Por Jorge Basilago*
“Las personas trans e intersex han estado autogestionando su salud por años, y esto ha llevado a que haya intervenciones de alto riesgo, sobre todo en poblaciones con las que trabajamos mucho en el Proyecto Transgénero (PT), como las trabajadoras sexuales trans en ocupación de calle, que recurren a los polímeros, a la silicona, al aceite de bebé o al aceite de cocina, todo por alcanzar la libertad estética y una nueva construcción corporal e identitaria”, detalla la antropóloga cultural María Laura Andrade, coordinadora del proyecto Salud en Cuerpos Distintos, ideado por Elizabeth Vásquez, fundadora y referente del PT.
Pero la autogestión sanitaria, en un contexto de abandono absoluto por parte del Estado –deudor eterno, hasta la fecha, en cuanto al diseño de políticas estructurales para el sector de la diversidad sexual- y marginación social/laboral, es menos un gesto voluntario que una rabiosa y desesperada reacción. Un destino y una condena al mismo tiempo. “Esas prácticas precarias son un reclamo, un grito de autonomía con el que las personas trans o intersex parecen decir: si el Estado no me garantiza el acceso a la salud, voy a gestionarla yo misma con mis compañeras”, completa Andrade.
En cada punto de ese camino, las consecuencias dramáticas conviven con los milagros; y el desinterés oficial con los parches de contención que aplican el activismo por la diversidad y aquella parte de la sociedad sensibilizada con el tema. “Si el Ministerio de Salud Pública (MSP) entrega las hormonas necesarias para el proceso de transición, está muy bien; pero tiene que haber un equipo interdisciplinario para analizar cada caso. Porque no todos los cuerpos van a reaccionar a los químicos de igual forma: mientras unos los pueden aceptar, a otros quizás les afecten el hígado, o el riñón, o la parte anímica. Pero creo que el Estado ecuatoriano no quiere ‘gastar’ con la población trans de esa manera”, cuestiona Diane Rodríguez, psicóloga transfemenina y fundadora de la Asociación Silueta X y el Centro PsicoTrans de Quito, entre otras.
De hecho, entre 2016 y 2017, el tejido de organizaciones nacionales denominado Pacto Trans logró incidir en la redacción del “Manual de atención para personas con desórdenes del desarrollo sexual”, que preparaban las autoridades del MSP en ese momento. Más allá del título patologizante –que juzga como “desorden” todo aquello que no se ajusta a la heteronormatividad-, el documento jamás llegó a aplicarse realmente en el sistema de salud. “Por eso es tan importante que los jóvenes LGBTIQ+ se formen para ser autoridades: necesitamos ganar esos espacios, aunque no nos guste el asunto de la política o de la función pública, porque solo ahí se logra hacer cambios verdaderos”, razona por su parte Giovanny Jaramillo, abogado y activista transmasculino.
Vacíos que matan
Fuera del valioso reconocimiento constitucional de la no discriminación por orientación sexual ni por identidad de género –expresado en las Cartas Magnas de 1998 y 2008, respectivamente-, en el Ecuador no existen herramientas legales específicas que garanticen el pleno acceso de las diversidades sexuales a varios de sus derechos. Este vacío normativo afecta tanto directa como indirectamente a la salud de la población LGBTIQ+, ya que quien ve entorpecido su acceso a la educación o a un trabajo digno, difícilmente contará con un plan de cobertura sanitaria pública o con los recursos necesarios para procurarse un seguro privado. De hecho, varias personas trans, precarizadas o en situación de trabajo sexual, han muerto sin atención a causa de la covid-19; y a muchas más se les anuló la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
“Cuando hablamos de salud transicional, sobre todo, se habla de grandes ausencias y omisiones que ocurren desde el Estado y se vuelven un tema de vida o muerte”, advierte Andrade. “La ausencia de tiempo libre; de seguridad alimenticia; de un servicio de salud que te trate bien cuando vas a buscar algo que por derecho está garantizado; de un sistema educativo que te contenga; de una discusión en general sobre salud mental… también el tema de la violencia policial está muy atravesado por la salud: para las personas trans que tienen intervenciones corporales, cualquier golpe o forcejeo puede significar el derrame de la silicona y graves consecuencias médicas”, completa.
Todo esto, atado al hecho de que la administración de justicia también mira de soslayo a las diversidades: “Hay muchos casos de asesinatos o de violencia que quedan en la impunidad, porque a las instituciones públicas no les suele interesar lo que suceda con la parte marginada de la sociedad”, denuncia Nico Gavilanez, psicólogo, trans no binarie y coordinadore de la Unidad de Salud Trans ‘Tayra Evelyn Ormeño’, así nombrada en conmemoración de una mujer y activista trans asesinada en el sector de “La Y”, al norte de Quito. Para Gavilanez, los hechos de transfobia no son más que una manifestación de la “limitación social de uso del espacio público” que enfrentan estas personas: “¿Cuántas veces hemos visto mujeres trans en los centros comerciales, o trabajadoras sexuales trans en las calles, fuera de su zona y horario de labor?”, se pregunta.
Desde el activismo, las propuestas para superar estos vacíos amenazantes incluyen tanto la asistencia humanitaria, como acciones de incidencia en materia legislativa y actividades de empoderamiento de las potenciales víctimas, para evitar abusos. Asimismo, diferentes organizaciones han realizado talleres de sensibilización para funcionarios de instituciones públicas, a fin de cambiar la percepción discriminatoria que tienen respecto de las personas trans. “Nosotros, en FEDAEPS (Fundación Ecuatoriana de Acción, Estudios y Participación Social), empezamos dando talleres por primera vez a la Policía Nacional, en el año 98-99, después de la Constitución de 1998. Porque la mayor fuerza represiva que enfrentamos, como diversidad sexual, fue la policial”, recuerda Jaramillo.
Presencias que angustian
Ese diálogo entre la sociedad y las instituciones políticas es igual de complejo en el ámbito de la salud. La patologización de “lo trans” genera una molesta paradoja: no solo se considera que estas personas tienen una enfermedad de la cual deberían “curarles”, sino que a la vez se reduce su posible tratamiento –quirúrgico u hormonal- al plano de lo estético, sin prestar la debida atención a otras variables más acuciantes. De tal suerte, a menudo la presencia médica angustia más de lo que contiene: “Hay muchas maneras de nombrar la diversidad, la multiplicidad de cuerpos, formas y combinaciones sexo-genéricas… Le preguntamos a la gente del MSP, ¿por qué reproducir un lenguaje patologizante y omnipotente, que habla de ‘desórdenes’ o ‘enfermedades’? Y la respuesta fue: ‘Porque esta es la autoridad, es lo que dicen los médicos’”, razona Andrade con un dejo de amargura.
Las conductas profesionales de esa índole son tristemente habituales para la población trans e intersexual. En especial en el último grupo, cuyos integrantes nacen con los atributos de ambos sexos y, en sus primeros años de vida, son los médicos –con aprobación de los padres- quienes determinan cuál es el rasgo dominante y les intervienen quirúrgicamente para definir su identidad sexual. Se trata de una práctica invasiva y por demás criticable, ya que jamás se le realizaría a una persona trans, antes de la mayoría de edad, una intervención semejante: “El cese de las actividades en que se mutila a los bebés intersex, es un tema que nos coaliciona intergeneracionalmente y también con los colectivos intersex, con quienes tenemos muchas similitudes en cuanto a las vivencias violentas”, enfatiza Fabián Tello, director del Proyecto Transgénero.
Como estrategia disuasoria –una vez más, con la supuesta intención de “curar” a quien tienen enfrente-, algunos profesionales amenazan con cirugías de reasignación sexual como única alternativa; o buscan inspirar, por distintas vías, temor o rechazo hacia el objetivo transicional deseado. “A mis 12 o 13 años, cuando estaba iniciando la exploración de mi orientación sexual, una psicóloga le dijo a mi mamá que me llevara a algún sitio como la DINAPEN, ‘para que vea cómo viven las personas que son así’”, evoca Gavilanez, con lógico desagrado. En otros casos, la reiteración inagotable de miradas y preguntas insidiosas por parte de funcionarios o trabajadores de la salud, representa un calvario de baja intensidad que debe tolerarse para acceder incluso a un análisis o revisión de rutina.
“Los sistemas de salud deben comprender que una persona tiene un aspecto biológico y también uno de género, que es una construcción cultural de identidad, y ambos tienen que ser atendidos y respetados según la pertinencia médica”, apunta Andrade. No obstante, todo ser humano –incluso los cisgénero, es decir, quienes expresan socialmente su sexo biológico- se ha sentido, alguna vez, rehén de un sistema de atención sanitaria que toma determinaciones sobre su cuerpo desde un saber monolítico, contemplando más el siguiente paso del “procedimiento” que las sensaciones o emociones del paciente.
“Hay muchas maneras de nombrar la diversidad, la multiplicidad de cuerpos, formas y combinaciones sexo-genéricas… Le preguntamos a la gente del MSP, ¿por qué reproducir un lenguaje patologizante y omnipotente, que habla de ‘desórdenes’ o ‘enfermedades’? Y la respuesta fue: ‘Porque esta es la autoridad, es lo que dicen los médicos’”
–María Laura Andrade
Brecha generacional
También subyacen enclaves de discriminación o marginación a nivel educativo, aunque su número y su radicalidad parecen hallarse en descenso. Para Christian Paula –abogado, docente universitario y activista-, esto se debe a “una brecha generacional que se nota”: “Entre los estudiantes no hay tanto problema para entender la diversidad. Donde sí existen dificultades es entre ciertos docentes. La evolución de los derechos –como el cambio de nombre y género en la cédula, el matrimonio igualitario y la filiación homoparental- ya es un tema legal y entra en el plano de la normalidad, del cotidiano de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, los prejuicios y estereotipos sociales siempre generan una suerte de fricción”, analiza Paula, director del Instituto de Igualdad en Género y Derechos (INIGED), de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Según recuerda el entrevistado, una de esas situaciones de conflicto se produjo al cumplirse 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. A modo de homenaje, se colocó una gran bandera de las diversidades en una de las principales calles internas del campus de la UCE. En apariencia nadie puso objeciones, hasta que comenzaron a aparecer mensajes de odio en las redes sociales de la universidad: “Por eso estamos trabajando en crear un curso online, que pondremos a disposición de la comunidad universitaria para la sensibilización acerca de conceptos, dinámicas, derechos de la población LGBTIQ+ en el Ecuador, y específicamente dentro del espacio universitario”, anuncia Paula, quien además preside la Fundación Pakta, que también trabaja por los derechos de las personas diversas.
“En la escuela y el colegio se asume que los estudiantes son cisgénero, heterosexuales y ya. Y la educación sexual es solo con esa orientación”, alerta en tanto Gavilanez, sobre el panorama en la educación básica y media. A las fricciones citadas por Christian Paula se suma la ausencia de una ley que ampare a las niñeces y adolescencias trans: de este modo, se complica no solo la posibilidad de diseñar una asignatura que brinde información oportuna y segura a los estudiantes sobre esta situación, sino que se acentúa la sensación de soledad y aislamiento que experimentan. Sin el acompañamiento adecuado, esto puede derivar en el abandono de los estudios o, en contextos de discriminación más graves, en cuadros depresivos o autoagresiones.
Pese a que la incidencia del activismo sobre el Ministerio de Educación respecto de este tema ha sido limitada, Gavilanez destaca la apertura de ciertos docentes y autoridades escolares puntuales, así como de los psicólogos de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en aquellas escuelas donde hubo casos de alumnos trans. “Se ha logrado llegar a más instituciones educativas, sensibilizar al personal, a los directores y también informar a padres y madres, para que sepan lo que está ocurriendo con sus hijes y cuáles pueden ser los pasos siguientes”, indica.
Proyectos que abrazan (I)
La comunidad diversa en general, sabe entonces que la salud –entendida como un delicado equilibrio entre todos los elementos que componen nuestras vidas, no solo como la ausencia de enfermedad-, está en sus propias manos. O en las de sus pares organizadxs, cuyas iniciativas les abrazan en lugar de expulsarles. La Unidad de Salud Trans ‘Tayra Evelyn Ormeño’-creada por los psicólogos Nico Gavilanez y Édgar Zúñiga en junio de 2020-, por ejemplo, ofrece servicios gratuitos de gestión psicosocial, atención psicológica y medicina general. A partir de sus propias experiencias negativas como usuarios, Gavilanez y Zúñiga decidieron facilitar y humanizar el acceso de este sector de la población a la atención en salud integral.
“Nosotros no patologizamos las identidades trans, ni hacemos como en otros países donde se necesitan dos años de terapia psicológica para acceder al tratamiento hormonal o quirúrgico; lo que creemos indispensable es que la persona tenga un plan de vida y de transición, y eso se elabora en las sesiones de psicología”, explica Gavilanez. Y si bien admite que mucha gente estigmatiza y percibe con desconfianza las consultas psicológicas, señala que en general bastan ocho encuentros para cambiar esa idea, lograr una apertura y dar inicio formal a la transición. “En dos meses se puede hacer un gran trabajo; incluso en un mes la persona va viendo que tiene más herramientas de las que creía para salir de donde estaba y ver más claras las cosas”, añade.
Un detalle que es preciso ver con claridad es el hecho de que ninguna de las organizaciones consultadas, como tampoco el sistema público de salud, facilitan la terapia hormonal: son lxs usuarixs quienes deben procurársela, luego de que la consulta endocrinológica y los exámenes de laboratorio correspondientes lo autoricen. “La mayoría de las personas llega con mucha ansiedad y su demanda es ‘quiero hormonas ya’, pero nosotros tratamos de comentarles que todo forma parte de un proceso de varias esferas, donde lo hormonal va ligado a lo social y a lo legal, por eso es tan importante tener un plan de vida”, observa Gavilanez.
“Hemos creado Grupos de Pares, para que quienes vienen a consulta puedan intercambiar experiencias e información que facilite su transición. Tenemos por separado grupos de adolescentes, de mujeres trans, de hombres trans y de personas no binarias”, especifica le entrevistade. Muchos de estos pacientes no solo atraviesan situaciones socioeconómicas complejas, sino que además carecen de contención familiar, por lo que reunirse con quienes se hallan en circunstancias similares les proporciona una cuota de afecto imprescindible: “Somos seres netamente sociales y tener redes de apoyo es nuestro principal sustento, porque cuando alguien inicia su transición, todo el contexto con el que se relaciona atraviesa dificultades”, subraya Gavilanez.
Justamente, al interior de la UCE, el INIGED busca construir un entorno universitario más amigable para lxs estudiantes LGBTIQ+. “Comenzamos en 2017 a trabajar en temas de prevención de violencia sexual en espacios educativos a través de investigaciones, procesos de capacitación y de sensibilización”, puntualiza Christian Paula. El punto de partida fue la aprobación del Protocolo de Prevención del Acoso y la Violencia Sexual de la UCE, en diciembre de 2017, a la que siguieron otras conquistas como la posibilidad –incluida en la reforma de la LOES de 2018– de cambiar la información personal en los registros internos de la universidad, y también la inclusión de temas relacionados con la identidad de género y la orientación sexual en la última encuesta socioeconómica, de la que aún no se conocen los resultados.
“Ahora se ha ampliado un poco el espectro para generar mecanismos de investigación y sensibilización en temas de identidades LGBTIQ+, derechos humanos en general y también hacer incidencia jurídica en cortes a través de amicus curiae y en la capacitación de estudiantes en temas de derechos humanos”, celebra Paula. En los últimos meses, el INIGED desarrolló seminarios y foros virtuales sobre justicia transicional, derechos de las diversidades sexo-genéricas, derechos de la niñez y adolescencia y equidad de género, entre muchos otros.
Cambios que inquietan
Todo nuevo período presidencial busca modelar el contexto general del país. Y puede significar, para sus habitantes, una amenaza o una esperanza. Guillermo Lasso anunció en junio pasado la creación de la Subsecretaría de Diversidades, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y a cargo de Felipe Ochoa. Pero dado el sesgo político de su gobierno, y su propia filiación religiosa como miembro del Opus Dei, la determinación de Lasso ha despertado más inquietudes que optimismo. “El presidente actual, y el partido político que lo patrocina, no han sido muy condescendientes con los derechos de la población LGBTIQ+ y de las mujeres; mientras estuvieron en la Asamblea, de hecho, fueron los que más obstáculos colocaron en el desarrollo de derechos”, avisa Christian Paula.
Diane Rodríguez tampoco es demasiado optimista, pese a que mantuvo una reunión con el nuevo subsecretario y le pareció “una buena persona”. La activista duda en cuanto al tiempo “real” y la capacidad de gestión de los que dispondrá Ochoa, para cumplir con todos los asuntos urgentes del sector: “Si hablo como defensora de los derechos humanos, quiero que le vaya bien; pero los bombos y platillos de inicio de gobierno siempre se apagan pronto”, intuye. Aunque eso no le impide ilusionarse con presentar a la nueva Asamblea tres borradores de proyectos de ley, en los que aborda las problemáticas que juzga de atención prioritaria para el sector: violencia contra la población LGBTIQ+; acceso laboral; y cambio de datos registrales (sexo-género) en el documento de identidad.
“El tema de la subsecretaría lo considero ambiguo”, coincide a su turno Fabián Tello. El director del PT tiene claro que “las instituciones no regalan nada”, pero sostiene que es importante dialogar con ellas para mantener abiertas las puertas. Y en este sentido, arriesga que el área encomendada a Felipe Ochoa “es un avance para tocar ciertos temas en materia de diversidad, pero también es cuestionable porque sabemos qué clase de diversidades entran en las políticas públicas más amplias: quizás se abran espacios para la homosexualidad más hegemónica –que ya ocupa lugares de poder tanto económicos como raciales-, pero no para quienes están en la parte más baja del privilegio social. Espero equivocarme”.
Más allá de los análisis escépticos, desde el activismo resulta evidente que la posibilidad de agilizar cambios que ya están en marcha, corregir errores o impulsar nuevas medidas exige fluidez en la relación con la institucionalidad establecida. En especial si la idea es avanzar, como reclaman las organizaciones del sector, hacia un sistema de salud pública incluyente, cuya construcción necesita de la perspectiva de las diversidades. “En lugar de estigmatizar los procesos de autogestión o autonomía que existieron y existen, tenemos que ver cómo se los puede traducir a una salud transicional con servicios sexo-género específicos y sexo-género sensibles”, propone María Laura Andrade.
Proyectos que abrazan (II)
“Desde que empezó la pandemia, el PT se ha volcado al proyecto comunitario Puente Solidario, coordinado por Ana Almeida, que da asistencia humanitaria directa a personas de la diversidad sexo-genérica que se han visto desproporcionadamente afectadas. Eso ha incluido temas de salud como acceso a la vacunación, mascarillas, preservativos, pruebas de VIH y acompañamiento psicológico… Pero también alimentos o kits de maquillaje”, enumera Andrade, para explicar que la emergencia sanitaria detuvo en parte el desarrollo de otros programas del PT como el ya mencionado “Salud en Cuerpos Distintos”.
Creado originalmente para “generar un protocolo de atención en salud ‘desde’ y ‘para’ las personas trans e intersex”, una de las primeras actividades del proyecto fue la realización de una consulta participativa: “La idea era pensar la propuesta como un tejido de voces trans, intersex, no binarias, de activistas y colectivos que han sido parte del Pacto Trans”, afirma Andrade. “Uno de los hallazgos más interesantes de la consulta fue la reafirmación de un concepto que acuñó Elizabeth Vásquez: el acompañamiento autogestionado en salud transicional. Tener la posibilidad de informarme, comprender y decidir desde mi autonomía, porque no es que yo habito en un cuerpo equivocado y tienen que venir a corregirme”, enfatiza.
Si se considera que cada transición es única –los tiempos, métodos, circunstancias sociales, culturales, geográficas y humanas nunca se combinan de la misma manera-, es obvio que la guía y el impulso necesarios para atravesarla serán también muy personales. “La salud transicional no es solamente un camino binario de hormonas y cirugías, también es nutrición. O sea, cómo la gente construye su cuerpo a través del engordar o del perder peso, cómo eso se vuelve un constructo de género y cómo, por lo tanto, si una persona lo desea, debe estar acompañada por el tema psicológico, el endocrinológico y el estético (pelo, barba)…”, ejemplifica Andrade.
“Las “enchaquiradas” y “enchaquirados” de Engabao, son el mejor ejemplo de la diferencia entre las transiciones de la periferia y de las grandes ciudades. No podemos ir a imponerles ninguna conceptualización sobre el tema, porque a elles les basta con unas chaquiras y su propia construcción personológica”, acota Rodríguez, quien desde el Centro PsicoTrans de Quito también brinda acompañamiento psicológico y grupos de apoyo para personas trans a pesar de los prejuicios. “En el listado de profesionales de la organización yo siempre me pongo en último lugar, porque la gente al verme cree que voy a tratar de inducirles el cambio de sexo a sus hijes, con mi ‘mirada transexualizadora’”, completa irónicamente.
Acerca del funcionamiento del centro, su director adjunto Zack Elías señala que, como medida preventiva contra la covid-19, en la actualidad están trabajando vía online, con psicólogos voluntarios del Ecuador y de otros países. “Pero no solo nos ocupamos de las terapias para las personas que quieren iniciar su transición: también separamos citas para hablar con sus familias, que a veces no las aceptan solo por su identidad de género”, revela. Enfermero de profesión, Elías recalca la importancia de entender que las intervenciones quirúrgicas que afrontan las personas trans no solo son “estéticas”: “En muchos casos de hombres trans se requiere de una histerectomía, porque el proceso hormonal afecta el útero y es necesario quitarlo”.
“¿Cómo hacemos una política pública que responda a las necesidades de todas las personas trans?”, se pregunta por último María Laura Andrade, en un ejercicio que lxs integrantes del PT reiteran a menudo. “Lo que pensamos y planteamos es que el proceso de transición corporal sea autónomo y decidido por uno mismo. Entender que aunque haya una norma estandarizada, para reconocer la identidad de las personas no tendríamos porqué condicionarlas a que ocupen cierto canon, según lo que se espera de un cuerpo masculino o femenino”, opina. La respuesta definitiva, en todo caso, dependerá de una mayor articulación y debate entre los activismos y el Estado; sin apuro, pero sin perder tiempo. Como para que las urgencias y la autogestión dejen de ser el destino y la condena de todo el sistema.
“El presidente actual, y el partido político que lo patrocina, no han sido muy condescendientes con los derechos de la población LGBTIQ+ y de las mujeres; mientras estuvieron en la Asamblea, de hecho, fueron los que más obstáculos colocaron en el desarrollo de derechos”.
–Christian Paula
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
ILUSTRACIÓN: Chucuri
