Una crítica sobre el discurso de Rafael Correa en torno al debate sobre la nueva Ley de Tierras.
EFICIENCIA POR ENCIMA DE JUSTICIA.
Mateo Martínez Abarca
Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.
José Martí
“Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio…! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo… Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor… Para que todos seamos propietarios partamos estas 2.000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2.000 familias más pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiada baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2.000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen solo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres.”
Con estas palabras desafortunadas, hace pocos días el presidente Rafael Correa intervenía, a través de su cadena sabatina, en el debate sobre la nueva Ley de Tierras. Palabras que desnudan la concepción conservadora e inclusive perversa que subyace detrás del discurso presidencial, no solamente en materia agraria sino en su visión del mundo. Esto a razón de que lo que se revela es una jerarquización “ética” que no solamente coloca el concepto de eficiencia por sobre el de justicia, sino que políticamente constituye la admisión pública de una toma de posición, de una alianza tácita o no junto a los grandes terratenientes.
De entrada, es posible observar que el discurso del presidente busca defender la propiedad privada, en este caso de la tierra, como un hecho incuestionable en el proceso productivo. Conociendo de antemano el pragmatismo político que determina al gobierno de la Revolución Ciudadana y su carencia de ideas auténticamente transformadoras desde la perspectiva de la izquierda; hay que admitir que no se esperaba en el discurso del presidente una crítica radical al concepto de propiedad privada, central en la organización capitalista de la sociedad. A pesar de lo anterior, que además tome el gobierno partido por la posición de los grandes terratenientes que concentran la mayor extensión de tierra productiva en el país, es vergonzoso. Para colmo, con datos económicos erróneos que sitúan las afirmaciones de Correa en el plano de lo puramente ideológico.
En primer lugar hay que señalar que el patrón de concentración de la tierra apenas se ha modificado en los últimos 50 años, a pesar de los intentos fallidos de reforma agraria. En el año 2000, el coeficiente Gini de tenencia de la tierra en áreas rurales fue de 0.81, evidenciando una clara asimetría en la distribución de la tierra. De hecho, unidades agrícolas menores a 10 hectáreas, que constituyen el 75% del total de unidades, poseen apenas el 11.8% de la tierra; en el extremo, unidades mayores de 200 hectáreas tienen control sobre cerca del 30% de la tierra, pero representante menos del 1% de la unidades.
Lo anterior es un antecedente para comprender de qué eficiencia habla el Presidente Correa. ¿Se trata acaso de la eficiencia de la producción agrícola destinada a la exportación, de las grandes plantaciones? El hecho es que para cultivos como el azúcar, el café y el arroz, que se producen en su mayor parte en los latifundios de la Costa, la producción del Ecuador es 50% inferior a la de países vecinos. En este sentido, la afirmación implícita de Correa –sin fundamento teórico visible-, de que la agricultura fundamentalmente agro-exportadora es mucho más eficiente que la pequeña producción campesina, no tiene sustento. Existen numerosos estudios, entre ellos North y Cameron (2008) que demuestran que la agricultura a pequeña escala no solo es más eficiente que las grandes propiedades, sino que también tiende al desarrollo de industria local a pequeña escala.
La segunda afirmación ideológica que se desprende del discurso presidente es que el criterio de una repartición justa de la tierra para los campesinos, puede representar una amenaza contra la eficiencia productiva agrícola. La conclusión en esta argumentación casi sofística del presidente es que es preferible una distribución injusta de la tierra a una reducción de la eficiencia. Pero como sabemos que no hay fundamento teórico sobre la disminución de la eficiencia en la pequeña propiedad campesina, lo que aparece es una toma de posición política que revela la búsqueda de una nueva alianza con los grandes terratenientes; quienes, de manera implícita en el discurso de Correa, son los protagonistas y no los campesinos de las grandes cifras de crecimiento económico.
En su concepción tecnocrática y pragmática del mundo, para el presidente la justicia tiene una jerarquía inferior a la eficiencia. Las consecuencias éticas de esta afirmación son sumamente graves y revelan una enorme mediocridad en cuanto a los principios que guían la acción de gobierno. La buena noticia es que contamos con herramientas que nos facilitan la crítica a esta concepción, que en sí es la que atraviesa la modernidad capitalista. Tal como afirmaban Max Horkheimer y Theodor W. Adorno en la Dialéctica de la Ilustración, es precisamente esa concepción instrumental que coloca al número como medida de todas las cosas, la que conduce a que la razón se vuelva su contrario, es decir irracionalidad. No importan los principios cualitativos sino las consecuencias cuantitativas.
A pesar de esta clara toma de posición del presidente y su gobierno a favor de las más rancias clases nacionales (cabe recordar que en la misma semana se flexibilizó la nueva ley anti monopolios favoreciendo a la banca); existen todavía sectores dentro de la izquierda que mantienen una alianza con el régimen. Un ejemplo es la Fenocin (confederación nacional de organizaciones indígenas, campesinas y negras), que a pesar de los intentos de asumir una postura crítica por parte de su presidente, Luis Andrango, no ha sido capaz de desvincularse de un gobierno que a paso acelerado se sitúa en contra de los intereses de indígenas y campesinos. La carencia de procesos de crítica interna a este tipo de alianzas, – de las que participa también la fracción “quinterista” del Partido Socialista Ecuatoriano así como el Partido Comunista y la Federación Ecuatoriana de Indios-; ha sellado que el destino de todas estas importantes organizaciones quede atado al del gobierno en su deriva hacia la derecha.
Mientras más tiempo tomen en llegar los procesos de crítica y la revisión de estas alianzas, el daño para la izquierda ecuatoriana será mayor y pasaran muchos años antes de que pueda sanarse. El precio a pagar por los errores actuales es ya muy alto y se vuelve urgente una renovación a gran escala de la izquierda, ante el fracaso de gran parte de la actual, como condición previa para plantear de nuevo un proyecto de transformación consistente. Serán las mismas bases de las organizaciones quienes decidan la tesitura de este proyecto, su necesaria orientación hacia la consecución de la verdadera Justicia –que según el filósofo Alain Badiou tiene que ver con dejar la condición de victimas y comenzar a ponerse de pie-; y no hacia fines mediocres desde el punto de vista de la humanidad, como la “eficiencia” de la producción bajo el régimen estructuralmente injusto de la acumulación capitalista.
