EL RETORNO DEL ESTADO* Primeros pasos postneoliberales, mas no postcapitalistas. por Alberto Acosta

EL RETORNO DEL ESTADO*

Primeros pasos postneoliberales, mas no postcapitalistas

Alberto Acosta[1]

“Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”    Presidente Rafael Correa, 15.1.2012

Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno del presidente Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior[2].

Este intento de cambio de rumbo no está presente exclusivamente en Ecuador. Se da en varios países de la región. A raíz de la crisis del neoliberalismo, desde hace algunos años atrás y con diversas intensidades, se transita paulatinamente por una senda postneoliberal en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.[3] Sin embargo, este proceso, que no aleja definitivamente la posibilidad de un regreso del neoliberalismo, no debe confundirse con un tránsito postcapitalista. No hay que descartar el riesgo de que el progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones de una modernización capitalista, en la cual el retorno del Estado le es funcional.

Lo que cuenta es que el Estado ha recuperado espacios de gestión perdidos en los años neoliberales y se proyecta como un actor importante de la economía ecuatoriana. En particular la política fiscal, en tanto fundamental herramienta de política económica en una economía dolarizada, ha cobrado mayor vigencia y capacidad de acción, gracias a la rotura de una serie de ataduras que limitaban su gestión y por cierto a la enorme disponibilidad de ingresos fiscales. El manejo económico no está más regido por las condiciones fondomonetaristas.

Los mayores ingresos de toda la historia republicana

Durante este gobierno, la economía ecuatoriana registra la mayor cantidad de ingresos por exportaciones petroleras desde que se inicio esta actividad en el país. El gobierno de Correa gana por goleada a cualquier otro gobierno anterior, en lo que a exportaciones petroleras se refiere. Naturalmente hay anotar que es el gobierno que más tiempo ha estado en el poder. De todas formas es el gobierno que cuenta con el ingreso mensual promedio más alto de todo el período, tomando en consideración la pronunciada caída de los precios del crudo desde fines del año 2008 hasta mediados del 2009.

Tabla No. 1

Exportaciones petroleras por período de gobierno (millones de dólares)

Fuente: Banco Central del Ecuador

A más de los ingresos petroleros que en valores nominales fueron de casi 29.700 millones de dólares, hay que sumar los ingresos tributarios recaudados que alcanzaron los 34.372 millones de dólares; una cifra que contrasta con los 20.195 millones recaudados entre 2001 y 2006.

El crecimiento de los ingresos tributarios debe ser atribuido a varios factores: el esfuerzo realizado por el Servicio de Rentas Internas para reducir la evasión y elusión tributarias, las reformas tributarias que comenzaron a incrementar la presión tributaria y por cierto la misma disponibilidad de recursos monetarios que alientan el consumo y en alguna medida también el crecimiento económico. Los impuestos directos han pasado del 65% en el año 2006 al 58% en el 2011, con la consiguiente reducción de la participación de los impuestos indirectos.

Cabe anotar que la llamada reforma fiscal verde, instrumentada en el año 2011, no tuvo los resultados esperados; las evaluaciones realizadas indican que, por el atropellado proceso seguido en su diseño, esta reforma resultó regresiva en términos ambientales e incluso sociales.

La reducción de la evasión tributaria gravitó también para incrementar los ingresos del fisco, pues se estima, según el SRI, que ésta era del 61% en 2006 y habría llegado a un 40% al cabo de 5 años de gobierno del presidente Correa.

Tabla No. 2

Ingresos tributarios por año (millones de dólares)

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Igualmente este régimen contó con los recursos congelados en diversos fondos petroleros durante los gobiernos anteriores. El gobierno también ha recurrido al uso productivo de recursos acumulados en la reserva de libre disponibilidad (sobre todo en el momento de mayor impacto de la crisis internacional).

El gobierno del presidente Correa, como todos los otros gobiernos, recurrió a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aunque en cantidades muy superiores: más de 4.500 millones de dólares, entendible también por aquello de ser el gobierno que más tiempo ha estado en funciones.

Tabla No. 3

Préstamos provenientes del IESS por período de gobierno (millones de dólares)

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Todos estos rubros sumados –petróleo, tributos, préstamos del IESS y otros- superan largamente los ingresos de los gobiernos anteriores. A esto se añade el beneficio obtenido por la renegociación de la deuda externa, que permitió alivianar el pago de intereses en el presupuesto del Estado.

Un factor que debe haber ayudado a sostener gran parte del circulante en el país es la misma crisis de los países centrales. En el Norte global las condiciones para invertir se han debilitado aceleradamente.

Aunque pueda resultar hasta contradictorio, dicha crisis y el manejo que se le ha dado, fundamentado en multimillonarias inyecciones de recursos financieros a la banca, han provocado un sostenido incremento de los precios de muchas materias primas, entre otras el petróleo y los minerales. Estas presiones especulativas están presenten también en los precios de varios alimentos, como son los cereales. De esta manera estos recursos ya no solo están destinados a atender la demanda energética o productiva o alimenticia, sino que se han transformado en activos financieros en medio de una economía mundial todavía dominada por fuerzas y tendencias especulativas.

El gobierno, por su parte, también ha tomado algunas medidas para tratar de controlar la salida de capitales. El creciente impuesto a la salida de los mismos, que alcanzó el 5% en el año 2011, es una de las disposiciones adoptadas, con la consiguiente oposición de algunos grupos de poder económico. Sin embargo, el gobierno no ha conseguido que la banca repatríe el ahorro nacional; cerca del 25% de los ahorros se mantienen fuera del país de manera sistemática durante los últimos 5 años.

A más de los ingresos mencionados habría que incorporar el aporte de las remesas de los compatriotas que laboran en el exterior, que alcanzaron los 2.672 millones de dólares en el año 2011. Es cierto que éstas han disminuido por la crisis internacional. Pero aún así representan un monto que supera las exportaciones de banano, principal producto de exportación tras el petróleo. Además, las remesas, que si bien no van al fisco, ayudan a mejorar los niveles de consumo sobre todo de sectores de clase media baja. Lo preocupante de este consumo es que un elevado porcentaje se lo satisface con importaciones.

Limitado crecimiento económico, sin cambios estructurales

A pesar de ser el período con ingresos fiscales más altos de la historia, el crecimiento económico del país en este lustro no ha sido sostenido. Hay que reconocer que en este lapso impactó la crisis económica internacional, la más grave desde la Gran Depresión de los años treinta  del pasado siglo. Sin embargo, el mayor impacto de esta crisis para Ecuador se revertió en la medida que desde el segundo trimestre del año 2009 empezó una recuperación de los precios del petróleo. De todas formas, en este período de 5 años el precio del crudo ecuatoriano alcanzó niveles desconocidos en períodos anteriores: 59,86 dólares por barril en promedio del año 2007; 82,95 en el 2008; 52,56 en el 2009; 71,93 en el 2010; 97,71 en el 2011.

La economía ecuatoriana, según el Banco Central del Ecuador, creció en 7,8 % en el año 2011. En el 2007 llegó al 2%, en el 2008 alcanzó el 7,2% y en el 2009 fue de 0,4%: año con el mayor impacto de la crisis.[4] La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) así mismo indicaba que en el año 2011 la economía creció en 8% en términos reales y ubica al Ecuador como la tercera economía con mayor desempeño de América del Sur.

El crecimiento en 2011 se debió principalmente a una gran inyección de recursos del sector público, que incidieron en el comercio y la construcción, con un aumento de 6,34% y 20,99%, respectivamente, en relación al año anterior. Las obras públicas crecieron en un 18,44%, destacándose entre otros, la construcción de plantas hidroeléctricas. Cabe anotar que muchas de estas obras basan su financiamiento en el endeudamiento con China. Mientras que otros sectores, como el agrícola, en donde se genera una mayor cantidad de puestos de trabajo, tuvieron un crecimiento de 5,95%.

La inversión pública en el año 2006 fue de 1.739,4 millones de dólares (4,3% del PIB) mientras que en el año 2011 fue de 7.375,6 millones de dólares (11,2% del PIB). En todo el período 2007-2011 la inversión pública alcanzó los 23.803 millones de dólares, mientras en el período 2001-2006 apenas llegó a 7.981 millones de dólares. Esta inversión se ha convertido en el motor de la economía. Su función ha sido vital como herramienta contracíclica en los momentos de mayor gravedad de la crisis internacional.

Sin embargo, cuando se han cumplido ya cinco años de gobierno, los anunciados cambios estructurales en el aparato productivo para impulsar el desarrollo endógeno no aparecen. Al analizar la estructura del PIB por sectores podemos, observar que se sigue apostando por los productos primarios. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentan una mayor participación en el PIB. Sin embargo, gran parte de esta producción no está direccionada al mercado interno.

Tabla 4

Estructura del PIB por sectores

Fuente: Banco Central del Ecuador

La industria manufacturera, aunque experimentó un incremento, presenta señales poco claras. El manejo de las medidas proteccionistas ha sido sinuoso: a inicios del año 2009, presionado por la crisis, el gobierno recurrió a una serie de salvaguardias, que luego las desmanteló parcialmente en el año 2011. Esta marcha atrás no solo se debió a las presiones de los países vecinos, sino a la ausencia de una clara estrategia productiva, campo donde se evidencia uno de los fracasos de la gestión gubernamental.

El crecimiento en la participación del comercio al por mayor y menor, es más fruto del incremento de las importaciones.

En el ámbito del comercio exterior la situación no registra mayores variaciones estructurales. La estructura de las exportaciones está dominada por las ventas externas de petróleo. Así para el año 2011, las exportaciones petroleras llegaron al 57,8% del total de exportaciones, siendo el 42,2% restante exportaciones no petroleras; en el año 2006 alcanzaron el 59,3% las petroleras y el 40,7% las no petroleras (En el año 2008 las exportaciones petroleras superaron el 62%, justamente por los elevados precios del petróleo). Estas exportaciones no petroleras son en su mayoría de productos primarios sin apenas valor agregado. El banano es el mayor producto exportado no petrolero: 10% del total.

Las importaciones presentan un panorama con pocos cambios. En el año 2011, mientras financiamos la economía con exportaciones de petróleo crudo, la desfinanciamos con las importaciones de combustibles y derivados del petróleo, que representaron el 22,2% del total de compras externas (2006: 22,5%). Las materias primas alcanzaron el 31,5% (2006: 33,7%) y los bienes de consumo el 20,7% (2006: 24,5%). La importación de bienes de capital, importantes para la industria, sufrieron una reducción en su participación desde el año 2007, pasando del 27,2% al 25,5% en el 2011.

Este panorama se complementa con un gran desbalance comercial. Al año 2011, la balanza comercial fue deficitaria en 664,3 millones de dólares (1,1% del PIB). El déficit de balanza comercial no petrolera llegó a -8.490,8 millones de dólares, el mayor en la época del gobierno de Correa y de toda la historia comercial del país (2006: -3.714,85).

Pocas veces antes los más excluidos estuvieron menos peor

Para analizar la evolución de la economía no solo cuentan los cuantiosos ingresos fiscales y el desenvolvimiento del PIB o las exportaciones. Debemos sopesar también la voluntad por cambiar las prioridades en el uso de los recursos disponibles.

En este lapso cambió profundamente la relación servicio de la deuda versus inversión social. En los años neoliberales la relación era favorable al servicio de la deuda. En el gobierno de Correa prima la inversión social. Comparando la inversión social con el PIB, el salto es inocultable. Esta pasó de 4,74% en el año 2006 al 9,85% en el 2011.

Los avances en educación y salud merecen ser destacados.

La inversión en educación se incrementó de 2,59% del PIB en el 2006 al 5,59% en el 2011 (todavía distante de la meta del mandato constitucional que establece un mínimo del 6%). Empero, se mantiene aún un enorme déficit en infraestructura educativa.

La inversión en salud también mejoró, del 1,24% al 2,17%, en el mismo período (lejos de la meta constitucional del 4%). En educación el 82,5% se destinó a gasto corriente y en salud el 64,6%, porcentajes entendibles por el elevado número de personas que laboran en dichos sectores. De todas maneras, como lo reconocen incluso funcionarios del gobierno, “Ecuador mantiene todavía uno de los más bajos niveles de inversión social per cápita en la región”.[5]

Los avances cuantitativos, sin embargo, no han ido acompañados de mejoras cualitativas. En materia de educación todavía no hay avances sustantivos en la calidad de la formación impartida. Mientras que en salud, si bien hay un aumento considerable en la cobertura por parte del sistema público, la calidad de los servicios sigue con graves deficiencias. El propio presidente Correa, el 14 de enero del 2012, tras la destitución del titular de esa cartera ministerial, reconoció que “…me parece que no hemos avanzado nada. La misma corruptela. ¿Qué hemos avanzado en estos cinco años en ese aspecto?”.[6] Y en el ámbito de la educación no fue menos expresivo al decir que “estoy hasta la coronilla de los mandos medios, de que no obedezcan las órdenes del gobierno central y del presidente de la República”, cuando se inauguraba el ciclo lectivo de la costa, el 16 de abril del 2012. En esa ocasión el presidente Rafael Correa cuestionó la gestión del Ministerio de Educación, la falta de estandarización del modelo de planteles, reclamó a los maestros la excelencia académica.

La inversión en vivienda se sostiene en gran medida por los crecientes créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La construcción de vivienda, sobre todo para la clase media y los sectores acomodados, alentada por diversas fuentes de financiamiento, como podrían ser indirectamente por el gasto público o directamente por el ingreso de narco dólares, entre otras opciones, experimenta un auge significativo. Incluso podría estar incubándose una burbuja especulativa en este ámbito, lo que ha provocado ya alguna respuesta gubernamental que debe ser aprobada en la Asamblea Nacional.

También se ha potenciado toda la política de subsidios existente con anterioridad. Destaca el Bono al Desarrollo Humano (BDH), como se denomina al Bono Solidario creado en 1998. Así, se incrementó el número de hogares perceptores de 979.008 en el año 2006 a 1.853.238 a enero del 2012, según el Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Para el presupuesto del 2012 se prevé un monto de 486 millones de dólares. En el informe sobre “La inversión social en el Presupuesto General del Estado”, publicado por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social con el apoyo de UNICEF, se reconoce que el Bono de Desarrollo Humano “es una de las principales estrategias gubernamentales para la reducción de la pobreza”. A través de esta acción el gobierno de Correa, con algunas interesantes prestaciones asociadas a dicho Bono, a la postre mantuvo y aún profundizó las lógicas clientelares que desarrollaron los gobiernos anteriores.

A estas cifras en el ámbito social habría que añadir el significativo monto de recursos destinados a la obra pública, presentados en líneas anteriores, que sin duda ayudaron a mejorar las condiciones sociales.

El desempleo y el subempleo han experimentado una reducción.  El desempleo, en promedio anual, pasó de 6,9% en el 2007 a 6,0% en el 2011. El subempleo, en ese mismo período, evolucionó del 51,9% al 46,65 en el 2011. (No se pueden hacer fácilmente comparaciones con las épocas anteriores, pues desde el año 2007 hay otra metodología de cálculo). El saldo nos dice que todavía en el año 2011 al menos uno de cada dos personas en capacidad de trabajar no tenía un trabajo adecuado. Este es un problema de fondo no resuelto.

En el año 2011, en relación al 2007, la población en edad de trabajar creció en 709.588 (9,7%), pero la población económicamente activa sólo creció en 160.483 (3,7%): el 77% del incremento se dio en personas que se excluyeron de la economía, sea porque estudian, por que emigran o porque ya no buscan trabajo. Esto significa que la población en edad de trabajar creció más rápido que la población económicamente activa. Es decir, a pesar de que más personas estaban en edad de trabajar, solo una fracción de esas (33%) entró a formar parte de la población económicamente activa (es decir a trabajar o a buscar un trabajo).

En este lapso mejoró el poder adquisitivo de los salarios. Se redujo la brecha del ingreso en relación a la canasta básica al pasar del 31,1% en el 2006 al 12,2% en el 2011. Incluso se superó la canasta vital. Esta positiva evolución, sin embargo, no se debió a un incremento de la productividad. En este contexto, el consumo, alentado también por la inversión y el gasto públicos, a lo que habría que añadir las remesas de la emigración, se incrementó de manera sostenida.

Francisco Rohn Dávila, director del CAAP, en una entrevista en Diario El Comercio, el 11 de marzo del 2012, reflexiona sobre este tema y sus consecuencias: “Una de las transformaciones más importantes de la sociedad actual es que, en esencia, es consumista. Y si se ha incrementado ese consumo (en el Ecuador, NdA) es por el flujo de recursos monetarios importantes. El eje de la circulación monetaria es el Gobierno, que refuerza el imaginario del consumismo. Esto crea individuos pensando en un presente por consumir; no piensan en el futuro y, por lo tanto, tampoco en un proyecto histórico de Estado nacional. (…) El Gobierno tiene su discurso de la estabilidad y que solo él hace posible que la sociedad cumpla su sueño: consumir. Si esto se hace con una mayor o menor autoritarismo, con mayor o menor centralización del poder, no es un tema que convoque a la gente. La persona solo piensa en que mañana podrá ir al centro comercial y comprar lo que quiera.”[7]

A pesar de todos los esfuerzos desplegados, al no afectarse estructuralmente la modalidad de acumulación imperante, ni la concentración de la riqueza en pocas manos, en estos cinco años no se registra una mejora sustantiva en términos de reducción de la pobreza. La pobreza urbana por ingresos cae del 36,7% en el año 2007 al 28,4% en el 2011,  y la pobreza extrema lo hace del 16,5% al 12,9% en el mismo período, es decir en 8,3 puntos porcentuales y 3,6 puntos porcentuales respectivamente; mientras que en el lapso precedente, del 2001 al 2006, esta reducción fue de 20,7 puntos porcentuales en la pobreza y de 18,2 en la extrema pobreza.

De la misma manera, en el período 2001-2006 se reduce en 19 puntos la pobreza urbana y 11 puntos la pobreza rural; mientras que en el período 2007-2011 lo hace en 6,6 puntos la pobreza urbana y en 10,1 puntos la pobreza rural.

Sin negar que la pobreza se reduce más rápido inmediatamente después de una crisis, como la vivida en el tornasiglo, no es menos cierto que el resultado durante el gobierno de Correa no se corresponde a los enormes ingresos fiscales y la voluntad política de atender prioritariamente la inversión social.

De todas maneras sí se puede afirmar que como muy pocas veces antes los más excluidos estuvieron menos peor.

Pocas veces antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor

En estos cinco años, no disminuyó la concentración de la riqueza al ritmo esperado en un proceso autodenominado como revolucionario. Hay que señalar que el nivel de concentración de la riqueza en Ecuador es sumamente elevado. Como muestra se puede ver la evolución del índice de Gini. La reducción de la inequidad, medida por dicho índice, fue de 0,55 en el año 2007 a 0,47 en el 2011, esto significa una mejoría de 8 puntos; mientras que entre el 2001 al 2006 –años neoliberales- se redujo de 0,60 a 0,52, también 8 puntos.

Los niveles de concentración de ventas, medidos por el INEC, son por igual preocupantes: el 95,81% de las ventas a nivel nacional se concentran en el 10% del total de empresas; es más, el 90% de las ventas  se concentran en el 1% de las empresas. Las cifras del INEC, reflejan una concentración regional no menos alarmante: Pichincha (18% población del país) y Guayas (25% de la población del país), concentran el 73,15% de las ventas y el 44,6% de establecimientos económicos; la primera provincia se adjudica el 22,2% de los establecimientos y el 46,8% de las ventas, Guayas el 22,4% y el 26,35 respectivamente. Azuay, El Oro, Manabí y Tungurahua tan solo aglutinan el 23,1% de los establecimientos y 16% de las ventas; repartiéndose el resto entre las otras 18 provincias.

En otros ámbitos, como el financiero, la tendencia concentradora se mantiene. Si bien por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período 2007-2009 (durante el gobierno de Correa) fue 70% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales). En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada ecuatoriana registró 393,1 millones de dólares en utilidades;  banca había alcanzado la cifra de 258,4 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no permiten llegar a la conclusión de que todos los bancos están en igual situación; en el territorio nacional hay algunas entidades financieras que se sostendrían con depósitos directos e indirectos del Estado.

En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2006-2010 serían 364% superiores al período 2004-2006. Las utilidades de los grupos económicos habrían pasado de 529 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 1.830,4 millones de dólares en 2010 (con Correa).[8]

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, el 29 de septiembre de 2011, no se buscó romper las actuales estructuras monopólicas existentes. Lo que se propone es apenas combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas, lo cual no deja de ser un avance teniendo en cuenta que el Ecuador junto con Bolivia y Paraguay eran los únicos países de la región que no disponían de un ley para alentar la competencia. En el caso ecuatoriano, el último intento en este sentido fracasó en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, quien vetó totalmente la ley aprobada por el Parlamento, cediendo así a las presiones de la Cámara de Comercio de Quito.

En concreto, los grupos más acomodados, particularmente determinados conglomerados empresariales de importadores, así como también aquellos ligados a la inversión en obra pública[9] y a la inversión social, han obtenido importantes utilidades. Y lo han conseguido sin invertir mayormente en la producción, sino simplemente aprovechándose de la apertura comercial y del mayor gasto público. Se han enriquecido de una manera “ociosa”: importando, comercializando e intermediando.

Se podría decir que, en síntesis, pocas veces antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor que con el actual gobierno.

El modelo empresarial de desarrollo goza de buena salud

El sistema económico, de conformidad con la Constitución de Montecristi en su artículo 283, debe ser social y solidario. Esta definición engloba a todas las formas de organización económica existentes y a las que se podrían construir en el futuro. Las diversas formas de hacer economía deben concluir, luego de un complejo proceso de transiciones plurales, en un todo. Esto, no obstante, no desconoce, la actual realidad de una economía mixta.

En otras palabras, si se quiere hacer reali­dad lo que dispone la Constitución, no puede mantenerse y menos aún ahondarse un mane­jo económico segmentado, que atienda por un lado la economía empresarial, por otro la estatal y en último lugar la economía popular, para dividirlo de una manera gruesa. Sin embargo, es ésta divi­sión la que inspiró la aprobación del Código de la Producción, por un lado, de la Ley de Eco­nomía Popular y Solidaria, por otro, y de la Ley de Empresas Públicas, en un tercer ámbito. Con este divorcio legal, en el que se prioriza el Código de la Producción, el gobierno, que impulsó la Constitución de Montecristi, en la práctica de­mostraría no tener la voluntad política para cristalizar decididamente una economía social y solidaria.

La ley de Economía Social y Popular, la cual no deja de ser una versión reformada de la ley de coo­perativas, con una estructura institucional muy compleja y confusa, se acerca más a los principios consti­tucionales. En síntesis, la economía solidaria no será una herramienta de transformación válida en tanto el gobierno no asuma con decisión la concep­ción más innovadora y revolucionaria del con­cepto constitucional.

En concreto, sin una superación clara del divorcio entre “lo eco­nómico” y “lo social”, entre “lo productivo” y “lo solidario”, se consolida en la práctica el modelo económico empresarial que se impuso como dominante en los años liberales. De facto con la aprobación del Código de la Producción se priorizó la consolidación del modelo empresarial de desarrollo, impulsado desde décadas anteriores.

Por otro lado, los respectivos reglamentos contaron con la activa intromisión de los entes regulados, lo que generó un claro conflicto de intereses. En uno y otro caso, para la discusión de estas leyes se convocó a los res­pectivamente “interesados”, obviando a la sociedad en su conjunto.

En el agro no hay avances revolucionarios

En el campo, en donde las relaciones de subordinación e intercambio desigual entre campesinos y grandes propietarios han sido una constante histórica, la situación mantiene sus características de gran inequidad en términos de acceso a recursos básicos como la tierra y el agua.

El propio presidente Correa reconoció esta realidad. En entrevista a Le Monde Diplomatique, publicada el 3 de enero del año 2010, afirmó que la “tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmente y es una de las distribuciones más inequitativas del mundo; el coeficiente de Gini supera el 0,9 en cuanto a tenencia de tierra.”

Las cifras son contundentes: 616 familias controlan 3,5 millones de hectáreas; 712.000 familias tienen una superficie de 2,4 millones de hectáreas. El 0,001% (una de cada mil) de las unidades productivas en el campo son mayores a 640 hectáreas, pero concentran el 13% de la tierra en producción; mientras que el 70% (setenta de cada cien) unidades productivas acceden al 6% del total de la tierra en producción, con superficies inferiores a 5 hectáreas.

Ante la elevada concentración de la tierra, que en realidad bordea el 0,81 del Gini, no hay ningún indicio de que se quiera dar paso a una verdadera reforma agraria, menos aún una revolución agraria. El presidente Correa, sin considerar el potencial revolucionario y productivo de una profunda reforma agraria -como la que se realizó en Taiwán, por poner un ejemplo-, declaró el 1 de octubre del año 2011, que “la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza.” El objetivo según él, como lo manifestó el 3 de octubre del 2011, es “que los grandes terratenientes vendan sus tierras y de esta forma se democratice la tenencia, eso es lo que se busca, esto se ha hecho en muchas partes del mundo, es más eficiente que la reforma agraria”.

Lo que se plantea es una modernización capitalista en el agro, sin base campesina, sin inspiración social y solidaria, es decir sin impulsar la propiedad asociativa y cooperativa, ni la reforma agraria, ni la redistribución del agua, entre otras tareas aún pendientes.

Como complemento preocupante de lo anterior el gobierno alienta la actividad agrícola para producir biocombustibles. El 17 de septiembre del 2011, el presidente Correa anunció la ampliación de los monocultivos para producir biocombustibles en la Península de Santa Elena: “Ya tenemos el mapeo de las zonas agrícolas y hay 400.000 hectáreas donde no hay nada”… salvo algunas comunidades que podrían ser víctimas de acciones de desposesión, cabría añadir.

La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera, los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego.

Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil.[10]

Auditoria y renegociación de la deuda: una de cal y una de arena

El gobierno del presidente Correa, en el año 2008, dispuso la suspensión del servicio de una parte de la deuda externa. Esta suspensión de los pagos o moratoria se enmarcó en una posición programática clara y preconcebida para encontrar mejores condiciones para su renegociación, y no por la imposibilidad de servir la deuda.

El gobierno asumió parcialmente los resultados de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. La Comisión fue creada en el año 2007 ante las reiteradas presiones de diversos grupos de la sociedad civil, expresadas desde años atrás y que no fueron cristalizadas en los dos gobiernos precedentes, los cuales habían dado inicialmente señales de apoyar esta iniciativa ciudadana. El trabajo de dicha Comisión, que tenía más un valor ético que jurídico, fue contundente para varios tramos de la deuda pública externa e incluso interna.

En esas condiciones Correa declaró la suspensión de pagos de un tramo de la deuda externa comercial, por considerarla ilegítima e ilegal. Unos meses más tarde, archivando el reclamo de ilegitimidad e ilegalidad en tanto posibilidad de acciones jurídicas concretas, el gobierno de Correa recompró parte de los Bonos Global (a 12 y 30 años, no así los Bonos Global a 15 años), que habían sido declarados en moratoria. No se entienden las razones para que no se hayan impugnado los Bonos Global 2015, cuya emisión tenía como objeto servir los otros Bonos Global, es decir provenían de un origen igualmente cuestionable.

La indicada Auditoría, siendo un ejercicio histórico de relevancia internacional, no llegó a tener una trascendencia mayor al no haberse complementado con las correspondientes respuestas jurídicas y con acciones coherentes.[11]

Luego de conseguir una importante reducción del peso de la deuda en relación al PIB con esta operación de recompra de parte de los Bonos Global, y teniendo limitaciones para acceder al mercado financiero por esa misma razón, el gobierno abrió el mercado de créditos de China. Así, el peso de la deuda pública interna y externa en relación al PIB, que había declinado del 66,6% en el año 2001 al 32,4% en el 2006,  y que llegó al 19,7% en el 2009, volvió a subir al 30,7% en el 2011.

En este punto hay que resaltar lo que representa el ingreso de créditos chino. Ya no hay las condicionalidades fondomonetaristas de la “larga noche neoliberal” [12], es cierto y eso es positivo. Sin embargo, las condiciones de dichos créditos aparecen como onerosas por el lado de la tasa de interés; se habla de que podrían en algunos casos superar el 9%. Además, no nos olvidemos que las empresas chinas “han salido de compras” por el mundo en medio de la crisis. Aprovechando sus cuantiosas reservas monetarias y financieras, así como utilizando su creciente poder político-financiero, China ha empezado a adquirir cada vez más activos en todos los continentes, ampliando aceleradamente su área de influencia. En suma, presenciamos procesos de desposesión como los entiende David Harvey e inclusive una suerte de acumulación originaria global, con rasgos similares a los planteados por Carlos Marx.

Para lograrlo, una de las palancas empleadas por los chinos son los créditos externos. Ellos a través de la entrega de dichos préstamos se aseguran contratos para explotar petróleo y minerales, para construir obras públicas, como los grandes proyectos hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair y Sopladora, puentes y otros emprendimientos estratégicos. El pago de dichos créditos está respaldado con la exportación de petróleo ecuatoriano, inclusive utilizando el conocido mecanismo de facilidad petrolera, que daría paso a la entrega de crudo con precios reducidos.

En síntesis, para impulsar esta nueva etapa de la larga historia extractivista del país, el gobierno de la “revolución ciudadana” cuenta con el apoyo del capitalismo global chino del cual espera mucho. Así, el 16 de febrero del 2012, en entrevista con la prensa extranjera, con términos que nos remiten a la época del “endeudamiento agresivo” de la dictadura militar de los setenta en el siglo pasado, el presidente Correa declaró que no existe límite para el endeudamiento con China: “mientras más nos puedan prestar, mejor. Lo que necesitamos para el desarrollo es financiamiento y lo que más tenemos son proyectos rentables. Lo importante son las tasas y el plazo, si me prestan a largo plazo el límite es inexistente, a corto plazo es otra cosa (…) Somos complementarios con China, ellos tienen exceso de liquidez y escases de hidrocarburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escases en liquidez. China financia a Estados Unidos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador”.[13]

Unas reformas petroleras con muy poca reforma

Un punto adicional es el relativo a las reformas a la ley de hidrocarburos introducidas en julio del 2010 y a la renegociación de los contratos petroleros a partir de dichas reformas. Es innegable que el país, luego de “la larga noche neoliberal”, requería cambios profundos y urgentes en el marco jurídico vigente en el ámbito hidrocarburífero. La situación jurídica era insostenible y la urgencia de cambiarla, indiscutible. Esta conclusión se nutre del análisis de la realidad petrolera ecuatoriana y de sus perspectivas después de varias décadas de una casi planificada depredación de la institucionalidad estatal y de entreguismo a los intereses transnacionales. Son muchos los elementos que se podrían considerar para analizar el cambio de la normativa contractual.

Para empezar, haber migrado de los contratos de participación a los de prestación de servicios no garantiza resultados satisfactorios. Mejorar la participación del Estado en la renta petrolera, como afirma haberlo logrado el gobierno, es importante, pero no suficiente. Faltó, no hay duda alguna, más profundidad en las reformas propuestas, que de ninguna manera propiciaron un manejo petrolero que anticipe el indetenible fin de las reservas y que aliente la transformación de la matriz energética, entre otros asuntos pendientes.

Estas son unas reformas definitivamente incompletas. El tiempo dirá si las expectativas gubernamentales se cumplen. Lo que si queda claro es que hay varios puntos críticos en las negociaciones.

Por otro lado es deplorable que el gobierno en cinco años de gestión, contando con enorme poder político y cuantiosos ingresos, no haya logrado modernizar (no confundir con privatizar) la industria petrolera nacional. Por eso preocupa que el gobierno del presidente Correa, a cuenta de la baja eficiencia del ente estatal, haya entregado la administración de varios yacimientos de los campos maduros a empresas extranjeras, manteniendo apenas la supervisión en manos de Petroecuador. Lo cierto es que, luego de varios años de intentos fallidos durante la época neoliberal, en el año 2012 se hicieron realidad los contratos para “recuperar la producción” de los principales campos petroleros con el concurso de empresas extranjeras.

Los campos petroleros más ricos, conocidos comúnmente como “las Joyas de la Corona” por ser los campos más productivos: Sacha, Auca, Shushufindi, Cuyabeno, Cononaco y Libertador, están ubicados en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Su explotación ha provisto los principales recursos financieros al país desde 1972.  Luego de que concluyó sus operaciones la compañía Texaco, han sido explotados por Petroecuador.  La disputa en torno a ellos ha marcado líneas divisorias entre quienes levantaban un discurso nacionalista y quienes buscaban la privatización a cuenta de una supuesta eficiencia operativa de las empresas extranjeras.

En este gobierno hay un antecedente preocupante. El campo petrolero Sacha, uno de los más grandes, fue entregado, sin que exista un marco jurídico para hacerlo, a la empresa mixta Río Napo, conformada en julio del 2008 entre PDVSA (la empresa petrolera estatal venezolana) y Petroecuador. Los resultados obtenidos hasta ahora no son para nada satisfactorios.

La entrega de estos campos podría configurar, argumentaba Rafael Correa, antes de ser presidente de la República, en una entrevista realizada en Radio “La Luna”, en el 2006, “una traición a la patria”.

En este punto habría como destacar, poniendo algunos casos a modo de ejemplo, ciertos manejos poco transparentes o quizás hasta dolosos. La confirmación de la entrega del campo Palo Azul a Petrobras, cuando este campo no configuraría una estructura compartida (situación que fue demostrada por una comisión interinstitucional, cuyo informe dio inicio al proceso de caducidad contractual en junio del año 2007); además este contrato tendría causales de caducidad similares a las de la compañía Occidental (Oxy). También es de señalarse la contratación “a dedo” y en condiciones de dudoso beneficio para el Estado con la compañía Ivanhoe para extraer el crudo extrapesado de Pungarayaku. Igualmente hay varias denuncias por indebidas e inconvenientes negociaciones internacionales de crudo y derivados. Resultan cuestionables la licitación del Bloque Armadillo y la decisión de explotar el Bloque 31, en donde hay evidencias ciertas de la presencia de pueblos no contactados, situación que prohíbe cualquier tipo de actividad extractivista, tal como manda la Constitución del 2008.

Para completar esta información en el ámbito energético conviene señalar que en el país se inició sorpresivamente un nuevo período de racionamientos de energía a partir de 5 de noviembre del año 2009. Esta compleja situación sin duda que repercutió en la evolución de la economía nacional. De hecho, por efecto de estos racionamientos y su impacto sobre el aparato productivo se revisaron las estimaciones de crecimiento del PIB.

En todo caso es importante el esfuerzo que se realiza para construir una serie de plantas hidroeléctricas, postergadas desde la crisis de la deuda externa. Esta tarea, liderada por el Estado, ayudará a transformar la matriz energética.

La megaminería de la mano de Rafael Correa

El presidente Correa está decidido a imponer la megaminería. Lo ha dicho con claridad, que “no se puede recuperar el tiempo perdido, el factor más escaso en el país es tiempo. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) y los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio.”  (Macas, sabatina del 10.12.2011

En síntesis, “la megaminería va porque va”. Ese mensaje es conocido. Correa pretende plasmar las voluntades extractivistas de “la larga noche neoliberal”. Entonces los gobiernos apresuraban el paso extractivista, incluyendo la megaminería, atropellando cualquier cuestionamiento. Ya sucedió con la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, por citar un ejemplo. La intolerancia a la crítica era la norma. Esto no ha cambiado, en todo caso ha aumentado durante los últimos años. Triste conclusión, cuando la megaminería, si nos atenemos a la experiencia histórica y a la realidad que se vive en otras latitudes, nos conduce a profundizar más en la esquizofrenia del extractivismo de matriz colonial.

El extractivismo, si bien goza de buena salud, evoluciona. Hay cambios con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado del interés nacional. Esta constatación no puede ocultar, sin embargo, el mantenimiento de las herencias de raigambre colonial. Es más, de alguna manera, este extractivismo del siglo XXI resulta recolonizador.

Entre sus puntos destacables aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Desde una postura nacionalista se busca un mayor control por parte del Estado sobre el petróleo. El objetivo es una mayor participación del Estado en la renta petrolera y minera. Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, en la actualidad financia importantes y masivos programas sociales.

Si bien el accionar gubernamental genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos, no se generan cambios sustantivos en la estructura de acumulación. Este neo-extractivismo sostiene una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional. Caminar al socialismo, como reza el discurso oficial, alimentando las necesidades -incluyendo las demandas especulativas- del capitalismo global es, por decir lo menos, una incoherencia.[14]

Es más, en la medida que se amplia y profundiza el extractivismo se agrava la devastación social y ambiental. Los derechos colectivos de varias comunidades indígenas y campesinas son atropellados para ampliar aún más la frontera petrolera. Poco importa que en el Ecuador constitucionalmente la Naturaleza sea sujeto de derechos. En otro ámbito, no hay la intención de que las empresas contraigan la obligación de refinar el mineral en el país para romper con el círculo de país productor de materias primas que alimenta el subdesarrollo.

Al mantenerse inalterada la lógica de acumulación dominante, los grupos más acomodados de la sociedad, particularmente vinculados directa o indirectamente a los intereses de las empresas extractivistas, los cuales apenas han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose justamente de este renovado y ampliado extractivismo.

El extractivismo asegura nuevas fuentes de legitimación social, posicionándose como indispensable para combatir la pobreza; esto porque no se considera la devastación ambiental y hasta social que el mismo extractivismo provoca. Estos pasivos ambientales y sociales normalmente no son contabilizados en los proyectos extractivistas, así como tampoco los subsidios ocultos, como son el suministro de electricidad y agua en condiciones ventajosas, la construcción por parte del Estado de carreteras y puertos, entre otros. A la postre, las economías industrializadas, en donde se refinan y procesan estos minerales, se llevan el grueso de las ganancias.

Cuestionar la megaminería, no pude confundirse con no hacer nada frente a las otras actividades mineras de menor volumen, que son perjudiciales para el ambiente y en donde las condiciones sociales son deplorables.

En síntesis, por la vía del neoextractivismo no se encontrará la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobrecidas.

Un comentario final preliminar

 En síntesis, el gobierno del presidente Correa ha empezado a dar algunos pasos por una senda postneoliberal. La política macroeconómica contracíclica permitió enfrentar la peor crisis económica internacional de las últimas ocho décadas. La obra pública, en particular la vialidad y las plantas hidroeléctricas, para citar un par de casos, así como la inversión social son dignas de ser resaltadas.

Se ha mejorado la situación laboral en algunos ámbitos, sobre todo a través del Mandato constituyente que eliminó la tercerización. También cabe anotar el incremento del poder adquisitivo de los salarios. Se ha puesto en marcha un asistencialismo redistributivo de los excedentes.

Se modernizan algunos servicios públicos, gracias a un importante esfuerzo tecnocrático. Hay un proceso de relevo generacional en las filas de los servidores públicos, con el ingreso de una gran cantidad de jóvenes profesionales. La planificación del Estado ha sido restablecida. Se han recuperado espacios de soberanía nacional, por ejemplo con el cierre de la base militar norteamericana de Manta y la no dependencia del Consenso de Washington. Los aportes del gobierno de Correa para impulsar la integración regional no son menores, sobre todo en lo que atañe a la nueva arquitectura financiera regional; lamentablemente es poco lo que se avanza por falta de compromiso de los países más grandes, con Brasil a la cabeza. Si bien fue saludable que el gobierno se haya desmarcado tempranamente del TLC con los EEUU, preocupa su insistencia por suscribir un TLC con la Unión Europea.

A pesar de ser el gobierno con los mayores ingresos tributarios y petroleros de la historia reciente del Ecuador, en lo productivo sus resultados son pobres o inexistentes. No hay cambios estructurales en la producción, ni avances serios en la diversificación de las exportaciones. No hay afectaciones en la tenencia de la propiedad, en la distribución de la tierra y del agua. El desempleo y la dignificación del empleo siguen siendo tareas pendientes. Las deficiencias cualitativas y aún cuantitativas en los servicios de salud se mantienen; es más, para intentar solucionarlas, al cabo de cinco años de una mediocre gestión, varios servicios del sistema de salud público han sido prtivatizados (se hable de una externalización). La educación, con problemas todavía no resueltos en términos de calidad y de infraestructura, muestra inclusive algunos rasgos conservadores propios del autoritarismo presidencial.

Hay algunos casos gruesos de denuncias sobre el mal manejo de los recursos públicos que no han tenido mayor repercusión. A más de los casos anotados en el ámbito petrolero, como muestra cabe un botón: la venta del ingenio ECUDOS (antes AZTRA) a un grupo peruano en el año 2011, pagando apenas 13 millones de dólares en efectivo (que corresponde al 10% del valor ofertado) y 90% de financiamiento asegurado por el Estado, a una tasa de interés del 5%, ha sido duramente cuestionada. Este pago al contado resulta muy modesto si se toma en cuenta que ECUDOS obtenía importantes utilidades en años precedentes y que en caja, al momento de la venta, había 20 millones de dólares. No se puede dejar de mencionar las denuncias vinculadas a una serie de contratos con entidades del Estado por parte del hermano del presidente de la República, las cuales han tenido como única respuesta judicial la sanción a los periodistas que denunciaron tales hechos.

Tampoco se puede ocultar que, en algunos puntos relativos a los derechos laborales, en la Constitución se introdujeron algunos cambios que han sido interpretados como pérdida de las conquistas de los trabajadores, sobre todo de aquellos que laboran en entidades y empresas públicas. En este gobierno, especialmente luego de la Asamblea Constituyente, los golpes al derecho laboral, particularmente a los servidores públicos, son constantes, instaurándose un sistema de compra de renuncias obligatorias (Decreto 813), con el que se ha despedido a miles de funcionarios públicos y se mantiene atemorizada a la burocracia.

Al cabo de cinco años, se mantiene una elevada dependencia del petróleo en la economía nacional. Este es un tema en extremo preocupante si se sabe que las reservas petroleras demuestran claros síntomas de agotamiento y no se visualiza una estrategia clara enfocada a construir una economía postpetrolera y menos aún postextractivista. Todo lo contrario, el gobierno promociona activamente la megaminería. Es decir, alienta e impone una modalidad de acumulación pasadista, lo cual no conlleva reducir la dependencia y la disminución de la vulnerabilidad externa.

Las respuestas intolerantes del gobierno son cada vez mayores. En base a leyes de los anteriores gobiernos oligárquicos, para poder sostener y aún ampliar el modelo extractivista, se recurre a la criminalización de la protesta social persiguiendo por lo pronto a casi 200 líderes populares defensores de la vida y la Naturaleza, a los que se acusa de terrorismo y sabotaje.[15] Mientras que, por otro lado, con políticas sociales clientelares se pretende dividir o al menos debilitar a los movimientos sociales, particularmente indígenas. A esto se suma un sostenido ataque político en contra de dichos movimientos. Detrás de esta estrategia de destrucción del tejido social organizado se consolida un poder cada vez más autoritario, vertical y centralista. Incluso se atropella o se subordina las otras funciones del estado.

El indispensable reposicionamiento del Estado, al no abrir los espacios de participación e inclusión ciudadana, frena las tendencias descentralizadoras que incluso se plasmaron en la Constitución de Montecristi. Se ha dado paso a nuevas prácticas centralizadoras, que tarde o temprano volverán a exacerbar la cuestión regional. De hecho, en cinco años de gobierno, el correismo no ha avanzado nada en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, más bien parece empeñado en reeditar una suerte de Estado de bienestar de corte socialdemócrata clientelar, con innegables rasgos autoritarios.

El abuso de los proyectos de ley de carácter económico urgente y el repetido veto legislativo presidencial recuerdan las épocas más autoritarias del pasado neoliberal. La democracia, que se fortaleció con el proceso constituyente de Montecristi, se debilita aceleradamente, mientras se consolida, no hay duda, un nuevo caudillo en la historia nacional.

En resumen, de lo que se ha hecho hasta ahora no se puede desprender un cambio revolucionario. Más allá de los discursos grandilocuentes y de los ofrecimientos de cambios radicales, no hay una transformación de la modalidad de acumulación, se mantiene la esencia extractivista y no se quiere afectar la concentración de la riqueza.

Está en juego la reconstrucción o readecuación del modelo económico neocolonial,  esta vez más alineado al eje de China, en medio de un proceso de disputa hegemónica mundial. A partir de esa readecuación se articula a la financiarización transnacional del país, permitiendo la configuración de un nuevo esquema de dominación en el que participan viejas  y nuevas oligarquías. El Estado emerge como palanca de esta lógica de acumulación extractivista.

Este esfuerzo representa, en realidad, una modernización periférica del capitalismo ecuatoriano, en los términos concebidos por el gran pensador ecuatoriano Agustín Cueva. No está en marcha una transición que afecte las estructuras coloniales y oligárquicas, como punto de partida para una gran transformación.

El propio presidente Correa reconoce esta realidad. Al cumplir 5 años de su gestión, en entrevista al diario gobiernista El Telégrafo, el 15 de enero del 2012, Correa dijo que “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”

20 de abril del 2012

[1] Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta noviembre 2007-julio 2008.

[2] Habría que revisar el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, elaborado colectivamente en el 2006, en donde se propusieron los elementos básicos de una agenda para superar el neoliberalismo y el extractivismo, como parte de la construcción democrática de una sociedad democrática.

[3] Una lectura más completa del tema debería confrontar este proceso a la luz de las recetas del Consenso de Washington: austeridad y disciplina fiscal; reestructuración del gasto público para priorizar el servicio de la deuda; reforma tributaria sin criterios de equidad y progresivos; privatización de las empresas públicas; establecimiento de un manejo cambiario competitivo; liberalización comercial; desregulación del mercado financiero y apertura de la cuenta de capitales; apertura sin restricciones a la inversión extranjera directa; flexibilización de las relaciones económicas y laborales; garantía y cumplimiento de los derechos de propiedad privada.

[4] Hay, sin embargo, dudas sobre esta cifra que pudo haber sido maquillada, pues, en realidad, habría existido un decrecimiento

[5] Pabel L. Muñoz; ¿Cómo caminamos al Socialismo del Buen Vivir? – Cinco años de Revolución Ciudadana desde el Plan Nacional del Buen Vivir, en la revista Corriente Alterna, Quito, febrero 2012.

[6] http://www.elcomercio.com/politica/Resumen-enlace-ciudadano-Rafael-Correa_0_628137195.html

[7] http://www4.elcomercio.com/politica/Correa-logica-consumista-entraria-crisis_0_661134016.html

[8] El impuesto a la renta de los grupos económicos en el 2010 fue de 457,6 millones de dólares, si se considera que el impuesto a la renta es la cuarta parte de las utilidades, entonces las utilidades obtenidas en dicho años serían de por lo menos 1830,4 millones de dólares.

[9] También habría que considerar significativas compras en armamentos.

[10] Ante la reiteradas ineficiencias de la empresa Triple Oro en Machala, a inicio del 2012 se resolvió dar por concluida la concesión.

[11] Entre los puntos críticos que cabe anotar de la gestión del actual gobierno es la solicitud presidencial que dio paso a la amnistía a ciertos personajes encausados por la justicia, que lideraron procesos económicos nocivos para el país, como fueron el ex-presidente Gustavo Noboa Bejarano y el ex-vicepresidente Alberto Dahik. Inclusive Jorge Gallardo Zavala, otro de los responsables del manejo económico neoliberal, quien recibió sentencia de 5 años en el 2008 por cargos de incremento no justificado de su patrimonio personal, durante el gobierno de Rafael Correa retornó al país. El mismo juez que anularía el juicio a Alberto Dahik, sustituyó la prisión preventiva de Gallardo y poco después le dio la libertad.

[12] Título de un libro escrito en España por varios autores, La larga noche neoliberal-Políticas económicas de los 80, Instituto Sindical de estudios e Icaria, Barcelona, 1993.

[13]http://www.ecuadorenvivo.com/2012021786631/economia/el_endeudamiento_con_china_no_tiene_limite_y_es_necesario_para_el_pais_dice_correa.html

[14] También resulta incoherente es afirmar, como lo hace el presidente Correa, que el socialismo del siglo XXI ya no tiene nada que ver con la lucha de clases…Ver en http://www.youtube.com/watch?v=7LlY1tyqY3E

[15] http://www.accionecologica.org/criminalizados/informes/1536-informe-de-criminalizacion-a-defensores-de-derechos-humanos-y-de-la-naturaleza

*    Nota: Una versión anterior de este artículo fue publicada en la revista La Tendencia Nº 13, Quito, abril-mayo, 2012.