El proyecto de la Revolución Ciudadana no es una reforma democrática que modifique las relaciones entre las fuerzas sociales y económicas a favor de los sectores populares, y mucho menos una alternativa de transición pos capitalista. En nombre de ?eliminar los corporativismos? y la ?politiquería? se ataca a todas las expresiones de organización política y popular autónomas, mientras fomenta el clientelismo con aquellos sectores que se subordinan a la política gubernamental. El propio Rafael Correa ha definido a su gestión de gobierno como hacer lo mismo pero mejor,1 y ha señalado a la lucha contra la pobreza como el objetivo del período; para lograrlo se deben explotar los recursos naturales, especialmente mineros.
La Revolución Ciudadana es la forma que adopta en Ecuador la modernización Capitalista en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial. Todas las experiencias históricas de modernización han significado la expropiación de la propiedad pequeña y comunitaria y el atropello de los derechos de los pueblos ancestrales, y se han consumado sobre la explotación de los trabajadores y de los de los recursos naturales. En este proyecto se han asociado los capitalistas nativos con el capital extranjero, y para consolidarlo es imprescindible la derrota histórica de las clases y pueblos trabajadores. Ecocidio, etnocidio, nacionalismo, ideología del progreso (en cualquiera de sus variantes, desde el desarrollismo burgués hasta el socialismo burocrático estatista) han sido los ingredientes de todas las recetas modernizadoras.
En estas modernizaciones han jugado un papel muy importante los líderes políticos provenientes de la pequeña burguesía que se han aprovechado de las luchas populares.2 Ellas se han realizado siempre en nombre de los pobres, de la sociedad y de la nación para beneficiar la acumulación de capital de un bloque dominante, en el cual se han reciclado parte de las viejas élites burguesas y terratenientes con nuevos sectores emergentes, tradicionalmente una fracción interesada en la industrialización o un grupo económico articulado a las necesidades de acumulación del capital internacional, todos ávidos de riqueza y de poder, que han utilizado al Estado (tecnócratas y militares) como administrador de los negocios comunes, como instrumento de acumulación, y como herramienta principal para extender el consenso y controlar o reprimir a las clases subordinadas.
Cuando las fracciones de la clase dominante modernizadora han carecido de la fuerza suficiente, han sido los caudillos militares o civiles, quienes, al frente del Estado, se han desempeñado como unificadores y representantes del conjunto de la clase dominante. Los casos del Varguismo en Brasil, del Peronismo argentino, o del Nacionalismo Revolucionario de Velasco Alvarado en Perú entre 1968- 1975, y de Rodríguez Lara entre 1972-1975 en Ecuador, son extremadamente claros. La experiencia boliviana de la Revolución del 52, o la del Panamá de Torrijos en los años 70 requieren un tratamiento distinto. En el primer caso, hay una similitud con el mexicano por cuanto el nuevo régimen político fue resultado de revoluciones desde abajo, de los campesinos en México, y de los campesinos, indígenas y mineros en Bolivia; pero en México, la modernización fue más extensa y profunda y se consolidó con el PRI como un partido-Estado, profundamente corrupto y represivo, mientras el MNR boliviano derivó hacia el populismo burgués, sin alcanzar a liquidar al estado de origen colonial.
En Ecuador, los políticos y economistas neoliberales, que representaban a los viejos sectores agroexportadores aliados con los emergentes señores de la banca, fracasaron en su intento de modernización.3 La aguda confrontación entre los empresarios por apropiarse de los bienes nacionales y sus políticas antipopulares, provocaron la activa resistencia de los sindicalistas públicos, de los campesinos y de los indígenas, y un mar de luchas sociales, que fueron decisivas para que este proyecto, y sus distintas expresiones políticas partidarias, ahogado en su carácter excluyente y antidemocrático, y en su extendida corrupción, haya sido derrotado a mediados de la década pasada.
El gobierno de Correa se erigió sobre la cresta de la ola de una década y media de luchas sociales contra este modelo de modernización neoliberal, en un momento en el cual América Latina, especialmente sus inmensos recursos naturales, desempeñan un papel relevante en los procesos de acumulación capitalista a escala mundial. Muchos sectores sociales y políticos, que vieron en la candidatura de Álvaro Noboa la expresión del viejo estado que representaba a los agroexportadores y financieros, apoyaron en las urnas a Rafael Correa, como la posibilidad de una derrota de ese proyecto y de abrir un camino de reformas en el cual el movimiento popular organizado desempeñe un papel importante.
Pero en los primeros pasos de Rafael Correa para organizar el nuevo gobierno a finales del 2006, y en los primeros discursos del nuevo presidente, comenzando con el de asunción del mando el 15 de enero del 2007, en el cual dedicó un espacio especial a los ?infiltrados? y a los ?ecologistas infantiles?, 4 comenzó a develarse el carácter de su proyecto político y económico.
Buena parte de la izquierda política y social, desde dentro y fuera del gobierno, levantó entonces la tesis de que se trataba de un ?gobierno en disputa?, sin identificar esta disputa como una confrontación entre clases o sectores de clase, sino como una lucha de posiciones en el interior del gobierno, y especialmente dentro del círculo íntimo del Presidente, entre los derechistas comandados por Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia de la República, con los izquierdistas, cuya figura más visible era Ricardo Patiño. Lo que se ha visto es que ?derechistas? e ?izquierdistas? coinciden en lo fundamental del proyecto gubernamental, y que éstos últimos son verdaderos perros de presa en el ataque a la izquierda y las organizaciones sociales.5 Con ingenuidad más parecida a la estupidez, muchos antiguos militantes de izquierda ratifican con auténtica fe de peregrinos su confianza en ?Rafael?, en su ideología revolucionaria, en sus condiciones de liderazgo, reviviendo el culto del mesianismo, y el viejo cuento de que el problema son los?malos asesores del presidente?, como se dijo en los gobiernos de Velasco Ibarra.
Muchos izquierdistas de la primera hora han terminado, más tarde o más temprano, afuera del gobierno, por deserción o echados, y las fuerzas de izquierda perdieron un tiempo valioso en corregir su error inicial de apoyar casi unánimemente y sin ningún beneficio de inventario al gobierno de Correa.6 Si existe algo en común entre estos ahora opositores a Correa, y que debe ser reconocido en justicia, no solo es su reconocimiento de errores sino que todos proceden de una larga militancia política y social, y que ninguno aparece implicado en escándalos de corrupción. La tardanza de la izquierda en identificar el carácter del proyecto de Correa dio un margen de tiempo y de maniobra decisivo para que ese supuesto ?gobierno en disputa?, se consolide cada vez con mayor claridad como un gobierno del gran capital emergente, en asocio con las transnacionales, y en el cual el Estado ?de regreso -, ha jugado el papel de sujeto político fundamental. 7
La izquierda que se juega por transformaciones profundas es un estorbo: hay que cooptarla, quitarle sus banderas históricas o eliminarla cuando sostiene su autonomía organizativa e independencia política, si no se vende ni se disciplina. Si el de Correa fuese un gobierno reformista la posición de la izquierda debería ser impulsar esas reformas. Pero se mantiene el monopolio sobre la tierra y el agua, sin que exista en el horizonte político ninguna perspectiva de reforma agraria que entregue la tierra de los terratenientes a los campesinos y que modifique las relaciones sociales en el campo, elemento central de toda revolución democrática. Hasta en el último mensaje presidencial el pasado 10 de agosto, Rafael Correa ha sostenido que impulsará el Plan Tierras entregando propiedades que están en manos del Estado. La mayor parte del agua permanece en manos privadas. El Estado, imponiendo su concepto de autoridad única sobre el agua, disputa y despoja a las organizaciones sociales y comunidades indígenas la administración del recurso y de los canales que lo distribuyen, muchos de ellos construidos por los campesinos. Lo que el gobierno considera redistribución de la riqueza se ha reducido al cobro del impuesto a la renta, que afecta sobre todo a los trabajadores asalariados con ingresos fijos y a los consumidores, y políticas sociales, muchas de ellas originadas en directrices del Banco Mundial, las que se aplican con nombres distintos en países de signo político diferente como Venezuela, Colombia y Brasil.
La participación social es controlada por el gobierno, y las organizaciones sociales autónomas son estigmatizadas como representantes de intereses corporativistas , se criminaliza sus luchas y se persigue a sus dirigentes. La retórica socialista del gobierno ha sido concretada en una fórmula: socialismo del buen vivir, concebido como el objetivo de la Revolución Ciudadana, que se logrará por un acuerdo entre los empresarios y el Estado para erradicar la pobreza. El primer paso para aquello es dejar de ser mendigos sentados sobre montañas de oro.8
El mensaje del 10 de agosto fue un clarísimo acto de fe programática para defender el modelo extractivista,9 y el arranque oficial de la campaña electoral con un llamado directo a los empresarios a una alianza con el gobierno para unidos cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza con los recursos obtenidos de la explotación minera realizada por las transnacionales, pero sin tocar, ni con una pluma, la propiedad privada de los grandes medios de producción.
Los proyectos de modernización capitalista no han solucionado los problemasestructurales de las sociedades latinoamericanas: la pobreza estructural, las vergonzosas desigualdades entre pobres y ricos, el subdesarrollo, la dependencia, y la destrucción de los recursos naturales. Han servido para consolidar las estructuras de dominación debilitando a las organizaciones sociales y a sus representaciones políticas autónomas, y a su sombra y amparo ha surgido una gran cantidad de nuevos ricos, y se han acomodado dirigentes traidores a su clase e intelectuales arribistas.
La situación concreta
Son seis años de gobierno de Rafael Correa, favorecido por el segundo boom petrolero,10 que podrían transformarse en diez si triunfa en las elecciones presidenciales del 2013.11 En este período pueden distinguirse con claridad varias etapas para comprender que la situación que vivimos se ha creado en un período largo de confrontación política.
El momento de ascenso de la expectativa de amplios sectores y organizaciones sociales sobre la posibilidad de cambios profundos transcurrió entre el 15 de enero del 2007 y la aprobación de la Constitución de Montecristi el 28 de septiembre del 2008. Pero también fue cuando Rafael Correa consiguió el control de los resortes del poder y arregló sus cuentas con el sector participacionista liderado por Gustavo Larrea.12 Dayuma,13 la salida de Alberto Acosta, la figura más relevante de los neo constitucionalistas y el símbolo del movimiento, a mediados del 2008, y el inicio de aprobación de las Leyes orgánicas,14 marcaron y determinaron el final de este período.
Desde octubre del 2008 hasta el ?Treinta aquel…?15 del año 2010, los sectores populares, especialmente indígenas y campesinos, asumieron la resistencia a los intentos de imposición de la Ley de aguas y del modelo extractivista. El fracaso de la revuelta militar y policial, que cerró el período, permitió al gobierno una mayor concentración de poder, fortaleciendo su carácter de representante de los grandes grupos económicos, profundizó el distanciamiento con los sectores populares organizados, pero les dio a las Fuerzas Armadas mayor peso político, en tanto dejó heridas abiertas y un distanciamiento con la Policía Nacional.
Desde el ?Treinta aquel….? hasta este momento, los campos políticos se han definido en el marco de la confrontación entre proyectos políticos distintos. Ha sido fundamental la lucha popular independiente expresada en la Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 y en la Marcha por la Vida de marzo pasado. Entre la euforia del poder y la paranoia de perderlo, Correa y el círculo gobernante han ido precisando cada vez con mayor claridad lo que entienden por socialismo, explicando cada vez que no se trata de afectar la propiedad de las clases dominantes y redistribuir la riqueza. Lo que revela la situación política presente es la desaparición del centro político y una clara presencia de fuerzas de derecha y de izquierda, y que por primera vez desde el año 2006 el campo de la izquierda está en abierta disputa, lo que incomoda a una Alianza País que hace cosas de derecha que pretende justificar utilizando una retórica de izquierda.
Más que una fuerza política e ideológica organizada, Alianza País es una marca posicionada e identificada con la figura de Rafael Correa, y cuyo principal apoyo electoral se origina en el reconocimiento de la obra estatal, las prácticas clientelares, y la intensa propaganda gubernamental.16 La existencia de Alianza País expresa precisamente la inexistencia de un proyecto de cambio con una perspectiva programática profunda y de largo aliento. Es un movimiento político en el que la ‘izquierda’ (Patiño y compañía) le hace el trabajo a la derecha cuando persigue a la izquierda de dentro y de fuera del movimiento, del Estado y del Gobierno;17 será lo que quiera Correa; hace lo que dice Correa que se haga.
En el último período, la iniciativa para la batalla electoral la ha mantenido el gobierno. Solo la candidatura de la Coordinadora Plurinacional ha escapado, parcialmente, a esta capacidad de iniciativa,18 mientras que una serie de eventos han configurado un escenario propicio para la candidatura de Rafael Correa: aprobación del Código de la Democracia, que establece un control a los medios de comunicación durante la campaña electoral mientras el gobierno disfruta de las ventajas del poder; la estructuración del nuevo Consejo Nacional Electoral; la aprobación del método para establecer ganadores en las elecciones, que favorece a las fuerzas políticas más grandes; los acuerdos con fuerzas políticas regionales lideradas por nuevos caciques; la depuración del Movimiento y la designación únicamente de candidatos cuya principal característica sea su lealtad al Presidente; la intención de eliminar a fuerzas políticas aprovechando el escándalo de las firmas falsas.
La gran apuesta de Correa es ganar en una primera vuelta y conquistar mayoría en la Asamblea. Si acaso no consiguiera esta mayoría, le queda el recurso de la muerte cruzada. Sin embargo, todos estos recursos significarían un desgaste cada vez mayor de su proyecto. En el interior de Estado el ?Treinta aquel…? es todavía una herida abierta, mientras que en la sociedad crece cada día el número de damnificados por el gobierno: maestros, estudiantes, profesionales, campesinos, policías, médicos y enfermeras, burócratas despedidos, campesinos e indígenas, ambientalistas, pequeños comerciantes, comunidades ancestrales.
Entre ilusiones, riesgos, desconfianzas y dudas
Existe la ilusión, sostenida en consideraciones aritméticas, de que la candidatura de la izquierda parte con posibilidades, no solo de pasar a una segunda vuelta con Correa, sino hasta de ganar la Presidencia: que se trata de hacer una campaña inteligente, con buenas propuestas y alianzas locales. No faltarán quienes sostengan que para cumplir este objetivo será necesario eliminar del programa los temas fundamentales para una transformación revolucionaria: modelo económico que garantice cambios estructurales y progresivos para eliminar la horrorosa brecha de desigualdad social que está en la base de la violencia social, agua, tierra, estado plurinacional, soberanía alimentaria, derechos de los trabajadores, democracia radical, reforma de la policía y de las fuerzas Armadas, redistribución de la riqueza más allá de las políticas sociales asistencialistas, para no asustar a los potenciales electores de los sectores medios, y para ganar votos entre la derecha y los empresarios. Renunciar desde el comienzo a hacer de la campaña electoral, momento de elevada politización, una posibilidad de educación política de millones de personas sobre los problemas de nuestra sociedad y la posibilidad de resolverlos. No se considera que una eventual victoria de estas características, como resultado de una política de frente amplio con un programa reducido a las conquistas constitucionales del 2008 y a eliminar el hiper presidencialismo, caracterizaría de entrada al supuesto gobierno de la izquierda como un gobierno débil; se menosprecia también el olfato de clase de la burguesía.
Existe el riesgo de que muchos oportunistas, mafias y grupos de poder, se sumen a la candidatura de la izquierda, sobre todo si esta adquiere fuerza y posibilidades de gobernar. Pero el riego mayor es que no se sumen los sectores fundamentales de la sociedad y especialmente los sectores de avanzada de los movimientos sociales, los centenares de miles de jóvenes, hombres y mujeres, urbanos y rurales, de las capitales y de las pequeñas poblaciones, que quieren un cambio verdadero. Si logramos esta articulación de un frente único de los más amplios sectores populares, cualquier resultado electoral contará con el apoyo del pueblo movilizado.
Hay amplios sectores que han desarrollado una gran cantidad de dudas y desconfianzas, que expresan su resistencia a prácticas burocráticas, oportunistas y sectarias de las fuerzas que componen la Coordinadora. No se trata de negar el pasado sino de superarlo, pero esta no es una tarea que será el resultado de las buenas intenciones sino de una práctica política democrática en la cual las decisiones no se tomen a espaldas de las clases trabajadoras y de los pueblos del Ecuador. La Coordinadora no es una agrupación de santos, decía Alberto Acosta, y podemos agregar que no hay nadie, individuo u organización social o política que no tengamos ?cadáveres en el armario?. Nuestra diferencia moral estará en la capacidad de no esconderlos, de ventilar nuestros errores, de aprender de ellos. De reconocer que se han cometido en el marco de la lucha, como resultado de debilidades teóricas, desorientación ideológica y programática, de debilidades e incapacidad política. De ninguna manera las legítimas desconfianzas y dudas deben inmovilizarnos.
Las tareas de la izquierda y el campo popular
El escenario electoral no ha sido definido solamente desde las maniobras del poder, sino también desde las múltiples resistencias, cuya característica más destacada y valiosa es la experiencia y la claridad obtenida sobre el proyecto de dominación en curso.
La candidatura unitaria de Alberto Acosta a Presidente de la República es un paso importantísimo en la dirección correcta. Es la primera vez en nuestra historia que las fuerzas de izquierda coinciden en un candidato único y surgido de sus propias filas. La unidad electoral de la izquierda es una respuesta defensiva ante la ofensiva gubernamental, pero tiene también la fortaleza de plantear una alternativa para disputar el gobierno desde la Izquierda de Alianza País y con total independencia de la derecha.19 La unidad electoral debe ser vista solo como el primer paso para construir, con firmeza y paciencia, una alternativa de unidad estratégica incluyente en la que todos los sectores y organizaciones se representen por sí mismos, y que se articule en un programa alternativo a la modernización capitalista, que contribuya para la unidad y el desarrollo de la fuerza social y política que pueda detener y derrotar a las políticas anti populares.
Ese programa alternativo no puede ser un conjunto de concesiones que solo permitan construir una fuerza electoral, sino una herramienta para profundizar los cambios conquistados por los sectores populares (indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, capas medias, intelectuales y artistas, ambientalistas y ecologistas, trabajadores urbanos, comerciantes minoristas, jornaleros agrícolas) en décadas de lucha, que han permitido avanzar en la democratización de la sociedad y el desarrollo de derechos sociales y políticos; en la derrota de las políticas neoliberales; en la lucha por la defensa y rescate de los recursos naturales; en la lucha por la tierra y territorios.
La candidatura de la izquierda debe desarrollar una política que coloque al gobierno a la defensiva. Ello solo será posible a través de la movilización permanente desde las bases sociales y sectores populares.
NOTAS
1 Una entrevista reveladora es la que Correa concedió al diario El Telégrafo el 15 de enero de este año, y el artículo de Decio Machado que publicamos en nuestro número anterior. En entrevista a la Revista
2 Para citar algunos: Obregón, Calle y Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en el Perú, Rafael Correa en Ecuador.
3 El gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik (1992-1998), quienes triunfaron en las elecciones de 1992 aprovechando la inmensa frustración que representó para los sectores populares la demagogia del cambio del gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), levantó como tesis programática la modernización del Estado. Para Durán-Dahik, modernizar al Estado significaba privatizaciones de las áreas estratégicas y del área social, especialmente de la seguridad social, para que el Estado se reduzca a garantizar el proceso de acumulación de capital y las condiciones de sometimiento y de explotación. Este gobierno fue derrotado en las urnas en la consulta popular de octubre de 1995.
4 Los cuadros políticos provenientes de partidos que habían sido parte del período anterior, algunos de ellos integrantes del gabinete de ministros, los asesores, los políticos locales y regionales aliados o parte del nuevo régimen, no recibieron nunca ese tratamiento de ‘infiltrados’.
5 La Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) es el objetivo principal de los ataques más encarnizados, para los que la densa propaganda oficial utiliza el calificativo de ‘falsa dirigencia indígena’, que debería recordar a desmemoriados y desmemoriadas la expresión ‘ponchos dorados’ a la que recurrieron a su turno los gobiernos de ‘la larga y triste noche neoliberal’.
6 El MPD, al comienzo del gobierno, llamó a ‘transformar la Revolución Ciudadana en Revolución Socialista’.
7 La expresión ‘regreso del Estado’ ha sido utilizada por los medios de comunicación y los analistas políticos para caracterizar al gobierno de Correa. Pero lo que resulta revelador de la inconsistencia ideológica y teórica de buena parte de la izquierda de formación marxista, es que ha olvidado que el Estado no es un aparato neutro colocado por encima de los intereses de clase.
8 Se atribuye la frase originariamente al naturalista Alejandro Humboltd, quien visitó el territorio de lo que luego sería el Ecuador a comienzos del siglo XIX. Rafael Correa la utilizó en su Informe a la Nación del 10 de agosto pasado, para justificar la minería a gran escala y atacar vigorosamente a quienes se han opuesto al modelo extractivista, recibiendo sonoros aplausos del público asistente.
9 En el Perú, en este momento existen 254 conflictos sociales por la resistencia a la minería, con saldos elevados de víctimas de la represión. El más grave es el del Departamento de Cajamarca, en el norte del país. Uno de los componentes más explosivos de la guerra colombiana es la disputa por los recursos y las regalías provenientes de la actividad minera.
10 En seis años las exportaciones de petróleo han significado aproximadamente 120 mil millones de dólares, el doble de los ingresos del período 1972-2006.
11 De ocurrir así, Correa sería el Presidente que más tiempo ha gobernado de corrido en el siglo XX y en lo que va del XXI. En el siglo pasado, solo Velasco Ibarra, pero en cinco períodos distintos entre 1934 y 1972, como Presidente Constitucional o como dictador, llegó a gobernar un poco más de una década. En el siglo XIX, quienes más tiempo gobernaron fueron Juan José Flores, en dos períodos, García Moreno, entre 1 860 y 1875, e Ignacio de Veintimilla entre 1876 y 1883.
12 Todos los sectores y organizaciones sociales elaboraron propuestas que presentaron en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. La inclusión de derechos, incluidos los de la naturaleza, fueron recibidos con entusiasmo.
13 En diciembre del 2007, el mismo día en que se instalaba la Asamblea Constituyente en Montecristi, en Dayuma, una pequeña población petrolera de la región amazónica, el ejército reprimía a pobladores acusados de sabotaje. Esto determinó la salida del entonces Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, y la prisión de la Prefecta de la Provincia de Orellana, Guadalupe Llori.
14 Alberto Acosta cuenta que una vez aprobada la Constitución, Alexis Mera, el principal asesor jurídico de Correa, habría dicho que las leyes orgánicas debían rebajar los derechos; el propio Rafael Correa se ha reconocido hace poco como un grave error personal el haber cedido a los izquierdistas que hicieron una Constitución ‘tan garantista’.
15 Luego de que se ha patentado la propiedad del término 30S por parte del Gobierno, lo que significa que no puede ser usado sin el permiso respectivo, que no pienso pedir, por lo menos yo voy a usar el equivalente de ?Treinta aquel…?. No pretendo volverlo mi propiedad privada, así que si a alguien se le ocurra utilizarlo, en buena hora.
16 Para propiciar la apertura económica exportadora, los gobiernos de Velasco Ibarra y de Camilo Ponce llevaron adelante en los años 50 una intensa modernización de las vías de comunicación con la construcción de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos financiados, como ahora, con créditos internacionales, provenientes entonces del Banco Mundial, mientras que ahora el principal acreedor es la China. Gobiernos como el de Alberto Fujimori modernizaron también la estructura de transporte.
17 La salida del Gobierno de Diego Borja, echado de su cargo en Relaciones Exteriores por Ricardo Patiño, y acusado de haber entregado más de 200.000 firmas falsas a Alianza País, es el suceso más reciente de una larga cadena que comenzó con Gustavo Larrea y continuó con Alberto Acosta, Manuela Gallegos y tantos otros.
18 La obligación antidemocrática de salir a la calle a recoger más firmas, en medio de una campaña hostil desatada desde el gobierno, condiciona la actividad de Pachakutik y del MPD, pero es también la posibilidad de un temprano contacto con los sectores populares, y de iniciar la campaña.
19 En 1944, la izquierda en su totalidad coincidió en apoyar a un mismo candidato, pero se trataba de José María Velasco Ibarra, y los costos de haberle dado ese apoyo fueron inmensos. En 1996, el naciente Pachakutik apoyó la candidatura del centroizquierdista Freddy Elhers; para las eleccionesdel 2003, la CONAIE y Pachakutik apoyaron a Lucio Gutiérrez, quien traicionó al movimiento indígena; en las elecciones del 2006, especialmente en la segunda vuelta, la inmensa mayoría de la izquierda dio su apoyo a Rafael Correa.
