Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch
Cuando llegaron los conquistadores españoles al continente americano, murieron millones de indígenas, sobre todo, por enfermedades como la viruela, el sarampión y la influenza que se esparcieron rápidamente ante la falta de atención adecuada y las condiciones socioeconómicas de los pobladores. Hoy en día vivimos la epidemia de la covid-19 y, pese a que estamos en el siglo XXI, los paralelos con el pasado son preocupantes.
Expertos y organizaciones de Derechos Humanos de América Latina advirtieron desde el primer día que los Estados y las empresas extractivas debían tomar las medidas necesarias para que la pandemia de la covid-19 no llegara a los territorios. Era necesario interrumpir la actividad minera, petrolera y maderera y detener la movilización de los trabajadores de una provincia a otra, a fin de evitar que pueblos enteros desaparezcan, dada su vulnerabilidad frente a patógenos como el virus Sars-CoV-2.
Pero los gritos de emergencia fueron ignorados. Es más, en algunos lugares, la industria legal e ilegal aprovechó la ausencia del control estatal y avanzó como si el Estado de excepción definido por los gobiernos locales no tuviera vigencia para sus actividades. Emblemática por la ignorancia de las grandes industrias ha sido la carretera de 2,2 kilómetros construida entre mediados de marzo e inicios de mayo en el Parque Nacional Yasuní en la selva amazónica ecuatoriana que une dos plataformas petroleras*. Además de ser uno de los lugares más biodiversos del planeta, existen medidas cautelares vigentes dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a l@s indígenas Tagaeri y Taromenane, pueblos que viven en aislamiento voluntario. Según información de los colectivos Yasunidos y Geografía Critica, la comisión de biodiversidad ha citado para este lunes a los Ministros de ambiente, energía, y a la secretaria de Derechos Humanos para que expliquen como ha sido posible, de construir una carretera en plena cuarentena.
En poco tiempo, los territorios alejados de los centros urbanos fueron afectados por el virus. El domingo pasado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, difundió un mapa con la situación actual en las comunidades afectadas por el Covid-19 (detalles en el box La situación de Covid-19 en las comunidades de la Amazonia ecuatoriana). La recopilación se basa en tests rápidos y tests PCR, que son los más confiables. De todas maneras, ya se sabe desde abril: el Covid-19 llegó a comunidades indígenas, no solo de la Sierra y Amazonia ecuatoriana, sino también de otros países del continente.
Triple frontera como epicentro para la Amazonia
Se han confirmado casi 6.000 casos y 550 muertes en las comunidades indígenas de toda la cuenca del Amazonas. Los datos fueron revelados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), un grupo paraguas que representa a las comunidades indígenas de los nueve países amazónicos con alrededor de tres millones de habitantes. “Con una población tan pequeña, esto podría significar un etnocidio por omisión, por descuido, por la crisis estructural y por el sistema sanitario de los países de la cuenca amazónica”, dijo el Coordinador General de COICA, José Gregorio Mirabal, en una rueda de prensa anteayer.
Mirabal, originario de la comunidad Curripaco de Venezuela, dice que el epicentro de la covid-19 para los pueblos indígenas es Leticia. Con apenas 50.000 habitantes, la ciudad se encuentra en la triple frontera Colombia-Perú-Brasil y funciona como pilar central para el comercio de la selva. Ahora tiene la tasa de infección más alta del país: 90 infectados por cada 10.000 personas. La capital de Colombia, Bogotá, cuenta con 7.5 millones de habitantes y una densidad poblacional mucho mayor a Leticia; sin embargo, allí se reportan 5,5 infectados por cada 10.000 personas. Los expertos suponen que esta situación se debe a que, durante las primeras semanas de cuarentena, muchas personas seguían circulando por Leticia. Sin embargo, recién a mediados de mayo el gobierno colombiano decidió cerrar el acceso al Amazonas, departamento del cual Leticia es la capital.
Otras ciudades con altas tasas de contagio y mortalidad por covid-19 son Manaus en Brasil e Iquitos en Perú, ambas situadas en medio de la selva y conectadas con Leticia a través del río Amazonas. Debido a la falta de equipamiento en sus hospitales y al gran número de pacientes, los sistemas de salud en estas ciudades han colapsado. El virus llegó también a comunidades remotas, y ello a pesar de que la mayoría de sus habitantes regresaron rápidamente a sus territorios y bloquearon el acceso a personas ajenas, aislándose en sus tierras. Carolina Gil, de la organización “Amazon Conservation Team” en Bogotá, dice que las amenazas que enfrentan las comunidades amazónicas son “históricas” y provienen de una idea errada de la Amazonia como “gran fuente de riqueza” para extraer. “No hay una presencia institucional fortalecida, no hay equipamientos y no se cuenta con una infraestructura que pueda atender las necesidades de una familia campesina o una familia indígena”, destaca Gil. Esta situación, dice, empeoró con la pandemia.
La situación de la covid-19 en las comunidades de la Amazonia ecuatoriana
La primera alerta sobre la grave situación de los pueblos y nacionalidades indígenas efectuó la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador. A mediados de abril sonaron las campanas por el fallecimiento de un adulto mayor de la nacionalidad Siekopai (Secoya) con síntomas asociados a la covid-19. Dos semanas después alrededor de 15 integrantes de esta misma nacionalidad dieron positivo a las pruebas rápidas y de PCR. Y el 22 de mayo la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Coordinadora General del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza (Conconawep) denunciaron 73 casos confirmados por el Ministerio de Salud. El caso cero en el territorio wao fue el de una mujer de 21 años, que fue trasladada a Quito; casi al mismo tiempo se registró el fallecimiento del anciano Carlos Bay Ima, con síntomas de la Covid-19. Respecto a la joven mujer, el Ministerio de Salud aún no ha emitido ningún reporte.
Según el presidente de la nacionalidad Waorani, Gilberto Nenquino, las comunidades que registran casos de covid-19 son Toñampare, Meñepare, Obepare, Nemompare, Bataboro (Pastaza); Gareno y Conipare (Napo); e Yawerpare y Guillero de (Orellana). Para estos territorios se han solicitado pruebas rápidas y de PCR para la confirmación de los contagios, el establecimiento de un cerco epidemiológico y la correspondiente atención en salud.
La propagación de la covid-19 -así se sospecha en varios países amazónicos- se debe a la circulación de petroleros, mineros y madereros, principalmente. Según Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas en Brasil, más del 50% de las tierras deforestadas en Brasil corresponden a tierras públicas, entre áreas protegidas y territorios indígenas. Estas áreas deforestadas -que en 2019 equivalían al 38% del total- se han convertido en espacios destinados principalmente a la ganadería. Las consecuencias: mayor contaminación de las fuentes de agua locales, acaparamiento creciente de territorios indígenas y, como ocurre en Colombia, asesinato de líderes indígenas por parte de grupos armados que intentan obtener el control del territorio. En el caso de Brasil, “la gente se está aprovechando de esta situación de crisis de salud e invade tierras públicas para ganar dinero”, dijo Alencar a la BBC.
La guerra con la viruela
La epidemia actual no es la primera que se desata en territorios de comunidades indígenas de América Latina. En siglos anteriores, la viruela, el sarampión y la influenza causaron graves daños en los pueblos nativos de las Américas. Es más: se convirtieron en los mayores aliados de los conquistadores europeos, ya que los habitantes locales no contaban con los anticuerpos necesarios. Miles de ellos murieron.
Al revisar la literatura biomédica e histórica, Alexis Diomedi Pacheco, infectólogo chileno, llegó a determinar que la viruela fue utilizada como un arma “para realizar una guerra biológica contra los indios americanos, lo que a la larga significó la mayor catástrofe poblacional que jamas haya sufrido America en toda su historia”. En la “Revista chilena de infectología” destacó que, cuando los europeos llegaron a México, en el 1518, la población ascendía a unos 25 millones de habitantes; diez años después disminuyó a 16,6 millones para llegar a solo 3 millones en 1568. Al siglo de la llegada de los europeos, quedaron solo 1,6 millones de nativos.
La situación fue parecida en los territorios andinos de Sudamérica: Diomedi Pacheco escribe como fue mermada la población de casi 20 millones que vivía en lo que hoy es Perú, antiguo Imperio de los Incas o Tahuantinsuyu, con su centro en Cusco. El infectólogo está convencido de que la matanza de los pueblos originarios a través de los virus formaba parte de una estrategia; de hecho, estima que, desde la llegada de Colón, un 95% de los pobladores precolombinos ha desaparecido. Basándose en documentos de los mismos conquistadores, Diomedi Pacheco cita e un diálogo entre dos militares de la corona británica que ocupaban territorios de lo que hoy son los Estados Unidos de América: “¿Podría idearse el enviar la viruela a esas tribus de indios descontentos?”. La respuesta: “Voy a tratar de inocularlos con algunas cobijas que caigan en su poder, teniendo cuidado de no contraer yo mismo la enfermedad”.
La crítica del médico Eugenio Espejo
No todos los científicos sostienen que los europeos han usado conscientemente las cepas de dichos virus. Fernando Operé, por ejemplo, historiador español y profesor de Literatura y Cultura en la Universidad de Virginia, escribió en un artículo para una revista de académicos españoles en Estados Unidos, que los colonos en ese entonces no habían comprendido los mecanismos de enfermedades infecciosas y cuestiones de inmunidad. “No hubo un intento por parte de los españoles de producir esa tragedia. Los españoles querían la ayuda nativa para colonizar, no la muerte masiva de ellos”.
Una lectura parecida tiene Germán Rodas, historiador en medicina y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Él tampoco comparte la teoría de una guerra biológica consciente por parte de los españoles. En cambio, afirma que a los conquistadores europeos no les importaba si los habitantes morían. “Enfermedades como la viruela no entraban al cuerpo humano porque sí, sino porque esta persona no estaba alimentada adecuadamente y porque no recibía un trato humano”. Los que atendían a los enfermos en ese entonces eran los sacerdotes católicos. Ellos divulgaban la idea de que las enfermedades eran un castigo de Dios y pedían, peregrinando por la ciudad de Quito, que ese ser supremo los curase.
Quien se opuso a esta doctrina en las últimas décadas del siglo XVIII fue un joven médico cuyo nombre se encuentra hoy en día en varias calles y centros de salud del país: Eugenio Espejo (1747-1795). Diez años antes de su muerte, el presidente de la Real Audiencia de Quito le pidió un análisis sobre la situación de la viruela, virus que en ese entonces se esparció por el territorio que hoy se conoce como Ecuador. Y Espejo escribió en sus Reflexiones sobre Viruela que la enfermedad avanzaba principalmente por no tener agua y comida limpia y por falta de condiciones básicas de higiene. “Esta observación no solamente fue un salto cualitativo en la salud de Quito, sino quizá en el mundo”, enfatiza el historiador Rodas. “Con esta actitud, Espejo rompió con la visión imperante sobre la enfermedad y la salud y propuso una nueva conducta desde otro punto de vista”. En definitiva, mostró un aspecto central que hoy en día también se refleja con la expansión del covid-19: las condiciones socioeconómicas y su incidencia en nuestra salud.
Esta lectura crítica no fue del agrado de los médicos del Virrey de Quito. Exigieron a Espejo que modifique su escrito, pero él insistió en su versión y fue perseguido e incluso encarcelado.
Los privilegios de los que viven en las ciudades
Germán Rodas evita comparaciones entre las diferentes epidemias sucedidas en América Latina a lo largo de la historia, pues en cada época los conocimientos respecto a enfermedades y salud y los sistemas de salud en sí han sido distintos. Sin embargo, existen paralelos con la situación actual, por ejemplo, la ausencia o incluso el abandono por parte de las autoridades. “No en todos los lugares de Ecuador hay buenos sistemas de salud”, destaca Rodas. Más bien, y no solamente ahora por el Covid-19, la salud se centra en la atención a los mestizos que viven en las grandes ciudades. “Pero el Estado está en obligación de cuidar a todos sus pueblos, considerando una medicina culturalmente adecuada. Esta ausencia en los territorios indígenas me preocupa, tanto como historiador y como ser humano”.
Efectivamente, desde que fue declarado el Estado de Emergencia a mediados de marzo, ninguna de las autoridades del gobierno se ha pronunciado, ni por la evidente desatención, ni sobre las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas y los exhortos de la Defensoría del Pueblo y la CIDH. Ellos se han manifestado durante estas semanas de confinamiento, exigiendo los derechos para las comunidades. Son instancias que desde hace 500 años no han existido.
Primero se manifestó la Coordinadora General del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza (Coconawep). Apoyado por Surkuna y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), interpuso una acción de medidas cautelares en contra del Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, de la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, del ministro del Ambiente, Paulo Arturo Proaño, del titular del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Otto Sonnenholzner y del presidente del Ecuador, Lenín Moreno. En el documento se señala que “la omisión de las autoridades pone en riesgo de posibles contagios de covid-19 a las PIA (Poblaciones Indígenas Amazónicas), sometiéndolas a condiciones que pueden acarrear su destrucción física (…). Se conoce que las afectaciones a la salud de las PIA generan una condición de extinción en estas poblaciones, debido a que sus defensas y sistemas de salud no están preparados para las enfermedades de la sociedad mayoritaria”.
Para entender la fragilidad de la nación waorani, la abogada de la Cedhu, María Fernanda Poveda, recuerda que es un grupo de reciente contacto o contacto inicial (1950). Por tanto, la propagación de este virus en su territorio podría ser altamente letal por las bajas defensas de la población indígena, porque ataca sobre todo a los adultos mayores y porque ellos tienen eventual contacto con pueblos en aislamiento voluntario. La nación waorani tiene aproximadamente 5000 habitantantes -la parroquia urbana de Chillogallo en Quito es más numerosa -.
Los efectos jurídicos de las medidas cautelares suelen ser inmediatos, no así en este caso que se trata de proteger a la nación Waorani asentada en las provincias de Orellana, Pastaza y Napo y a los pueblos Tagaeri y Taromenane en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, la jueza ha dilatado su pronunciamiento. Primero convocó a una audiencia el viernes pasado -procedimiento inusual- que fue suspendida por solicitud del Ministerio de Ambiente. Se espera que la audiencia se concrete hoy, justo en el Día del Medio Ambiente.
La defensa de la vida amparada en la Constitución
La segunda acción legal para defender la vida de los pueblos amazónicos de Ecuador fue presentada la semana pasada. A través de un exhorto, la Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio de Salud Pública, al COE Nacional, a los titulares de los COE cantonales y a los alcaldes de los municipios de Shushufindi y Cuyabeno, que brinden atención y tratamiento médico preventivo, inmediato y adecuado a la nacionalidad Siekopai y Secoya. “Cada una de las nacionalidades tiene sus autoridades reconocidas y electas que no han sido consideradas para la generación de política pública desde los COE Provinciales, especialmente en Sucumbíos y Orellana”, explicó Harold Burbano, Director General Tutelar de la Defensoría del Pueblo. “Ellos están obligados a tener un enfoque intercultural para proteger las vidas de los pueblos Waorani y Siekopai”. Burbano puso énfasis en los artículos 57 y 215 de la Constitución que “protegen los derechos humanos, preservan la vida y salud de los pueblos indígenas y nacionalidades afroecuatorianas y montubias”.
Mientras tanto, a través de un comunicado de prensa, la CIDH expresó su preocupación por la amenaza que significa la covid-19 para la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y con contacto inicial. La Comisión solicitó a los países de la cuenca amazónica que protejan a los pueblos indígenas del contagio y del impacto a sus derechos y que, además, consideren “sus conocimientos ancestrales, prácticas curativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural”.
Si el Estado Ecuatoriano no responde, tanto las organizaciones sociales como la Defensoría del Pueblo pondrán una demanda en la CIDH.
Según información del colectivo Yasunidos, en el parque nacional Yasuní están oficialmente operando las empresas petroleras Petroamazonas, PetroOriental/Andespetroleum, Repsol y Petrobell. La carretera que abrieron está en el bloque 43, operado por la estatal Petroamazonas.
Texto: Ela Zambrano, Kimberley Brown y Romano Paganini.
Colaboración: Vicky Novillo Rameix
Foto principal: Facebook/Resistencia Waorani
