El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca ha puesto nuevamente en evidencia las fallidas políticas del Estado chileno frente a las nacionalidades originarias. La política del gobierno derechista de Sebastián Piñera tenía dos brazos; el primero, del garrote con la creación del batallón “Jungla”, un cuerpo represivo entrenado en Colombia para combatir el terrorismo, y segundo, la política de la zanahoria bautizada como del “buenismo” por un columnista del diario el Mercurio, que trataba de impulsar medidas de desarrollo social en la región que denominan como araucanía. Ambas políticas se vienen al suelo con el luctuoso crimen cometido por la policía militarizada de Carabineros.
La muerte de Camilo Catrillanca, cuyos autores hicieron desaparecer la memoria de la cámara que grabó los hechos, vino precedida de un monstruoso montaje contra dirigentes mapuches, donde se fraguó un rocambolesco plan internacional de guerrillas ente mapuches chilenos y argentinos, que resultó, según los jueces totalmente falso. Este invento fue organizado por el gobierno presidido por la socialista Michelle Bachelet cuyas responsabilidades políticas quedaron impunes. Cabe agregar que la constante política fundamental del Estado chileno ha sido la represión. La muerte de Camilo Catrillanca nos es la primera, solo los gobiernos de la concertación acumulan más de una decena de muertos y de esa manera no se va a resolver el problema mapuche.
El fracaso de las políticas del Estado chileno con respecto a las nacionalidades originarias, que no es solo el gobierno de Piñera sino todos los anteriores, se debe a que las clases dominantes chilenas jamás han querido entender que la nación mapuche es un pueblo con identidad propia, con lengua propia, que son un ente cultural diferenciado. Podríamos decir que hasta los colonizadores españoles avanzaron más que el Estado chileno en el sentido de reconocerlos como una entidad, ya que los famosos “Parlamentos” que registra la historia de Chile consistían en tratados firmados por los representantes de dos naciones que se sometían de mutuo acuerdo a ciertas regulaciones, territoriales de comercio y otros asuntos.
Si se quiere resolver el problema de fondo y no seguir con políticas paliativas se debe partir por reconocer: el derecho ancestral de los pueblos originarios a la tierra, a su tierra colectiva a través de las comunas, campos ejidales y otras formas comunitarias. Estas tierras les fueron arrebatadas primero por los conquistadores coloniales, después por el Estado de Chile y posteriormente por los propietarios privados que han establecido allí sus negocios de explotación maderera. Estas tierras deben ser devueltas a sus legítimos propietarios. Se debe instaurar todo un proceso de justicia reparatoria.
Además se debe reconocer al pueblo mapuche como una identidad y una entidad sociocultural con derechos políticos. Se lo debe tratar como un sujeto político, al cual se debe contribuir facilitando su unidad y organización. Por último se debe respetar su cultura, su idioma, sus formas de comprender el mundo en forma irrestricta, contribuyendo a su preservación y desarrollo.
La forma en que el Estado de Chile debe comenzar a saldar la enorme deuda que tiene con el pueblo mapuche es a través de un diálogo honesto, abierto, sin condiciones partiendo de la memoria histórica y de los principios de justicia. Si el ex presidente Juan Manuel Santos de Colombia derechista y neoliberal como pocos y las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla de origen marxista pudieron establecer un proceso de paz que logró importantes niveles de pacificación en la república de Colombia, este hecho alienta la posibilidad que en un diálogo entre opuestos pueda verificarse una salida justa para el pueblo mapuche.
Este problema debe ser abordado desde la compresión de que se está tratando la situación de una nación oprimida que tiene derechos tales como su auto organización y auto gobierno, que la Constitución del Estado de Chile les debe garantizar niveles de autonomía y que es el pueblo mapuche en diálogo con el Estado chileno el que debe determinar los grados de integración y autonomía necesarios para una convivencia civilizada y pacífica entre dos pueblos.
Como consecuencia de esto se impone una profunda reforma constitucional que declare a Chile como un Estado plurinacional, pluricultural y pluriétnico donde se garantice los derechos a todas las etnias que habitan en el territorio chileno. Esto pone en evidencia la necesidad imperiosa que tiene Chile de realizar una Asamblea Constituyente Soberana.
