1. El Grupo de Trabajo sobre Universidad y Sociedad es un colectivo abierto e informal conformado por docentes universitarios que, a título individual, están interesados en debatir, consensuar posiciones y hacer propuestas respecto a los modelos de universidad que están en juego en las actuales reformas planteadas y llevadas a cabo por el Gobierno nacional.
2. A nuestro juicio, el borrador de Reglamento de Régimen Académico que actualmente debate el Consejo de Educación Superior (CES), a la vez que introduce importantes y necesarios cambios a la estructura de educación universitaria en el país, propone un modelo diferente de universidad. Este modelo, pese a sus buenas intenciones, fracasará si no nace de un debate abierto y una consideración amplia y suficiente de sus implicaciones para la consecución de una universidad orientada a la producción de ciencia y conocimiento y a la formación profesional, y para el cumplimiento de objetivos más amplios de una sociedad democrática, justa y equitativa.
3. La propuesta de Régimen Académico del CES enfatiza de manera predominante un nuevo sistema de créditos estandarizados con el propósito de facilitar la movilidad estudiantil dentro del sistema universitario ecuatoriano. Coincidimos con este propósito; sin embargo, a nuestro juicio, la definición de crédito propuesta en el reglamento, con cuatro componentes de peso variable según el programa y la universidad, en lugar de facilitarlo, lo dificulta, porque lo vuelve una unidad de medida inestable y complicada. La utilización de rangos en lugar de números fijos para la aprobación de los diferentes niveles de la educación superior (licenciaturas, especialidades y maestrías) tampoco ayuda a la movilidad porque los requisitos de graduación se vuelven mucho más variables en tiempo, dedicación estudiantil y cantidad de clases. Sugerimos cambiarlo por un sistema más simple.
4. En el sistema de créditos del régimen académico propuesto, hay una valorización importante del trabajo autónomo de los estudiantes que no existía en el régimen académico universitario previo. Consideramos correcto reducir la cantidad de clases dirigidas por los docentes y constatar realmente el trabajo que los estudiantes realizan fuera del aula. Hacerlo es necesario para volver más transparente y realista un modelo universitario que, al obligar a un número excesivo de clases por semana a los estudiantes, les limita en la práctica su trabajo autónomo. Sin embargo, a nuestro juicio, el cambio propuesto en el reglamento, al ampliar el número de semanas por semestre, al reducir el número de horas de trabajo por crédito y al incluir una serie de asignaturas generales en todas las carreras, nos introduce en un modelo universitario de “bachelor” y maestrías profesionales cuyas consecuencias para la sociedad ecuatoriana y la universidad no han sido sopesadas lo necesario y cuyo tiempo de transición parece insuficientemente considerado en las disposiciones transitorias del reglamento.
5. El sistema de “bachelor” convierte a las licenciaturas en un título intermedio y generalista sin la cualificación profesional especializada que se requiere para afrontar en condiciones apropiadas el mercado de trabajo de profesionales. Para adquirir las especializaciones requeridas, el modelo de “bachelor” exige adquirir una maestría de profesionalización. Cuando se adecuan al sistema, las empresas e instituciones empiezan a exigir maestría como el grado mínimo para considerar a un profesional como alguien calificado para el desempeño de las tareas especializadas que requieren. El modelo implica un aumento del número de años de estudio en la educación superior (de cuatro a seis en licenciaturas y de cinco a seis en ingenierías). Esto es consistente con la reforma del bachillerato impulsada por el Gobierno que eliminó las especializaciones técnicas al concluir la educación media y que las convierte en un trabajo posterior de dos años más. Todo el modelo propuesto apunta a aumentar la cantidad de años de estudio en el régimen de educación superior. Este requiere mayores esfuerzos de coordinación, ajuste y vínculos entre los diferentes niveles educativos.
6. Aunque es verdad que el nivel de especialización actual de las disciplinas profesionales y científicas puede requerir más años de dedicación al estudio, a nuestro juicio las implicaciones sociales, éticas y organizativas de adoptar el modelo no han sido adecuadamente sopesadas y los mecanismos para una transición que evite sus efectos dañinos no han sido discutidos. Quizás uno de los más importantes es que este sistema previsto en el reglamento de régimen académico, en conjunto con el sentido de otras normativas, como el reglamento de escalafón o la categorización de universidades, tiende a desvalorizar la formación profesional de grado, se la aísla de las tareas de investigación, que se concentran en el posgrado, y se desconocen los saberes y aportes al conocimiento que se producen en el proceso de aprendizaje, en la vida cotidiana y en el contacto con los problemas sociales y la práctica transformadora. Además de este problema, el modelo propuesto reconoce solamente las diferencias en la formación para los médicos pero no para todos los profesionales de la salud, como debería ser.
7. El aumento del número de años de estudio y la simultánea presión mayor para el trabajo autónomo fuera de las clases dictadas por el profesor presuponen un estudiante de tiempo completo que tenga capacidad para dedicar seis años en lugar de cuatro a su formación profesional y que no deba trabajar mientras realiza sus estudios. Es claramente un conjunto de medidas que discrimina y cierra los ojos a la situación y sacrificios que deben hacer los pobres para ingresar al sistema universitario. Estudios sobre la experiencia norteamericana muestran que no se trata solo de tiempo de estudios, sino de una jerarquización de las carreras, de los sistemas académicos y de las universidades que acentúa las desigualdades sociales. El modelo universitario propuesto en el régimen académico, si no tiene adecuados contrapesos y no considera una transición muy paulatina y prudente, tendrá muy probablemente efectos socialmente excluyentes. Este ya es el caso con el sistema de exámenes estandarizados para el ingreso a la universidad que en todas partes del mundo excluye a los pobres y a las regiones marginalizadas del acceso a la educación superior. Son medidas que van en contra del objetivo enarbolado permanentemente por los voceros gubernamentales de democratizar la educación superior y lograr un mayor acceso de los quintiles más pobres de la población ecuatoriana. Los avances ganados en acceso de los pobres debido a la gratuidad se pierden por exámenes masivos de ingreso y por requisitos de estudio que la gente más pobre no puede cumplir.
8. Otro aspecto general del modelo que queremos resaltar es la importancia fundamental de evitar que los itinerarios académicos previstos se conviertan en camisas de fuerza que predeterminan la vida y las posibilidades profesionales de las personas desde su temprana infancia. Rápidamente, como lo muestran varios sistemas universitarios del mundo, esos itinerarios se vuelven rígidas jerarquías sociales. Unos, predestinados a la carrera luminosa de la investigación, y otros, a los oscuros meandros de la educación técnica. El reglamento debe facilitar los puntos de fuga y los trasvases entre itinerarios. Que un estudiante que hizo la maestría profesional pueda hacer el doctorado con algunos cursos remediales o exámenes de habilitación. Que los títulos de educación técnica puedan homologarse para entrar a las carreras universitarias con los recaudos correspondientes. Los sistemas de homologación de títulos, materias y disciplinas, que deben facilitar esta movilidad establecen porcentajes arbitrarios de créditos homologables en los distintos niveles de la educación superior y entre distintas áreas de conocimiento que dificultan esta movilidad y que no consideran adecuadamente la gran variedad de casos y situaciones existentes. Estos porcentajes podrían ser resueltos por cada universidad a partir de criterios más generales. Insistir en los itinerarios, como a veces hace el reglamento, corre el riesgo de convertirlos en compartimentos estancos que rápidamente ayudan a reproducir trampas de pobreza o de desigualdad. Sabemos que no es la intención del reglamento pero al retomar experiencias internacionales no se recuperan las voces críticas que han señalado sus efectos perversos sobre estructuras sociales y de clase altamente jerarquizadas.
9. En síntesis, este modelo universitario, que tiene aspectos importantes y positivos para la mejora de la universidad, tiene el peligro de producir efectos indeseados si no existen recaudos y políticas dirigidas a evitarlos. Por ello es fundamental tener tiempo suficiente para medir sus efectos y diseñar medidas para controlarlos. Es necesario, pues, que cambios de tal magnitud se apliquen muy progresivamente y no masivamente en unos años, como prevé el reglamento. Un mejor sistema universitario ecuatoriano podría admitir en su seno una mayor variedad de modelos en un período de transición lo suficientemente largo como para ajustar mecanismos de evaluación, verificar los efectos provocados y encontrar soluciones a los múltiples problemas que enfrentaremos. Algunos ejemplos de estos mecanismos de control de los efectos indeseados de exclusión social y de reducción de la dedicación efectiva de los estudiantes al estudio podrían ser concesión dirigida de becas y equipamiento técnico para los estudiantes de menores recursos, mejoras en sistemas de laboratorios y de bibliotecas para instituciones que sirven a estos estudiantes, etc. Aplicarlo de manera diferenciada con el tiempo suficiente para probar sus méritos y evaluar adecuadamente sus problemas sería una forma más sensata de avanzar en la dirección correcta. Conforme sus méritos se vayan viendo y con incentivos gubernamentales apropiados, cada vez más universidades podrían ingresar al modelo y se podrían ir manejando mejor los efectos diferenciados regionales que este nuevo sistema tendría. Si el sistema funciona adecuadamente, los mismos títulos de las universidades que entran en el modelo serían más valorados en el mercado de trabajo y probablemente se crearían incentivos adicionales para acelerar el proceso de cambio universitario. Esto requiere perseverancia, paciencia, consenso y acuerdos. Pero así el cambio podría ser más firme, mejor, y más consistente con los enunciados de justicia social, equidad y transformación.
Quito, 30 de junio de 2013
Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
Cristina Cielo, docente de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Ruth Cueva, docente de la Escuela Politécnica Nacional
Napoleón Saltos, docente de la Universidad Central del Ecuador
Alex Remache, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
Natalia Sierra, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Mario Unda, docente de Universidad Central del Ecuador
Fernando Balseca, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
Marcelo Calvache, docente de la Universidad Central del Ecuador
Francisco Hidalgo, docente de la Universidad Central del Ecuador
Diego Carrión Sánchez, docente de la Universidad Central del Ecuador
Cristina Vega, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Soledad Varea, docente de la Universidad de las Américas
Lisset Coba, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Francisco Gachet, docente de la Universidad Central del Ecuador
Andrea Aguirre, docente de la Universidad Central del Ecuador
De acuerdo y gracias por el analisis y aportes.. Han enviado este analisis al CES, vale compartirlo a todas las Universidades en el pais.