Uno de los elementos por el que el movimiento indígena ha luchado desde sus inicios es la educación. Lo que en principio se puede concebir como una demanda de atención del Estado a los pueblos y nacionalidades indígenas en términos de alfabetización, se fue convirtiendo, con la reflexión y praxis colectiva al interior de las organizaciones, en la necesidad y deseo simultáneo de un proyecto educativo propio que acompañe el andar del movimiento indígena y sea un pilar fundamental en la transformación radical de las condiciones de dominación y explotación de los pueblos indígenas.
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Las escuelas comunitarias de la Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), se han mantenido a pesar del desinterés del Estado ecuatoriano. Aún funcionan algunas. Forman parte de un mundo propio, donde resuena el mismo acento con el que habla al niño su mamá todos los días.
Las pruebas Ser Bachiller se iniciaron en 2013 y vienen siendo desarrolladas y aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ecuador (INEVAL), creado en 2012.
Cuenca – Ecuador
El viernes 6 de julio de 2018 se firmó, en Latacunga, el Decreto Ejecutivo 445 (en adelante el Decreto) que crea la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SeEIB). La firma del Decreto se volvió un evento de masas que está siendo celebrado y calificado como histórico bajo la asunción de que “devuelve” el control de la EIB a las nacionalidades indígenas del Ecuador.
El neoinstitucionalismo[1], corriente ideológica y política que guió el destino del país en el gobierno anterior, utilizó el poder del Estado y de sus instituciones para controlar a la sociedad con la finalidad de desarrollar el capitalismo y favorecer el crecimiento de una nueva burguesía.
Es muy preocupante la parcialidad del discurso político y técnico que tienen las universidades en la transformación de la sociedad y de la política para el futuro.
En días pasados, el gobierno nacional presentó el plan económico del país que establece 4 ejes y 14 medidas, entre las principales directrices se encuentra el ahorro de recursos a través de la eliminación de empresas públicas, de 22 a 15 entidades.
