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22 Mayo 2014
El 27 de marzo del 2013, David Lipton, Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, presentó en el Peterson Institute for International Economics en la ciudad de Washington, el estudio denominado “Las lecciones e implicaciones de la reforma de los subsidios energéticos”, (Energy Subsidy Reform – Lessons and Implications).
Se trata de un plan global que establece, por un lado, la eliminación de los subsidios a los combustibles, al gas de uso doméstico, a la electricidad y al carbón; y por otro, que los usuarios paguen impuestos como por cualquier otro producto de consumo. El alcance de estas medidas tendrá un efecto catastrófico, sobre todo para los millones de pobres en el mundo, sin embargo para el FMI el hecho que haya poblaciones descontentas con estas medidas no debe detener las reformas. Para los pobres, dice Lipton, hay que buscar medidas que atenúen los efectos del alza de los combustibles.
No importa el plazo, dice el funcionario del FMI, pues el tema de los subsidios se viene discutiendo por décadas, lo importante es que debe empezarse ahora; y establece una estrategia con seis componentes para una reforma (eliminación) exitosa de los subsidios energéticos, lineamientos que al parecer los ha adoptado el gobierno de la revolución ciudadana en el Ecuador. Veamos estos componentes.
Primer componente: “El respaldo público puede obtenerse formulando en forma detallada un plan integral de reforma. Esto incluye una exposición clara de los objetivos a largo plazo, como el logro de la plena liberalización de precios y la mejora de la calidad de los servicios”. La idea es que los gobiernos persuadan a la gente para que asuma que con la eliminación de los subsidios las cosas mejorarán, que habrá “crecimiento económico a largo plazo”, que “los servicios de salud y educación pueden mejorar”, que disminuirá la contaminación ambiental. En realidad es toda una ofensiva de engaño y manipulación pretendiendo hacer ver que los pobres saldrán favorecidos. Hoy en el Ecuador se vuelven a escuchar estos viejos argumentos fondomonetaristas y neoliberales para convencer de que la eliminación del subsidio al gas, a los combustibles y seguramente también a la electricidad es conveniente.
El segundo componente: es “una estrategia de comunicación de gran alcance. Esto implica informar al público sobre la magnitud de los subsidios y los posibles beneficios de su reforma, como por ejemplo el margen para incrementar los gastos prioritarios en sectores sociales”. El gobierno ecuatoriano tiene gran empeño en mostrar la magnitud de las cifras del subsidio a los combustibles (alrededor de 5 000 millones de dólares) como insostenibles y que al liberar estos recursos se podrá destinarlos a los más pobres. Nada más falso, pues aún ahora que el gobierno ha contado con grandes recursos económicos, la infraestructura escolar sigue deficitaria, se han rebajado o congelado los recursos para las universidades públicas, en los hospitales faltan médicos y medicinas, el presupuesto para el desarrollo agropecuario es casi nulo y tenemos cerca de 2 millones de pobres recibiendo un bono de 50 dólares mensuales. Y si nos atenemos a la experiencia de 30 años de ajustes económicos ordenados por el FMI, incluida la elevación de los combustibles, estos sirvieron para el pago de deuda externa. Hoy no habrá diferencia. Por ello no es gratuito que el Banco Mundial le ofrezca un nuevo crédito al gobierno de mil millones de dólares.
El tercer componente: “Que los aumentos de precios se realicen de manera escalonada y en la secuencia apropiada”. Conforme a esta receta el gobierno de Correa ha establecido que habrá una eliminación gradual del subsidio al gas durante los próximos 3 años hasta cambiar el uso de gas domestico por las cocinas electrónicas, mientras que las gasolinas y diesel se manejaran por un sistema de cupos. En estos días se anunció la rebaja del octanaje de las gasolinas súper y extra, sin que rebaje el precio, lo cual de hecho es una elevación del precio de estos combustibles.
El gobierno ha ofrecido que durante estos tres años los usuarios recibirán un subsidio de 100 KW/h, hasta que se complete el cambio de las cocina a gas por las electrónicas, sin embargo, al terminar este período este incentivo se terminará y los usuarios verán cargados 100 kilowatios mas a su planilla, con los cual se terminara también la tarifa de la dignidad (100 KW/h para la sierra y 130 para la Costa).
El aumento gradual de los combustibles y de la electricidad busca hacer que la gente acepte estas medidas sin que haya mayor reacción, mientras el gobierno toma medidas para justificar la elevación del costo de la vida en general.
El cuarto componente: consiste en “mejorar la eficiencia de las empresas estatales para ayudarlas a aligerar la carga fiscal. Esto puede lograrse mejorando la información sobre los costos y, en base a ella, fijando incentivos y metas para medir los resultados. También puede ser útil abrir la competencia para lograr un desempeño mejor”. En esencia y a mediano plazo, su estrategia, es la privatización de las empresas estatales petroleras y de electricidad.
El quinto componente: En cierta medida, dice el FMI “el más crítico… es la implementación de medidas compensatorias para proteger a los pobres. Lipton señala que las transferencias focalizadas, monetarias o cuasimonetarias, como los vales o cupones, son la alternativa preferida. Las transferencias en efectivo les dan a los beneficiarios la flexibilidad de comprar la cantidad y el tipo de energía que mejor satisface sus necesidades, o de optar por otros bienes y servicios. A la vez, eliminan la necesidad de que los gobiernos participen directamente en la distribución de energía subsidiada a los hogares, algo que a menudo es sumamente costoso y propenso a un uso indebido. Cuando las transferencias de efectivo no son posibles, se pueden ampliar otros programas mientras se desarrolla la capacidad administrativa. Aquí, se debe conceder prioridad a los programas en curso que pueden ampliarse con rapidez, incorporándoles quizás algunas mejoras para lograr una focalización más eficaz. Entre algunos ejemplos, podemos mencionar comedores escolares, obras públicas y transporte urbano subsidiado, la eliminación de los aranceles cobrados por las escuelas primarias y secundarias estatales, servicio de asistencia social buscar compensaciones al aumento de la pobreza.
El sexto componente de esta estrategia del FMI para eliminar los subsidios consiste en “despolitizar la fijación de precios de la energía, a fin de que la reforma pueda ser duradera”. Es decir, que el Estado no intervenga en la fijación de precios y estos se manejen de acuerdo al mercado internacional, vale decir de acuerdo a cómo lo establezcan los monopolios que controlan la producción y comercialización de la energía. Por ahora el gobierno de Correa ha iniciado el plan con la eliminación del subsidio del gas y a medias con las gasolinas. Ya veremos en el mediano plazo qué pasa con la electricidad, ya que en el 2018 la demanda probablemente superará a la oferta y estará eliminado todo tipo de subsidio sobre todo a los más pobres; de seguro se hablará de nuevos reajustes con el argumento de hay que cubrir costos de producción y operación como se argumentó para el alza de la tarifa eléctrica producida hace pocos días en el país.
En suma, concluye Lipton, “los subsidios a la energía son un problema grave, pero que tiene solución(…) Reducirlos no es tarea fácil, pero muchos países ahora ven los beneficios de hacerlo y se proponen intentarlo. Con una planificación adecuada, medidas compensatorias concebidas con cuidado y un buen plan de comunicaciones, la reforma es posible. De hecho, algunos ya la han logrado. El FMI dirigirá la atención a este tema y ayudará a los países que quieran seguir avanzando por esta senda. Nuestro lema será: la reforma de los subsidios es necesaria, pero es mejor realizarla siguiendo el camino correcto aunque no sea el más rápido”
Parece que el FMI encontró en la revolución ciudadana, lo que no tuvo en los gobiernos neoliberales.
A mí me parece inconcebible cómo desde la izquierda hay quienes todavía defienden los subsidios a los combustibles como “populares”. Además de ser subsidios regresivos (transfieren recursos desde los que menos tienen o desde el estado hacia los que más tienen), causan una serie de problemas derivados que a quienes más afectan es a los más pobres. Profundizan la necesidad de un extractivismo genocida, deshumanizan las ciudades, crean intereses enquistados que lucran de la ineficiencia (si no, sugiero revisar el caso de las termogeneradoras eléctricas). Por no hablar de cosas como la contribución de los cambio climático (que es algo que tampoco entiendo cómo cierta izquierda considera una responsabilidad exclusiva de los países ricos).
Los subsidios a los combustibles, y aquí talvez conviene singularizar al de la gasolina, es uno de los aspectos más infames de la política pública. Esto es lo que concluye un estudio del ministerio de la Producción al respecto:
“85% de la gasolina subsidiada beneficia al quintil más rico (…). Es claro que los subsidios a los combustibles no cumplen una función social, más bien son un incentivo para generar consumo suntuario (…). Dadas las distorsiones que genera esta política de precios de combustibles en el aparato productivo y a que los subsidios son regresivos, no se justifica que el Estado gaste ingentes recursos en mantener esos precios (…). El principal impacto de [fijar el precio de la gasolina a precios internacionales] se daría en los hogares, cuyos gastos totales subirían en 1,6%. Los hogares más pobres no se verían afectados porque no consumen estos combustibles; la mayor carga la llevarían los hogares del quintil [más rico], que deberían gastar 42 dólares adicionales en gasolina al mes (2,9% de su ingreso).” http://www.scribd.com/doc/47475904/MCPEC-Subsidios-Energeticos-Ecuador-2010
A pesar de que han pasado cuatro años de estas conclusiones, el gobierno recién amaga con una posible reducción. Conociendo la naturaleza del régimen, esto quedará en amague. Parece que los ricos obtendran en la revolución ciudadana exactamente lo que obtuvieron de los regímenes neoliberales: la mantención de sus privilegios por al menos 10 años.