Junio 20 de 2017
“No van a enviar la policía o los militares a sacarnos de aquí, sino quieren dificultar la vida retirando los servicios estatales y presionando a las instituciones internacionales para que no nos ayuden reconstruir.”
Parado frente al mar – hoy está verde, bravo, el viento fuerte y el cielo amenazante – el panorama es muy parecido a la última vez que estuve aquí, hace unos veinte años. Una gran cantidad de troncos cubre la playa extensa y dura donde, dice Hipólito, el dueño del hostal donde estoy alojado, hasta los aviones livianos pueden aterrizar, añadiendo después de un segundo que estos son, por supuesto, del gobierno.
Caminando hacia el pueblo – unos pájaros solitarios pitan envueltos en un silencio casi medieval – el entorno es tan tranquilo como me acuerdo y la poca presencia de vehículos hace de este lugar algo muy especial.
Lo que sí es diferente es que en estos días la playa está llena de basura plástica, de todos los colores y tamaños. En esto se supone que no sea tan distinto, pasa lo mismo en casi todas las playas del mundo; un reportaje reciente nos cuenta que en una isla inhabitada del océano pacífico se recolectó más de 17 toneladas de plástico. La gente bota, no le importa, dice Hipólito, y el mar la lleva y la devuelve. A diferencia del malecón que forma parte del nuevo puente peatonal construido y recién inaugurado por el gobierno central, aquí nadie limpia. Para el turismo, lo que antes del terremoto de abril de 2016 era una de las fuentes importantes para la isla, el plástico es un problema, pero no es ni de lejos el único que enfrentan los pobladores.
Más preocupante que la basura, pero menos visible, es que los pobladores de esta isla al sur de la Provincia de Esmeraldas, están bajo amenaza de desalojo. El terremoto del abril 2016 destruyó casas y cambio la vida de la Isla. Las familias abandonaron sus terrenos para quedarse o con parientes o en el albergue al otro lado del rio, a unos kilómetros de distancia, en tierra alta. Después de la tragedia el gobierno dispuso que la Isla no era habitable debido a la amenaza de Tsunami. La gente tenía que irse al ‘continente’ y la isla debe dedicarse solo al turismo, dijo ex presidente Correa. El Estado no ayudaría a construir ni reparar ninguna casa afectada. Todas las entidades estatales serían retiradas.
Frank Navarrete, miembro de la Mesa de Comunidades y Organizaciones Civiles de la Comuna Isla de Muisne (Mesa), explica que el Decreto Presidencial 1215 suspende el derecho al domicilio y libre tránsito de los afectados por el terremoto: “…por cuanto algunos ciudadanos pretenden regresar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física.”
Lo que esto representa, dice, es un desalojo pasivo. No van a enviar la policía o los militares a sacarnos de aquí, sino quieren dificultar la vida retirando los servicios estatales y presionando a las instituciones internacionales para que no nos ayuden reconstruir. “Nos parece una barbaridad y estamos decididos a quedarnos.” Cuenta que inmediatamente después del terremoto un 90% de la población salió de la isla, pero poco a poco regresaron, porque no perdieron sus casas y si bien había daños, estos podían ser reparados. “La Isla es su hogar”, Frank dice con firmeza, casi gritando, “es donde han construido sus vidas, sus negocios.” Afuera en la calle principal del pueblo, un banner colgado desde el segundo piso de su oficina-hostal declara: “Aquí nos quedamos”.
El terremoto no es lo único que cambió la vida de Muisne. El puente que construyó y recién inauguró el gobierno central es peatonal, una medida de evacuación para la población en caso de emergencia. Sentados en el nuevo malecón, unos vecinos se quejan de que el puente no apoya el turismo, dicen que necesitan algo más ancho para permitir el paso de vehículos. Pero en realidad hay más vehículos ahora que nunca. Son los mototaxis que ahora llevan la gente a hacer sus compras al lado ‘continental’, como lo llaman, donde un tendero me dice que hay más comercio que antes. Además dice, nuestros precios son más bajos. No entiendo por qué sería así, pero me imagino que él sabe.
La multiplicación de los mototaxis ha tenido un impacto en aquellos que antes se ganaban la vida con las lanchas, llevando la gente a un lado del río al otro. “Antes trabajaban 30 familias con las lanchas”, me explica Hugo, uno de los pocos que sigue en su oficio. “Ahora solo funcionan cuatro, llevando carga más pesada.”
Intereses creados
Deambulando por las calles, la gente no tiene ninguna reserva en conversar de la situación en la que se encuentran. “No entendemos”, dice un hombre mayor cuya hija perdió todo y ahora vive con sus padres, “por qué quieren sacarnos de la Isla”. Sospecha que hay intereses de por medio, que no es necesario que abandonen sus hogares, que la amenaza de tsunami es mínimo, que en toda la historia de la Isla no se sabe de ningún daño debido a un tsunami, y que si algún día ocurriera no sería solo la Isla que vería afectada. “¿Que va a pasar si llega un Tsunami?”, me pregunta otro habitante de la Isla mientras conversamos a pocos metros de unas casas destruidas. “La gente al otro lado del rio también va a sufrir. Y ese Colegio del Milenio que recién abrieron, ¿a cuántos metros sobre el nivel de mar está? Si están preocupados por un tsunami por qué lo construyeron justo al otro lado del puente. No tiene sentido. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí? Si realmente quieren evitar que un Tsunami afecte a la gente de aquí, tendrían que llevarnos a todos bastante lejos, tendrían que construir una ciudad completamente nueva. ¿Y allá como vamos a ganarnos la vida?”
Los isleños sospechan que la versión oficial es un pretexto y que el interés verdadero es expulsarles de la Isla para construir grandes edificios de departamentos de lujo para la gente de Quito. Hablan de balnearios como Tonsupa o Atacames, y complejos turísticos como el Decameron de Mompiche. “No queremos eso” me dice el dueño de una tienda “turismo sí, pero eso no. No queremos que nos saquen de aquí para que otros vengan a ganar dinero en nuestra Isla.” Surgen nombres como Pierina Correa o su hermano Fabricio, mientras hablan de ‘los chinos’ que, dicen, llegaron para explorar antes del terremoto. Admiten que no hay pruebas, ni documentos que lo pueden demostrar, pero mencionan de casos similares como el de Puerto Engabao en la Provincia de Santa Elena, donde la gente está peleando para no ser desalojada de las tierras comunales, para que no se construyan ‘resorts’ que les va a dejar fuera y sin trabajo.
Sus sospechas fueron reforzadas por las inconsistencias en la Resolución No. 073-2016 de la Secretaría de Gestión de Riesgos y la base técnica del mismo. “Si es que hay en realidad una base técnica” dice Kashyapa A. S. Yapa, ingeniero con PhD de Berkley California. Según Yapa “hemos analizado en detalle el mapa de inundación de la isla de Muisne que menciona el decreto. Este mapa usa referencias sin mayor peso técnico investigativo. La referencia principal es una tesis de grado de ESPOL-oceanografía de 2004 que marca una zona de inundación por un posible tsunami en la ciudad de Esmeraldas, copiando los daños ocurridos por el terremoto y tsunami de 1906. Y los técnicos de la Secretaria, en 2012, copiaron esa misma altura de la inundación y ¡pintaron toda la isla de Muisne en rojo como zona de riesgo!”
Las Concheras de Muisne
Riesgo puede haber, pero la vida en sí es un riesgo, y los isleños están preparados para quedarse y enfrentarlo. El Padre Julio Anan, quien ha participado activamente en la campaña para quedarse, cuenta que la población de la Isla tiene el apoyo de su iglesia. “Decidimos todos, curas y hermanas religiosas, regresar a la Isla para acompañar a la población. Hay mucha gente pobre aquí,” dice, “es su hogar, y hay que ayudarles a vivir mejor.”
No obstante, reconoce que hay gente que perdió todo y que se vio obligada a salir. Un buen número terminó viviendo en el albergue del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde tuvieron que permanecer más de un año para recibir el apoyo del Estado en forma de un departamento. Una de esas personas es Fanny Mina, una mujer bien conocida dentro y fuera de la Isla por su larga lucha a favor de las mujeres concheras afectadas por la llegada de las camaroneras y la consecuente destrucción del manglar del que ellas dependían. Es una Ironía entonces, que ahora, conversando fuera de la ‘casa’ que hace unos pocos días le entregó el gobierno, podamos ver la piscina grande de una camaronera, situada justo al otro lado de la vía.
No obstante, dice estar contenta, estar por fin fuera del albergue y su vida reglamentada. “A mí no me gustó mucho la vida allá,” declara, señalando las carpas azules que se quedarán unos días más, hasta que todos los ocupantes hayan salido a vivir en sus casas. “Claro, te daban todo, fue una gran ayuda pero la verdad es que fue duro vivir en una carpa tanto tiempo, y tener que estar en casa a las 10 de la noche. Fue una vida muy reglamentada. No me gustó. Otros no lo aguantaron, se fueron y no recibieron ninguna ayuda.”
Fue la primera en recibir su casa, o más bien, departamento de 40 metros cuadrados. “Me siento bien” dice, “pero estoy lejos de mi barrio y la gente que conozco. Me dieron este departamento, dicen que vale USD$10 mil y solo hay que pagar mil en cuotas durante tres años. Suena poco, pero aquí en Muisne no hay mucho trabajo y ya no puedo seguir recolectando conchas: tengo problemas de corazón y de pulmones y, además, ya tengo mis años.”
El problema es real y no solo para ella. Para gente que ya no puede trabajar, que no tiene dinero ni jubilación, aun con un departamento la vida no será nada fácil. ¿Cómo va a pagar? pregunto a mí mismo, y luego a ella. “Dios proveerá” dice con una sonrisa poco convincente. ¿Cómo va a amoblar la casa, con qué va a pagar la hipoteca?
Cada caso es distinto, sin duda, para algunos con familias capaces de apoyar el proceso será relativamente fácil, pero para otros y otras sin recursos familiares la historia será distinta. Forjar una nueva existencia lejos del entorno de toda la vida no es poca cosa, aun con departamento nuevo.
No es que la vida en Muisne alguna vez fue fácil. “Ha sido territorio olvidado”, dice el Padre Anan, “pero el terremoto ha puesto la Isla en la mira tanto a nivel nacional e internacional. La mayoría de población ha decidido quedarse, estamos unidos, y yo creo que la gente que sigue luchando en su vida cotidiana va a recibir la bendición de Dios.” El cura habla con una solidez sorprendente, es joven pero tiene bastante claro lo importante que es la Isla para sus feligreses.
Lo que no queda muy claro, por otro lado, es qué exactamente estaba pensando Rafael Correa cuando firmó el Decreto Presidencial 1215. ¿Imaginaba que iba a ser posible remover un pueblo entero, de diez mil habitantes, familias que llevan un siglo o más en la Isla? ¿Tenía en mente construir una ciudad nueva, limpia y brillante, pero lejos del mar, lejos de los trabajos, lejos de la vida anterior? ¿Quién, imaginaba, iba a encargarse de construir las casas y facilidades necesarias en tiempos de austeridad? En realidad no sabemos que pensaba. Pero lo que sí sabemos es que ese Decreto ahora más parece una reacción visceral que una decisión considerada, basada en argumentos y criterios sólidos. O quizás, como dicen, sí existen intereses de por medio, y por eso la solidez de los criterios es de poca monta, son funcionales al desalojo, nada más.
Hay riesgo, no tiene sentido desconocerlo. La Isla está a solo 4 metros sobre el nivel de mar, pero sin fundamentos técnicos es imposible estimar ese riesgo y saber qué medidas tomar. Pretender expulsar un pueblo entero sin diálogo y sin escuchar es simplemente irracional. La población, mientras tanto, votó con sus pies, regresó y quiere quedarse, conoce su realidad y ha levantado su voz. ¿No sería lógico ayudarles a mejorar su vida, antes que ponerse en su contra? Dice el Padre Anan: “El gobierno tiene que escuchar a la gente, tiene que escuchar la voluntad popular.” Amén.
