LIBRE COMERCIO: ¿MAMÁ, QUÉ QUIERE LA UNION EUROPEA? por Gerard Coffey

LIBRE COMERCIO
Es muy difícil imaginar que la Unión Europea conceda más al Ecuador que a Perú y Colombia
¿MAMÁ, QUÉ QUIERE LA UNION EUROPEA?
Gerard Coffey

El debate sobre un posible acuerdo de libre comercio con la Unión Europea ha llegado a otra de sus innumerables fases determinantes. En las últimas semanas los medios nacionales han escalado su campaña contra el Vice Canciller Kintto Lucas, dado su oposición a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), apoyando a la vez al vice ministro de comercio exterior, Francisco de Rivadeneira (ex funcionario del City Bank y Corpei y actual Miembro de la Red de Consultores en Exportación -Fundación RECEX) cuya posición refleja sus antecedentes.

Mientras tanto los académicos y economistas discuten el tema en foros en la FLACSO, La Universidad Andina y la Universidad Central, explicando a los pocos interesados y muchos estudiantes los pormenores de las negociaciones, o la falta de las mismas. Los editorialistas también se ocupan en descifrar las señas. El conocido analista económico, Walter Espurrier, opinó recientemente en su columna semanal en el diario El Comercio que entrar en el Mercosur, la alterativa propuesta por Lucas entre otros, no conviene debido a problemas con el Arancel Externo Común del bloque sudamericano. Su posición fue predecible. Más sorpresivo quizás, fue el apoyo que un acuerdo comercial con la Unión Europeo recibió de otro columnista del Comercio, Enrique Ayala, quien argumentó que conviene firmar un acuerdo, siempre y cuando se haga una buena negociación.

Y sí, sin duda sería bueno firmar un acuerdo si el Ecuador podría diseñar el marco y estipular los contenidos.  Pero no es así. La UE ya tiene su ‘template’ y cualquier negociación se tendrá que realizar dentro de sus parámetros. Entrar a discutir un tratado comercial implica jugar en cancha inclinada, pues existe una diferencia abismal entre el peso económico de este país y el bloque europeo. Y no hay que engañarse, los europeos no vienen en son de Santa Claus. Vienen para ganar, con cordialidad si es posible, y abrir mercados para sus productos.

En otras palabras, no existe mucho espacio para negociar. Y como han advertido varios conocedores del tema, incluyendo la ex Ministra Coordinadora de la Política Económica, Katiuska King en una reciente entrevista en la Revista Vanguardia, es muy difícil imaginar que la Unión Europea conceda más al Ecuador que a Perú y Colombia, países que ya firmaron acuerdos con el bloque.  Lo que sí existe, según el vice ministro Rivadeneira es la posibilidad de plantear un tratamiento especial y diferenciado. Una condición que reflejaría el tratamiento que Ecuador (y Bolivia) recibe vis a vis Colombia y Perú dentro de la Comunidad Andina debido al menor tamaño de sus economías. Sería lógico. Pero como el mismo vice ministro admite, si bien los negociadores europeos han expresado su comprensión y  simpatía, para ellos conceder un trato preferencial al Ecuador sentaría un precedente, y eso, lamentablemente, no se puede hacer……. Es, entonces, asunto de aceptar los mismos términos o no, quizás con algunas variaciones menores que podrían servir para vender el acuerdo a los escépticos.

Ganadores si habrá, pero….
Para los camaroneros y los floricultores, entre otros, vender la imagen positiva y firmar un acuerdo es urgente cara a la desaparición a finales del 2012 de las preferencias arancelarias generales ofrecidas por la U.E.  Aseguran que así sus competidores no conseguirán una ventaja económica y que eso sería bueno para el país. Sin duda piensan en mantener sus ganancias, pero  hablan más de una posible pérdida de empleo si el país no firma. Los camaroneros no son, sin embargo, una fuente sustancial de empleo y si bien la industria florícola sí provee un número importante de puestos de trabajo – aun cuando en algunos casos las condiciones laborales sean lejos de óptimos – cabe señalar que solo el 28% de sus exportaciones van a Europa. Hay que preguntar qué serian los impactos verdaderos en esas industrias y por qué los empresarios no vean opciones para superar una posible desventaja arancelaria, si resulta beneficioso para el país no sancionar un acuerdo.

 
Y puede ser que un acuerdo con los europeos no sea conveniente. Las consecuencias para otros sectores de la economía ecuatoriana, uno de ellos el de los pequeños productores agrícolas, podrían resultar muy graves. Competir no es una opción. Los subsidios agrícolas del bloque europeo son de leyenda, y a pesar de la crisis económica vigente en el viejo continente no es de esperar que desmantelen esas subvenciones en ningún futuro cercano. Y es por eso, entre otras cosas, que el bloque busca mercados. La muy eficiente y altamente subsidiada producción agrícola europea (tanto como estadounidense) produce superávit y necesita compradores externos. Los negociadores comerciales están encargados de encontrarlas.

Entonces, a menos que todos se incorporen a la cadena productiva de Pronaca u otro de los grupos económicos (ahora cien según El Comercio) que en estos días captan tanto espacio en los medios impresos (cosa que este artículo no está recomendando)  el futuro para los pequeños productores no luce muy alentador. Algo muy negativo no solo en cuanto al empleo y la migración hacia las ciudades, sino también por la superioridad productiva de pequeñas parcelas, y el hecho de que tienden a producir para el mercado interno.

Tampoco es asunto de plazos extendidos. Una reducción gradual de aranceles para que los fuertes se fortalezcan y logren competir no es la respuesta. En primer lugar porque al final se trata de subsidios europeos que un país como el Ecuador no puede esperar igualar nunca, aun cuando fuera permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y en segundo, porque la deficiencias serias de esta clase de estrategia comercial – exportar para crecer – han sido expuestas en más de una ocasión. Así se explica el énfasis en una economía distinta, más solidaria y cooperativa de La Constitución de Montecristi y el Plan de Buen Vivir de SENPLADES.

Aquí la pregunta clave es ¿para qué exportar? ¿es simplemente para lucrar o hay objetivos más importantes, como la provisión de empleo y el bienestar del país en su conjunto?

Los aspectos no comerciales
Tal vez estas cuestiones serian más fáciles de resolver si los acuerdos de libre comercio fueran mero asunto de intercambiar camarones y flores por televisores planos o celulares. Pero no los son. Las negociaciones siempre abarcan elementos que van más allá de las mercancías, de los bienes físicos. Y existe la fuerte sospecha de que estos elementos políticamente más problemáticos hayan sido invisibilizados porque ni a los medios ni a los proponentes de los acuerdos les interesa mucho discutirlos.

En términos generales el más importante es que firmar un tratado de Libre Comercio, o de Asociación o Multipartes (o cualquier otro eufemismo que se utilizan por motivos de relaciones públicas) involucraría una clara pérdida de soberanía. En particular, implica la entrega de derechos a los inversionistas extranjeros iguales (o superiores) a las empresas nacionales. Por consiguiente la implementación de un verdadero plan industrial nacional (que hasta la fecha no existe) se volvería sumamente complicada. Quedaría severamente restringido la posibilidad de subsidiar, proteger, o favorecer la producción nacional, uno de los pilares de una economía más solidaria. Las compras públicas, por ejemplo, una de las principales herramientas para fomentar la producción nacional, tendrá que abrirse a la competencia europea.

Los servicios (los sectores de la banca, seguros, telefonía, salud, etc.) también están en la mira de la UE, junto con el área agrícola es el sector más apetecido. De igual forma  el control de los sectores estratégicos entrará en la ecuación.  Y si bien siempre existe la posibilidad de pedir la exclusión ciertos sectores, la experiencia de otros países no ofrece mucha esperanza.

¿Y los movimientos sociales?
Varios funcionarios, incluyendo el mismo presidente, han expresado su rechazo a la firma un Tratado de Libre Comercio, diciendo que el objetivo es un acuerdo para el desarrollo. La consigna es ‘NO al aperturismo bobo’. Y con razón. Pero los empresarios que piden la firma de un tratado comercial no descansarán, y en los medios nacionales tienen aliados fuertes.
Por eso reforzar la idea de un acuerdo para el desarrollo – un acuerdo que ayude al país cambiar el enfoque de su economía – se torna urgente. Por desgracia la voz de los sectores implicados hasta ahora se ha escuchado poco. Y no es porque el tema es desconocido. Las masivas manifestaciones contra la firma de un TLC con Estados Unidos en el 2005 o contra la propuesta el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, en el 2002, pone en manifiesto la importancia que tenían los tratados para esos sectores.

En esas épocas el liderazgo de organizaciones como la CONAIE, FENOCIN y CONFEUNASSC estaba plenamente consciente de los riesgos que conllevaban los acuerdos de libre comercio. ¿Sera’ posible que hoy, por su trayectoria más socialdemócrata, la Unión Europea se ve, erróneamente, menos amenazadora que Estados Unidos? ¿O es que el obstáculo aparentemente insuperable de la nueva Constitución inspira confianza de que nada malo puede resultar de esas conversaciones?  Por ejemplo, según Artículo 422 de la magna carta de Montecristi, es prohibido someter al arbitraje internacional la resolución de ‘diferencias’ entre el estado ecuatoriano y personas naturales y jurídicas privadas. La constitución también prohíbe (Art. 421) acuerdos comerciales  que ‘menoscaban directa o indirectamente el derecho a la salud, el acceso a los medicamentos, insumos servicios…..’.  Al mismo tiempo es muy clara respecto a la necesidad de fomentar otra clase de economía, una economía enfocada mas en el mercado interno, cosa que a la Unión Europea claramente no le interesa. Pero una advertencia, si bien la Constitución requiere el consentimiento de la Corte Constitucional y luego de la Asamblea Nacional para que un acuerdo comercial entre en vigencia, siempre existe la posibilidad de pedir su aprobación vía consulta popular. La batalla aún no se ha ganado.