalistas, que la provocaron y no el pueblo trabajador, a punta de ajuste, extractivismo y saqueo imperialista. No aceptamos su gasolinazo, que no solo atenta contra la calidad de vida de la inmensa mayoría, sino que, además, sacrifica nuestros territorios al imperialismo. Sabemos que si el Estado no hubiese subvencionado al sector privado, no necesitaríamos ningún gasolinazo. Rechazamos sus intentos privatizadores, tanto del litio, como de cualquier bien común natural, ya sea por decreto o a través de la Asamblea Legislativa; por ser anticonstitucional, pero fundamentalmente por colocar el lucro por encima del bienestar humano y ecológico."

El gobierno de Daniel Noboa y la Procuraduría General del Estado festejaron como un éxito que el Estado ecuatoriano solo tenga que pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, heredera de la Texaco. La aspiración de la transnacional era obtener unos 3,3 mil millones de dólares a través de un nuevo arbitraje internacional...

"...el viceministro de Minería Xavier Subía, en el Encuentro Anual de Minería, del 11 de diciembre de 2025,  señaló que el gobierno no descarta el desarrollo de la mina Loma Larga, ya que está considerado dentro de las proyecciones de exportación de minerales del 2027. Esta declaración revela una doble cara del gobierno nacional, pues por un lado el presidente Noboa, refiriéndose al proyecto minero Loma Larga (Kimsakocha), ha declarado que "Yo no voy a seguir con este proyecto”, mientras por otro, su viceministro de minas Xavier Subía, declara que el gobierno no descarta el desarrollo del referido proyecto. Esta declaración del viceministro de minas, revela que el gobierno se burla de las manifestaciones reiteradas y constantes de la voluntad del pueblo de Cuenca, que el 16 de septiembre, transformado en Quinto Río, ratificó su decisión de no permitir que se haga minera en el páramo de Kimsakocha."

"Desde aquí, la decisión de la consulta en Ecuador de un “Sí” al Yasuní —que incluye la responsabilidad del gobierno de resarcir el daño y cerrar las industrias petroleras— propone una visión de las reparaciones que cambia la escala, el contenido y los actores involucrados. Si partimos de la noción de deuda ecológica —que posiciona a América Latina y al Sur global como acreedores, y no como deudores, del proceso colonial—, las reparaciones no pueden limitarse a compensaciones monetarias ni a programas estatales de “distribución” que, con frecuencia, reproducen el mismo orden y nos mantienen dependientes de aquello que produjo el sacrificio."

"En un país megadiverso y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, esta decisión de la CIJ no es solo una noticia, sino una oportunidad única y urgente. El gobierno y los diferentes actores tienen la posibilidad de asumir un liderazgo coherente con el contexto del país, utilizando este nuevo marco de responsabilidades legales para proteger decisivamente sus ecosistemas críticos y comunidades."

Nueva Sociedad 319 /Septiembre - Octubre 2025 "Además de las categorías mencionadas, el crecimiento sostenido de la minería ha venido acompañado de un fenómeno alarmante: una mayor presencia del crimen organizado en las zonas de extracción aurífera. En regiones como La Libertad, Madre de Dios, Loreto y Amazonas, se ha documentado la presencia de redes delictivas que no solo financian las operaciones mineras ilegales, sino que también articulan circuitos de comercialización ilícita, ejercen control territorial y se vinculan con otras economías criminales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, entre otras."

"Las comunidades de Intag han aguantado tres décadas de abusos, atropellos, persecución y contaminación de sus ríos y riachuelos. Su lucha ha sido en defensa de sus derechos, establecidos constitucionalmente, como lo son los derechos de la Naturaleza, el derecho del agua a su ciclo vital y el derecho a la consulta ambiental. Vale tener en cuenta que pocos lugares en el mundo amenazados por la minería son tan biológicamente importantes como los bosques nubosos de la Cordillera de Toisán, que alberga dos sitios mineros en la mira de las transnacionales."

"La transición energética, tal y como se piensa desde el discurso hegemónico, además de aumentar la violencia, incrementa el extractivismo fósil y minero, toda vez que no aspira a modificar el perfil metabólico de la sociedad, es decir, los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos; antes bien, lo que busca es garantizar su funcionamiento18. Tampoco cuestiona las desigualdades entre los países de ingresos más altos y las economías empobrecidas, donde los primeros consumen seis veces más materiales per cápita y son responsables de diez veces más impactos climáticos per cápita que los segundos."