En 2010, la comunidad internacional adoptó una Hoja de Ruta para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en el 2016. Sin embargo, han pasado dos años y las cifras no son muy alentadoras. Según la organización no gubernamental Avaaz, existen aún 215 millones de niños y niñas que trabajan en minas, canteras y fábricas por todo el mundo, debido a que las grandes corporaciones o multinacionales obligan a los países en desarrollo a imponer sus políticas económicas a través de bajos salarios y políticas laborales que en nada favorecen la erradicación del trabajo infantil.
Un ejemplo de ello, se puede apreciar en la India, dónde según el comunicado de Avaaz, el parlamento de dicho País tiene congelado un proyecto de ley que busca proteger a niñas/os de la explotación laboral. La excusa de los parlamentarios es que esa ley no tiene urgencia por ahora, a pesar que la India forma parte de los países más neurálgicos de la explotación infantil. La prioridad para ello es aprobar leyes económicas que tienen vinculaciones con empresas extranjeras.
Por otra parte, en nuestro continente los índices de la explotación laboral de los niñas/os tampoco son muy alentadores. Las cifras entregadas por diversos organismos onternacionales y publicadas por medios de comunicación en Junio 2012, demuestran que en México hay 3,01 millones de niños trabajando en diversos oficios, la mayoría en actividades vinculadas con el narcotráfico.
En Centro América las cifras son más o menos similares, a excepción de Costa Rica. En Sudamérica, 1.7 millones de niños/as trabajan limpiando autos o haciendo trabajos en minas o canteras en Colombia y Perú, mientras Argentina, Ecuador, Chile y Venezuela presentan tasas más bajas (200.000 Niños/as aproximadamente). En definitiva, son 15 millones de menores latinoamericanos afectados por este flagelo de la explotación infantil.
Las razones del trabajo infantil pueden ser múltiples, pero sin lugar a dudas, la causa principal del flagelo, es la pobreza que azota a las naciones en desarrollo, pobreza que es provocada por Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que imponen condicionalidades monetarias y legislativas a los estados, presionando a políticos y gobiernos de turnos para que puedan imposibilitar o empantanar la aprobación de leyes que terminen con la explotación laboral Infantil.
