Medio Ambiente

"las exportaciones de oro han crecido exponencialmente. El año 2024 se estima que Ecuador exportó unos 5 mil millones de dólares en oro: 1.170 millones del proyecto minero Fruta del Norte, 1.300 millones a través de unas 59 personas sin registros en el SRI2, el resto no tiene una trazabilidad clara. Un dato no actual, pero decidor: en el 2019 Ecuador reportó que se exportaron a China 76 millones de dólares en oro, mientras que el país asiático registró el ingreso de 339 millones, es decir que 263 millones salieron clandestinamente sin que se haya establecido cómo.3 Lo cierto es que los envíos no son verificados con procedimientos técnicos por el personal de aduanas, ni de la Arcom. Las dimensiones que ha alcanzado la minería ilegal, ya sea como un vehículo para lavar el dinero proveniente del narcotráfico o como una línea de negocio por sí sola han escalado a tal nivel que al menos, más de la mitad de las exportaciones totales de oro del Ecuador provienen de actividades mineras fuera de la ley. El Instituto Peruano de Economía IPE (2024) y el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2016) estimaban que entre el 70% y el 77% del oro que exporta Ecuador tiene como origen la minería ilegal mientras que la Cámara de Minería del Ecuador y las FFAA sitúan la cifra en el 67%.5"

"Hoy no puede afirmarse seriamente que de ello surgirán de forma mecánica nuevo derecho positivo, cambios jurisprudenciales o una práctica administrativa distinta. Su resonancia deberá observarse en referencias judiciales, cambios de práctica administrativa o incorporaciones a materiales legislativos y regulatorios. También puede expresarse en la difusión social de sus mensajes y en su capacidad para alimentar nuevos procesos de deliberación. Solo entonces podrá determinarse en qué medida este espacio se transforma en desarrollo jurídico en sentido más estricto y práctico. A esta lectura se añade una dimensión política: la ampliación de los marcos jurídicos suele requerir procesos sociales y políticos capaces de superar resistencias institucionales y abrir nuevas posibilidades normativas."

"Según el documento, Coca Codo Sinclair es la primera y más grande hidroeléctrica construida por China en América Latina. Además, la central fue diseñada para funcionar por 50 años y aporta entre el 20 % y el 30 % de la electricidad que consume el país. El informe señala que, mientras el Eximbank no implementó procesos de debida diligencia ni mecanismos efectivos de control durante el financiamiento, el contratista ejecutó la obra sin incorporar estándares adecuados de calidad y gestión de riesgos. Se priorizó la rapidez de la ejecución. La erosión regresiva del río Coca, que expertos debaten si fue causada o acelerada por el impacto de la hidroeléctrica, y miles de fisuras detectadas en la casa de máquinas amenazan el funcionamiento de la central. Lo último llevó a que Ecuador elevara el conflicto a un arbitraje internacional. Pese a estos riesgos y controversias, en abril de 2026, casi una década después de su entrada en operación, la obra fue oficialmente recibida por el Estado ecuatoriano. Actualmente se encuentra en la antesala de una posible concesión de operación y mantenimiento a PowerChina International, empresa matriz de Sinohydro."

"Los gobiernos presentan a la minería como boya de salvación de la economía nacional, justamente cuando declinan naturalmente las reservas petroleras: ese es el caso de Ecuador. Sin embargo, los datos que presentan sobre los posibles ingresos al fisco son ficticios, porque se basan en supuestos. Por ejemplo, los contenidos de los yacimientos y, por ende, lo que podrían generar para el país en cuanto a beneficios fiscales, no se conocen a ciencia cierta, en al menos 90% de los yacimientos. Como estrategia para atraer inversionistas y presionar a los países a aprobar proyectos mineros, las empresas generalmente publican cálculos y proyecciones sobredimensionados, sin que hayan sido verificados por entidades independientes."

"La crisis de los plásticos no espera a que el proceso del INC resuelva sus contradicciones internas. La producción de plásticos sigue en aumento: los residuos siguen filtrándose en ríos, océanos, suelos y sistemas alimentarios; las comunidades siguen soportando los costos ambientales y de salud. El objetivo de las negociaciones fue responder a esa realidad, no crear un proceso indefinido para describirla. La decisión de Noruega respecto al financiamiento del proceso puede resultar útil si obliga a los gobiernos a enfrentar lo obvio: o las negociaciones del PNUMA se vuelvan serias, políticas, y orientadas a resultados, o los países que realmente quieren acabar con la contaminación plástica deberían crear su propio camino."

"Con la sentencia de la CC, quedan atrás la división, enfrentamiento y brotes de violencia generadas en la comunidad indígena campesina de Molleturo, las acusaciones de delincuentes y terroristas a los defensores del páramo, el agua y el ambiente. Como resultado de esta lucha, se plantó otro hito para la defensa del agua de los habitantes y se evidenció una vez más la necesidad de la unidad comunitaria y social para el logro de objetivos de los bienes y causas comunes."

"El mundo abyayalense no es alternativa dentro de este sistema, es otra cosa: no separa, relaciona; no domina, equilibra; no explota, cría; no administra la vida, la cuida. No necesita destruir para existir, por eso Occidente no lo puede entender, porque no es una diferencia cultural solamente es una diferencia ontológica."

"Sobre esta mega mina de oro a cielo abierto, existe muy poca información disponible para la ciudadanía, pero existe la percepción de que se ha acelerado el procesamiento administrativo. Para la firma del contrato de explotación minera, se supone que el Estado y las concesionarias mineras debieron haber cumplido con todos los trámites y requisitos de ley para cada una de las fases de la actividad minera anteriores a la fase de explotación. En adelante, para la explotación minera, el Estado y la concesionaria minera deberán cumplir con las exigencias establecidas por la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, la Ley de Minería, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la normativa ambiental secundaria pertinente y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

"El pensamiento que propone Sarandón, fundador de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE), es invitar a hacerse nuevas preguntas desde la academia, a pensar desde la posnormalidad frente a un modelo de ciencia y de agronegocio que “colapsó”, que propone soluciones desde el incremento de la tecnologías de precisión, pero ya no encuentra las respuestas: “¿Cuál es la precisión si los rendimientos supuestos para los cultivos no rinden, si los insectos aparecen, si las malezas no se controlan? La agroecología es otro camino, otra ciencia, con diálogo de saberes”.

"Sigue la destrucción del país y la naturaleza en nombre del Fondo Monetario Internacional, FMI, la deuda externa, y la renta de las empresas mineras y sus dueños. Abajo encontrarán una descripción - escrita por Alberto Acosta y Carlos Zorrilla - de la última travestía minera, el Proyecto Cangrejos en la Provincia de El Oro. La mina traerá beneficios a corto plazo para las empresas y sus dueños, pero pérdidas a largo plazo para el país y para la naturaleza de la que todo depende. "

El artículo, elaborado en el marco del proyecto “Transición energética justa, popular e inclusiva y economías transformadoras en países amazónicos”, pone el foco en América Latina y el Caribe. En esta región, la expansión de proyectos extractivos y las llamadas “soluciones” energéticas siguen generando tensiones sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades. "Frente a este panorama, el documento recoge experiencias de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú que muestran caminos alternativos. Son iniciativas impulsadas desde los propios territorios que combinan energías renovables, organización comunitaria y economías locales, planteando una transición energética que no solo cambie las fuentes, sino también las reglas del sistema."

"En nombre de la conservación, se están reproduciendo las mismas lógicas de dominación, exclusión y violencia que han producido la crisis ecológica en primer lugar: los seres humanos matamos para proteger la vida; exterminamos para preservar la biodiversidad. Y lo hacemos con la tranquilidad de quien cree estar actuando correctamente....Quizás ese sea el problema más grave: no la violencia en sí, sino su normalización. Su institucionalización. Su transformación en política pública. Porque cuando matar deja de ser una excepción y se convierte en una herramienta legítima, lo que está en juego no es solo la vida de los hipopótamos. Es la forma en que entendemos la vida misma.Y, sobre todo, nuestra relación con ella."

"La ley es ambigua y no define mecanismos reales para combatir la minería irregular. Aunque estipula penas de hasta 15 años, el gobierno está imposibilitado para actuar. Integrantes del ejército y la policía se han coaligado durante años para enriquecerse mediante el contrabando de minerales, destruyendo el medio ambiente con total impunidad. Desde 2011, el Arco Minero se convirtió en una zona de libre explotación sin reglas. El 95% de lo que se extrae sale por contrabando y no deja beneficios al fisco. El obrero está en una indefensión absoluta, bajo sistemas feudales de pago y rodeado de males como la trata de personas y la prostitución forzada."

"Estamos advertidos. No se puede seguir jugando con el futuro del Ecuador. Y la provincia del El Oro - ni ninguna otra provincia - puede ser tratada como zona de sacrificio para seguir sosteniendo una modalidad de acumulación primaria exportadora, causante de incontables destrozos sociales y ambientales. Es hora de plantearnos en serio alternativas sustentables y socialmente equilibradas."

"...planteamos una salida por izquierda y desde abajo; y luchamos para que la crisis la paguen los capitalistas, que la provocaron y no el pueblo trabajador, a punta de ajuste, extractivismo y saqueo imperialista. No aceptamos su gasolinazo, que no solo atenta contra la calidad de vida de la inmensa mayoría, sino que, además, sacrifica nuestros territorios al imperialismo. Sabemos que si el Estado no hubiese subvencionado al sector privado, no necesitaríamos ningún gasolinazo. Rechazamos sus intentos privatizadores, tanto del litio, como de cualquier bien común natural, ya sea por decreto o a través de la Asamblea Legislativa; por ser anticonstitucional, pero fundamentalmente por colocar el lucro por encima del bienestar humano y ecológico."