01 de Diciembre 2015
El correísmo sigue siendo un fenómeno político muy incómodo para las izquierdas ecuatorianas. Sabemos perfectamente, pero lo sabíamos hace rato, que era un proyecto de modernización del capitalismo. Solo grupos muy ingenuos (o políticamente ciegos) podían pensar que se trataba de una auténtica revolución socialista. No es porque prometió el socialismo y se quedó con el capitalismo que el gobierno de la revolución ciudadana merece el repudio de las izquierdas. De hecho, el desarrollismo en el pensamiento y en la práctica económica de Rafael Correa era perfectamente distinguible desde los primeros meses del año 2007. Ese desarrollismo era la sustancia del contenido progresista de su proyecto político. Tras dos décadas y media de neoliberalismo, la insistencia desarrollista en el papel directivo y correctivo del Estado en la economía, era efectivamente un giro a la izquierda. Y lo sigue siendo, al menos parcialmente, si tomamos en cuenta que hay quienes reclaman precisamente un mayor papel al mercado, a la inversión extranjera y a la empresa privada.
Era natural, en esas condiciones, que muchos grupos de izquierdas vieran en ese desarrollismo una oportunidad de democratización económica y social. No fue mi opción, pues nunca participé en el correísmo, pero no se la recrimino a quienes sí participaron; era una oportunidad por la que valía la pena luchar. Pero cuando la lucha interna terminó, entre la aprobación de la Constitución en septiembre de 2008 y la Consulta Popular de mayo de 2011, se acabó cualquier oportunidad para las izquierdas en Alianza País. Desde entonces, el barniz progresista del modelo económico desarrollista se vio completamente eclipsado por los contenidos altamente conservadores de su proyecto estatal y social. La combinación de dirigismo estatal en la economía y conservadurismo en lo social y lo estatal no es rara en la historia del desarrollismo: desde Corea del Sur o Taiwan en los años setenta hasta las políticas mexicanas de Díaz Ordaz, pasando por la Turquía de Kemal Ataturk. Ante tal proyecto, las izquierdas solo pueden optar por la autonomía y la demanda desde fuera del gobierno.
El resultado es una situación políticamente incómoda. No queremos ni podemos dar pasos atrás en el papel y la presencia del Estado en la economía y en la política social; pero al mismo tiempo cuestionamos el contenido y el carácter del Estado correísta. Esa ambivalencia de nuestra posición ideológica es políticamente fatal porque muchos sectores populares se acostumbraron a no esperar nada de ningún gobierno, y encuentran que en éste al menos hay “algo”. Para ellos quizás sea cierto que la noción de “calidad” de la educación es reaccionaria, pero ya lo era antes del gobierno de Alianza País y ahora cuando menos funcionan los baños de las escuelas.
Tampoco es una incomodidad única en la historia de las izquierdas en el mundo. Le pasó lo mismo a la izquierda radical europea con el crecimiento del Estado de Bienestar y con el éxito de las políticas keynesianas de regulación económica luego de la segunda guerra mundial. Le pasó algo parecido o incluso más dramático a la izquierda argentina, cuando fue definitivamente desplazada del movimiento obrero por el auge del peronismo. El costo de no saber qué hacer fue la impotencia y la marginalidad política por décadas.
¿Qué hacer, entonces, con el correísmo? ¿Es verdad como afirman muchos optimistas que estamos ante los últimos coletazos de un muerto en vida? En mi opinión es apresurado decretar la bancarrota electoral o la división infinita entre los codiciosos herederos del caudillo. Pero la acción política requiere el arte de adelantarse a escenarios posibles. Aunque sea una previsión equivocada, hay que prepararse para la eventualidad de un desmoronamiento. Otro escenario posible es el del recambio exitoso de un correísmo sin Correa. El tercero es la continuidad imperturbable del mismo jerarca, esta vez ya apropiadamente divorciado y despojado del miedo que ahora tiene a enfrentar los costos de una crisis económica devastadora. Para este último escenario sería necesario que la marcha destructiva de la crisis pudiera detenerse milagrosamente.
En previsión de tales escenarios, se abre el abanico del debate sobre cómo desmontar lo más pernicioso de sus herencias. Al respecto, en las izquierdas, un debate existe entre Enrique Ayala y Alberto Acosta sobre la responsabilidad que atañe a la Constitución en el modelo autoritario de Alianza País. En la estructura del Estado previsto en la Constitución de Montecristi, en efecto, un papel central le concierne al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El Consejo elige o nombra las comisiones encargadas de designar a casi todos los titulares de los organismos de control, de las instituciones autónomas y de la función electoral. La práctica ha comprobado lo que cualquiera podía saber en 2008: que el concurso de méritos jamás evitaría que el poder político se metiera por la ventana cuando le cerraban la puerta.
Con el peregrino e insostenible argumento de que se trataba de un mecanismo novedoso de “participación ciudadana”, el sistema de concursos públicos se fue perfeccionando con los años de manera de asegurar un control absoluto del ejecutivo sobre todos los nombramientos. Si en los primeros concursos hubo algunos ciudadanos con autonomía frente al gobierno que pudieron ser designados, como en el propio CPCCS o en el Consejo de Educación Superior, en las siguientes designaciones el ejecutivo evitó cualquier fisura en la unanimidad gubernamental. La supervisión gubernamental sobre los concursos ha llegado a ser tan completa que incluso la disponibilidad de información pública sobre los candidatos o postulantes se limitó drásticamente cuando se les ocurrió que no había que darla a conocer.
A la vista de los resultados, el argumento de que la Constitución se diseñó desde el inicio como un mecanismo de control autoritario parece convincente. El problema es que la alternativa constitucional que podría haber sustituido al concurso de méritos era, obviamente, la elección por parte del Congreso o la Asamblea Nacional. Una institución elegida por el pueblo, revestida de la autoridad y legitimidad del voto secreto y universal, era la alternativa obvia para reemplazar al folclórico Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hubiera pasado entonces? Pues que con otra Constitución, el gobierno hubiera controlado exactamente igual todos los nombramientos del poder público. Entre 2009 y 2013 con alguna negociación menor, y, desde 2013, en completa soledad.
El mecanismo institucional central que asegura el éxito del autoritarismo gubernamental no es el Consejo de Participación sino la Asamblea Nacional. Sin el completo dominio que el gobierno ejerce sobre el parlamento, sería impensable el manejo discrecional de los concursos públicos. Si la oposición controlara el parlamento ¿no habría acaso juicios políticos, impugnaciones y destituciones de funcionaros elegidos fraudulentamente? ¿No se exigiría la presentación de la información al público y no se hubiera destituido a los funcionarios que no la presentaran? Una holgada mayoría de diputados férreamente disciplinados conducidos por una débil mujer, muy poco competente, pero muy dependiente, ha sido el mecanismo institucional básico del control autoritario del gobierno. Cuando las condiciones lo permitan, habrá que dar cristiana sepultura al engendro llamado Consejo de Participación. Será un acto de sanidad democrática y de rebeldía social. Pero por más importancia que ahora parezca y por más iniquidad que haya en su funcionamiento, ese Consejo no es el mecanismo central que asegura el autoritarismo correísta.
La Asamblea Constituyente que propone Enrique Ayala no solo serviría para desmontar semejantes absurdos institucionales. Muchas otras cosas podrían ser reformadas. Sobre todo, serviría para desalojar de un solo plumazo el conjunto de serviles operadores que el correísmo dejó instalados en todas las instituciones del Estado. Para eso se han hecho tantas constituyentes en el país. El problema es que una Constituyente post-correísta tendrá necesariamente mayoría opositora. O sea, muy probablemente, de la derecha. ¿No correrían peligro las fórmulas constitucionales de los derechos ciudadanos, sus garantías y el monopolio estatal sobre las áreas estratégicas de la economía? La réplica es que ya son violentadas todos los días. Es cierto. Pero sacarlas de la Constitución no mejora las cosas; facilita el retroceso hasta en los pocos avances obtenidos.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente con la relación de fuerzas electorales previsibles en el escenario de desmoronamiento y división del correísmo parece una invitación a desalojar al niño junto con el agua sucia. Parece mejor otra solución esbozada por Alberto Acosta: una consulta popular con reformas específicas a la Constitución, como la del Consejo de Participación, junto a la cesación en sus cargos de los estorbos remanentes de Alianza País. Una consigna posible para una mejor salida del entuerto en que nos encontramos. Tener una propuesta es importante; saber impulsarla en medio de los sinuosos meandros de la coyuntura lo es mucho más.
