OCARU (Observatorio del cambio rural) <www.ocaru.org.ec>
‘Coyuntura y cambio agrario N.1’
04 marzo 2013
Desde hace un año el escenario en el Ecuador estuvo marcado por el proceso electoral que en las elecciones que el 17 de febrero del 2013 ha posicionado a Rafael Correa como el ganador indiscutible frente a la derecha tradicional (agroexportadora-financiera) y las izquierdas (confluencia de varios partidos, movimientos sociales y organizaciones). Falta tiempo para saber los efectos reales de este nuevo periodo, pero es importante marcar ciertas preguntas que nos permitan valorar las transformaciones en el campo en el tiempo y pensar en los desafíos para los pequeños campesinos. ¿Hacia donde va el campo y la agricultura en el Ecuador? ¿Hacia donde va la política agraria? ¿Cuál es la posición de los pequeños agricultores? Son algunas de las preguntas que organizan el trabajo del Observatorio de Cambio Rural(1) y que quisiéramos compartir en este primer documento de análisis de coyuntura.
Contexto internacional
Para iniciar es necesario llamar la atención sobre el carácter de la crisis económica mundial que, más allá de los conflictos sociales y políticos en los países desarrollados (Francia, España, Portugal, Grecia e Italia) frente al colapso del Estado de Bienestar(2) o del nuevo rol de China en la organización de la economía mundial, tiene efectos concretos sobre la vida de los agricultores en América Latina. El punto central es que para superar la crisis en el “primer mundo”, las grandes naciones exigen ampliar sus esferas de producción, circulación y consumo; en este contexto América Latina aparece como el mercado a conquistar y el lugar de las materias primas para extraer.
En este sentido las estrategias de Europa y China son claras. La Unión Europea ha acelerado su estrategia comercial proponiendo Tratados de Libre Comercio con nuestros países; con esta finalidad se celebró la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la UE. A esto se suma China que expande sus intereses e inversiones por todos los países del mundo, de manera especial en proyectos ligados a la extracción de materias primas y a la construcción de mega-proyectos;
“desde 2008 China se ha convertido en una de las principales fuentes de inversión directa en el mundo. En América Latina estos flujo comenzaron a ser significativos en 2010, año en que alcanzaron un monto estimado superior a los 15.000 millones de dólares […] la mayoría de las inversiones realizadas se han centrado en la extracción de recursos naturales, aunque a mediano plazo se espera que se produzca una diversificación hacia otros sectores, como el de las manufacturas o la construcción de infraestructura” (CEPAL; 2010).
Con esto solo queremos decir que AL no esta fuera de la crisis económica, si bien hay países latinoamericanos, en especial el bloque Bolivia-Ecuador-Venezuela-Argentina, que han levantado esquemas proteccionistas de mercados e industria nacional y no han aceptado la negociación de tratados de libre comercio con la Unión Europea, su dependencia histórica implica que sus economías sean fuertemente dependientes de los precios y la demanda de materias primario exportadoras.
En nuestro caso no podemos olvidar que somos un país primario exportador; el 90% de las exportaciones del Ecuador son materias primas y productos agrícolas como cacao, banano, palma, flores, brócoli, minería, petróleo, etc. (CDES, 2012). Es decir, la economía del país depende de los mercados y precios o relaciones comerciales establecidas por el mercado internacional.
El nuevo escenario nacional
Durante el año anterior la situación nacional ha estado marcada por la disputa electoral que se ha resuelto el 17 de febrero eligiendo a Rafael Correa como el ganador de la contienda, con más del 51% de la votación válida a su favor. No hay duda que un factor central de tal éxito se relacionó con la maquinaria electoral de Alianza País; la figura carismática del presidente se combinó una estructura organizativa propia, grandes inversiones en propaganda, el uso de medios públicos y la acción de los ministerios o programas de gobierno. Sin embargo, más allá de la campaña, es importante pensar en la capacidad del gobierno para popularizar su proyecto o en el grado de aceptación que tiene en la población.
El fondo de tal éxito es que las acciones de política pública centradas en importantes inversiones sociales (salud, educación, seguridad social), la ampliación de las políticas de asistencia social (el bono de desarrollo humano en el contexto electoral pasó 30 a 50 dólares), las inversiones en infraestructura vial (vías de comunicación, puentes, etc.) y su política comercial de protección selectiva; han logrado, no solo mantener una estabilidad económica que favorece los grupos económicos del país, sino que han llegado a amplios sectores de la población reduciendo los indicadores de pobreza, empleo y subempleo.
En este sentido no se puede obviar que la mayoría de los candidatos, levantaron una serie de propuestas poco innovadoras que se desplazaban entre el incremento de la política social y la ampliación del bienestar a través de la iniciativa privada –y en el caso de las izquierdas una propuesta redistributiva. Discursos que con matices no lograron distanciarse de los propios éxitos del gobierno. Enfatizaron una campaña que intentaba, por un lado, captar a ciertos sectores de la sociedad como los jóvenes, y por otro, mostrar los “excesos” del gobierno, el carácter autoritario, la corrupción, los límites de la política social, los altos impuestos, la inseguridad, etc., pero fueron propuestas que no lograron restarle votos al gobierno, construir una alternativa distinta y, por último, captar la atención de la población.
Sin embargo, la agenda sobre el campo marcó las diferencias entre uno y otro candidato, que sintética y esquemáticamente podríamos organizarla así:
| Candidato | Propósito |
Cómo |
| Álvaro Noboaaaaaaaaaaaaaaaaa | Desarrollar el valor agregado en los productos del campo para convertirse en el proveedor de alimentos que necesita el mundo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Promover un complejo de servicios de procesamiento para la leche, frutas, verduras y productos del mar, Para dar impulso a esta empresa la oferta de crédito debe ser canalizada por la banca privada y pública |
| Guillermo Lasso | Promover el emprendimiento en todas las actividades productivas entre ellas la agricultura | Liberar las regulaciones que entorpecen los procesos de generación de riqueza, de tal forma, que se fomente el acceso de los productores al mercado tanto nacional como internacional |
| Lucio Gutiérrez | Estabilizar la economía | Crear empleo y direccionarcréditos baratos para el campo, a esto sumar la inversión extranjera y nacional |
| Mauricio Rodas | Mejorar las condiciones propicias para el desarrollo de la Agricultura | Mediante el encadenamiento productivo, estándares de calidad; Derrama Tecnológica, generación de empleo y precios estables |
| Nelson Zavala | Fomentar las exportaciones no tradicionales y la producción de alimentos | Mediante el acceso al crédito, capacitación, comercialización directa, fijación de precios, incentivos para el desarrollo agroindustrial, desarrollo de la ciencia y tecnología, además, el conflicto de tierras será resuelto con la titularización masiva y, para la administración correcta del agua se dictara una nueva ley |
| Norman Wray | Constituir al Ecuador en una potencia de producción de alimentos orgánicos | Impulsar el desarrollo de la pequeñas y medianas iniciativas productivas y facilitar la comercialización de sus productos mediante políticas claras que promuevan una agricultura y ganadería orgánicas |
| Rafael Correa | Garantizar la seguridad alimentaria y la Soberanía Alimentaria | Mediante procesos de redistribución de recursos productivos como la tierra, el agua, el crédito y las semilla, estándares de calidad debido al acompañamiento técnico permanente. acortar las cadenas de intermediación, crear el sistema público de riego con calidad, mantener el seguro agrícola, fomentar a la producción orgánica, complementar la infraestructura vial y caminos rurales |
| Alberto Acosta | Lograr la Soberanía Alimentaria | Los agricultores controlando y administrando el proceso productivo; Impulsar el acceso democrático a la tierra, el fomento a las tecnologías apropiadas, al sistema de transporte y los mercados, fortalecer las organizaciones, promover la agroecología y la economía familiar campesina, y establecer mecanismos para la obtención de créditos productivos, arrancar una política de precios de sustentación y garantizar a los productores de ciclo corto, combatirá el monopolio en la comercialización de los alimentos, valorar y proteger el patrimonio genético y se impedirá el ingreso de semillas y cultivos transgénicos, impulsar la gestión social del riego, Realizar una reforma agraria, impulsar la ley de tierras y territorios que promueva la propiedad comunitaria y asociativa y sancione al latifundio, crear mecanismos para un reagrupamiento parcelario en las zonas de minifundio; impulsar la ley de aguas, crear el concejo intercultural y plurinacional del agua para fortalecer la administración comunitaria y de organizaciones |
La mayor parte de propuestas se fundamentan en la iniciativa privada y la reducción de los impuestos, sin un discurso claro hacia los sectores campesinos. De estas, las más importantes para el campo fueron las de Alberto Acosta y Rafael Correa; el primero representaba a las demandas de las organizaciones indígenas y campesinas más importantes del país, y el segundo, marcaba las líneas de la política agraria con base en un proceso de modernización capitalista del campo:
• La propuesta de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas enfatizó viejas y nuevas propuestas; la necesidad de la Reforma Agraria, la defensa de la Soberanía Alimentaria, el control de mercados, la democratización o desprivatización del agua de riego, políticas de subsidios, crédito, asistencia técnica, compras públicas de alimentos campesinos, etc.; remarcando el compromiso con los pequeños productores y la agricultura familiar campesina.
• Alianza País en cambio enfatizó la productividad, las cadenas de valor, la vocación exportadora y la sustitución energética –o la producción de biocombustibles.
Para nosotros, el punto más importante de la campaña frente a la agricultura estuvo dado por las declaraciones de Correa en relación a los transgénicos y los biocombustibles, que marcan hacia el futuro, el nuevo escenario de las políticas para el campo. Bajo el argumento de que los transgénicos permitirían cuadriplicar la producción agrícola para aliviar la pobreza, el presidente desconoce los problemas rurales ligados a la histórica desigual distribución de los recursos productivos y se alinea con las demandas internacionales sobre la “crisis”; finalmente se distancia de la Constitución de Montecristi que plantea la Soberanía Alimentaria como estrategia de desarrollo para el campo.
Lo rural en este contexto
Tanto el contexto internacional como el nacional, configuran el espectro de la política relacionada con el campo. Por un lado, se encuentra los acuerdos con China para la extracción de petróleo y la construcción de mega-proyectos;
“En total son 24 contratos, por 5.270’239.787 dólares, fueron entregados a 15 empresas chinas, que se domiciliaron en el país uno o dos meses antes de la firma de esos documentos. La Cámara de Comercio Ecuatoriano-China tiene registradas 42 empresas con capitales del gigante asiático. La Superintendencia de Compañías reporta la inscripción de 29 sucursales chinas, cifra que no incluye a las que están clasificadas como empresas ecuatorianas, pero son filiales de corporaciones registradas en Estados Unidos, Canadá y otros países, que han sido adquiridas por transnacionales de China” .
Esto ha generado nuevos conflictos relacionados con compensaciones, desplazamiento a campesinos, o incumplimiento de acuerdos previos con las comunidades y recintos (puestos de trabajo); además hay la apertura de nuevos proyectos mineros a gran escala y la criminalización de la minería artesanal.
Por otro lado, se destacan las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca (MAGAP) que, desde la presencia del ministro Javier Ponce, han desarrollado un importante impulso de políticas de fomento agropecuario. A diferencia de los ministros anteriores, si observamos algunos ejemplos de las acciones que ha realizado este año, no se ocupan solamente de la agroindustria y la agroexportación, sino que se despliegan a favor de varios sectores.
Hacia la agro industria, ha fortalecido el programa Nacional de Almacenamiento que, aunque también ha servido para controlar el precio del arroz, maíz y soya, asegura el abastecimiento de materias primas de las empresas de producción de balanceados. Durante los periodos de dificultad para vender el banano en el mercado internacional, el gobierno subsidió o compró la producción. Se han fortalecido los programas de negocios inclusivos que tienen como objetivo la integración de medianos productores a las cadenas agro industriales.
Frente a los pequeños productores, existe el ‘Plan de Fomento a la Producción de Quinua’ que intenta aprovechar los altos precios que este producto alcanza en el mercado internacional, integrando a 6000 productores de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua como parte del mismo. Otro de los proyectos es el de silos comunitarios para las y los productores de maíz, arroz y soja, dichos silos tienen una capacidad de almacenamiento de 84.000 toneladas. El INIAP ha fortalecido la producción y difusión de semillas certificadas.
Frente a los pequeños productores familiares el programa de las Escuelas de la Revolución Agraria, ERAS, se ha convertido en el programa Hombro a Hombro, que vincula a miles de campesinos e intenta llegar con capacitación, asistencia técnica y tecnológica, mercados locales, y asociatividad.
Frente a los pequeños campesinos sin tierra, el Plan Tierras ha entregado cerca de 20.000 hectáreas de las 60.000 ofrecidas por el gobierno, cabe señalar que dichas tierras eran de propiedad estatal; dejando de lado la propuesta inicial de entregar 2.500.000. hectáreas de tierra.
Y frente a las organizaciones indígenas y campesinas, el gobierno ha levantado los Concejos Sectoriales Campesinos donde, en teoría, las organizaciones pueden poner al debate su agenda hacia el agro.
A estos proyectos se le pueden sumar otros, pero lo que nos interesa mostrar es el comportamiento de la política agraria, que desde nuestro punto de vista deja algunas interrogantes y contradicciones. Si bien muestran una mayor capacidad institucional del MAGAP para llegar a los sectores más pequeños que han estado esperando el apoyo por parte del Estado, las políticas en un contexto electoral han servido para afianzar el proyecto político de Alianza País en el campo (modernización de tipo capitalista) y se deberemos esperar a ver si está política se sostiene luego de las elecciones.
Lo que si esta claro es que el gobierno ha priorizado grandes planes y políticas “productivistas” que se justifican en su proyecto de “cambio de la matriz energética”;
Con esto nos referimos al decreto presidencial 1303 que fomenta la producción de biocombustibles asegurando la compra y distribución estatal al proponer un incorporación del etanol en diesel premium en un 5% y la meta es llegar a 10%.
Hay un proyecto para destinar 40.000 has de tierra con riego en la península de Santa Elena para la producción de etanol.
El Plan Nacional Forestal se propone la siembra de 400.000 has de arboles de comercialización industrial; eucalipto, teca, pachaco, etc.
El fomento de la producción nacional de insumos a través de la construcción de una fábrica de urea.
Es decir, el gobierno aspira a superar los problemas de la pobreza, reforzando un modelo primario agroexportador que incorpora en sus ejes la producción de biocombustibles. Estas políticas o planes nacionales muestran, además de un paradigma productivista, una apuesta por la producción de monocultivos industriales que no solo se oponen a los principios de la soberanía alimentaria, sino que a la larga compiten por los recursos productivos y son un contrasentido a la producción campesina de alimentos.
Esta dinámica refuerza la conflictividad rural ligada a una nueva expansión de la frontera agrícola que los campesinos y las organizaciones rurales están viviendo frente a la expansión de la palma africana en la provincia de Esmeraldas; la expansión de la agro industria de flores en Cayambe y Cotopaxi; la expansión de la agroindustria de exportación en la cuenca del Guayas que va de Santo Domingo hasta la península de Santa Elena; frente a las camaroneras en la costa pacífica; y, no podemos olvidar a los campesinos y comunidades enfrentadas al desalojo que producen la expansión de proyectos turísticos en la costa; los proyectos hidroeléctricos en las cejas de montaña; la expansión de la minería a gran escala; y el petróleo en la Amazonía.
¿Es posible una vía campesina?
El escenario para la construcción de una vía campesina de desarrollo para el agro es, a pesar de los avances constitucionales, una tarea compleja, sobre todo como lo hemos dicho en el balance del 2012, en un país donde el gobierno se alinea con los intereses agroexportadores, las demandas del mercado y las demandas del gran capital, esta dependerá en mucho de la capacidad de las organizaciones indígenas y campesinas para posicionar sus demandas.
En este sentido, el escenario organizativo tiene pocas oportunidades políticas.
El campo organizativo se ha polarizado entre las organizaciones que están a favor o en contra del gobierno, pero la polarización no da visos de que las organizaciones crezcan en una u otra posición; ni las organizaciones que han estado con el gobierno han mejorado su posición, ni las organizaciones en oposición han logrado ampliar sus bases organizadas; y las pocas articulaciones que lograron construir en torno a la ley de tierras y la ley de agua no fueron lo suficientemente fuertes para lograr que sean asumidas políticamente por el gobierno.
El gobierno ha intervenido en la autonomía de las organizaciones tanto de las opositoras como fue el caso del Pachacutik de Chimborazo, como en las organizaciones que se han mantenido como aliados críticos al gobierno, este es el caso de la FENOCIN.
A estos conflictos se debe sumar el ambiente hostil, desprestigio hacia los dirigentes y los casos de criminalización / judicialización que se ha levantado contra dirigentes sociales y defensores populares que logra mantener un contexto de amedrentamiento y desmovilización; en la actualidad son cerca de 200 defensores del agua, recuperadores de tierra o defensores del territorio quienes están criminalizados en distintas zonas del país .
Los resultados electorales mostraron varios vacíos y debilidades aún por estudiarse y entenderse: a) la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas no tuvo el eco esperado, aunque PACHAKUTIK como representación del campo muestra una fortaleza local (de los 6 asambleístas, 5 son del Pachakutik), es visible que la alianza no fue una articulación exitosa, llegaron en el 5 lugar con 3,3% de apoyo electoral, por debajo de Lasso, Lucio, Rodas y Noboa; b) a pesar de la movilización del 22 de marzo del 2012 por el agua y en contra de la minería, la alianza plurinacional perdió en Cuenca, aparente bastión de la resistencia anti-minera; no lograron ganar en la provincia de Esmeraldas, un bastión del Movimiento Popular Democrático que había logrado mantener su hegemonía por más de 8 años.
Y finalmente, aunque el gobierno puede mostrar visos de transformación al anunciar luego de los resultados electorales que va dar paso a la ley de agua y la ley de tierras al interior del bloque del gobierno; las organizaciones campesinas que participan no han logrado cambiar las posiciones conservadoras y las elites terratenientes están bien representadas en la asamblea. Con lo cual, las leyes en la asamblea no incluirán necesariamente las demandas más importantes de las organizaciones indígenas y campesinas: redistribución de tierra, des privatización del agua de riego, consulta previa e informada.
Tareas pendientes
El contexto político ahora parece cerrarse y la propuesta indígena campesina parece no tener espacio para disputarse. Por un lado, la mayoría PAIS en la Asamblea Nacional y las posiciones del presidente en torno a las organizaciones disidentes de su programa y frente a los transgénicos, deja muchas dudas en torno a la capacidad de las organizaciones para incidir sobre la aprobación y formulación de las leyes que el año anterior quedaron pendientes: Ley de tierras, Ley de Aguas, la Ley de Agrobiodiversidad y semillas. Por otro lado, la “ciudadanía” ha mostrado que encuentra en el programa de Alianza País su representación o que el programa de Alianza País cubre sus aspiraciones, y esto la aleja de las propuestas de los sectores rurales.
Entre uno y otro, el espacio de las organizaciones es estrecho y está el desafío de reconstruir sus alianzas con la sociedad, es decir hay que reforzar los esfuerzos, no solo para difundir una agenda campesina, sino entender por donde van las demandas de la sociedad; para poder levantar un programa en diálogo con la sociedad y evitar terminar aisladas frente a la ofensiva gubernamental. Las elecciones también muestran que hay aún un resguardo local y organizado que votó por sus candidatos, un espacio de confluencia desde donde hay que empezar.
El triunfo de Alianza País, al conseguir la reelección de Rafael Correa y una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, obliga a las organizaciones sociales repensar la acción organizativa; en especial, recuperar los lazos entre las organizaciones considerando el creciente efecto de la política en los conflictos territoriales o locales, que dadas las circunstancias, se agudizaran en los próximos meses.
Notas
OCARU (www.ocaru.org.ec) es una propuesta de debate y diálogo político entre organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que tiene como sentido llevar un registro de los cambios socio económicos y políticos en campo, su relación con la reforma institucional y legal y la política agraria, en la perspectiva de mejorar la posición de las organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres rurales del Ecuador.
“Los 27 miembros de la UE cerraron 2012 sumidos en una profunda crisis, con serios problemas de endeudamiento y déficit público, una tasa de desempleo sin precedentes del 11,7% (26 millones de parados, 19 millones en la Eurozona) y más de 120 millones de personas en riesgo de caer en la pobreza. Existe una relación directa entre las crisis económicas, el desempleo y el empeoramiento de la salud mental, y hay una correlación estadística significativa entre las recesiones económicas, el paro y los suicidios” (TUNUPA; 2013).
Diario Expreso/ 13 de Febrero 2012, disponible en., http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=4132436&idcat=19308&tipo=2&utm_source=Monitoreo+Medios+Diario&utm_campaign=93d62ed330-Prueba_boletin_nuevo_monitoreo11_14_2012&utm_medium=email.
En estos años la sociedad civil en el ecuador ha presentado varios informes sobre criminalización que muestran las debilidades del aparato de justicia: Amnistía Internacional 2012, Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en el Ecuador? Amnistía Internacional Editora, London. Cano, Diego 2012 Persecución y criminalización de la lucha laboral en el Ecuador: periodo 2007 – 2011, Internacional de Servicios Públicos (ISP) – Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito
