El País 03 de septiembre de 2012
El caso Assange ha tenido “una derivada inesperada, ha abierto un debate (en Suecia) sobre el sexo consensuado”, me decía hace unos días en una cafetería de la Universidad de Estocolmo Pal Wrange, un profesor de derecho internacional público que acababa de explicarme los muchos escenarios posibles y los poco o nada probables del embrollo político-diplomático-judicial. Y sí, a mi regreso me he visto inmersa en muchas discusiones informales en las que queda patente cuán distintas son las percepciones entre gentes incluso del mismo país o idéntico sexo. Salvo que viva en Marte o Saturno, sabe sin duda que el fundador de Wikileaks es sospechoso de violación y otros delitos sexuales denunciados por dos suecas. Él lo niega e insiste en que todo fue consentido.
“Definir violación, o intentarlo, es asegurarse el inicio de una disputa”. Así empieza un completísimo artículo en el que la revista The Economist de esta semana repasa cómo varían las leyes y las percepciones sobre el asunto en el mundo. ¿Se acuerdan cuando la violación en el matrimonio no era delito en países europeos? Los hechos y las denuncias contra Assange ocurrieron en Suecia. Si una pregunta por la calle en Estocolmo, nadie debate si hubo o no delito. Recalcan que será el juez quien lo diga. Pero si una pregunta en Madrid, proliferan las sospechas de que las denunciantes juegan sucio.
Conviene recordar, de todos modos, que una violación no es siempre un delito perpetrado sobre una desconocida con gran violencia en un callejón oscuro. Lo recordaba Claes Borgström, el abogado de las dos denunciantes de Assange, en su bufete del centro de Estocolmo: “Lo más frecuente es que ocurra entre conocidos, en un dormitorio, en una casa, rara vez hay testigos”. Por eso es a menudo un delito tan difícil de probar. A menudo es palabra contra palabra. Y se debe probar “más allá de cualquier duda razonable”, como cualquier delito, precisaba el que fue ombudsman de la igualdad de género sueco entre 2000 y 2007.
Borgström recalca que, haya habido sexo consensuado antes o no, “tienes todo el derecho a tu integridad sexual”. Obviamente, lo primero que le pedí fue una entrevista con sus clientas, conocidas en su país como miss A. y miss W. para proteger sus identidades. Me contestó que no. “No hablan para que nada de lo que puedan decir pueda ser utilizado en su contra”, explicó.
La activista feminista Naomi Wolf ha escrito, al hilo de la polémica sobre el expirata informático, que conoce personalmente “a 1,3 millones de hombres” que han recibido denuncias similares de mujeres. Otros acusan a las denunciantes de banalizar un delito grave. Cuando Assange apeló al presidente Obama desde el balcón de la Embajada, habló de caza de brujas, de libertad de expresión, incluso mencionó a las Pussy Riots, pero ni palabra de Suecia.
Juristas suecos han salido en tromba a defender que sus leyes sobre delitos sexuales son similares a las del entorno, menos duras, por ejemplo, que las británicas. Así las define el Código Penal español. “No seré condenado por violación si se me rompe el condón durante el acto sexual. Pero, como en muchos otros países, puedo ser condenado por violación si practico el sexo con alguien que está dormido o inconsciente”, escribió el profesor sueco de derecho Marten Schultz abordando dos de las situaciones que supuestamente se dieron entre Assange y las entonces activistas de Wikileaks.
Han pasado dos años de lo que sea que ocurriera en Suecia. El juez tiene la palabra, insisto. El caso Wikileaks se ha convertido en el caso Assange. Y gracias a ello y a algunos republicanos de Estados Unidos el debate sobre las agresiones sexuales está de actualidad. Si sirve para que las víctimas se animen a denunciar y los tribunales dicten justicia, habrá merecido la pena.
