15 de febrero 2018
Hace ya tres años, la Asamblea Nacional del Ecuador, liderada por el movimiento oficialista Alianza País, reformó la Constitución de 2008. Esta reforma, que no fue sometida a Consulta como establece el propio texto constitucional, incluyó entre otros puntos, la posibilidad de reelección indefinida en todas las autoridades electas. Recordemos que ya en varias ocasiones, el ex presidente Rafael Correa, había anunciado la necesidad descambiar la Constitución con el objetivo de “continuar con el proceso de la Revolución Ciudadana”1. Al parecer tanto diez años del mismo régimen y el mayor presupuesto en la historia del Ecuador no eran suficientes; como insignificante para el correísmo, fue el sentido democratizador de recambio representativo que se buscó plasmar en el texto constitucional.
Sin embargo, antes de finalizar su periodo presidencial, Correa anunció que no participaría en las elecciones presidenciales del año 2017. Su anuncio se produjo en medio de las protestas encabezadas por el movimiento obrero y popular opuesto al correísmo, que desde el año 2014 protagonizaron las movilizaciones contra la propuesta oficialista del Código de Relaciones Laborales que se pretendía aprobar y que contaba con el rechazo de todas las centrales sindicales por su carácter regresivo2. Un año más tarde, las organizaciones convocan a un Paro Nacional y a un Levantamiento Indígena que buscaba denunciar el carácter autoritario del gobierno3 y su proyecto de alianza y favorecimiento a los grandes capitales, mostrar la situación de emergencia del agro ecuatoriano y canalizar el descontento popular y de sectores medios, por la aplicación de políticas públicas de modernización conservadora capitalista que en el contexto de recesión y crisis económica, mostró su rostro neoliberal (firma de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, mayor endeudamiento con China, flexibilización laboral, regreso del FMI al seguimiento de las cuentas nacionales, Ley de Alianza Público Privada que sentaba las bases para futuras privatizaciones, etc.).
A la estrategia de los movimientos populares para mostrar el carácter poco democrático y de modernización capitalista del correísmo, se sumaba una considerable caída en el precio de las materias primas que develaba la dependencia del país con la renta extractiva y que inició una fase de despidos, recortes y un agresivo endeudamiento del Ecuador con China. Este desgaste, y germen del descontento, obligaron a Correa a desistir de la cruzada por su reelección inmediata. La cancha legal para las elecciones presidenciales del 2017 estaba trazada.
Pero la política se cuece en otras esferas, y los vuelos que ha dado en el contexto ecuatoriano, nos muestran que el comportamiento y la dinámica del progresismo como forma de representación y proyecto político, tiene aristas más allá de la pretensión de reducir todo a disputas ideológicas entre una derecha “afuera” del gobierno y auto adjudicación de “revolución y cambio” de Alianza País.
En efecto, la llegada de Lenin Moreno a la presidencia mostró el acuerdo del movimiento oficialista para purgar sus pugnas internas y alcanzar la presidencia mediante un “cierto” giro al estilo confrontativo del correísmo; a la par que evidenciaba que la mitad de la población ecuatoriana mantenía el apoyo a la Revolución Ciudadana. Pero desde el triunfo de Alianza Pais en segunda vuelta, un mal sabor se instaló en Palacio de Gobierno: y es que si bien Moreno había alcanzado el 51% de la votación, el candidato banquero del movimiento de derecha, Guillermo Lasso, tuvo el 48% en medio de denuncias de fraude electoral y llamados a defender el voto. No en vano, las primeras palabras del presidente electo buscaron aplacar la creciente polarización de la sociedad ecuatoriana, “les hago un llamado a que depongamos nuestros rencores, restablezcamos los lazos afectivos que están rotos, inclusive los familiares. Ninguna elección, ningún candidato, valen tanto como para romper nuestras familias, y separarnos de nuestros amigos” (Abril 2017, cadena nacional).
Las palabras de Moreno marcarían el estilo “de unificación nacional” de este nuevo momento de Revolución Ciudadana, que como señala Pablo Ospina nos reflejan un gobierno que realiza “constantes actos de equilibrismo: dar siempre alguna pequeña satisfacción a todos los que reclaman pero nunca darles todo lo que piden”, en donde la base de este estilo de gobernar reflejaría un “desplazamiento dentro de la coalición gobernante”5, determinada por el modelo de gasto desmesurado, endeudamiento y pocos resultados de la política fiscal regresiva del anterior gobierno, que obliga a Lenin Moreno a negociar hacia dentro, con varios frentes (empresariales, sociales, tecnócratas) debido al vacío dejado por los funcionarios salientes del anterior gobierno; y hacia fuera, con el conjunto de actores políticos.
Muestras de esto en el campo popular, las encontramos en los diálogos sostenidos entre el presidente y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para la recuperación de la educación intercultural bilingüe (desaparecida en el correísmo); o la visita masiva de dirigentes y movimientos anti mineros días previos a la Consulta, que demandaban auditoría a todas las concesiones mineras entregadas por Correa, y que lograron entre otros compromisos, la salida del Ministro de Minas; o las conversaciones entre el gremio de maestros para que devuelvan a la vida jurídica a la Unión Nacional de Educadores, UNE, ilegalizada y perseguida por el régimen anterior; o el compromiso asumido por el presidente con el movimiento de mujeres para la promulgación de una Ley de Erradicación de Violencias contra las Mujeres y la implementación de una institucionalidad de género desmantelada en estos diez años.
Así mismo, la presión de los empresarios y grupos exportadores se hizo evidente en estos meses. Sus demandas se concentran en la reducción de impuestos, la firma de tratados de libre comercio y una menor participación del Estado en la dinámica económica. Los resultados de esas presiones han implicado la continuidad más visible de lo iniciado por el régimen anterior: conversaciones entre el Ministerio de Comercio y los Estados Unidos para un posible acuerdo, flexibilización laboral y reducción de salarios6.
En ese sentido, la Consulta Popular del 4 de febrero se inscribe en un entramado complejo de recambios y terrenos de posibles disputas. Constituyó un mecanismo de legitimación del actual gobierno y una táctica para blanquear disputas internas (nunca ideológicas, solo pugnas entre facciones de Alianza País por el control de recursos del Estado y alrededor de un pacto de impunidad para ocultar participación de funcionarios y militantes en casos de corrupción). Significó un medidor, para el gobierno en tanto apoyo a su gestión y puesta en práctica de la capacidad de negociación con el espectro de actores, probablemente como un antecedente para la aplicación de políticas económicas y de diálogo que permitan la consolidación del gobierno.
Fue así mismo, un proceso electoral respaldado por todos los actores, de izquierda y de derecha, que sufrieron los embates y las políticas de deslegitimación del correísmo. La Consulta fue interpretada por las organizaciones como un paso para desmantelar la institucionalidad correísta, y reflejó el intento de Moreno de dar señales de diálogo con todos: la inhabilitación para participar en vida política del país y la pérdida de bienes para todos quienes hayan sido condenados por corrupción, la consulta sobre prohibición de reelección indefinida para el mismo cargo así como la apertura para un recambio transitorio de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean a la larga designados por votación popular y ya no sometidos a las disposiciones del movimiento oficialista estuvieron destinadas a limitar las pretensiones del régimen anterior, y mostrar la voluntad de recambio del actual gobierno; la no prescripción de condenas en caso de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, el recogimiento de un tema sensible y duramente condenado por la sociedad ecuatoriana luego de las cientos de denuncias de acosos, abusos y violaciones por parte de docentes miembros de la RED (organización de maestros creada por el correísmo y que se configuró como un espacio de impunidad y contrario a las organizaciones autónomas del magisterio); las preguntas sobre prohibición de minería en áreas protegidas y reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní fueron guiños hacia el movimiento indígena y los procesos locales anti extractivos; y finalmente la derogatoria de la Ley de Plusvalía, que evidenció la presión directa de los empresarios sobre el Ejecutivo.
Sin embargo, como sostendría en una entrevista, Blanca Chancoso, histórica líder indígena de la CONAIE, “este apoyo a la Consulta, es un sí…Pero, es un sí condicionado, nuestra lucha va más allá de los resultados, y estaremos vigilantes, porque nuestra lucha es por la vida”. Para ninguna organización, la Consulta constituyó un espacio propio, no fue la Consulta que se quería, ni incluyó el contenido que los movimientos sociales pelearon durante esta última década. Es como plantea Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, municipio anti minero, “una Consulta limitada, pero abre un espacio de diálogo y por eso la respaldamos”8.
Lejos de asumir la Consulta como una contienda electoral entre Moreno y Correa, los resultados se inscriben en la dinámica de rechazo al correísmo y abren la posibilidad de democratizar al país. En todas las preguntas gana el Si con más del 60% y en algunos casos como la pregunta sobre corrupción y no prescripción por delitos sexuales, obtienen 80%. Pero a la debilidad del campo popular, producto de ciertos errores internos y de la sistemática política anti organización del correísmo, se suma la fuerte y constante presión de las clases dominantes (grupos empresariales tradicionales vinculados con la agro exportación, la agroindustria, la construcción y la banca) para profundizar en políticas más neoliberales como salida a la recesión y posible crisis del Ecuador. En este escenario, a las organizaciones populares, indígenas y democráticas les queda la construcción de un espacio de articulación y estrategias colectivas que le demanden al gobierno de Lenin Moreno reformas que obliguen al Ejecutivo y a la Asamblea a desmontar lo más conservador, autoritario y anti popular del gobierno anterior: Código Orgánico Integral Penal (penalización del aborto en casos de violación, aumento de causales por terrorismo, sabotaje y rebelión); concesiones mineras, petroleras y ampliación de la frontera extractiva; Ley de Tierras y Recursos Hídricos; Ley Orgánica de Educación Superior; régimen de justicia; etc.
En efecto, el caso del progresismo ecuatoriano devela la pervivencia de un régimen político que se va modificando de acuerdo a 1) las alianzas con las clases dominantes y su participación económica y política en el reparto de la renta extractiva; 2) las limitaciones, condiciones y vías para resolver los momentos de recesión y crisis económica correspondientes a su grado de dependencia del extractivismo y el mercado global, o a la capacidad de generar mercados internos no monopólicos, con activa participación de pequeños productores e iniciativas territoriales; 3) al modelo de gobierno (tipo de gasto, ampliación de burocracia, corrupción); 4) a la disputa de las facciones internas por el control del aparato del Estado y sus recursos; y 5) a la capacidad de movilización, articulación y unidad del campo popular para develar el carácter del progresismo como proyecto de modernización capitalista autoritaria, establecer estrategias, preservar las organizaciones y al mismo tiempo transformarlas para que den cuenta y formen parte de los sectores populares. Será este último elemento el que determinará las posibilidades de recomposición y regreso de una “política de la decisión”, que permita superar no solo el carácter conservador del correísmo, si no fundamentalmente abandonar la “política de la delegación” en clave electoral, que restringe al campo popular y le impide imaginar otro proyecto político, alternativo y propio.
NOTAS
[1] Ver referencia en: http://www.elcomercio.com/actualidad/correa-defiende-reeleccion-constitucion-ecuador.html
[2] Recordemos que en 2012, el movimiento indígena y popular inicia la marcha por el Agua, la Dignidad y la Vida que durante dos semanas recorre el país desde los territorios indígenas anti mineros del sur hacia Quito, y desde el norte hacia la capital, recibiendo apoyos y capitalizando el descontento de las políticas correistas. Posteriormente, el movimiento en su conjunto se volcará a las elecciones presidenciales del año 2013, y será derrotado por la victoria aplastante de Rafael Correa quien obtuvo el 57, 17% en primera vuelta.
[3] Las cifras que manejaban los movimientos sociales en cuanto a criminalización de la protesta y judicialización por terrorismo, sabotaje y rebelión ascendían para ese entonces a 300. Todos dirigentes indígenas, defensores de derechos humanos y líderes populares.
[4] Como muestran las investigaciones, el correísmo en un inicio tuvo una importante base popular, pero su proyecto también incluyó la reproducción del capital, a través de garantizar y subsidiar desde el Estado, los intereses de las clases dominantes, fundamentalmente de dos facciones, aquellos grupos empresariales modernos que no habían sido beneficiados directamente por el neoliberalismo, es decir monopolios de importadores y proveedores de servicios que vieron en la expansión del mercado interno y las políticas del correísmo (ampliación de capas medias, aumento de consumo, cadenas de producción y comercialización, etc.) el aumento de sus ganancias y su consolidación como facción de clase. Y en segundo lugar, de un grupo de empresarios que se beneficiaron por los contratos con el Estado y que se convirtieron en “intermediarios que garantizaba las conexiones y la relación con el capital internacional para inversiones en sectores de bienes primarios y en la construcción de infraestructura” (Ospina, 2017).
[5] Para leer el análisis completo de Ospina revisar: https://lalineadefuego.info2017/12/07/informe-de-coyuntura-traicion-e-infidelidad-los-dioses-tambien-lloran-por-pablo-ospina-peralta/#_ftn8
[6] El pasado 25 de enero, el investigador Diego Carrión escribía para el Centro de Derechos Económicos y Sociales, “el Ministerio de Trabajo en contubernio con las cámaras empresariales han orquestado una reducción de salarios para trabajadores de siete sectores: artístico, banano, flores, arroz, acuicultura, turismo y construcción. Los sectores privilegiados por el proyecto de reforma laboral que representan casi un cuarto de los trabajadores a nivel nacional. A partir de febrero del año presente, estos trabajadores que -según el Código laboral vigente- debían cobrar un recargo del 100% cuando trabajen sábado y domingo (Art. 55, numeral 4), ahora solo recibirán entre 15 y 25%. Es decir que se ha practicado una reducción salarial de entre 85 y 75% para las labores realizadas los fines de semana. Con la implementación de los “nuevos contratos laborales”, (parte de la reforma laboral más amplia que prepara el gobierno), se profundiza la flexibilización en el Ecuador, restando derechos conquistados por las/os trabajadoras/es. De lo que se conoce hasta el momento, la reforma también comprende modificaciones a la jornada de trabajo, vulnerando los días de descanso obligatorio”. Revisar artículo completo en: http://cdes.org.ec/web/atencion-reducen-el-salario-en-siete-sectores-de-la-economia-ecuatoriana/
[7] Una iniciativa de la Fundación Rosa Luxemburg para conocer las perspectivas de las organizaciones sobre las preguntas de minería y Yasuni en la Consulta https://www.youtube.com/watch?time_continue=273&v=Gj68ahaHLnI
[8] https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=3pI12kuQ8W0
La autora de esta nota es feminista de izquierda. Es parte de la Colectiva Feminista Las Lorenzas en Ecuador y de la Cátedra Libre Virginia Bolten en el Cono Sur. Investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio de Cambio Rural. Actualmente realiza un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México
