El Telégrafo
21 julio 2014
Los primeros núcleos de trabajadores asalariados, que progresivamente formaron gremios y sindicatos, así como lucharon por el reconocimiento de derechos laborales, aparecieron durante la época de la Revolución Liberal Ecuatoriana (1895-1912). Pero solo en 1916 fue reconocida la jornada de 8 horas diarias, sistemáticamente burlada por los empresarios, lo que condujo, entre otras causas, a la movilización de trabajadores en Guayaquil, reprimida a bala por el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924), el 15 de noviembre de 1922.
Solo con la Revolución Juliana (1925) se institucionalizaron, por primera vez, los derechos y garantías laborales que fueron consagrados por la Constitución de 1929. En 1938 se dictó el Código del Trabajo, bajo cuyo amparo se desarrolló el sindicalismo ecuatoriano, que condujo a la creación de grandes centrales: CEDOC (1938), de orientación católica; CTE (1945) patrocinada por el Partido Comunista; CEOSL (1962), auspiciada con clara influencia norteamericana, en una época de lucha contra el supuesto avance del “comunismo” en el país.
Las tres centrales largamente se habían enfrentado por sus diferencias ideológicas, a pesar de que sus reivindicaciones laborales eran, en mucho, comunes. Su acercamiento ocurrió en la década de los setenta, con las primeras marchas y plataformas de lucha, que derivaron en la constitución del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en 1981.
El FUT protagonizó sonadas “huelgas nacionales” en los ochentas, pero su significación y lucha declinaron, a consecuencia de una serie de factores, como el derrumbe del socialismo mundial y del paradigma obrerista del marxismo, la represión durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) y la consolidación del modelo empresarial de desarrollo, que rigió hasta 2006, y que tan gravemente afectó no solo a los trabajadores, sino a la población nacional.
El casi desaparecido FUT intenta retomar protagonismo oponiéndose al proyecto de nuevo Código del Trabajo y cuestionando al de Código Monetario y Financiero. Tiene razones poderosas para oponerse a una serie de reformas laborales que afectan gravemente a los derechos de los trabajadores, conforme lo he sostenido en anteriores artículos. Pero es un error político que se involucre en el cuestionamiento al código monetario, pues, seguramente sin proponérselo, se alinea con los banqueros, que son quienes históricamente se han opuesto a todo intento de regulación y control de sus actividades.
Solo con la Revolución Juliana (1925) se institucionalizaron, por primera vez, los derechos y garantías laborales que fueron consagrados por la Constitución de 1929. En 1938 se dictó el Código del Trabajo, bajo cuyo amparo se desarrolló el sindicalismo ecuatoriano, que condujo a la creación de grandes centrales: CEDOC (1938), de orientación católica; CTE (1945) patrocinada por el Partido Comunista; CEOSL (1962), auspiciada con clara influencia norteamericana, en una época de lucha contra el supuesto avance del “comunismo” en el país.
Las tres centrales largamente se habían enfrentado por sus diferencias ideológicas, a pesar de que sus reivindicaciones laborales eran, en mucho, comunes. Su acercamiento ocurrió en la década de los setenta, con las primeras marchas y plataformas de lucha, que derivaron en la constitución del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en 1981.
El FUT protagonizó sonadas “huelgas nacionales” en los ochentas, pero su significación y lucha declinaron, a consecuencia de una serie de factores, como el derrumbe del socialismo mundial y del paradigma obrerista del marxismo, la represión durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) y la consolidación del modelo empresarial de desarrollo, que rigió hasta 2006, y que tan gravemente afectó no solo a los trabajadores, sino a la población nacional.
El casi desaparecido FUT intenta retomar protagonismo oponiéndose al proyecto de nuevo Código del Trabajo y cuestionando al de Código Monetario y Financiero. Tiene razones poderosas para oponerse a una serie de reformas laborales que afectan gravemente a los derechos de los trabajadores, conforme lo he sostenido en anteriores artículos. Pero es un error político que se involucre en el cuestionamiento al código monetario, pues, seguramente sin proponérselo, se alinea con los banqueros, que son quienes históricamente se han opuesto a todo intento de regulación y control de sus actividades.
