Cuando en la década de los 90s el movimiento indígena ecuatoriano propuso a la sociedad el proyecto político de la plurinacionalidad, el Estado y los grupos de poder entendieron muy bien las posibilidades transformadoras que implicaba la autodeterminación de los pueblos indígenas y populares
Por esa razón quisieron ver en la plurinacionalidad un proyecto separatista o fraccionador del Estado y un peligro para la sociedad para lo cual invocaron uno de los mitos modernos, es decir, la nación y su unidad. En tal sentido no podía existir un Estado plurinacional porque implicaba botar al suelo toda la construcción histórica de una nación, un estado, un territorio unitario, gobernado por una élite política económica.
Con el tiempo, el Estado y los grupos de poder suavizaron su radical oposición, y prefirieron aceptar la plurinacionalidad como una mera reivindicación de diferencias culturales, es decir, como pluriculturalidad. Aceptaron así en 1998 que la nación ecuatoriana esté compuesta por diferentes culturas e incluso lenguas. Mientras no se toquen las estructuras económicas y políticas, los pueblos y nacionalidades indígenas podían ser parte del Estado-nación ecuatoriano, que en el fondo se había dado un baño de folclor y multiculturalismo, mientras avanzaba la ola neoliberal.
La plurinacionalidad tal como fue pensada y construida por el movimiento indígena más allá de ser una exigencia de reconocimiento de diferencias culturales postula la transformación profunda de las estructuras políticas y económicas del Estado-nación, en el sentido de conformar otras estructuras que se sostengan sobre el autogobierno y la autonomía territorial de los pueblos y nacionalidades lo que implica a su vez un nivel de co-gobierno y co-decisión sobre la vida social–natural que se desarrolla en los territorios.
En este sentido la plurinacionalidad significa abrir las posibilidades para que la gente organizada, los sujetos sociales puedan ejercer lo que Bolívar Echeverría llama la capacidad de forma –la potencia de auto-determinar, definir y dirigir su propia socialidad, es decir el conjunto de relaciones de convivencia entre seres humanos y no humanos. Pero no se trata de un autodeterminación excluyente sino de una que posibilita la articulación de las diferentes sujetos sociales en un proyecto de vida en común construido sobre fines definidos y construidos colectivamente y desde las bases de la sociedad en el horizonte de fracturar la inequidad política y económica reinante.
La plurinacionalidad entonces es la puesta en práctica de las capacidades de gobierno de los pueblos y nacionalidades, que a su vez se sostienen sobre lo comunitario –sea del campo como comunidades indígenas o de la ciudad como comunidades urbanas o barrios organizados–. Lo comunitario entendido como una relación social que reproduce una lógica de autogobierno de todo el tejido social-natural-espiritual (que implica las relaciones sociales entre comuneros, y de estos con la vida no humanas y las deidades), es decir, el gobierno de las relaciones sociales, de los medios de existencia como puede ser el agua y la tierra. Esto, en términos concretos y políticos, significa que para el Estado nación –en tanto monopolio de la vida política en beneficio de una élite– y del capitalismo, en su afán de infinito de recursos para la explotación y la acumulación de valor, las comunidades y su forma comunitaria de existencia social son obstáculos a destruir o funcionalizar en su beneficio.
Visto así, la plurinacionalidad es un proyecto de transformación radical de las estructuras capitalistas y coloniales e implica entonces: la reproducción y el fortalecimiento de las capacidades de autogobierno y control del tejido social-natural en beneficio de un proyecto de vida en equilibrio entre las dimensiones humanas y no humanas de la vida que se reproducen en un determinado espacio territorial. Esto es lo que ocurrió como un germen en el cantón Girón, provincia del Azuay, al sur del Ecuador.
Luego de más de diez años de luchar para que se tome en cuenta el sentir y la decisión de las comunidades directamente afectadas por un proyecto mega minero, y de varias cortapisas puestas por los gobiernos, el Estado y la misma transnacional interesada en el proyecto, las comunidades y la población aledaña han logrado realizar una consulta histórica que ha dicho un No rotundo a la megaminería transnacional en Kimsakocha en la provincia del Azuay, poniendo por encima de las ganancias del capital, la inmensa riqueza contenida en el tejido social–natural de sus territorios. No se trata solamente de defensa del agua por si misma, sino también de toda la vida que se entreteje con ese ser común natural.
En dicha consulta se puso en práctica lo escrito en la Constitución de 2008 en cuanto tiene que ver a la plurinacionalidad. Se podría decir que significa un germen inicial de una verdadera construcción de un Estado plurinacional desde las bases, desde las comunidades organizadas en tanto significa el triunfo de las capacidades de autogobierno y definición colectiva de lo que se quiere, se debe y se puede hacer sobre sus territorios. El no a la mega-minería es un sí no solamente al agua y la vida –que por si misma ya tiene un valor de uso inconmensurable– sino que es también un sí a la capacidad política, muchas veces perseguida, negada y disminuida, de las comunidades campesinas de aquel sector. Es un sí a la capacidad de veto de lo que no quieren en sus vidas, un veto a los proyectos de amenazan con destruir el tejido social-natural donde se reproducen todos los seres humanos y no humanos (las comunidades, las lagunas, el páramo, el agua, a tierra, los espíritus).
Además de esto, lo sucedido en Girón tiene la particularidad de que no se trata exactamente de comunidades indígenas ejerciendo sus derechos colectivos, forma a la que se ha pretendido reducir el alcance de la plurinacionalidad y sus lógicas legales. Recordemos que en un caso similar de amenaza minera en Molleturo, en la misma provincia del Azuay, el Estado por medio de sus funcionarios trataron de negar el cumplimiento jurídico de la consulta previa e informada aduciendo que dichas comunidades no son indígenas ni ancestrales, sino campesinos llegados de otros lados. Para el Estado, la plurinacionalidad sigue siendo cuestión de y para los pueblos y nacionalidades indígenas, es decir un problema de diferencia cultural o social, pero no un problema político.
La plurinacionalidad al sostenerse sobre la capacidad de autogobierno de la sociedad organizada –sea comunidad indígena, campesina, barrio organizado, asambleas populares– desborda los límites estrechos de la política entendida desde el Estado capitalista y colonial. Justamente la consulta de Girón, llevada a cabo por comunidades auto-identificadas como campesinas, por sistemas de agua de riego organizados y población en general nos muestra en la práctica los límites de un Estado colonial en dos sentidos. Por un lado, las comunidades y la población de Girón ha dicho no al colonialismo como proceso de apropiación privada transnacional de una trama del tejido social– natural como es el área territorial destinada a la explotación, del uso y destino del agua y también de la explotación de la fuerza de trabajo campesina del territorio para la minera.
La actividad minera es un proceso de colonización en tanto se apropia de territorios y de fuerza de trabajo barata para la acumulación de ganancias en otras latitudes del mundo. Por otro lado, Girón dijo no al colonialismo estructurado en el Estado que quiere definir quién es y quién no es indígena, campesino o mestizo. Un Estado colonial que quiere construir muros sociales entre sectores populares y pueblos y nacionalidades para desviar la atención de las desigualdades políticas y económicas de todos.
Finalmente es importante señalar que la lucha por la consulta de Girón y contra la mega minería transnacional ha mostrado la fuerza y valentía de las mujeres campesinas que han estado al frente. Han sido ellas las que se han visibilizado mayoritariamente en las marchas por el agua. Ellas saben que la destrucción de la naturaleza y la explotación de mano de obra de los varones en la mina significará el empeoramiento de sus condiciones de vida, en tanto sobre ellas recae el peso del trabajo reproductivo de sus hogares y familias. La contaminación del agua empeorará las condiciones para la agricultura y ganadería campesina sostenida mayoritariamente por las mujeres campesinas de esos territorios. Por esa razón han sido las primeras en oponerse al proyecto minero.
La consulta de Girón ha mostrado las posibilidades de la lucha por construir una verdadera plurinacionalidad como autogobierno de la sociedad, más allá de lo indígena, con y contra el estado colonial capitalista.
*Máster en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
