El primer año de gobierno de Lenín Moreno ha significado una lenta transición desde un régimen bonapartista, autoritario y desarrollista que giraba en torno a la figura caudillista del expresidente Rafael Correa, hacia un régimen neoliberal, donde los grupos más fuertes de la burguesía y la derecha han logrado imponer su agenda en el manejo económico de la nación.
La estrategia del cambio de régimen se ha centrado en el aspecto político, ya que el gobierno ha logrado el desplazamiento paulatino de varias autoridades vinculadas al correísmo, cumpliendo la consigna de la oposición: ¡Descorreizar al país¡. Moreno se ha legitimado en el poder, forjando una nueva hegemonía en alianza con sectores políticos de la derecha y los grupos empresariales más poderosos.
El instrumento fundamental para lograr este objetivo ha sido el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transistorio (CPCCS) conformado luego de la consulta popular del 4 de febrero, presidido por el Julio César Trujillo, encargado de evaluar a las autoridades de 16 instituciones y 33 funcionarios del gobierno anterior. Hasta el momento dicho organismo de carácter transitorio ha removido de sus cargos a varias autoridades de control, del aparato judicial y de la función electoral.
En la conducción económica, si bien existe continuidad en cuanto al modelo de modernización del capitalismo y el mantenimiento del extractivismo petrolero y minero, se han producido algunos cambios importantes, tales como un retorno de la iniciativa privada como motor fundamental de la economía en desmedro del Estado, un mayor acercamiento a los organismos multilaterales de crédito como el Fomento Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, el afán por atraer la inversión extranjera y realizar tratados comerciales con países desarrollados como los Estados Unidos y Europa, el desmontaje del proteccionismo aduanero en consonancia con el proyecto globalizador, la decisión de ingresar a la Alianza del Pacífico junto a los países que se mantienen fieles al recetario neoliberal y el alineamiento con las políticas de seguridad del imperialismo norteamericano, encabezado por Donal Trump.
La burguesía impone la agenda económica del gobierno
La burguesía a través de sus representantes corporativos, las cámaras empresariales, ha logrado éxito en su agresiva campaña para imponer su agenda económica en la toma de decisiones gubernamentales. Esta realidad se expresa a través de dos hechos fundamentales: la conformación del actual gabinete ministerial en el sector económico y la Ley de Fomento Productivo, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.
En el actual frente económico del gabinete ministerial – prácticamente – todos sus miembros provienen del sector empresarial: Eva García, ministra de Industrias. Fue directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, trabajó para la empresa norteamericana Haliburton; el ministro de Comercio, Pablo Campaña, es presidente de la Promotora Millenium y yerno de Isabel Noboa, principal propietaria del grupo Nobis; el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, se desempeñó como director de la hotelera transanacional Decameron; el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, es hijo de Eduardo Ledesma, ex presidente y actual director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. El nombramiento más reciente frente al puesto clave del Ministerio de Finanzas ha recaído en Richard Martínez, quien fue anteriormente presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
La Ley Orgánica de Fomento Productivo
El eje de la nueva política económica está delineado en la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, enviada por el presidente Moreno el 24 de mayo del presente año y aprobada por la Asamblea el 21 de junio, con algunas reformas marginales a su contenido fundamental. Luego del veto presidencial esta ley ha sido definitivamente promulgada por la Asamblea Nacional el 8 de agosto.
La economista Wilma Salgado señala que “el objetivo no confesado de dicha ley es el de reinstaurar la política neoliberal para el tratamiento del déficit fiscal y de la deuda pública, trasladando su costo a las clases populares y a los sectores medios, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, cuya producción de bienes y servicios se orienta al mercado interno; mientras que se conceden amplios beneficios tributarios e incluso remisiones de intereses, multas y costas judiciales a personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones con distintas instituciones públicas. Dichas remisiones están concentradas en los grandes grupos económicos”. (Salgado Wilma , 2018)
En efecto, en el primer capítulo de la ley mencionada, titulado “Régimen de remisiones y reducciones” que contiene varias secciones, la primera se refiere a las remisiones de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras de las empresas, la tercera a las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la cuarta a remisiones de montos adeudados a otras instituciones como las empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados, así como agencias, instituciones y entidades adscritas.
“Los sectores más beneficiados por estas medidas son las transnacionales petroleras, las transnacionales telefónicas, las exportadoras bananeras, los bancos más grandes y los contrabandistas de licores” (Idem).
El capítulo II contiene incentivos específicos para la atracción de inversiones privadas, incluyendo la exoneración de impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas en sectores priorizados; la exoneración de impuestos a la salida de divisas (ISD) para las nuevas inversiones productivas y para contribuyentes que reinviertan en activos productivos el 50% de sus utilidades y la exoneración del impuesto a la renta para inversiones en el sector industrial.
En conclusión, el proyecto de Ley contiene: 1) un amplio paquete de remisiones y multas por obligaciones incumplidas por las empresas con diferentes entidades públicas y el Instituto de Seguridad Social; 2) un conjunto de medidas de estímulo fiscal para nuevas inversiones en sectores priorizados e incentivos para los proyectos de vivienda de interés social.
Además, se reforman numerosos cuerpos legales con el objetivo fundamental de eliminar el déficit fiscal primario y reducir el peso de la deuda pública, es decir, medidas de política económica de ajuste fiscal, muy similares a las contenidas en las Cartas de Intención que solían firmarse con el FMI por parte de los gobiernos que ejercieron el poder en las décadas de los años 80 y 90.
Un gobierno que se dice de izquierda o progresista, perdona las deudas y premia a los empresarios morosos que no han cumplido sus obligaciones tributarias, establece incentivos (léase reducción de impuestos) a los inversionistas extranjeros y nacionales que prefirieron sacar sus capitales fuera del país y colocarlos en paraísos fiscales, se somete a los designios de una burguesía voraz e insaciable.
Por otra parte plantea pagar la deuda y restablecer el equilibrio fiscal a través de la privatización de las empresas estatales y la reducción del Estado que significa despido de miles de empleados públicos.
Se viene el ajuste neoliberal
¿Cómo se enfrentará entonces la crisis fiscal y el pago de la onerosa deuda externa contraída durante el período correísta? Pues, aplicando las recetas neoliberales, “recomendadas” por organismos como el FMI: eliminando los subsidios, principalmente a los combustibles y recortando el gasto público sectores como Servicios generales, Educación y Cultura, Salud y Desarrollo Comunal, Desarrollo Agropecuario, Transportes y Comunicaciones, lo cual significa despido de trabajadores y la decisión anunciada públicamente por Moreno de no contratar nuevos empleos, es decir agudizar el problema del desempleo; en definitiva, descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y las clases medias.
Además, las políticas de ajuste y de contracción del gasto público implican un grave riesgo que es la recesión económica, ya que al disminuir la inversión y el empleo en el sector público, se reduciría la demanda de bienes producidos para el mercado interno y las empresas del sector privado se verían afectadas en sus ventas, viéndose obligadas a despedir trabajadores, de manera que entraríamos en un círculo vicioso muy peligroso que conduciría al decrecimiento de la economía.
Adicionalmente, otros tres aspectos claves de la economía en que la burguesía empresarial ha impuesto su agenda son los siguientes: 1) las reformas laborales propuestas por la Cámara de Comercio de Guayaquil al gobierno, denominadas de “flexiseguridad laboral”, que fueron aprobadas mediante Acuerdos Ministeriales e implican siete nuevas modalidades de contratos para el sector agroexportador y turístico que no son otra cosa que una flexibilización laboral ligeramente camuflada e inconstitucional (Macaraff Anaky, 2018); 2) Nuevos tratados comerciales con países europeos y la apertura de conversaciones con Estados Unidos para firmar un Tratado de Libre Comercio, vieja aspiración de los grandes empresarios exportadores e importadores que fue frenada hace más de una década por la lucha de las organizaciones sociales, especialmente campesinas e indígenas; 3) Dos nuevas licitaciones petroleras en 22 áreas de la provincia de Sucumbíos a través de contratos de participación con firmas privadas, que no se usaban desde el 2010 y que suponen menores ingresos para el fisco. (El Comercio, 23/07/18).
Consecuencias del retorno del modelo neoliberal
Aunque el gobierno de Moreno ha evitado hasta ahora la imposición de medidas de shok, conocidas como “paquetazo económico” que son las promovidas por los economistas ortodoxos del neoliberalismo, el programa presentado puede ser calificado como un programa de ajuste gradual o ajuste blando. “Este programa de ajuste blando y silencioso, en realidad va a concentrar el ingreso y acentuará la desigualdad social. La disminución del tamaño del Estado tendrá como variable de ajuste la supresión de programas de atención social para poblaciones pobres y vulnerables. La flexibilización laboral acentuará la precarización del empleo. Las excesivas concesiones tributarias a los grandes empresarios acentuarán sus impulsos de búsqueda de rentas instaurando desequilibrios e injusticias tributarias que castigan a los más pobres y que incentivan a los empresarios a incumplir con la normatividad vigente. La paulatina supresión del ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) instaurará un ambiente de incertidumbre sobre la dolarización” (Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa).
La consecuencia más grave del modelo neoliberal adoptado por el actual gobierno de manera subrepticia es el incremento del desempleo y el subempleo, situación que se ve agudizada por la presencia de los migrantes pobres de países vecinos, especialmente venezolanos, expulsados literalmente de sus países por la crisis económica y política que atraviesan sus sociedades.
Las recientes cifras sobre el empleo y el desempleo presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestran que la situación laboral y social se deteriora. De acuerdo con esos datos oficiales, el pleno empleo cayó entre junio del 2017 y junio del 2018 en 161.689 puestos de trabajo; además en el mismo periodo, la pobreza subió de 23,1% a 24,5%, mientras que la pobreza extrema lo hizo del 8,4% al 9%. Según las previsiones del Centro de Estudios Económicos (CORDES) en los próximos meses posiblemente se observe mayor deterioro (Campaña Isaías, 2018).
Según datos del INEC, en el mercado laboral existen más personas que no alcanzan el salario básico unificado o laboran menos de ocho horas diarias, pero no quieren o no pueden laborar más horas. En el pasado mes de junio, en esta condición que se denomina “otro empleo no pleno” se encontraban 2,1 millones de personas, 137000 más que en junio del año anterior (El Comercio, 17/07/2018).
El desempleo y el subempleo están estrechamente vinculados con la pobreza. En Quito el indicador de pobreza llegó al 12,8% en junio pasado, cinco puntos más frente a igual mes del 2017. Es el más alto registrado desde diciembre del 2007. Quito cuenta además con la mayor tasa de pobreza extrema. El indicador también aumentó el último año. En la capital casi cinco personas de cada 100 viven en esta condición; es decir, con menos USD 1,60 diarios (El Comercio, 19/07/2018).
A su vez, desempleo y pobreza están directamente correlacionados con el incremento en los índices de conflictividad y violencia. No es gratuito lo que ocurre en la frontera norte, especialmente en la zona de San Lorenzo, donde los índices de desempleo, pobreza y ausencia de servicios básicos, son las causas principales de la proliferación de actividades ilícitas que son la única opción que encuentran muchos jóvenes para poder sobrevivir.
Sí existen alternativas
De manera general y desde la perspectiva de la clase trabajadora y los sectores populares, la alternativa sería que la crisis no la paguen los pobres sino los ricos, es decir los sectores empresariales que alcanzaron ganancias muy altas gracias a la bonanza petrolera y la subida en los precios de los commodities durante el período anterior.
La primera exigencia sería cobrar las deudas a los grandes grupos económicos que han incumplido sus obligaciones tributarias. “A la fecha: el sector privado debería al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI 4.291 millones de dólares,-sin considerar intereses- cifra equivalente al 61% del déficit fiscal del Presupuesto del Estado del 2018, que se pretende eliminar (estimado en 7 mil millones de dólares). Se desconoce el monto al que ascenderían el resto de remisiones contempladas a lo adeudado a empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, a la Superintendencia de Compañías, al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, al IESS…”. “Según estudios realizados por el CDES, la carga tributaria sobre las ventas de los 110 grupos económicos más ricos del país fue del 2,9%, en condiciones en que estos 110 grupos económicos fueron los mayores beneficiarios del crecimiento y de la estabilidad económica experimentada durante los últimos 10 años”, señala Wilma Salgado.
Tales cifras muestran que si el actual gobierno tuviera voluntad política para exigir a los empresarios el pago de impuestos y deudas contraídas con el Estado, tranquilamente se podría solucionar el déficit fiscal sin afectar la economía de los trabajadores y los sectores medios que constituyen la gran mayoría de la población. Pero Moreno, al contrario de Robin Hood, ha optado por quitar a los pobres para dar a los ricos.
Otras alternativas serían:
– Corregir el carácter regresivo de la tributación, incrementando el impuesto a la renta de los sectores más pudientes, ya que apenas el 30% de los ingresos tributarios proceden del impuesto a la renta, mientras el 70% proceden de impuestos indirectos, especialmente el impuesto al valor agregado IVA que afecta en mayor proporción a la clase media y los sectores populares.
– Recuperar los más de 35 mil millones de dólares que, según la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, se apropiaron en forma fraudulenta algunos funcionarios de la administración del ex presidente Rafael Correa.
– Nacionalizar la telefonía celular que es un negocio muy lucrativo, hoy en manos de dos grandes transnacionales.
– Implementar una profunda reforma financiera para reducir los excesivos niveles de las tasas de interés, pero focalizado en las pequeñas y medianas empresas, de esa manera fomentar la producción y el empleo.
Más allá de estas alternativas coyunturales, la solución de fondo sería cambiar las estructuras de injusticia, desigualdad y dependencia de la economía ecuatoriana. El gran reto es superar el modelo extractivista y primario exportador que mantiene al país como simple exportador de pocas materias primas principalmente a los países desarrollados, las cuales se hallan sujetas a los vaivenes del mercado internacional, de manera que cuando bajan sus precios, la economía ecuatoriana colapsa.
Emprender esta tarea implicaría el cambio de la matriz productiva, en que el país realice una verdadera revolución productiva, generando un proceso de industrialización orientado a atender las necesidades fundamentales del conjunto de la población como alimentación, vestido, vivienda y servicios básicos, transporte, salud, educación y recreación (Cultura). A su vez, lograr el fortalecimiento del mercado interno gracias al aumento de los ingresos de los trabajadores y las clases populares, supone una economía planificada y soberana, cuya cabeza debe ser un nuevo tipo de Estado orientado al bien común y no a servir los intereses de las clases dominantes y el capital financiero internacional.
Necesidad de una democratización de la vida política del país y profundizar la lucha contra la corrupción
Se debe reconocer algunos avances experimentados en el ambiente político durante el régimen actual. El primero ha sido dar paso a que se investiguen y se juzguen algunos actos de corrupción que se cometieron durante el período de Correa, como las coimas de la empresa Odebrecht al ex vicepresidente Jorge Glas; el excontralor Carlos Pólit y varios funcionarios de Petroecuador que han sido sentenciados y se encuentran en la cárcel.
Actualmente se investigan nuevos casos de arbitrariedad y persecución política, como el secuestro de Fernando Balda en Colombia con intervención de los agentes de la Secretaría de Inteligencia Nacional (SENAIN); el caso del asesinato del general Jorge Gabela que denunció la inconveniencia de adquirir los helicópteros Druv para las Fuerzas Armadas.
Sigue pendiente la investigación, el juzgamiento y la sanción en varios casos como la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas con un enorme sobreprecio, la inexistente construcción de la Refinería del Aromo en Manabí, donde se gastaron 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno, las preventas petroleras, en que se vendieron 1.100 millones de barriles de petróleo en forma anticipada a Petrochina, Sinopec y Petrotailandia (falta de pagar 536,6 millones de barriles hasta el 2024), las coimas y sobreprecios en los contratos de comercialización petrolera y numerosos casos más (Delgado Diego, 2018).
La conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por Trujillo ha permitido que se evalúe y se remuevan a varias autoridades de las instituciones de control, del poder judicial y el poder electoral que se habían convertido en simples portavoces de la voluntad del Ejecutivo en tiempos de Correa, perdiendo la necesaria autonomía que debe existir en las principales funciones del Estado.
También es rescatable la decisión de restaurar la educación intercultural bilingüe que resulta fundamental para la vida de los pueblos indígenas y que fue desmantelada por el gobierno de Correa. Sigue pendiente el tema de la amnistía a centenares de dirigentes y activistas criminalizados por defender sus derechos.
Es evidente que este tipo de acciones y otras como las reformas a la Ley de Comunicación han permitido que mejore el clima y ya no exista tanto miedo como en el período anterior, para que se expresen las demandas democráticas de diferentes sectores de la población. Sin embargo, la única posibilidad de avanzar en las reformas estructurales y la democratización de la vida política es que las clases populares se organicen y se movilicen en las calles para exigir que sus demandas se conviertan en conquistas reales.
Referencias bibliográficas:
– CAMPAÑA Isaías, 2018: “¿Es viable una tercera vía para el desarrollo?”, Unidad de análisis y estudios de coyuntura, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador.
– DELGADO, Diego: “Ecuador: con la plata robada podrían apoderarse de parte del patrimonio social y nacional”, Marzo del 2018.
– Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, 2018: “El ajuste silencioso del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno. Declaración”.
– MACARAFF Anahí, 2018: “Las élites agrarias en la política ecuatoriana”, en: “Linea de Fuego”, Agosto 1, 2018.
– SALGADO, Wilma, 2018: “Paquetazo para toda una vida. Ley Orgánica para el Fomento Productivo”.
