12 de Abril 2016
A propósito de la propuesta de nueva política de asignación de recursos para postgrados… Así de eficiente y equitativa es la distribución en el Olimpo!
De los créditos educativos colocados por el Banco del Pacífico durante el 2014, para los destinatarios procedentes de Pichincha el monto total ascendió a 44,5 millones de dólares, tres veces más que para los originarios de Guayas cuyo monto total alcanza los $15,3 millones, y 14 veces mayor que el monto total ($3,2 millones) distribuido entre los azuayos.
Si comparamos el monto total entregado a los solicitantes de Pichincha frente al monto de los créditos otorgados a solicitantes del Carchi, por ejemplo, la relación es “apenas” de 208 a 1; con Morona Santiago es de 777 a 1, y con Orellana es de 1952 a 1. Para no hacer más larga la historia, el monto de crédito educativo al que accedieron los pichinchanos es tres veces mayor que el monto otorgado a los solicitantes del resto de provincias del país (excepto Guayas y Azuay). Por suerte, ¡La Patria ya es de todos!
Considerando lo reportado en el Informe Preliminar de rendición de cuentas del IECE del año 2013, el crédito educativo colocado en el año 2014 habría decrecido en un 59%. Los créditos otorgados para educación de tercer nivel en el país es el ámbito en el que este descenso es más categórico, pasando de 102 a 35 millones de dólares; mientras que los créditos educativos para estudios de cuarto nivel en el exterior, es el ámbito que menos decrece, pasando de 23 a 18 millones de dólares.
Fuente: IECE, Informes de rendición de cuentas, años: 2013 y 2014. Categorías: 01 Educación Continua Exterior; 02 Educación Continua País; 03 Tercer Nivel Exterior; 04 Tercer Nivel País (Para el año 2013 se sumó la Categoría “Superior” a “Tercer nivel”, para hacer posible la comparación con el año 2014); 05 Cuarto Nivel Exterior; 06 Cuarto Nivel País.
Finalmente, en lo que se refiere a la distribución de créditos educativos en función de los quintiles económicos de la población, el quintil más pobre no presenta registros para el año 2014, mientras al quintil más rico se le adjudicó el 76% del monto total de estos créditos.
En el informe de gestión del IECE en dicho año, en la parte relativa a los créditos educativos otorgados por el Banco del Pacífico, la asimetría se explica así: “se considera que esta estadística está dada por la capacidad de pago que tienen las personas de mayores ingresos (Q5), por tanto la mayor parte de los créditos solicitados por este grupo de personas son aprobados”.
Si bien lo deseable es que el Estado garantice la gratuidad de educación hasta el tercer nivel, no únicamente vinculada a la responsabilidad académica de las y los estudiantes como lo establece el Art. 356 de la Constitución, sino bajo el principio de corresponsabilidad entre Estado, universidad y estudiantes; priorizando también el acceso de los sectores pobres para que estos no tengan que endeudarse con créditos. En ese escenario el dato del Quintil 1 tendría sentido.
Sin embargo, en la realidad concreta que es en donde habría que situarnos, el actual sistema de acceso a la universidad pública basado en el ENES, no sólo no garantiza el acceso gratuito a la educación superior, sino que legitima la exclusión de los más pobres (como “no aptos”), como ya lo hemos demostrado en oportunidades anteriores. Pero ahora, además, se les priva de la posibilidad de acceder a créditos educativos, es decir, se les deja sin pan ni pedazo.
Por otra parte, la enunciación de acceso “gratuito” a la educación por sí sola, no garantiza ni el acceso como tal (como ya se dijo) ni la permanencia; a pretexto de la “gratuidad”, hace rato se dejó de hablar de bienestar universitario ¿qué hay de los libros y materiales, transporte, alimentación, residencia (especialmente estudiantes de provincia), entre otros? Las condiciones materiales son un factor determinante en la deserción estudiantil, aspecto que con una adecuada política de crédito educativo podría mejorar sustancialmente, porque permitiría que el estudiante cubra sin preocupación estos rubros y los cancele luego en mejores condiciones económicas, una vez alcanzada su profesión.
Ahora bien, en el óptimo escenario que el Estado garantice la gratuidad, acceso y permanencia de las y los jóvenes de los sectores empobrecidos que quieran optar por la educación universitaria (no necesariamente tiene que ser la opción de todas y todos), el siguiente sector de prioridad para el crédito educativo debería ser la clase media baja (Quintil 2), luego la clase media (Quintil 3) e ir disminuyendo paulatinamente a los quintiles superiores (económicamente hablando); pero ¿por qué tenemos que financiar todos (incluidos los pobres que están quedando fuera de la universidad) créditos subsidiados a los más ricos?
