Por Juan Carlos Coéllar y Martha Moncada*
Desde días atrás, y en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, han surgido iniciativas privadas que convocan a la población a expresar su solidaridad entregando dinero, víveres o vituallas que llegarían a familias y grupos sociales que se encuentran en grave situación de pobreza y que, debido al confinamiento obligatorio, no pueden garantizar recursos económicos mínimos para su sobrevivencia.
Otras iniciativas, como la de determinadas instituciones financieras, promocionan su imagen informando que han destinado millones de dólares para la adquisición de insumos y materiales médicos que requiere con urgencia el personal sanitario para la atención de la crisis.
Las unas y las otras enfatizan en la necesidad de despertar y movilizar sentimientos y actitudes solidarias con los que más necesitan y colaborar con el Estado en los esfuerzos para ordenar la respuesta frente a la pandemia.
¿Resulta absurdo cuestionar estas iniciativas privadas que buscan ayudar a paliar la grave situación que atraviesan cientos de miles de familias en el Ecuador y los requerimientos de equipos e insumos médicos (mascarillas, respiradores, equipamiento técnico, etc.) para enfrentar en mejores condiciones la crisis sanitaria?
La situación es grave, gravísima, no cabe duda. Pero, lo que estamos viviendo no se circunscribe a la crisis sanitaria desatada hace tres semanas. Esta, más bien, ha desnudado la precariedad en que se encuentra el sistema de salud desde mucho antes; los altos porcentajes de pobreza, desempleo y subempleo, estructural y prolongado, en los que están inmersos miles y miles de ecuatorianos y ecuatorianas, agravados por despidos masivos en los sectores público y privado, y que afectó a por lo menos 3.000 profesionales de la salud; la orientación de determinadas políticas económicas como la amnistía tributaria por cerca de 4.500 millones de dólares a un reducido grupo de deudores del Estado vinculados con sectores poderosos del país y que privilegió el pago de 324 millones de dólares a acreedores internacionales, precisamente en los momentos en que se incrementó el número de personas fallecidas y afectadas por los estragos de la pandemia.
Las iniciativas privadas y filantrópicas de las grandes empresas y bancos que llaman a movilizar la solidaridad y los buenos sentimientos de la gente frente a la crisis sanitaria, serían más creíbles si estos grupos hubieran expresado la voluntad de cumplir oportunamente sus responsabilidades, teniendo como contrapartida la firme decisión del Estado de controlar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales. La realidad evidencia que las muestras de solidaridad de estos grupos económicos que tradicionalmente, y de manera especial en los últimos 13 años, se han beneficiado y han visto crecer sus utilidades de manera significativa (se calcula que entre el 2006 y el 2015 cincuenta empresas y grupos monopolicos del Ecuador registraron ingresos cercanos a los 40.000 millones de dólares), no pasan de ser respuestas coyunturales e insuficientes, aprovechando el escenario para reproducir una imagen idealizada de responsabilidad corporativa, generosa y preocupada por el destino del país.
Si la solidaridad que hoy proclaman estos grupos económicos fuera una constante que caracteriza su accionar, entonces el Ecuador dispondría de mayores recursos para enfrentar la crisis que ahora vivimos y las invocaciones a la generosidad, solidaridad y unión nacional no darían lugar a ninguna duda. Pero esa, lamentablemente, no es la situación.
En el programa televisivo “Políticamente correcto” del 5 de abril del 2020, cuatro reconocidos políticos debatieron sobre las condiciones del Ecuador en el contexto provocado por la crisis sanitaria. A más de repetir, todos, pues no fue invitada ninguna dirigente política mujer, frases manidas de solidaridad y unidad nacional, ninguno cuestionó las responsabilidades políticas del actual gobierno frente a lo que está sucediendo. Alguien se refirió, con razón, a los problemas heredados por el anterior, pero resulta sesgado e insuficiente este análisis, si no se consideran las deficiencias y orientaciones que ha tenido el gobierno actual en términos de las graves consecuencias de sus políticas en el deterioro del sector de la salud y el debilitamiento de lo público, cumpliendo disciplinadamente las orientaciones de un programa neoliberal dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Peligrosa es la idea, que también repitieron casi todos los políticos invitados a ese programa, de que frente a graves crisis sociales, es la sociedad la que debe asumir la responsabilidad de enfrentarlas. Ninguno de los invitados respondió, por ejemplo, cuando el conductor del programa inquirió sobre las razones que justificaron que la sociedad deba aportar recursos económicos para enfrentar la crisis sanitaria en circunstancias en las que el gobierno actual ha demostrado deficiencias, incapacidad y corrupción.
La crisis sanitaria nos ha develado, como una especie de espejo cóncavo, la imagen deformada que no pudo revertir -o no le interesó revertir- el gobierno de rasgos autoritarios que dirigió el país hasta el año 2017 y que ha sido profundizada y agravada por las orientaciones neoliberales del actual gobierno.
La verdadera solidaridad siempre se da entre iguales; entre desiguales hay márgenes para pensar que existen otros intereses y motivaciones. En el mejor de los casos, lo que están realizando algunas de estas iniciativas privadas es devolviendo una parte pequeña de los recursos que el Estado les condonó y perdonó.
Una verdadera solidaridad debería expresarse, entonces, en el marco de decisiones de política fiscal y tributaria redistributivas; de una reorientación de políticas públicas para fortalecer el tejido organizativo de la sociedad; de la inversión en estrategias sanitarias que robustezcan la formación e investigación de trabajadores y profesionales de la salud y de mejoramiento de sus condiciones laborales; de la superación de la precariedad de las personas vinculadas con los cuidados de niños y ancianos; del énfasis en la inversión dirigida a la calidad de la educación; de iniciativas coordinadas entre el sector público y privado para la creación de empleo formal y con todos los beneficios y derechos derivados; del debate, amplio y creativo, sobre las posibilidades que tendríamos en el Ecuador de ejecutar iniciativas como la “renta básica” para todos los hogares[1], que superen las limitaciones de las políticas bancomundialistas de los bonos por pobreza y pobreza extrema, implementadas casi homogéneamente por todos los Estados de América Latina y el Caribe.
Una sociedad no es la suma de solidaridades individuales sino la orientación, a través de mecanismos democráticos, que tiene un Estado para cumplir y hacer cumplir las responsabilidades fiscales en clave de redistribución de la riqueza, la defensa y fortalecimiento de lo público y de lo común. El debilitamiento sistemático del Estado que ha llevado a cabo el gobierno actual ha sido palpable y sus consecuencias hoy adquieren ribetes dramáticos. El Estado no puede sustraerse de su papel de implementar respuestas necesarias y eficaces frente a la crisis sanitaria y mucho menos transferir esta responsabilidad a la sociedad.
“Las iniciativas privadas y filantrópicas de las grandes empresas y bancos que llaman a movilizar la solidaridad y los buenos sentimientos de la gente frente a la crisis sanitaria, serían más creíbles si estos grupos hubieran expresado la voluntad de cumplir oportunamente sus responsabilidades, teniendo como contrapartida la firme decisión del Estado de controlar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales”.
*Sociólogos vinculados a diferentes plataformas nacionales y regionales que promueven iniciativas poscapitalistas.
Fotografía: Mall Jardín.
Referencias:
[1] Esta iniciativa, no solo se está discutiendo en estos precisos momentos en España y se han adelantado experiencias focalizadas en otros países de Europa, sino que recientemente la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ha planteado que entregar a todos los hogares de Latinoamérica el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario de 4,7 % del PIB. Ver artículo Ignacio Fariza, La renta básica deja de ser una utopía. El País, 6 de abril 2020.
