Por Gabriela Molina*
“Trébol” era su nombre artístico como cantante de hip hop, tenía 31 años y esperaba recuperar la libertad. Él desde adentro de la Penitenciaría del Litoral y su familia desde afuera exigían al juez que emita la boleta de excarcelación. Su libertad no era una dádiva del sistema, había pagado una pena de ocho meses de prisión por portar cocaina y marihuana en “tres porros”, con los que una noche de octubre de 2020 fue capturado en la vereda de su casa, en Bastión Popular.
“Trébol” no contó con la suerte que representa su nombre artístico. Debió salir de la cárcel en junio de 2021, pero un sistema burocrático, corrupto e inepto, lo dejó detenido arbitrariamente por cuatro meses más, en el pabellón 5 de la Penitencíaría del Litoral. El 27 de septiembre, su esposa presentó el último de al menos diez pedidos de emisión de boleta de libertad, pero Trébol fue asesinado en la brutal masacre del 28 de septiembre, junto a otros 118 internos.
Aunque era su derecho, Leonardo González (nombre real) no salió a tiempo para reecontrarse con su esposa, sus hijos y su abuela, pero en una muestra de lo ineficiente que puede resultar el sistema judicial ecuatoriano, el juez convocó el 25 de octubre a una audiencia virtual para definir su situación jurídica.
May Benalcazar, compañera de Leonardo en el grupo musical Block Royal Band, lo recuerda no solo como un miembro activo del gremio de músicos urbanos de Guayaquil, sino como un activista que llevó con su música un mensaje de paz a los barrios en conflicto del Puerto Principal, y que perdió la vida injustamente por un “secuestro de Estado”, dice en alusión al tiempo que no debió permanecer en prisión.
El caso de Leonardo González, difundido por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), evidencia la deshumanización de un modelo carcelario en el que la muerte de más de 200 privados de libertad, en lo que va del año, puede quedar en la impunidad y en el anonimato, porque ni siquiera se cuenta con los registros de quienes lo habitan y porque ni al Estado ni a la sociedad les interesa saber quiénes son.
De su muerte, como la de centenares que han fallecido en el sistema carcelario de Ecuador, hay responsables. Las organizaciones y colectivos de la sociedad civil plantean que el Estado asuma su culpa como coautor de una violencia que se gesta fuera de los muros físicos de las cárceles y que se consolida con un modelo de castigo, olvido, abandono y muerte.
Génesis del abandono
Excluyente, plagado de inequidades, altamente violento, corrupto y discriminatorio, el modelo carcelario que ha dejado tres masacres en menos de un año, tiene un proceso y una génesis que exigen una mirada histórica para poder entenderse dentro de una dinámica regional.
La “contracción del Estado de protección social”, que expulsa a los sectores más empobrecidos y vulnerables, del cuidado en aspectos de salud, educación, trabajo, permitiendo, en contraparte, “el crecimiento del Estado penal”, son un primer momento, explica Andrea Aguirre, activista del colectivo feminista “Mujeres de Frente”, que integra también el colectivo “Alianza contra las prisiones”.
Elizabeth es parte del colectivo, y estuvo cuatro veces en prisión por robo. “Yo no tuve un papá, una mamá que me guíen … nunca tuve oportunidades. No terminé la escuela”, relata. Asegura que “a los 10 años, una niña no elige el camino”, se ve empujada por las circunstancias y los amigos que viven la misma o peores situaciones. Ahora es otra su realidad.
A esto se refiere Aguirre cuando señala “que las prisiones son un dispositivo de gobierno del empobrecimiento”.
Desde su análisis, la contracción del Estado se profundiza con el neoliberalismo, que impuso la denominada “guerra contra las drogas”, iniciada por Estados Unidos en la década de los 80, pero que en Ecuador se aplica desde 1990 con la vigencia de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
“El Ecuador se comprometió con el gobierno norteamericano a apresar más personas por drogas, a cambio de facilidades arancelarias para que los productos ecuatorianos lleguen a los Estados Unidos”, cuenta la activista.
Sin duda, la también conocida como Ley 108, marcaría un primer momento en la línea de tiempo del crecimiento de la población penitenciaria, al poner en la mira de la penalización y el encarcelamiento, al microtráfico y al consumo de drogas, con penas que oscilaban entre 8 y 12 años (Espinosa 2014, 129).
De acuerdo con el “Diagnóstico del sistema penitenciario de Ecuador”, difundido por el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, en una investigación conjunta con la Universidad de las Américas, entre 1980 y 1995, la población carcelaria pasó de 6.709 internos a 9.646. “Creció la población penitenciaria y creció la población penitenciaria femenina”, comenta Aguirre, pues hasta ahora la mayor cantidad de mujeres presas están por narcotráfico y robo, detalla.
Al abandono total en el que el Estado había sumido al sistema penitenciario de Ecuador, le siguió un segundo momento que, en esta ocasión, la activista, con un discurso interpelante, le adjudica al progresismo.
“Entre el año 2003 y 2014, es el progresismo, no el neoliberalismo abandonador, sino el progresismo constructor de Estado, el que invierte de una manera inédita en la erección -término metafórico y patriarcal, aclara- del Estado Penal”.
El Secretario Ejecutivo del CDH, Billy Navarrete, ha liderado el seguimiento sostenido a la situación en las cárceles ecuatorianas. En una retrospectiva, coincide con Aguirre en que la inversión de 200 millones de dólares para la construcción de tres grandes cárceles, constituye el quiebre del modelo anterior hacia uno en el que el crecimiento exponencial de la población y el hacinamiento carcelario, lo convirtieron en una bomba de tiempo.
Desde la otra orilla, la construcción de infraestructura, pero además la aprobación de una normativa constituyeron una “evidente transformación” del sistema, incluso con “componentes estructurales”, necesarios ante un modelo penitenciario desbordado cuyos niveles de hacinamiento conmueven, rememora la ex asambleísta y ex ministra de Justicia, Rosana Alvarado.
Megacárceles, la portada de un modelo carcelario “moderno”
Restrospectiva
Hasta la construcción de las tres megacarceles de Latacunga, Cuenca y Guayaquil, que se erigían como la “portada del modelo carcelario moderno”, los íconos de la infraestructura penal en Ecuador fueron el penal García Moreno y la Penitenciaría del Litoral.
El primero, construido en Quito en 1875 con un modelo panóptico, mientras la segunda se construyó en Guayaquil en 1958, con un diseño de peine doble, (Pontón et al 2007). Este hace referencia a un corredor central, con pabellones desplegados en ambo lados (Altmant 1970, 63).
Ninguno de los dos estuvo lejos de ser una bodega humana o patio trasero de la sociedad, en ambos, el hacinamiento y la precariedad de las condiciones de vida de los internos eran extremas, pero había algo que hacía la diferencia. Existía “una gestión del propio interno” que, según Navarrete, les permitía una “apropiación del hábitat”.
Se trataba de una economía autogenerada por los privados de libertad, que se movía “con gente que entraba a hacer negocio con frutas, manufacturas, etc.”, dice Aguirre
El “pasador” era otra figura que por estar a punto de cumplir su estadía en la cárcel, debía ir al mercado de San Roque a comprar productos y abastecer internamente, recuerda el antropólogo y codirector de Kaleidos, Jorge Núñez.
También existieron los comités de internos, que les permitía conservar algo muy valioso para la condición humana: tener voz. Núñez relata que los comités gestionaban la conservación de la paz dentro de las cárceles, a través de dos herramientas: “los traslados, que se negociaban entre los directores y los internos, y la ayuda con procesos penales”, por ejemplo, para acceder a la prelibertad.
La organización de internos entonces gestionaba un emprendimiento prisionero que dinamizaba la economía en los centros penitenciarios y, por tanto, representaba una razón más para resguardar la paz, o al menos aparentarlo.
Hasta aquí, no parecería la historia de un sistema en agonía, pero lo era. El ex penal García Moreno llegó a albergar más de 3.000 internos. En las memorias editadas por el extinto Ministerio de Justicia, se da cuenta que en este icónico centro carcelario, llegaron a alojarse en una sola celda hasta 15 privados de la libertad, cuando su diseño original era para una o máximo dos. En la celda 34, un solo interno vivía administrando el supermercado, porque la negociación de las celdas era otro de los modos de vida, con costos que variaban de 300 hasta 2.500 dólares.
Las muertes violentas y el narcotráfico no estaban ausentes, había pedidos de ajusticiamiento y sus precios variaban dependiendo de si los lugares de acceso era más o menos custodiados. Los “suicidios” con corbata era uno de los mecanismos para cumplir con los encargos. Los cuerpos se los adjudicaban a los “come muertos”, presos que estaban por salir por delitos de homicidio y que no corrían riesgo por no existir la acumulación de penas, también podía ser un reo que no quería salir porque no tenía a donde ir ni otra forma de vida que lo esperara afuera (Espinosa 2014, 144).
Los enfrentamientos, fugas y motines también forman parte del bagaje histórico. En 1914, un amotinamiento dejó un saldo de 10 muertos y varios reos y policías heridos, en 1987 se dio una fuga de nivel cinematográfico de integrantes del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo y unas 35 muertes ocurrieron en episodios violentos entre 2002 y 2004. La última fuga masiva se registró en 2013.
Ciudades carcelarias
Bajo el concepto norteamericano de un modelo carcelario rígido, de aislamiento y control, se construyeron entre 2012 y 2013, las ciudades carcelarias de la Sierra Centro Norte, (Latacunga), Sierra Centro Sur (Turi) y Masculino Guayas Regional (La Roca).
Con poco más de 70.000 m2 de extensión, estas megacárceles debían albergar a una población penitenciaria de 15.000 presos entre los tres complejos. Con su edificación el sistema de cárceles sumó 55 centros a nivel nacional, que acogían en 2012 a 20.826 detenidos, según el estudio de Kaleidos, y que para el 2014, cuando se inauguraron, alcanzaban los 25.902 internos.
El país se estaba enfrentando a un hacinamiento que “llegaba a ser del 117% en un promedio nacional”, comenta Alvarado, por lo que era indispensable edificar nueva infraestructura en “condiciones que permitan “seguridad, rehabilitación y enfoque de derechos”.
A diferencia de los centros de detención pequeños que tenían condiciones de inseguridad, insalubridad, privación de servicios básicos; las instalaciones grandes permitirían tener espacios suficientes para aplicar los ejes de rehabilitación con la implementación talleres, escuelas, canchas deportivas y un centro de salud, explica Alvarado.
Bajo esa perspectiva, el traslado a estos complejos penitenciarios prometía un giro radical en la vida de los detenidos, poner fin a ese hacinamiento y a las condiciones indignas de supervivencia, así como a la aplicación de una estrategia de rehabilitación social que implicaba, por primera vez, poder reubicarlos de acuerdo con sus niveles de peligrosidad. Pero aquello no sucedió. Los “desaciertos” de las autoridades, la falta de presupuesto y “un sistema corruptor” lo impidieron, explica la ex funcionaria.
Los investigadores sociales y activistas apuntan, en cambio, a que el desmoronamiento de las lógicas de supervivencia y autogestión de la vida que habían construido los internos, aspectos fundamentales en una situación de confinamiento, fue una estocada a la dinámica que, bien o mal, había permitido, la contención de la violencia en las cárceles del país.
Muros infranqueables
Las megacárceles construidas fuera de las ciudades consolidan el aislamiento como un mecanismo de control, un castigo propio del sistema judicial y carcelario punitivo: la expulsión del espacio social. Esta extracción, separa y confina con muros extraterritoriales infranqueables.
“Al sacar la cárcel de la ciudad, encarecieron el costo para las familias”, analiza Núñez. Confirma que en Ecuador y Latinoamérica, el precio del encarcelamiento reacae sobre los allegados y no sobre el Estado, porque “hay que comprar celdas, comida y seguridad”. Los costos varían entre 124 y 251 dólares mensuales, establece el estudio del centro, y añade que las personas que los mantienen son mujeres dedicadas al mercado informal, trabajo doméstico, también madres o padres. Otros no tienen apoyo externo.
“Estas nuevas cárceles destruyen la economía autogenerada, establece un sistema de visitas altamente restrictivo y violento y encierran a miles de hombres solos, entre ellos, en la situación más precaria”, condena Aguirre.
Pero los muros se expanden también para la sociedad. Organismos de derechos humanos “fuimos impedidos de ingresar, aportar, capacitar y monitorear situaciones violatorias de derechos”, comenta Navarrete.
Así fue como el aislamiento de los complejos de privación de libertad incidieron en mayores niveles de corrupción, que históricamente han existido en el sistema ecuatoriano y de la región. Al impedir una mirada hacia adentro de la vida carcelaria, esta empezó a ser lucrativa y convirtió a las megacárceles en un meganegocio de “extorsión”, coinciden los cientistas sociales y activistas.
Pero en contraparte a ese análisis, Alvarado enfatiza que hubo mecanismos de corrupción en el sistema de autogestión. Recuerda, por ejemplo, que “existían mafias” en el manejo de la alimentación que determinaban quien come o no, generando “índices de violencia” , dice al tiempo que recuerda episodios en que se colocaba en la comida de algunos internos cosas inenarrables. En torno a la ubicación de las megacárceles en lugares apartados, asegura que “tampoco el lugar más adecuado para un centro de rehabilitación es dentro de la ciudad”.
Son varios los factores a los que, desde distintas perspectivas, se les atribuye parte del fracaso en el intento modernizador del sistema penitenciario, y a estos, los grupos de defensa de los derechos humanos le suman la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, en 2014.
COIP: “La cárcel como solución”
Contrariamente a lo que ocurre en Ecuador y Latinoamérica, en el mundo existen pocos ejemplos exitosos sobre rehabilitación social. Holanda y Noruega han logrado el descenso de su población carcelaria, al punto que los centros se cierran, se alquilan o se destinan para hoteles y vivienda. En esos casos, la infraestructura carcelaria es lo menos parecida a una prisión.
En contraste, en nuestro país convertimos a la cárcel en “una solución a los problemas sociales”, o al menos ese fue el reflejo, comenta Billy Navarrete, que dejó la aprobación del Código Integral Penal, que incorporó 77 nuevos delitos como el femicidio, el sicariato, la no afiliación al seguro social, entre otros.
Con la posibilidad de acumulaciones de penas de hasta 45 años, la multiplicación de actividades ilícitas “que antes eran objeto de multa”, así como la creación de unidades de delito flagrante, donde en menos de 24 horas podía determinarse una condena, se aprobó “una máquina de encarcelamiento”, asegura Aguirre.
El penalista y ex asambleísta Ramiro Aguilar participó en el debate del COIP y cree que las penas por delitos sexuales y delitos contra la vida se incrementaron porque “la sociedad se transformó en más violenta”, por lo que la discusión no pasa por “el rigor de la ley”, sino por las causas estructurales.
Alvarado también defiende la aprobación del nuevo marco legal, ante la necesidad que existía en la época de “modernizar” una normativa penal que venía de 80 años atrás.
Al contexto, añade la consulta popular de 2011, cuando la población aprobó con el 54,48% el impedimento para que caduque la prisión preventiva, a través de acciones intencionales, y sanciones a los jueces que dilaten las sentencias, recuerda. A manera de autocrítica, admite que esto pudo aumentar “la presión en jueces y fiscales” para favorecer estas medidas versus las alternativas.
Mas allá de ello, asegura que el COIP establece un sistema penitenciario en el que el proceso de rehabilitación atiende, con varios enfoques, un proyecto de vida para los privados de libertad. No descarta que ante el crecimiento de la población penitenciaria desde ese hito, requiera someter a evaluación algunos aspectos del código.
Las cifras
En el diagnóstico del sistema penitenciario presentado por Kaleidos, en el período de aprobación del COIP, la población carcelaria era de 29.902 privados de la libertad, desde entonces se evidencia una elevación sostenida que a julio de 2021 llega a los 38.791 internos a escala nacional. Es decir que el crecimiento a partir de la vigencia de la normativa fue de 8.889 detenidos, en los últimos siete años.
El Sistema de atención a personas privadas de la libertad señala que existe una capacidad instalada de 30196 plazas en los 36 centros de privación de libertad, con lo que la sobrepoblación sería de cerca de 8000 internos. Kaleidos ubica un 29.29% de hacinamiento en la actualidad.
El trabajo de consolidación de cifras del centro etnográfico reveló que otro problema del sistema es la gestión de data, por una serie de errores que impiden garantizar su precisión. Estos vacíos también contribuyen a invisibilizar la situación de confinamiento al interior de cárceles, vulnerando los derechos de los internos.
Esto explica por qué tuvo que ocurrir una tercercera masacre, para que el Estado haga públicas algunas cifras que son casi imposibles de conseguir por más básicas que parezcan. El director del Sistema de Nacional de Atención a Adultos Privados de la Libertad (SNAI), Bolívar González, reconoció ante la Asamblea Nacional, que apenas el 60% de un total de 38.186 privados de libertad, a septiembre de 2021, cuenta con una sentencia. El 40% restantes, más de 14000 presos, no han sido declarados culpables pero ya pagan una condena, dice.
Otros “500 ppl con apremio, son infractores que no han cometido delitos, pero están en nuestras cárceles”, y para resolver los pedidos de acceso a beneficios penitenciarios, hay apenas 14 jueces y 5000 expedientes represados, admite.
¿Quiénes son los presos ecuatorianos?
Más allá de las estadísticas, la diferencia fundamental entre las cifras presentadas por el estudio etnográfico de Kaleidos y las que escuetamente repite el discurso oficial, está en la pregunta que se plantea el primero: ¿Quiénes están en prisión en Ecuador?
Un 39.3% de la población penitenciaria tiene entre 18 y 29 años, seguida de un 31.18% entre 30 y 39 años. En cuanto a niveles de educación, el 4,8% de los privados de libertad no ha ido a la escuela, el 45,1% ha terminado la Educación Básica General, mientras un 43,25% ha culminado el bachillerato, pero solo el 2,67% cuenta con educación de tercer nivel, señala el informe.
La respuesta es contundente. Los privados de libertad son mayoritariamente jóvenes, aunque no los únicos, con precarios niveles de escolarización, pertenecientes a sectores empobrecidos de la sociedad, con hogares disfuncionales, y que, además, en busca de alguna forma de sobrevivir en un mundo de absoluto abandono, son cooptados por grupos delincuenciales que operativizan el negocio de las drogas.
Las cifras son develadoras para una corriente que plantea la humanización del sistema penitenciario y un replanteamiento del paradigma de la prisión como solución a una problemática social estructural.
“Cómo rehabilitar gente joven y pobre, si antes de que entrara a la cárcel ya no tenían oportunidaes de acceso a la educación, de acceso al trabajo”, cuestiona Núñez.
Elizabeth, por ejemplo, vivió la violencia de las cárceles, pero también la ineficacia de un sistema de rehabilitación que la abandonó. “Le escucho hablar al presidente (Guillermo Lasso) diciendo combatimos la delincuencia y yo digo ¿por qué no combate también el desempleo? Habla de las mafias, pero ahí están las personas que no encuentran trabajo, que no han estudiado, que han crecido en la calle”, enfatiza la activista para quien “el sistema de rehabilitación funcionaría si nos dieran un trabajo”.
“Yo siempre decía que cuando salga voy estudiar, voy a ser diferente, pero cuando sales te enfrentas a otra realidad”,
–ELIZABETH
El Estado: gestor de violencia
El modelo carcelario en Ecuador es punitivo, se ha ido consolidando gobierno tras gobierno, error tras error, se ha ido deshumanizando al punto de olvidar que los privados de libertad tienen como sanción social y legal la prohibición de una libre movilidad y no la pérdida de su dignidad y derechos. Lo dicen los organismos y convenios internacionales, lo ha reiterado la Corte Constitucional en el último llamado de atención al Estado ecuatoriano, por no aplicar las medidas para evitar una nueva masacre que fue previsible.
“El Estado está produciendo violencia”, lo hizo con ciudades peniteniciarias “hipercerradas”, “hipermachas”, hiperprecarizadas”, sentencia la activista Andrea Aguirre, porque las masacres a su criterio fueron creadas desde “el Estado gestor de violencia”.
En el sistema carcelario ecuatoriano “la primera opción para alguien que ha cometido un delito es que entre para olvidarlo no para rehabilitarlo. El Estado no lo acompaña, no lo reconoce, lo olvida de forma literal”, llama la atención Billy Navarrete, quien no cree en el discurso del narcotráfico como único responsable porque “hay una negligencia premeditada del Estado”.
A sus voces se suma Núñez, el primer paso para ir hacia otro modelo “es asumir las responsabilidades del propio Estado en la producción de esa extrema violencia”.
Las reiteradas declaraciones de estados de excepción y el reforzamiento de la seguridad con la Fuerza Pública han sido evidentemente insuficientes, mientras no se elaboren y apliquen políticas públicas estructurales para solucionar las causas sociales detrás de la violencia y se deje de lado la “criminalización de la pobreza”.
Hacia dónde mirar
“Desprisionizar la pobreza y la exclusión” es el planteamiento para ir hacia un modelo distinto, que desde el colectivo “Alianza contra las prisiones”, concibe el abolicionismo de la cárcel como forma de castigo frente al delito. Sin embargo, sus representantes admiten que el debate sobre este sistema parece lejano, mientras aún se sigan discutiendo en la sociedades los mínimos vitales como provisión de agua, alimentos, salud, y otros derechos fundamentales de los prisioneros.
Mientras tanto, quienes se pronuncian por un giro de modelo con enfoque de seguridad, pero tambien de derechos humanos, plantean la repotenciación de la infraestructura existente y la creación de nuevos complejos, como medida necesaria para enfrentar el “brutal” hacinamiento que hoy por hoy convierte a las cárceles en bodegas humanas.
La reinstitucionalización, a través de entidades estatales para el diseño y aplicación de políticas públicas integrales, las reformas legales necesarias para corregir vicios en figuras como una abusada prisión preventiva y la asignación de presupuesto suficiente para abastecer a un verdadero sistema de rehabilitación, son caminos hacia donde mirar, sin olvidar lo fundamental: atacar la inequidad social.
El modelo carcelario en Ecuador es punitivo, se ha ido consolidando gobierno tras gobierno, error tras error, se ha ido deshumanizando al punto de olvidar que los privados de libertad tienen como sanción social y legal la prohibición de una libre movilidad y no la pérdida de su dignidad y derechos.
*Gabriela Molina, comunicadora-periodista. Licenciada en Comunicación por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha laborado en medios nacionales e internacionales.
ILUSTRACIÓN: Chucuri
Bibliografía
Altmant, Julio. 1970. Arquitectura penitenciaria. Dialnet Revista Facultad de Derecho Nº 28 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5144041 (Consultado el 26 de octubre de 2021).
Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador. 2021. Ecuador. Centro de Etnografía Disciplinaria Kaleidos, Universidad de las Américas UDLA. https://www.kaleidos.ec/wp-content/uploads/2021/10/Diagnostico_Sistema_Penitenciario_Ecuador_Kaleidos_2021.pdf
Espinosa, Manuel. 2014. Espacios Vacíos. Memoria del Ex Penal García Moreno. Quito: Ministerio de Justicia.
Pontón, Jenny, Andrina, Torres. 2009. Cárceles del Ecuador: Los efectos de la criminalización por drogas. Revista Latinamericana de Seguridad Ciudadana Nº 1 https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/55-73/1626 (Consultado el 24 de octubre de 2021).
