Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, ha tomado la posta como vocero de quienes, por mérito propio, se han hecho acreedores al calificativo de terroristas económicos. En estos días salió a defender el plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno bajo el nombre de Ley Humanitaria y, días después, «sugirió» que para enfrentar la situación económica del país debería reducirse el salario básico vigente.
La gran burguesía ecuatoriana, sus economistas neoliberales y, por supuesto, el gobierno de Lenín Moreno que se encuentra al servicio de ellos y del capital extranjero, creen que es el momento para ejecutar su anhelado programa económico fondomonetarista. No hay exageración al decir que intentan hacerlo marchando sobre los cadáveres de miles de ecuatorianos afectados por la pandemia y de otros tantos que han perdido sus empleos, han visto cómo disminuyen sus ingresos o cómo se hunden más en la pobreza.
Las declaraciones y recomendaciones de los voceros de los banqueros y los grandes empresarios, los proyectos de ley presentados en estas semanas y los anuncios gubernamentales están en la línea de los compromisos que en marzo del año pasado el gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional: disminución de la masa salarial en el sector público, eliminación de los subsidios de los combustibles, reformas en el sistema tributario, reforma que flexibilice las relaciones laborales, afectación a la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los proyectos de Ley de Apoyo Humanitario y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas recogen varios de estos aspectos.
Para cerrar el círculo de medidas y propuestas que estrangulan a los ecuatorianos está el planteamiento de De la Torre de disminuir los salarios de los trabajadores. «Vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público del orden del 50%. En el sector privado vamos a tener que hacer reducción de costos. El Gobierno tiene que reconsiderar que el salario mínimo de Ecuador debe equipararse al salario mínimo de Perú o Colombia, la economía no nos da», dijo De la Torre en una entrevista para Ecuavisa el pasado 24 de abril. Este criterio no es nuevo en él, en julio del año pasado, en Teleamazonas, aseguró que «la informalidad crece debido al alto salario», por lo que debería crearse tres tipos de salarios nuevos, distintos y menores al actual salario mínimo: Uno para quienes estando en «informalidad» ingresen a la formalidad; otro para los jóvenes, que ingresan por vez primera a trabajar; y, un tercero para el sector agropecuario.
La queja de los grandes empresarios respecto de los supuestos altos salarios de los trabajadores es vieja. Desde hace tiempo han intentado bombardearlo y echarlo abajo, con el supuesto de que mientras menos o ninguna regulación exista en los contratos laborales, mayores posibilidades de crecimiento de fuentes de trabajo hay. En las actuales condiciones, intentan aprovechar la enorme oferta de fuerza de trabajo existente (desempleados y subempleados) para eliminar derechos laborales y disminuir remuneraciones. La Ley Humanitaria da pasos en ese sentido.
El tema salarial no puede tener como único referente y menos aún principal, la situación de su similar nominal en países vecinos, sino si este logra o no cubrir las necesidades básicas para la existencia del trabajador y su familia. En nuestro país está claro que el salario básico está lejos del costo de la canasta básica $714, que por cierto, su alcance no otorga pleno bienestar.
Pero aún si nos remitimos a lo que ocurre con los países vecinos, la situación real no es como señalan los economistas neoliberales. Al iniciar este año el salario básico en los tres países que señalamos a continuación se presentó así: Colombia $269, Ecuador $400, Perú $281. El salario mínimo en Colombia se complementa con un subsidio para transporte de $31,6, es decir, es superior al oficialmente establecido (salarios a nivel de América).
Un primer elemento, indispensable de verlo, es cómo se ha movido el salario de los trabajadores en los últimos años. Desde 2015 hasta 2020, el salario en Colombia creció un 34%; en Ecuador el 13% y en Perú el 27%. Como puede verse, el crecimiento en Ecuador es el más bajo en la región, lo que implica que las distancias se acortan.
Existen otros indicadores que permiten apreciar mejor lo que ocurre en este aspecto. Uno de ellos es la remuneración fijada y el ingreso disponible para los trabajadores, que es el monto que resulta luego de descontar los pagos a la seguridad, aportes pensionales, impuestos directos. Para una más fácil comprensión del asunto, tomaremos un supuesto salario referencial de $1000 mensuales. Bajo esas condiciones, el ingreso disponible del trabajador se presenta así: Colombia $910, Ecuador $906, Perú $860. Eso significa que el salario referencial se reduce el 9% en Colombia, el 9,45% en Ecuador y el 14% en Perú.
La queja de los empresarios pierde aún más razón cuando establecemos los recargos sobre la nómina salarial: bonos, primas, vacaciones, etc. En Colombia, dependiendo del sector, va entre el 54,4% y el 58,4%, en Perú el 50% y en Ecuador el 41,3%. Así va develándose que la «distancia» de los salarios ecuatorianos con los que se paga en los países vecinos no es como lo pintan. También podríamos explicar este aspecto señalando que en los otros países los aportes de la patronal a los beneficios del trabajador son mayores que aquí.
“…en Ecuador el costo por hora es el más bajo: Colombia $2,68, Ecuador $2,37, Perú $2,53”.
En el país se argumenta que la legislación laboral «no permite ser competitivos» en el mercado internacional. Para establecer el grado de competitividad se debe establecer el costo laboral por bien producido (costo unitario), en el que intervienen el costo laboral por trabajador (costos salariales y no salariales) y el producto del trabajador (productividad del trabajo). La burguesía busca alcanzar la competitividad disminuyendo los costos laborales por trabajador a través de la reducción de los salarios, de los beneficios laborales y en ocasiones eliminando algunos de ellos, y no con políticas de inversión y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad.
Sin embargo, ese argumento pierde razón cuando miramos los costos laborales promedio por hora en la industria manufacturera, pues, resulta que en Ecuador el costo por hora es el más bajo: Colombia $2,68, Ecuador $2,37, Perú $2,53. Los empresarios no explican cómo países como EEUU, Francia, Canadá o Japón con costos laborales mucho más altos (23,65; 24,63; 23,82; 21,76 respectivamente) tienen mayor competitividad¹. Y no lo explican porque eso les obligaría hablar de inversiones, riesgos, períodos más largos para recuperar inversiones, etc. El parasitismo de la burguesía está muy bien identificado.
La disminución de los costos laborales tiene un efecto negativo para la economía del país, porque provoca la reducción de la capacidad adquisitiva de las personas, la disminución o estancamiento del consumo y de la demanda interna, se desacelera la inversión y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno. Idéntico efecto provoca la elevación del IVA propuesto por los mismos economistas neoliberales.
El salario debería establecerse como medida de trabajo y de consumo, pero en el capitalismo está determinado por las necesidades de acumulación del capital y expresa la situación en la que se encuentra la clase obrera. Una de las tantas irracionalidades del capitalismo se expresa en él, cuando los propietarios de los medios de producción asumen un poder especial sobre la utilización del trabajo al determinar cuánto pagan, el tipo de jornadas, etc. De esa manera se produce una expropiación del trabajo, de ahí que para recuperar el trabajo la clase obrera debe abolir los elementos que provocan esa expropiación: la propiedad privada sobre los medios de producción.
*Analista de temas políticos, vinculado a la actividad de organizaciones populares y sociales del país.
Fotografía: Michal Jarmoluk / Pixabay.
¹Bureau of Labor Statistics, Department of Labor, USA.