Tomado de Crónica Uno
Julio 27 de 2017
Para el sociólogo e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, Edgardo Lander, Venezuela atraviesa una situación “extremadamente riesgosa” en la que sectores del Gobierno y la oposición promueven un conflicto civil, del que no será fácil salir luego. “Ambos lados están jugando con candela”, advierte.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigador del Transnational Institute, un centro de investigación vinculado a movimientos sociales de todo el mundo, indicó que está imperando una concepción de “la política como guerra”, en la que se desechan las vías pacíficas para resolver los conflictos como el diálogo y la negociación, lo que puede llevar a la conformación de un gobierno paralelo. “Eso es acercarnos, peligrosamente, a una situación de guerra”, dice con preocupación.
El investigador añade que, mientras estos temas dominan el debate político actual, se dejan de lado otras problemáticas urgentes, como la necesidad de una pronta respuesta a la crisis humanitaria que vive el país y la discusión sobre las políticas de gobernabilidad que saquen a Venezuela del colapso del modelo rentista. “Tiene que haber unos acuerdos nacionales que den repuesta a eso”.
En septiembre del año pasado usted advirtió que si se suspendía el revocatorio, se acelerarían las situaciones de violencia. Con la posterior suspensión de las regionales y la convocatoria a la Constituyente ¿Ve la posibilidad de que haya un enfrentamiento civil en el país?
—Nos estamos acercando o ya estamos en una situación extraordinariamente riesgosa. Por una parte, el Gobierno ha ido cerrando, paso a paso, cada una de las vías constitucionales para salir de la crisis. El hecho de que no se realizase el referendo revocatorio, el hecho de que no se realizaran las elecciones regionales, que el Gobierno ha desconocido de hecho a la Asamblea Nacional (AN), constituyen pasos que van concentrando el poder en manos del Ejecutivo y cerrando toda opción constitucional en relación con la crisis.
Por otra parte, desde el punto de vista de la oposición hay una gama de posturas. Entre ellas, unas posturas que están apostando a alguna solución de salida democrática pero, obviamente, hay posturas que están generando una violencia creciente. Esas miradas de buscar la solución por la vía violenta están en ambos lados. En los altos mandos de Gobierno y en los altos mandos militares hay una responsabilidad muy grande. No solo por lo que he señalado de cerrar todas las vías constitucionales, sino porque hay una voluntad muy clara de preservarse en el poder a como dé lugar y para eso utilizan medios extremadamente represivos. La razón por la cual es posible afirmar que hay intención de mantenerse en el poder a cómo dé lugar es porque hay tal nivel de corrupción, tal nivel de interés en la preservación de los niveles de poder con los cuales se cuenta, que una salida del Gobierno significaría, para mucha gente del alto Gobierno, tener que ser sometidos a juicio y la imposibilidad de disfrutar de sus fortunas mal habidas.
Igualmente, hay sectores de los más radicales de la derecha en la oposición que lo que quieren no es simplemente una salida constitucional o electoral, sino una salida lo más violenta posible, que signifique un escarmiento y que busque la derrota política de lo que ha sido el imaginario de cambio de lo que se ha denominado el pueblo chavista durante estos años. Entonces uno se encuentra una situación en donde hay un creciente desconocimiento de la Constitución. Hay, de los dos lados, factores que lo que están buscando es incrementar la violencia y cada vez que hay algún intento de un paso de negociación, de otra forma de abordar los problemas, estos son inmediatamente saboteados. Se le meten zancadillas para garantizar que esos acuerdos no sean exitosos.
Las palabras “diálogo” y “negociación” se han convertido en palabras tabú que a los dirigentes de ambos lados no les gusta mencionar…
—O las mencionan pero solamente como una especie de declaración abstracta que carece por completo de compromiso alguno. ¿Qué significa diálogo? ¿Qué significa compromiso? En una situación en que se concibe la política como una situación de amigo-enemigo, donde el objetivo de la política es el exterminio del otro visto como enemigo, de la política como guerra, el diálogo carece por completo de sentido. Tampoco tiene sentido el diálogo si todo el mundo estuviese de acuerdo. El diálogo y la negociación se supone que es entre partes que están en desacuerdo, pero se requiere como condición que las partes reconozcan al otro lado como un interlocutor válido, que lo reconozcan como sujeto político con aspiraciones legítimas. Por el contrario: unos son calificados de fascistas y otros son calificados de quién sabe qué y hay una negación total del otro. Esto es la deshumanización total y cada lado
piensa que puede imponer su voluntad sobre el resto. Es una sociedad que sabemos que está profundamente dividida.
La convivencia de esta sociedad pasa por el reconocimiento de esta profunda división y el reconocimiento de que no puede haber un futuro posible donde el actual Gobierno y el madurismo se impongan a través de su proyecto de Constitución nueva, imponinendo, minoritariamente, su voluntad al conjunto del resto de la población, pero tampoco es posible pensar por otro lado que los sectores de la extrema derecha puedan simplemente imponer, al conjunto de la sociedad, su proyecto político y negar la continuada vigencia de un mundo popular que tiene una expectativa de que sus condiciones de vida mejoren, que no está de acuerdo con muchas de las cosas que están ocurriendo, pero que sigue con la expectativa de lo que fue el inmenso proceso de transformación que se dio durante los años del proceso bolivariano. El reconocer la existencia de esa pluralidad de experiencias, de posturas, de visiones, de aspiraciones, de diferentes sectores de la población, es una condición sine qua non para la posibilidad de un diálogo que tenga sentido.
El reto que tenemos en Venezuela, cuando nos estamos acercando a una situación en la que es crecientemente dicho que la salida puede ser por una intervención externa o una salida de intervención militar, o una salida de guerra civil, es evitar todos esos tremendos riesgos. Eso pasa por el reconocimiento de una responsabilidad que tiene la dirección de los dos lados de poner freno a esta escalda, de reconocer que no se puede imponer al conjunto de la sociedad su proyecto político en la medida que desconozca a los otros, y eso significa ceder y ceder en cosas importantes.
Algunos dirigentes de la oposición han planteado al Gobierno la posibilidad de retirar la Constituyente, como paso previo a un entendimiento. ¿Cree que esto es posible a estas alturas?
—Hay dos razones fundamentales por las que es difícil pensar en esa posibilidad. Primero, lo que señalas, que es el tiempo. Ya hay un acercamiento tan grande a la fecha que se ha anunciado que los procesos de reflexión y reacomodo al interior del chavismo y del Gobierno difícilmente darían para esto, pero por otra parte la apuesta del Gobierno ha sido tan absolutamente radical, como si hubiese puesto todos sus huevos en una misma cesta, que es la vía Constituyente, que muy difícilmente pueden echarse para atrás.
También hay un creciente descontento y eso se nota en sectores militares, en sectores del propio partido, inclusive en algunos diputados, en las divisiones de los poderes públicos, cuando algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o la fiscal general hacen señalamientos muy severos, en relación con el carácter inconstitucional de esa convocatoria, que hacen ver que también hay cierta fragilidad en esta propuesta, inclusive al interior del propio chavismo.
Yo creo que es importante ver cuáles son los acontecimientos fundamentales de este mes de julio y cuáles son las expresiones de tranca del juego que se plantea de un lado y de otro lado. Si la AN o la MUD hubiesen planteado en el llamado plebiscito solo la primera pregunta, en la cual le hubiesen preguntado a la población si estaba de acuerdo o no con la convocatoria a la Constituyente, hubiese tenido algunas consecuencias importantes. Hubiese sido bastante más atractiva para más gente esa sola pregunta y hubiese sido una opción, absolutamente legítima, al interior del orden constitucional. Pero cuando se incorporan las otras preguntas, una pregunta pidiéndole a la Fuerza Armada que se subordine al poder del Legislativo, está llamando abiertamente a una ruptura del orden constitucional, porque la AN no es un poder que tenga atribuciones constitucionales para ello y eso significaría estar en la dirección de la creación de una especie de gobierno paralelo, donde unos reconocen el gobierno de la AN y otros el del Ejecutivo y eso es acercarnos, peligrosamente, a una situación de guerra también.
¿Qué pasaría si en estas condiciones la AN se declara Gobierno, nombra al TSJ y hay algunos países que reconociesen a ese Gobierno? ¿Qué pasaría con una dualidad de este tipo? La experiencia de otros países nos señala que esto es una puerta a la guerra civil.
Una situación en la que podría declararse a una parte del territorio como leal a un Gobierno y otra, al otro. Los conflictos de Medio Oriente deben servir de advertencia a los extraordinarios riesgos que se corren en esta dirección. Por eso lo que se ha venido denominando la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, en la que argumentamos que todo ataque a la Constitución, venga de donde venga, es una contribución a la amenaza de la guerra. Se pueden hacer todos los debates que hay que hacerle a futuro a la Constitución de 1999, pero es una Constitución que contó con un altísimo grado de legitimidad cuando fue aprobada. Está siendo, paso a paso, desmontada, pero constituye las únicas reglas de juego con las que contamos para evitar una salida violenta.
Por eso los ataques a la Constitución, como las preguntas 2 y 3 del plebiscito de la oposición, o todo el desmontaje progresivo que ha venido haciendo el Ejecutivo durante el último año, son caminos a la violencia y son caminos de los cuales va a ser extremadamente difícil regresar. Se ha generado en Venezuela una situación no solo de tensión política sino de transformación de los sentidos comunes. Se ha instalado un clima de odio entre sectores de la población y eso no se borra de un día para otro. Tiene consecuencias a muy largo plazo para la infancia y la juventud que está iniciando su conciencia política y su contacto con la sociedad en este clima de odio. Eso tiene extraordinarias consecuencias de impacto tanto en su sociabilidad como en la estabilidad personal.
Los sectores populares han protestado pero de una manera distinta ¿Cómo evalúa esa reacción?
—La caracterización de cómo es la protesta, quién protesta y cuáles son las dimensiones es algo muy complejo, porque hay una mezcla de asuntos muy diversos. Hay, por una parte, una protesta bastante espontánea que tiene que ver con el malestar generalizado, con la ausencia de gas, por ejemplo, asuntos de este tipo. Hay una protesta que tiene que ver con una expresión política de descontento, que se expresa en diferentes sectores de la sociedad. Hay unas protestas en las que hay claramente una actuación de grupos gansteriles y mafiosos, que aprovechan los momentos de malestar y movilización para asaltar negocios en una forma que corresponde propiamente al hampa. Hay protestas en las que hay unos colectivos chavistas violentos. En muchas manifestaciones de la oposición, hay unos grupos violentos armados, extremadamente agresivos, que le han hecho mucho daño a instalaciones públicas, educativas, de salud, etc. Dentro de esa gama es difícil saber quién es responsable de qué y quién hizo qué en cada lugar.
Sí creo que hay una diferencia en relación con cómo se expresa el descontento en sectores populares. Es un descontento que es una expresión de protesta en contra de las condiciones crecientemente más difícil y hay otras formas de protesta y de acción que se encuentran en sectores medios, sobre todo en la zona de Altamira, La Castellana, que es la zona en donde eso ha sido constante y ahí no hay una protesta solo política o social, sino una protesta que busca violencia.
Mientras se produce todo esto se van quedando de lado temas o problemas estructurales del país, como las propuestas concretas para salir del modelo rentista que colapsó, lo que explica también la crisis económica actual…
—La forma como se ha construido esta polarización entre Gobierno y MUD, ha colocado en un tercer plano el debate sobre las cosas urgentes que tenemos. Yo creo que hay dos planos fundamentales que son los que tenemos que discutir. Estamos en Venezuela ante una crisis humanitaria severa. Hay una situación de desnutrición, de crisis hospitalaria, de carencia de medicamentos básicos, que termina haciendo que aumente la mortalidad infantil. Son asuntos que requieren respuestas urgentes y estas no son las respuestas que tienen que ver con lo que se debate en el día a día político, sino que tiene que haber unos acuerdos nacionales que den repuesta a eso. En el otro plano, que es más estructural y de mediano plazo, no por ello menos urgente, es lo que se refiere a la crisis del rentismo.
La crisis que vive Venezuela hoy es una crisis que viene de muy atrás, de por lo menos los años 80 y tiene que ver con el agotamiento del modelo rentista y de la posibilidad de sostener una sociedad sobre la obtención de los recursos del petróleo y el Estado convertido en agente distribuidor, que se supone que va a ser el garante de las condiciones de vida y de los derechos del conjunto de la población. Eso como posibilidad histórica se agotó y se agotó hace mucho tiempo ya y vivimos una crisis prolongada. Durante la primera década de este siglo ocurrieron unos acontecimientos muy particulares que llevaron a dar la impresión de que se había superado esta crisis estructural.
En primer lugar, la emergencia de Chávez como un dirigente con capacidad de darle sentido y dirección al mundo popular y volver a crear expectativas y convencimiento, capacidad de organización y movilización, que creó en este proceso la Constitución después de mucho debate y un apoyo referendario muy amplio. Por otra parte, al poco tiempo, subieron los precios del petróleo y llegaron a superar los 100 dólares el barril y eso dio un margen y una posibilidad, un imaginario, de que la crisis, esta [crisis] profunda y estructural del rentismo, estaba siendo superada. Con el fallecimiento de Chávez, el colapso de los precios del petróleo, el desmantelamiento progresivo de la Constitución del 99 y la pérdida de legitimidad, nos encontramos otra vez como estábamos antes de 1999. En una sociedad que reconoce que por este camino no es, que tiene que repensarse y eso pasa por un reconocimiento de que el Estado no puede ser el centro de todo, el que va a ser el que resuelva todos los problemas.
Vivir de rentismos, del asalto a las condiciones de la naturaleza, lo que produce es una dinámica destructora que no garantiza la preservación de la vida y nos encontramos que ante la crisis de los precios del petróleo, el Gobierno opta por la vía de ampliar el rentismo por la vía del Arco Minero. Se pasa de un rentismo petrolero a un rentismo minero. Se están tomando decisiones de consecuencias extraordinariamente severas para el futuro del país y eso está absolutamente al margen del debate político fundamental.
¿Será posible salir del sistema rentista, hacer los ajustes necesarios, sin que se produzca una explosión social?
—Lo que pasa es que una política de ajustes más severos, de la que vive la población venezolana, es casi difícil de imaginar. Ahorita estamos en una severa política de ajustes, en donde la inflación se come completamente el salario. Si hubiese una situación muy inflacionaria y el Gobierno hubiese decretado una reducción salarial, como de hecho ocurre con el salario real, te diría que es una política de ajuste brutal, pero resulta que la inflación es una política de ajuste brutal. Es una política que le está carcomiendo día a día las posibilidades adquisitivas al conjunto de la población. Ajuste ya lo hay y lo hay con mucha profundidad. En estos momentos el Gobierno le está dando prioridad al pago de la deuda externa sobre asuntos como la importación de alimentos y de medicamentos básicos, que fue el ajuste más radical posible.
A pesar de esto, habría que tomar otras medidas impopulares y difíciles de explicar a la gente…
—Insisto, las medidas que se están tomando son obviamente no populares y parece como si fuesen simplemente consecuencia de una inflación de la cual nadie es responsable, pero resulta que hay unas políticas públicas que tienen esa inflación como consecuencia. En Venezuela hace falta, obviamente, una profunda transformación cultural, tenemos instalado en el imaginario que Venezuela es un país rico, un país abundante, un país donde el Estado es el gran proveedor, la expectativa de que todos los venezolanos tenemos el derecho de exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades, pero no hay en esa sociedad una ética de trabajo, no hay una equivalencia entre derechos y deberes y eso es una condición sin la cual no es posible superar esta crisis. La crisis no se supera simplemente con una política económica u otra.
En Venezuela se desperdició una extraordinaria oportunidad en la primera década de este siglo porque había la combinación de una extraordinaria legitimidad por parte del Gobierno, un liderazgo capaz de convencer a la población de muchas cosas y una abundancia de recursos que hubiese permitido comenzar efectivamente la transición en otra dirección. Creo que esta oportunidad histórica fue desperdiciada porque se continuó con esta megalomanía, similar a la gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez, de pensar que los precios del petróleo iban a seguir subiendo indefinidamente y las consecuencias las estamos pagando.
Foto: Yolvik Chacón
